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Argentina, el juicio de la ESMA
Condenados por lanzar al mar a 4 000 prisioneros
02/12/2017 | Roberto Montoya

“Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último a los indiferentes y a los tibios”. El general Manuel Ibérico Saint-Jean, gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, resumió así fielmente en mayo de 1977 los principios por los que se regía desde el 24 de marzo de 1976 la dictadura militar encabezada por el general Jorge Videla.

A algo más de 41 años de aquel golpe militar que sumió a Argentina durante siete años en la página más negra de su historia moderna, miles de personas celebraron en la calle esta semana las condenas a cadena perpetua de otros 29 de los responsables de aquel genocidio.

Doce de los imputados en este tercer juicio de la megacausa de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada, el mayor centro de detención ilegal) en el que testimoniaron cerca de 800 personas, no llegaron a conocer la sentencia, murieron antes.

Otros 19 recibieron ahora condenas de entre 8 y 25 años de cárcel, demasiado leves según coinciden los organismos de derechos humanos. También critican que otros seis imputados hayan sido excarcelados supuestamente por “falta de pruebas contundentes”.

Mientras los familiares de las víctimas lloraban emocionados porque por fin se hiciera justicia, los familiares de los militares presentes en la sala aplaudían a los verdugos y festejaban las seis absoluciones entonando el himno nacional.

Las constantes recusaciones de jueces por parte de los acusados y el poco tiempo dedicado por los jueces a las audiencias -una hora y cuarenta y un minutos de promedio- según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), parte de la acusación, ralentizaron este juicio iniciado en 2012.

Muchos de los fallos provocaron división entre los magistrados.

¿Han sido realmente ’ejemplares’ las condenas? Sí, a pesar de todo han sido históricas, ejemplares. Nunca antes los tribunales ordinarios de un país juzgaban por crímenes de lesa humanidad a sus propios dictadores con tal amplitud y contundencia. Y con estos son ya cientos los condenados a duras penas en las numerosas causas abiertas en Argentina.

Triste es la inevitable comparación con la lamentable situación en el Estado español donde los crímenes del franquismo siguen impunes 42 años después de muerto el dictador, más de 100 000 víctimas siguen enterradas en las cunetas, y son sancionados los jueces que se atreven a iniciar siquiera un proceso mientras los represores se pasean tranquilamente por la calle.

Los nombramientos de jueces afines al Gobierno de Macri y las declaraciones del presidente argentino mostrando sus dudas de que hubiera habido 30 000 desaparecidos -como reconocen todos los organismos de derechos humanos-, no supusieron sin embargo un boicot dan descarado a la Memoria Histórica y a la reparación de la Justicia como el que sigue llevando a cabo en España el Gobierno del Partido Popular.

En Argentina sería impensable que el partido gubernamental se atreviera siquiera a rechazar la remoción del monumento a uno de los genocidas o al cambio de nombre de una calle o a símbolos de la dictadura como en España. La Memoria Histórica es ya política de Estado.

Tras la vuelta de la democracia a Argentina en 1983 y los primeros juicios a los genocidas llevados a cabo durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (de la Unión Cívica Radical), tuvieron lugar tres levantamientos militares -en 1987 y 1988- con los cuales los golpistas ’carapintadas’ forzaron al Gobierno y al Congreso a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida exculpatorias para los más de 1.500 militares acusados.

En 1990 el Gobierno del peronista de derecha Carlos Saúl Menem indultó a los miembros de las juntas militares de la dictadura condenados y a otros a los que no habían cubierto las leyes de amnistía.

La impunidad estaba consumada, pero la llegada años después de un peronista de centroizquierda como Néstor Kirchner al poder y una nueva mayoría parlamentaria, permitió abolir en 2005 los indultos y leyes de impunidad. En los años transcurridos desde entonces se reabrieron juicios y se ha condenado a represores militares y cómplices civiles y religiosos por crímenes de lesa humanidad, robos de más de 500 bebés -125 de ellos recuperados tras años de búsqueda por las Abuelas de Plaza de Mayo-, torturas, asesinatos y robo de bienes de ’desaparecidos’.

Subversivos y desaparecidos

En aquellos violentos años ’70 en los que la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe estaban controlados por dictaduras militares apoyadas política, económica y militarmente por Estados Unidos bajo el paraguas de la teoría de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría, el calificativo de subversivo se aplicaba con la misma amplitud que el de rojo en España.

En esa categoría no solo entraron los y las combatientes de las organizaciones político-militares, aquellas organizaciones guerrilleras de mayor o menor peso de la izquierda marxista y la izquierda peronista que germinaron fundamentalmente como reacción a otra dictadura militar anterior, la del general Onganía (1966-1973); también entraron los militantes de asociaciones radicales de estudiantes secundarios o universitarios, los miembros de comités de empresa combativos -perseguidos también por los matones de la burocracia mafiosa sindical de la derecha peronista-, los activistas barriales y de villas miseria,los abogados, periodistas, escritores, actrices y actores insumisos; los sacerdotes de la Teología de la Liberación y un largo etcétera.

Sin haber una guerra de por medio como en España, en Argentina la última dictadura militar hizo desaparecer a 30 000 subversivas y subversivos, aparte de los muchos y muchas que mató legalmente en enfrentamientos reales o ficticios, y aparte también de los miles de presos legales que torturó sistemáticamente.

La desaparición de opositores fue el arma estrella utilizada por la dictadura. No fue la única dictadura militar que padeció Argentina durante el siglo XX, pero fue la más brutal.

Fue un golpe largamente anunciado. El gobierno democrático que le precedió presidido por María Estela Martínez de Perón (Isabelita, desde hace años viviendo tranquilamente), desaparecieron 1 000 subversivos en menos de dos años -1974-1976-,léaseopositores políticos, militantes, sindicalistas, abogados, periodistas, activistas estudiantiles, vecinales, artistas y un largo etcétera.

Su forma de aterrorizar a la oposición era muy distinta: se dejaba los cuerpos torturados y acribillados de las víctimas en la vía pública; los asesinatos y las matanzas eran diarios, comenzaba a reinar el terror.

Videla vino a innovar en materia de terror en Argentina con las desapariciones forzadas. En realidad copió el método ya teorizado por los nazis en 1941 con el decreto Nacht und Nebel (Noche y niebla) para sembrar incertidumbre y terror en la sociedad sobre la suerte de los detenidos ilegalmente. El propio Videla, católico de misa diaria hasta su muerte, respondía a la pregunta de un periodista en 1979: “El desaparecido no está, ni vivo ni muerto” 1/, una respuesta con la que pretendía exculpar al Estado de cualquier responsabilidad.

Muchos de los detenidos-desaparecidos entre 1976-1983 permanecieron años encerrados como esclavos en los más de 400 centros de detención ilegales esparcidos por toda la geografía argentina, buena parte de ellos dentro de cuarteles militares, otros en naves industriales, grandes aparcamientos, buques de guerra, islas u otros lugares que camuflaban el infierno que se vivía dentro de ellos.

Algunos de esos centros estaban situados en la propia capital, en Buenos Aires, como la ESMA, un enorme edificio oficial de la Armada enclavado en una zona residencial privilegiada por donde pasaron más de 5 000 detenidos, la mayoría de los cuales fueron asesinados.

El informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas) encargado por el presidente Raúl Alfonsín tras la vuelta de la democracia en 1983 decía en su prólogo:

“Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida asuplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas (…).

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los hábeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa”.

Cuando los represores decidían que un prisionero o una prisionera ya era inservible, que no les podían arrancar en la tortura información útil, o, en el caso de las mujeres embarazadas, ya no las necesitaban porque habían parido y le habían robado su bebé, solo faltaba asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.

Los vuelos de la muerte

Muchos de los prisioneros asesinados fueron incinerados, otros sepultados en fosas comunes en los propios cuarteles o en fosas NN en cementerios. Otros sin embargo, fueron arrojados vivos y atados de pies y manos desde aviones de las fuerzas armadas tras ser anestesiados y desnudados. Inicialmente fueron arrojados al Río de la Plata pero tiempo después muchos de los cadáveres llegaron a las costas de la vecina Uruguay por lo que se decidió tirar sus cuerpos en alta mar con grandes pesos para asegurar su hundimiento.

Uno de los responsables de esos vuelos, el oficial de la Armada Adolfo Scilingo, cumpliendo desde 2005 una condena de cárcel de 640 años en España -se respetaba aún el principio de Justicia Universal- explicaba con lujo de detalles el método seguido en una entrevista, creyendo en aquel momento que colaborando no iría a la cárcel: “Los tirábamos al mar desnudos uno por uno, 15 o 20 cada miércoles" 2/. Scilingo, acusado por 256 secuestros y 30 asesinatos, previsiblemente saldrá de la cárcel en 2026. Actualmente goza del segundo grado penitenciario, que le permite salir de la prisión 36 días al año, a pesar de no haber pedido nunca perdón a sus víctimas.

Los únicos dos pilotos de los aviones Skyvan condenados esta semana, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, lo fueron por figurar sus nombres en los registros de vuelos del avión, descubiertos por un periodista tras la venta del aparato a Estados Unidos.

Sin embargo otros tres pilotos salieron absueltos, entre ellos Julio Poch, un represor que terminó reciclándose como aviador civil en KLM. Tanto Poch como Emir Sisul Hess, que arrojaba a los prisioneros vivos y dopados al mar desde helicópteros Alouette y Seaking, y como Ricardo Ormello, cabo segundo de la Armada, fueron absueltos en un fallo polémico y dividido por falta de pruebas, a pesar de que habían alardeado de sus asesinatos ante compañeros de trabajo, amigos y familiares.

Ormello dijo en una ocasión a sus compañeros de Aerolíneas argentinas, según denunció uno de ellos: “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente, Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”. O Poch, que sostenía: “Tendríamos que haberlos matados a todos”, o Hess: “La gente caía como hormigas”.

Estas autoinculpaciones involuntarias de autores materiales de los asesinatos no fueron consideradas sin embargo suficientes para condenarlos, resultaron absueltos.

Las condenas de este tercer juicio por la megacausa de la ESMA son ejemplares, históricas, sí, aunque es de lamentar que los crímenes de muchos represores como estos tres quedaran impunes.

Que se lograran estas condenas como los otros centenares de condenas que ha habido en juicios similares hasta ahora, ha sido sin duda fundamentalmente gracias a la labor infatigable de décadas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que pagaron con la muerte de varias de sus miembros por ello; gracias también a H.I.J.O.S, a los testimonios de supervivientes a la valentía de muchísimos familiares de víctimas, a los activistas, abogados, fiscales, periodistas y a los miles y miles de personas que los apoyaron en la calle una y otra vez para exigir con firmeza a políticos y jueces reparación, justicia, Memoria Histórica.

1/12/2017

Roberto Montoya, coautor con Daniel Pereyra de El caso Pinochet y la impunidad en América Latina (2000), es miembro del Consejo Asesor de viento sur.


1/ Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=3AlUCjKOjuc

2/ Disponible en http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/extraj/des-scilingo.html





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