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Tribuna viento sur
Dos poderes en disputa y un sujeto en construcción
14/10/2017 | Marti Caussa

En Catalunya existen dos poderes enfrentados –govern/Parlament y Estado español– y un nuevo sujeto político que protagonizó el 1-O y el 3-O; de la consolidación de este último depende cual de los dos poderes se impondrá a medio plazo y cual será su orientación política.

Los dos poderes son ciertamente muy desiguales, pero la relación de fuerzas es dinámica y puede evolucionar en cuestión de días. Hasta el 3-O lo hizo a favor del govern y el Parlament gracias a la firmeza de ambos y a la voluntad de la gente de imponer la democracia frente a la represión del Estado. El análisis de estos días de octubre se puede encontrar en los artículos de Josep M. Antentas y Oscar Blanco. La descripción aproximada del nuevo sujeto político la voy a tomar prestada de Roger Palà: “Este nosotros amplio y en construcción es un sujeto nuevo, que llega a personas alejadas del procés, pero que, ante la actuación represiva del PP, ante el riesgo de involución y recorte de libertades… han reaccionado porque han visto que alguna cosa se tambaleaba... Pero si miramos de manera amplia, hay una cosa que es transcendental: una declaración de independencia ahora puede no interpelar al nuevo sujeto político que se ha gestado durante las jornadas de septiembre y octubre. Este nosotros de perímetro amplio todavía en construcción no incluye tan solo a los independentistas. Unirse en defensa de los derechos y las libertades civiles no es lo mismo que apoyar una declaración de independencia”.

Después del fracaso de la fuerza para impedir el referéndum y ante la respuesta de la huelga general, el Estado y sus valedores entendieron que debían intentar aumentar y exhibir su base social en Catalunya: para ello iniciaron la huida de empresas, convocaron la gran manifestación del domingo 8 (350 000 personas según la guardia urbana) y la mas modesta del jueves 12. Se trataba de sumar el miedo económico al policial y juntar la base electoral de PP, C’s y PSC. Pero, a pesar del éxito relativo, no mostró nada que no se supiera.

La manifestación blanca del día 7 pidiendo diálogo (Parlem/Hablemos) fue más imaginativa porque captaba que se estaba formando un nuevo sujeto y trataba de darle expresión pero con objetivos muy confusos que han sido analizados por Isidoro Moreno. En Catalunya la ambigüedad de objetivos se evidenciaba por el apoyo que mostraron tanto Miquel Iceta como Ada Colau. Los objetivos del primero son evidentes desde hace tiempo, los de la segunda no. Los Comunes participaron finalmente en el 1-O y el 3-O, cosa que les honra; pero el 4 de octubre Colau escribió en Twitter: “Ni DUI ni 155”; y el 9 de octubre repetía la demanda en un pleno institucional del ayuntamiento de Barcelona. No a la DUI, ¿para hacer qué?

El 10 de octubre Puigdemont comparecía ante el Parlament. El reflejo instintivo de los que habían defendido los colegios electorales el 1-O, yo entre ellos, fue que ahora debíamos defender el Parlament. Pero horas antes supimos que el parque de la Ciutadella estaría acordonado por los mossos y que la concentración sería en el Passeig Lluís Companys. La emoción y la ilusión de las miles de personas concentradas fue máxima cuando Puigdemont dijo: “Asumo el mandato que Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república”. Y se convirtió en estupefacción, desilusión e incluso enfado de algunos cuando, 44 segundos después, añadió que suspendía los efectos de la declaración anterior para buscar el diálogo; y la mayoría de la gente empezó a irse a casa cuando Inés Arrimadas empezó su intervención.

No es sencillo analizar y valorar la decisión de Puigdemont, sobre todo para los que no tenemos toda la información. Soy de los que cree que cometió un error, incluso un grave error, pero que no significa una rendición, por lo menos a día de hoy. Ante el surgimiento de un nuevo sujeto político y de las peticiones de diálogo internas y externas creo que se imponía la defensa de los resultados del 1-O, la propuesta de nuevos avances en la defensa de la democracia participativa a través del prometido proceso constituyente popular y la reiteración de la disposición al diálogo. Esto se podría haber hecho proclamando la República, pero abriendo un período de tiempo a lo largo del cual se hacían efectivas progresivamente las previsiones de la ley de transitoriedad y se mantenía la oferta de diálogo. De hecho ésta parecía la opción más probable hasta que se anunció que la comparecencia del president se retrasaba una hora.

A la decisión de Puigdemont creo que se le puede reconocer el mérito de atender las peticiones de toda la gente que reclamaba diálogo: no se puede ganar la mayoría y aglutinar el sujeto político que está surgiendo rechazando el diálogo o aceptándolo sólo de palabra. Pero la decisión de aplazar todos los efectos de la declaración de independencia tuvo por lo menos tres graves inconvenientes. El primero, marginar a la CUP, una fuerza minoritaria pero imprescindible para mantener la mayoría independentista y fundamental en la movilización popular, a la que el discurso de Puigdemont se le presentó una hora antes. El segundo inconveniente es que la suspensión desmovilizaba las bases del movimiento independentista, representado básicamente por la ANC y Omnium, que ha llevado durante años el peso de la movilización. El tercer inconveniente es que no proponía nada en positivo para intentar aglutinar en un nuevo sujeto político a todos los sectores que se han incorporado a la movilización en los primeros días de octubre; iniciar el proceso participativo del proceso constituyente podía ser una propuesta atractiva para estos sectores, llamándoles a incorporarse en el diseño del país que queremos, a construir una democracia participativa como no ha existido nunca ni en Catalunya ni en España.

No tengo información de cuáles ha sido las razones de Puigdemont para su polémica decisión. Solo puedo analizar brevemente lo que han dicho los medios. En un primer momento se consideró que el telegrama de Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, pidiendo al president que respetara el orden constitucional para no hacer el diálogo imposible, era el anuncio de una mediación internacional inminente; a día de hoy parece que sólo se trataba de humo. El Periódico ha hablado del motín del PdeCAT contra Puigdemont, pidiéndole que hiciera una declaración retórica de independencia y que convocara elecciones; el president habría aceptado solo la primera parte y comunicado los cambios a ERC, ANC y Omnium, pero no a la CUP; esta información me parece más creíble por el hecho que la oposición interna dentro del PdeCAT es conocida desde hace tiempo. A partir de ahí algunos analistas como Ignacio Escolar han ido más lejos y avanzado el rumor de un pacto por las alturas: “la respuesta del Govern al requerimiento de Rajoy será la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que permitiría a Puigdemont contestar al requerimiento del Gobierno sin que suponga ni un nuevo callejón sin salida para la Generalitat ni tampoco su total rendición...’Han pactado el desacuerdo’, me dice este diputado, que va incluso más allá. ‘Solo se entiende lo ocurrido si hay mediadores que han trabajado discretamente con ambas partes para abrir esta salida’...Puede que este diputado no acierte, pero ojalá tenga razón”.

El día 11 se clarificaron muchas cosas. Carles Puigdemont, en una entrevista a la CNN, volvía a extender la mano del diálogo: proponía que fuera sin condiciones previas y que para iniciarlo dos personas de cada gobierno se sentaran y acordaran un mediador. El mismo día Rajoy le escupió en la mano, con el aplauso de C’s y el PSOE en España y de la Unión Europea fuera. Puigdemont tiene de plazo hasta el lunes 16 de octubre para retractarse y afirmar que no hay declaración de independencia; si no lo hace el día 19 se activará el artículo 155 para intervenir oficialmente la autonomía catalana (de hecho ya lo está, al menos parcialmente, hace tiempo).

En el día de hoy, 13 de octubre, parece que solo hay dos grandes escenarios posibles. O retirar la suspendida declaración de independencia o activarla –como pidió la ANC el día 12 por la tarde–. Sin duda puede haber muchos matices en cada escenario, pero no vamos a entrar en ellos.

Si Puigdemont se retractara de la declaración de independencia y renunciara a la aplicación de la ley de transitoriedad aprobada en el Parlament se entraría en un pacto por arriba o, mejor dicho, en una rendición pactada. No tenemos idea de los términos de la misma, pero El Periódico afirma que durante el día 12 se envió recado a Puigdemont de que “el Ejecutivo consideraría que se vuelve al escenario del 5 de septiembre”, antes de la probación de las leyes del referéndum y transitoriedad; seguramente seguiría la convocatoria de elecciones autonómicas y probablemente el pacto incluiría la reducción sustancial de las condenas judiciales en marcha; es más dudoso que la promesa de reforma constitucional arrancada por el PSOE condujera a ningún avance democrático. En mi opinión esto significaría la desmoralización del movimiento independentista (aunque no su desaparición), con una disminución sustancial de sus efectivos y su capacidad de movilización, al menos a corto plazo. La imposibilidad, ante la ausencia de objetivos de movilización, de consolidar y estructurar el nuevo sujeto político que ha surgido en las movilizaciones de octubre. La división entre las fuerzas independentistas, y entre éstas y los Comunes, haciendo muy difícil repetir la mayoría absoluta del de las primeras o un alianza de parte de las primeras con los Comunes. Finalmente, y lo más importante, esta solución conduciría al reforzamiento de Rajoy y de la versión autoritaria del régimen del 78, alejando por mucho tiempo la posibilidad de un proceso constituyente en Catalunya y España.

La activación de la declaración de independencia y la entrada en vigor de la ley de transitoriedad (sea de golpe o progresivamente) podría abrir una perspectiva muy diferente, con la condición de que estas medidas fueran acompañadas de otras que facilitaran y estimularan la participación popular. La proclamación de la República debería ir acompañada de una llamada a la movilización en defensa de las instituciones, de la democracia y del derecho a decidir. Y debería abrirse inmediatamente la prometida fase participativa del proceso constituyente popular, con el Foro Social Constituyente, decenas de espacios de debate próximos a la ciudadanía de cualquier parte del país y reafirmando el carácter vinculante de sus conclusiones para los futuros integrantes de la Asamblea Constituyente. Frente al autoritarismo de Rajoy y sus aliados hay que levantar la bandera de la democracia radical y el llamamiento a defenderla. También habría que seguir manteniendo la oferta de diálogo con el Estado… pero siempre con el objetivo de acordar un referéndum, la reivindicación que une al 80% del pueblo de Catalunya. Y habría que llamar a la solidaridad y a la lucha conjunta a los pueblos del Estado español por la democracia, el derecho a decidir y procesos destituyentes del régimen monárquico.

Unidos Podemos ha mantenido una posición digna y combativa en el Congreso, oponiéndose a la aplicación del artículo 155, reclamando diálogo y defendiendo un referéndum pactado. Hay que agradecer su solidaridad y su propuesta. Pero Rajoy ha cerrado todas las puertas. Y ahora la única manera de conseguir que ceda es la movilización, la activación en la calle de los cinco millones de votos de Unidos Podemos. Esto es particularmente importante en Catalunya, donde Ada Colau agradeció por Twitter a Puigdemont que “apostara claramente por el diálogo y la moderación” y conminó a Rajoy a moverse. Pues bien, no se ha movido en absoluto y ahora toca sacar las consecuencias.

A los de abajo, a los que no tenemos influencia ni en los gobiernos, ni en los grandes partidos, ni en las grandes organizaciones también nos toca movernos. Uno por uno tenemos poco poder, pero si actuamos juntos podemos tener mucho, como se vio a finales de setiembre y primeros de octubre. Lo más urgente es volver a activar y coordinar los organismos que hicieron posible la defensa de los colegios, el referéndum del 1-O y la huelga general del 3-O, tanto si se llamaron CDR (Comités de Defensa del Referéndum), como asambleas abiertas, como si no se dieron nombre pero actuaron en la práctica como organismos unitarios, por improvisados que fueran. Ellos son la garantía de nuestra fuerza para resistir la represión, defender las instituciones y activar un proceso constituyente popular donde las reivindicaciones democráticas y sociales de los de abajo encuentren su expresión y se incorporen al acta fundacional de la república catalana.

No es seguro que ganemos la brutal prueba de fuerzas que nos impondrá el Estado español, pero podemos intentarlo; como lo hicimos con el referéndum y la huelga general. Rajoy y los suyos también tendrán complicado gobernar Catalunya con el 155, la mayoría de la población en contra y las capacidades de represión limitadas por el escándalo internacional que ya provocó el 1-O. Si aceptamos el reto y perdemos el primer asalto, nos recuperaremos. Hay derrotas que son semilla de victorias, pero las rendiciones lo son de nuevas derrotas.

13/09/2017

Marti Caussa, redacción de viento sur



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