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Palestina
Palestina y la hipocresía de la Unión Europea
02/01/2018 | Roberto Montoya

En estos pasados días navideños en el mundo cristiano millones de personas han comprado un belén para celebrar, según dicta la tradición, el nacimiento de Jesús, o lo armaron con distintas figuras compradas en un mercadillo. Ayuntamientos y otras instituciones han montado también belenes vivientes, personas de carne y hueso que intentan reconstruir con mejor o peor teatralidad el ambiente del humilde pesebre o establo de Palestina donde, según San Lucas y San Mateo, nació Jesús.

En algunos belenes se combinan incluso figuras y personas, y a veces... dan lugar a más de una confusión.

Es el caso de una niña estadounidense de dos años, Teegan Benson, que debía representar en las navidades pasadas a una oveja en el belén viviente de una iglesia baptista en East Tennessee, y para sorpresa del público presente, decidió coger al niño Jesús en sus brazos —el único personaje no humano del pesebre— para ponerse a bailar con él. La virgen María se abalanzó inmediatamente sobre ella para recuperar a su bebé forcejeando con la ’oveja’ varios minutos. El vídeo se hizo viral.

El belenismo cuenta con congresos internacionales de belenism’, concursos de belenes y un gran comercio alrededor de los mismos.

¿Saben todos esos millones de personas que Belén no significa ni pesebre ni portal, sino que es una importante ciudad de Cisjordania, un territorio clave de Palestina formalmente bajo control de la Autoridad Nacional Palestina desde 1995, pero en realidad controlado por el Ejército israelí por la fuerza como el resto de Cisjordania? La Basílica de la Natividad, reconocida como Patrimonio de la Humanidad en Peligro por la Unesco y en cuyos sótanos se encuentra la gruta donde según la liturgia cristiana nació Jesús, está rodeada en gran parte por un enorme muro y por los numerosos asentamientos poblados por miles de colonos judíos provenientes de distintos países.

A ellos, como a los cientos de miles de colonos que habitan en los numerosos asentamientos construidos en fértiles tierras donde tenían sus viviendas, huertos y tiendas los más de seis millones de palestinos expulsados, el Gobierno de Israel les dio todo tipo de facilidades económicas y legales, les construyó carreteras, todo tipo de infraestructura y protección militar. Miles de familias palestinas hacinadas en campamentos de refugiados en países vecinos conservan aún los títulos de propiedad y las llaves de las que fueron sus casas.

En Cisjordania hay ya más de 200 asentamientos israelíes —algunos de ellos de decenas de miles de habitantes— y cerca de 240 puestos avanzados, el eufemismo utilizado para los primeros trabajos que se realizan en una zona palestina ocupada para construir una nueva colonia. Más de 400 000 colonos israelíes viven en ellos y casi otros tantos en Jerusalén Este, donde supuestamente tendría que ponerse en pie la capital palestina según los acuerdos.

Mientras los colonos pueden circular libremente por toda Cisjordania y Jerusalén, los palestinos tienen que pedir autorización para trasladarse de una a otra zona, plagada de checkpoints militares israelíes, como si de islotes se tratara. Rosa Meneses, en uno de sus reportajes desde Hebrón, comparó la zona con un “queso gruyer”. “Los asentamientos se unen por corredores y carreteras que solo pueden usar los colonos, fragmentando Cisjordania”, nos recuerda. “Un israelí puede conducir sin encontrar un solo obstáculo, pero los palestinos pueden encontrar por su camino cientos de checkpoints y tardar hasta siete horas en atravesar Cisjordania, lo que un colono hace en 35 minutos”, dice uno de sus entrevistados, algo que puede confirmar cualquiera que haya visitado la zona.

Ese es el drama de Palestina, esta es la situación cotidiana en la que vive su pueblo desde hace varias generaciones y a la que la ’comunidad internacional’ no ha dado más que respuestas retóricas. Cada una de las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU condenatorias de la política de ocupación y represión del Gobierno de Israel desde 1967 ha sido sistemáticamente vetada por Estados Unidos.

El pasado 18 de diciembre se volvió a repetir el mismo escenario: 14 países miembros del Consejo de Seguridad rechazaron que se modificara el estatus de Jerusalén y criticaron la decisión unilateral adoptada por Trump, pero una vez más EE UU utilizó su derecho de veto para impedir que dicha resolución saliera adelante. Tres días después se votaba una resolución similar en la Asamblea General de la ONU.

Fue el pasado 21 de diciembre cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba también por abrumadora mayoría —128 países a favor, con 9 en contra y 35 abstenciones— la Resolución A/ES-10/L22 crítica con la decisión de Trump, que considera nula cualquier medida que intente modificar el estatuto de la ciudad de Jerusalén y que ratifica numerosas resoluciones anteriores sobre “las medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado”.

Las fricciones y chantajes de Estados Unidos a la ONU existen desde la creación de la organización. En 2011, bajo el Gobierno de Barack Obama, supuestamente el presidente menos proisraelí en muchos años, EE UU decidió dejar de aportar los fondos a los que se había comprometido con la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en respuesta a la resolución mayoritaria de la Asamblea General de aceptar a Palestina como “estado observador”. Y, recientemente EE UU e Israel dieron un paso más, anunciando su retirada de la Unesco.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra de la resolución de la ONU?

Fueron nueve los países que votaron en contra de la resolución. Aparte de EE UU e Israel lo hicieron los tan democráticos gobiernos de Guatemala y Honduras —países que días después anunciaron su decisión de trasladar también sus embajadas a Jersualén—, y Estados de tanto peso político como las Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau, que podrían seguir sus pasos.

Y entre los 35 países que decidieron abstenerse estuvo la Argentina del fiel Mauricio Macri, la Colombia de Santos, las democratiquísimas Guinea Ecuatorial, Filipinas, Hungría, Polonia, Rumanía, Uganda, Sudán del Sur o Ruanda. Bosnia-Herzegovina también se abstuvo. Fue el único país musulmán que lo hizo.

A pesar de que Nikki Haley, la embajadora estadounidense ante la ONU, advirtió antes de la votación que su país tomaría buena cuenta de quienes no lo apoyaran con su voto, ocho de los diez primeros países que más ayuda reciben de Estados Unidos soportaron la presión, no se dejaron intimidar y votaron a favor de la resolución.

Ese fue el caso de Afganistán, Egipto, Jordania, Tanzania, Pakistán, Nigeria, Etiopía o Sudáfrica. Los dos restantes de esa lista eran Israel y Kenia. En el caso de Israel, obviamente votó en contra y en el caso de Kenya su representante evitó estar presente en el momento de la votación.

Airado por el resultado de la votación, Trump amenazó con tomar represalias contra quienes no lo apoyaron, una tradición de la diplomacia de la zanahoria y el garrote seguida por Estados Unidos desde su mismo nacimiento como nación independiente.

Los países miembros de la Unión Europea optaron por votar mayoritariamente a favor de la resolución de la ONU, con la excepción de los más dependientes económica, política y militarmente de EE UU: República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía y Letonia, que se abstuvieron.

La división en el seno de la UE sobre las votaciones que conciernen a Palestina ya se han manifestado en el pasado. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó por 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, la Resolución 67/19 por la cual se acordó la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU.

La mayoría de miembros de la UE votó a favor, pero entre los nueve que votaron en contra estuvo la República Checa, y entre los que se abstuvieron estuvo Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.

A pesar de que en esta ocasión han sido solo cuatro los países miembros de la UE que se abstuvieron, la hipocresía de la mayoría de los restantes 24 es manifiesta.

Israel, socio preferente de la UE

El pasado 12 de diciembre, varios días antes de las votaciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, Benjamin Netanyahu mantuvo un importante encuentro en Bruselas con los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea, el primero en los últimos 22 años. Netanyahu presionó a los ministros para que siguieran los pasos de Trump reconociendo a Jerusalén como capital de Jerusalén y trasladando allí sus embajadas.

El primer ministro israelí intentó hacer valer las estrechas relaciones económicas entre su país y la UE y les recordó los vínculos entre los servicios de Inteligencia israelíes y los europeos, un secreto a voces: “La Inteligencia israelí ha logrado que se evitaran numerosos ataques terroristas en suelo europeo y queremos seguir haciéndolo”, dijo.

Los líderes europeos, en términos más ambiguos en algunos casos, más claros en otros, aseguraron que no seguirían los pasos de EE UU y que continuarían abogando por lo establecido en los Acuerdos de Oslo, pero ni advirtieron ni insinuaron la posibilidad de tomar alguna medida o sanción en el caso de que Israel, estimulada por el apoyo de Trump, adoptara medidas aún más agresivas con los palestinos de Jerusalén Este.

Netanyahu intentó hacer valer la importancia que tienen las relaciones en materia de seguridad y el hecho de que Israel es un socio preferente de la UE, una relación regulada por el Acuerdo de Asociación UE-Israel firmado en 1995 entre Israel y los entonces 15 miembros de la UE, el Parlamento Europeo y el Knesset.

Israel —que desde hace años pretende entrar en la UE y en la OTAN— es socio de Europa en la Unión para el Mediterráneo (Euromed) y en la PEV (Política Europea de Vecindad), donde es el segundo socio que tiene la UE después de Turquía, con un intercambio comercial de cerca de 25 000 millones de dólares anuales.

Europa ha criticado numerosas veces la política expansionista que lleva a cabo desde hace décadas Israel sobre tierras palestinas, pero la hipocresía diplomática llega al punto de que en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación se establece: “Las relaciones entre las partes, así como todas las provisiones contempladas en el acuerdo, deben estar basados en el respeto a los derechos humanos y en los principios democráticos, que guiarán su política interna e internacional y constituye un elemento esencial para este acuerdo”. Ninguna de las críticas que ha hecho Europa en todos estos años a Israel por violar dicho acuerdo han tenido consecuencias prácticas.

El último conflicto entre las dos partes tuvo lugar en noviembre de 2015, cuando por sugerencia del Parlamento Europeo la Comisión Europea recomendó que se aclarara en las etiquetas de los productos israelíes que llegaban a Europa cuáles de ellos tenían su origen en empresas instaladas en territorios palestinos ocupados desde 1967 en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. A pesar de que se estima que esos productos suponen solo un pequeño porcentaje de de los productos exportados por Israel a Europa, el Parlamento Europeo consideraba que era insuficiente que llevaran el etiquetado Made in Israel para que los usuarios europeos pudieran decidir si los compraban o no.

Israel criticó el “antisemitismo” de la UE, protestó, amenazó y usó todas sus influencias. Y una vez más, consiguió que la medida quedara simplemente en el papel.

La CE dejó a los países miembros autonomía para aplicar o no la norma, tratándolo como un tema estrictamente técnico y no político. Los palestinos criticaron con dureza esa actitud y se quedaron solos reclamando un boicot real a los productos provenientes de los territorios ocupados.

Son en definitiva productos ilegales y obtenidos con la sangre del pueblo palestino.

La llamada Posición Común sobre Exportaciones de Tecnología Militar y Equipamiento adoptada en 2008 por la UE prohíbe la venta de armamento a países que no respetan los derechos humanos, pero España como el resto de los socios comunitarios la viola en el caso de Israel, como la viola con Arabia Saudí —principal comprador de armas españolas— y en tantos otros casos. En 13 de los 50 países a los que Estados miembros de la UE venden armamento hay un conflicto armado, a los cuales Europa vendió en 2015 armas por un valor de más de 17.000 millones de euros.

Venta de armas españolas y europeas a países en conflicto

El 22% de las exportaciones armamentísticas españolas durante ese año tuvo como destinatarios países con conflictos armados abiertos, un porcentaje solo superado por Francia, un 36%.

Del total de ventas de armas de países europeos durante 2015, según el informe del Centre Delàs, el 29% eran países de Oriente Medio, el principal de ellos Arabia Saudí, con ventas por más de 1.800 millones de euros; Egipto, con 1,376 millones; o Israel, con 293 millones. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia aparecen como los principales proveedores europeos de armas a Israel.

En el caso de España se ha venido aumentando progresivamente la venta de armas desde 2010, llegando a autorizar en 2016 ventas por 10.000 millones de euros, aunque se concretaron por valor de 3700 millones, el resto estaba aún pendiente.

A Arabia Saudí España le vendió entre 2014 y 2016 armas por más de 1000 millones de euros, la mayor parte de ellas en 2015 coincidiendo con la intervención militar de ese país en Yemen y 116 millones en 2016. El informe citado explicita de qué tipo de material se trata: “Armas ligeras, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, sistemas de dirección de tiro, aeronaves de transporte”. En el primer semestre de 2017 solo en municiones España le vendió partidas por valor de 141,7 millones de euros, según la Secretaría de Estado de Comercio.

En cuanto a Israel, España le compra más armas y otros elementos de seguridad —drones militares, misiles Spike anticarro, morteros Cardon y Vamtac— que los que le vende. Varias compañías militares israelíes —Pap Tecnos, Aeronautics— tienen filiales en España y empresas de seguridad que tienen como clientes a la propia Casa Real, el Ministerio de Defensa, los cuerpos de seguridad estatales y algunos autonómicos.

En 2015 España le vendió a Israel material militar por 2,2 millones de euros, sobre todo munición, espoletas de granada y sistemas electroópticos del avión de combate europeo, y en 2016 fueron casi 8,2 millones de euros, casi 2,2 millones de ellos en material de defensa, 5,9 millones en material antidisturbios —léase represión a palestinos y un número pequeño, 67.586, en armas de caza y tiro, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio—. En el primer semestre de este año España vendió a Israel municiones por un valor de 600 000 euros.

Tanto la Posición Común de la UE como el Tratado sobre el Comercio de Armas que entró en vigor en 2014 obligan a los gobiernos europeos a garantizar que sus exportaciones no podrán ser utilizadas para actos que violen el Derecho Internacional Humanitario, para cometer abusos de derechos humanos, o que puedan provocar o prolongar conflictos armados en el país receptor.

A pesar de que esta legislación vinculante, prácticamente todos los países de la UE exportadores de armas violan esas condiciones. El informe Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones europeas a países en conflicto armado, del Centre Delàs D’Estudis Per la Pau, denuncia que países como Reino Unido “no informa de las exportaciones realizadas desde 2002 y Alemania no lo hace desde 2007”, lo que da una idea del oscurantismo que rodea el multimillonario negocio de las armas y el cinismo de los países a la hora de cumplir leyes y tratados.

1/01/2018

Roberto Montoya, Periodistas, escritor y miembro del Consejo Asesor de viento sur

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