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Tribuna viento sur
La República Catalana como autodefensa
23/10/2017 | Marti Caussa

El gobierno del PP ha enviado al Senado la propuesta de aplicar el artículo 155 contra Catalunya y es casi seguro que será aprobado el próximo viernes. Esta medida supone la suspensión de la autonomía catalana y la violación de las reglas del Estado de derecho que sus impulsores dicen defender: para abreviar me remito a la argumentación que han hecho Jaime Pastor, Josep M Antentas y Ferran Requejo.

La dureza de la medida se explica porque el Estado es consciente que en Catalunya existen dos poderes en pugna y está decidido a aplastar al de la Generalitat. Este doble poder se escenificará en las próximas sesiones del Senado español y el Parlament de Catalunya. Y en las próximas semanas o meses uno de ellos se impondrá y el otro será eliminado en el territorio de Catalunya. Si el resultado dependiera principalmente de la fuerza coercitiva de cada poder, el resultado estaría cantado; pero no es así: el resultado va a depender, fundamentalmente, del apoyo ciudadano activo que consiga cada uno de ellos, no sólo en Catalunya y, con mayor razón, no sólo en España.

Si el Govern y el Parlament quieren tener opciones de vencer deben aglutinar a una gran mayoría de la ciudadanía catalana, conseguir la solidaridad, al menos contra la represión, de sectores significativos de los pueblos de España y de la opinión pública europea. La discusión importante es el cómo.

Las dos grandes alternativas siguen siendo las que analicé en un artículo anterior: retirar o activar la suspendida declaración de independencia del pasado 10 de octubre. Pero ahora estas dos grandes opciones se han precisado un poco más: convocatoria de elecciones autonómicas antes que el Senado apruebe el 155 o proclamación de la República catalana.

Es verdad que Ada Colau y la dirección de los comunes siguen defendiendo la alternativa de ni DUI ni 155 y que los presidentes dialoguen. Pero cada vez se hace más evidente para más gente que Rajoy no quiere dialogar sobre nada que no sea la rendición y creo que esto está debilitando a esta posición.

La defensa de convocar elecciones catalanas antes de que se reúna el Senado se argumenta desde dos puntos de vista. El primero es el de los que repiten la petición que hacía Rajoy antes de activar el 155; un buen exponente puede ser este editorial de La Vanguardia: “Hay que poner por delante de todo la estabilidad y el progreso económico, el bienestar y la tranquilidad de la gente. Todo un tiempo histórico está en peligro. President, posi les urnes!”. Las urnas autonómicas, por supuesto, y olvídese del derecho a decidir y de la independencia: ríndase. El otro punto de vista defiende las elecciones para evitar la aplicación del 155 y convertirlas en un plebiscito soberanista más contundente que el 27-S de 2015. Pero a estas alturas y con estas intenciones explícitas es difícil imaginar que el Estado no invalidaría candidaturas y personas. Y en el mejor de los casos, si se propone un nuevo 27-S habría que explicar qué habría que hacer a continuación: ¿hacer más procés?, ¿volver a exigir un referéndum pactado y que lo vuelvan a negar?, ¿convocar un nuevo un nuevo 1-O y que lo vuelvan a prohibir? Sobre todo hay que preguntarse, ¿cual sería el precio que se pagaría de inmediato si Puigdemont convocara elecciones? En este punto no hay duda, el precio de unas elecciones sería la desmoralización de la mayor parte de los participantes en la construcción del mayor movimiento de masas que ha conocido Europa, desde sus inicios el 11-S de 2012, hasta el referéndum del 1-O y la huelga general del 3-O. Y esta gente es la base del poder del Govern y la Generalitat; sin su actividad y entusiasmo se acabaría el doble poder, ganaría Rajoy y su proyecto de recentralización, autoritario y versión degenerada del régimen del 78.

La otra gran alternativa es proclamar la República Catalana antes de que el Senado apruebe el 155: esta es la opción que defienden movimientos como la ANC, Omnium y los CDRs (algunos ya transformados en Comités de Defensa de la República). Pero dentro de este bloque hay precisiones y debates interesantes, en particular los que se refieren al proceso constituyente popular previsto en las leyes de desconexión. Creo que es muy compartida la opinión de que este proceso debe empezar inmediatamente, aunque el Govern no lo ha aclarado todavía. Pero la mayoría de discusiones se refieren a cómo concretarlo en la nueva situación.

La comisión de estudio del Parlament aprobó en julio de 2016 que el proceso constituyente tendría tres fases y que todas ellas deberían incorporar la perspectiva de género: 1) un proceso participativo previo con un Foro Social Constituyente, formado por representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos, que debería formular un conjunto de preguntas sobre contenidos concretos de la nueva constitución; estas preguntas deberían ser resueltas a través de un proceso de participación ciudadana cuyo resultado sería un mandato vinculante para los integrantes de la Asamblea Constituyente; 2) una Asamblea Constituyente soberana, amparada por las leyes de desconexión, y encargada de redactar la constitución; 3) un referéndum constitucional para aprobar o rechazar la constitución.

En mi opinión el Parlament debería abrir inmediatamente este proceso y dotarlo del mayor protagonismo popular posible, con el objetivo de ligar la República Catalana a un contenido de democracia radical que ilusione a todos los partidarios de la democracia y del derecho a decidir, tanto si son favorables a la independencia, como si no los son pero la ven como la forma práctica de evitar la perdida del autogobierno, combatir la represión, regenerar la democracia y echar abajo el régimen del 78. Es decir, un proceso constituyente verdaderamente popular y transversal es una cuestión fundamental para que la República pueda aparecer como un instrumento de autodefensa ciudadana frente a los ataques del Estado. A mi entender esto tiene algunas exigencias en la primera fase:

- El Foro Social Constituyente debe ser suficientemente numeroso y transversal para ser representativo del país. En particular debe dar protagonismo a los CDR, tal como ya reclaman algunos; y, si fuera posible en la difícil coyuntura que se avecina, incorporar a personas de la sociedad civil elegidas por sorteo.

- La participación ciudadana debería estructurarse en espacios de debate territoriales que resultaran cercanos a la población: por ejemplo los 121 que proponía la plataforma Reinicia. Naturalmente estos espacios deberían reunir tanto a las personas que desean la independencia como a las que no: las que desean la independencia y punto, las que la ven como un paso para poder plantear la federación o la confederación en condiciones de igualdad, y las que no la desean pero la ven como una protección contra la ofensiva reaccionaria del PP. En estos espacios de debate deberían expresarse las demandas de la ciudadanía, tanto en el terreno político, como el social y cultural.

- Tal como prometió el Parlament, las conclusiones de esta participación ciudadana deben ser vinculantes para los integrantes de la Asamblea Constituyente.

Se puede objetar que será difícil organizar este Foro y los espacios de debate territoriales bajo la presión del artículo 155. Pero en realidad no lo será ni más ni menos que defender al President, al Govern, al Parlament, a TV3 y los medios públicos, a los Mossos o a nuestro modelo de escuela catalana. Con la diferencia que cuando defendamos lo que ya existía será para negarle al Estado la potestad de cambiarlo, a pesar de las críticas que tengamos a sus carencias y errores. Defendiendo el Foro Social o los espacios debate, estaríamos defendiendo nuestro derecho a decidir, el proyecto de República Catalana surgido de nuestra voluntad democrática. Y esto puede ser un añadido de motivación y entusiasmo, tanto en Catalunya, como en España y Europa.

Esta semana y la siguiente serán decisivas sobre todo por el éxito de nuestra defensa de Puigdemont, el Govern y el Parlament frente a las pretensiones del artículo 155. Debemos defenderlos como lo hicimos el 1-O y el 3-O, con movilizaciones masiva y pacíficas y con otra Huelga General si es necesario. Pero, precisamente porque habrá resistencia masiva, la prueba de fuerzas no se resolverá en unos días, sino que, probablemente, se prolongará semanas y, quizá, meses. A lo largo de estos días y semanas de resistencia masiva creo que se irá haciendo más evidente la regresión democrática que representa la vía tomada por el PP y aprobada por C’s y el PSOE, no solo en Catalunya, sino en España y Europa. El profesor Gabriel Jaraba lo explica así: “[La crisis catalana] es un experimento de alcance europeo cuya dimensión estratégica parece pasar desapercibida. Es, para decirlo ásperamente, un test de resistencia de materiales. Y está dirigido no solamente a los catalanes sino a los españoles y a los europeos en general. El test consiste en experimentar hasta qué punto la ciudadanía en general y las instituciones internacionales están dispuestas a tolerar y soportar una democracia autoritaria y en qué grado; no sólo en España sino en todos los países de la UE”.

Para resistir esta ofensiva del PP y de las derechas europeas es necesaria la movilización popular en todos los ámbitos afectados y la tarea más inmediata es luchar contra la escalada represiva que significa la aplicación del 155 en Catalunya. Para ello es imprescindible la solidaridad de los pueblos del Estado español y de Europa.

En esta perspectiva la proclamación de la República Catalana puede ser un instrumento de autodefensa popular, un símbolo de la revolución democrática y un estímulo de nuevas luchas por la democracia y los derechos sociales en Catalunya, España y Europa.

23/10/2017

Marti Caussa, forma parte del Consejo Asesor de viento sur.





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