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México
Terremotos: también el social y el político
03/10/2017 | Edgard Sánchez

Parece un ciclo maldito. Primero los ciclones del Caribe (desde Harvey hasta María, pasando por Irma) que también hicieron sentir sus efectos en México, así como los que golpearon directamente las costas del Golfo de México. Paralelamente ocurrieron los de la costa del Pacífico, golpeando especialmente a Los Cabos, en Baja California Sur. Luego, el primer terremoto con epicentro en Chiapas -el 7 de septiembre- y que tuvo sus efectos ahí pero también en Oaxaca y hasta Guatemala. Finalmente, el 19 de septiembre, coincidiendo en la fecha con el terrible sismo del año de 1985, ahora con epicentro entre Chiautla, Puebla y Axochiapan, Morelos y que está teniendo efectos devastadores en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, pero también en el Estado de Morelos y en el de Puebla.

Estamos en medio de las impresiones y consecuencias inmediatas e incluso esperando, en el caso de la Ciudad de México (pues en Chiapas y Oaxaca ha habido múltiples réplicas), posibles réplicas del terremoto del día 19 y por tanto todavía requerimos mayores análisis, pero ciertamente no se trata de una maldición o simplemente de fenómenos “naturales”. Casualmente ahora han golpeado importantes y prósperas ciudades de Estados Unidos, tanto en Texas como en Florida, desde Houston hasta Miami, gobernado ahora por el reaccionario e ignorante Donald Trump que reniega y se opone a las investigaciones científicas que demuestran las consecuencias del “desarrollo” capitalista en fenómenos como el cambio climático y por tanto la elevación del nivel del mar y otros efectos que seguramente tienen que ver los ciclones y huracanes “atípicos” (generalmente descritos como “nunca antes” vistos) pero también con los movimientos telúricos que rompen récords en comparación con fenómenos similares ocurridos muchos años atrás. Que se convierten ahora en más frecuentes, como lo han mostrado estas semanas. No son una casualidad ni maldición sobrenatural, sino en todo caso maldición de la fase actual del capitalismo.

Si hubiera duda en el origen de estos terremotos relacionados con el ecocidio y el cambio climático, sus devastadoras consecuencias también tienen que ver con el “desarrollo” capitalista. No nos referimos simplemente a la corrupción que permea la construcción y los materiales de construcción de muchos de los edificios colapsados en lugares como la Ciudad de México (CDMX), como ya se mostró en el sismo de 1985, sino al desarrollo de intensos fenómenos en estos años como la gentrificación. Los mapas de los derrumbes en la CDMX con este terremoto apuntan en esa dirección. Hubo zonas especialmente golpeadas como Xochimilco (San Gregorio) y el sur de la Ciudad entre Taxqueña y Miramontes.

Pero a diferencia del 85 en que afectó amplias zonas populares, ahora puede detectarse una cierta línea que cruza la Delegación Benito Juárez (en colonias clasemedieras como Narvarte y Del Valle) hasta llegar a la Condesa y Roma en la Delegación Cuauhtémoc. Es decir, zonas de la gentrificación que se ha expresado por la compra barata de casas habitación transformadas en enormes edificios de departamentos que gozan de permisos de construcción a pesar de los graves problemas de movilidad, de estacionamiento, de hacinamiento, de agotamiento del agua e incluso con una galopante corrupción lo que ha permitido que con esos “desarrollos” haya una sobre oferta de departamentos caros y sin uso, al mismo tiempo que faltan casas de interés social o accesibles, pero en buenas condiciones, para un sector de la población que vive en las orillas de la ciudad. Ahora ha sido claro que muchos de los edificios de departamentos y edificios de oficinas colapsados este 19 de septiembre en la CDMX corresponden a la zona de mayor gentrificación, merced a las “desarrolladoras” y constructoras que se enriquecen comprando barato casas habitaciones para transformarlas en caros edificios de departamentos. Un proceso que en el caso de la CDMX arrancó con el gobierno de AMLO y su bando 2 que quería repoblar delegaciones como la BJ y hacer crecer la ciudad hacia arriba y que los gobiernos delegacionales del PAN aprovecharon para ,corrupción de por medio, autorizar infinidad de “desarrollos” sin sustentabilidad o rompiendo todo equilibrio.

O sea no estamos viviendo maldiciones o castigos divinos, ni fenómenos naturales sino consecuencias del capitalismo salvaje que sufrimos. Aparte de las responsabilidades políticas de los gobiernos de turno sobre lo que nos referiremos también.

La solidaridad humana y la desconfianza al gobierno e instituciones del Estado

Desde el sismo del 7 de septiembre que tuvo su epicentro en Pijijiapan, Chiapas, hemos visto estas dos constantes: solidaridad humana y desconfianza ante el Estado.

El desarrollo de una gran ola de solidaridad social y humana con las víctimas y damnificados de los sismos y la profunda desconfianza a los gobiernos de todo tipo y a las instituciones del Estado (lo que profundiza y continúa a otro nivel la crisis política y de legitimidad del régimen sobre lo que hemos analizado en otros momentos). El camarada Javier Contreras destacó en una vibrante reflexión de estas horas (Temblor, sociedad civil, jóvenes, esperanza, “normalización”) “las consecuencias solidarias, luminosas, empeñosas con las que la sociedad civil está asumiendo otra vez la ayuda a los siniestrados, la generalización de una ética que reconoce el nosotros y no la competencia y la guerra de todos contra todos (y especialmente contra todas) como su fundamento irrenunciable”

Después del 7 de septiembre, en algún momento, instituciones como el Senado anunciaron haber abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones de apoyo para los damnificados en Chiapas y Oaxaca. No consiguieron donaciones ciudadanas, si acaso de algunos senadores. En cambio, la sección 22 de la CNTE de Oaxaca consiguió trasladar desde la Ciudad de México y otros lugares, toneladas de víveres y artículos de primera necesidad, para repartirlos directamente en ciudades y pueblos de Oaxaca. Cuando Peña Nieto (EPN) fue a Oaxaca a prometer ayuda, la sección 22 ya había repartido una buena parte de apoyo. La consigna desde entonces y con más razón aún después del sismo del 19 de septiembre ha sido un llamado público a la sociedad a que no entregue su apoyo solidario al gobierno o a las instituciones estatales, sino que lo entreguen a organizaciones sociales y movimientos independientes del gobierno y los partidos institucionales.

Después del 19 de septiembre, incluso en casas particulares en diferentes barrios de la CDMX se abren centros de acopio de apoyo para los damnificados, independientes del gobierno y que dicen abiertamente que no las entregarán a instituciones oficiales sino buscando hacerlas llegar directamente a barrios, comunidades, pueblos que los necesiten. Son múltiples centros de acopio desde sindicales como el SME, hasta de grupos civiles como el pintor Toledo de Oaxaca, pero sobre todo de familias y particulares que toman la iniciativa de instalar estos centros de acopio, pero también de ofrecer comida, agua, entretenimiento a niños de familias damnificadas y hasta contactos para que los brigadistas puedan cargar sus celulares. Y obviamente, esta es la otra parte maravillosa que recuerda el inicio del 85: miles de brigadistas y voluntarios ayudando en el rescate de personas, quitando escombros, llevando víveres, ropa o agua, pero también polines para sostener casas, herramientas para cavar etc. Y además, tomando en cuenta que la absoluta mayoría de estos brigadistas voluntarios ¡ni siquiera habían nacido en 1985!

En el caso de la CDMX es impresionante y esperanzador la cantidad de jóvenes voluntarios ayudando a rescatar personas y en general apoyando a los damnificados. Grupos de jóvenes (que no son parte de alguna organización previa, sino en todo caso compañeros de escuela, familiares o sin conocerse pero que coinciden en alguna zona afectada) recorriendo calles con su mochila en la espalda, con sus datos personales anotados en un brazo, el celular cargado al 100 y buscando dónde ayudar.

Y todo ello frente a la ineficacia, cinismo y corrupción escandalosos del gobierno en sus diferentes niveles. Osorio Chong, secretario de Gobernación, es abucheado y sale rápidamente, de la zona de las fábricas de Bolívar y Chimalpopoca en la CDMX. El delegado de Xochimilco sale huyendo, en medio de gritos y botellas de agua que le avientan los vecinos en una de las zonas de mayor desastre. El gobernador Graco Ramírez del estado de Morelos, también es increpado por brigadistas y ciudadanos en Tetela del Volcán y en la prensa es denunciado el robo del material de ayuda que ha enviado la sociedad civil y que acaparan (se le señala tanto a él como a su esposa Elena Cepeda). En Oaxaca, cuando la gente descubre una bodega del PRI llena de acopio enviado por la sociedad y robado ahí para uso electoral y político, es abierto y vaciado por la fuerza por la gente a la que realmente estaba destinada. Y por supuesto, el repudio directamente contra Peña Nieto.

Antes del terremoto del 19, EPN viajó por primera vez durante su gobierno a la ciudad de Oaxaca. La sección 22 organizó una gran movilización de rechazo. Incluso uno de los cohetones que se usan en las movilizaciones en Oaxaca, logró alcanzar a uno de los helicópteros de la comitiva de EPN (donde eran trasladados reporteros de esa fuente), obligándolo a hacer un aterrizaje de emergencia.

Pero quizá el más significativo incidente estos días en el repudio a Peña ocurrió en el EdoMex en que los daños por el sismo del 19 no fueron tan grandes, pero donde un hombre grande le reclamó “toma una pala” para cuestionar sus compromisos demagógicos. Inmediatamente el Estado Mayor Presidencial quiso detener a este hombre lo que ocasionó que muchos jóvenes estudiantes, aparentemente de la UAEM, lo protegieran y también protestaran contra EPN. Como respuesta al incidente y quizá perdiendo el control ante la conciencia de que ni siquiera en el EdoMex escapa de las protestas, Peña Nieto dijo un discurso amenazante al estilo de Díaz Ordaz en el 68 cuando se denunciaba a los “agitadores profesionales”, con “ideas extranjerizantes”.

En esta ocasión Peña dijo: “A veces no falta gente que no siendo del lugar, llega a alborotar y a provocar…Lo que no se vale es que alguna gente pretenda obstruir y obstaculizar la ayuda. Son condenables las expresiones de gente que quiere entorpecer la ayuda a quien lo necesita….Hemos visto en las redes sociales mucha desinformación, a veces información falsa, noticias falsas que verdaderamente entorpecen la labor de auxilio y apoyo de las personas damnificadas. No se dejen engañar, no se dejen confundir” (EPN en Joquicingo, EdoMex. el 23 de septiembre de 2017).

No será extraño que haya una reacción juvenil, igual que como en 2012 surgió el #yosoy132, cuando ante la protesta frente a Peña en la Universidad Iberoamericana la quisieron descalificar diciendo que no eran más de 131 estudiantes, y que ahora los miles de jóvenes solidarios, voluntarios y brigadistas le respondan que no son alborotadores y que los que obstaculizan la ayuda a los damnificados son el gobierno y los partidos institucionales, al incautar el acopio civil para administrarlo políticamente o el impedir el tránsito y llegada de vehículos y camiones solidarios a comunidades afectadas por el sismo. La amenaza de tipo diazordacista está presente: los que “no son del lugar” son alborotadores, como los “agitadores de fuera” que fueron linchados en Canoa, Puebla, en 1968. Sin embargo, la desconfianza y la falta de legitimidad del gobierno ahora son mayúsculos, como nunca antes, y las amenazas de Peña solamente pueden incrementar su desprestigio.

La “denuncia” de EPN contra los que “no son del lugar” no tiene futuro por la amplitud de la solidaridad. A diferencia del 85, la incomunicación en la CDMX, sin electricidad ni comunicación telefónica ni con la televisión muy prolongada en aquella ocasión ahora duró relativamente poco, excepto en las zonas donde no había electricidad, pero la comunicación se mantuvo y extendió por medio de las redes sociales que vivieron una explosión, con miles de personas armados con sus teléfonos celulares. Así se “compartieron” mensajes pidiendo ayuda o apoyo, convocando a ayudar a rescatar personas de los escombros antes que el gobierno actuara o incluso que llegaran rescatistas de otros países.

Es cierto que a veces hubo un excesivo número de mensajes que podrían crear confusión o errores por llamados a destiempo (un mismo mensaje de “urgencia” podría seguir repitiéndose horas o días después de la urgencia por más usuarios) pero los que manipularon la información o crearon noticias falsas fueron desde el gobierno, la Marina y las televisoras como Televisa como parece ocurrió con el caso de la supuesta niña Frida Sofía. Según algunos analistas, en esas horas, por medio de las redes sociales un millón de personas ganaron las calles para ayudar a rescatar personas en los edificios derrumbados en la CDMX. Y no importaba si eran “de fuera” o no, es decir si eran de ese barrio de la ciudad o no. No eran “alborotadores” sino voluntarios solidarios que sin embargo, se confrontaban con las autoridades que querían suspender rápidamente las labores de rescate o administrar la ayuda. Igual, voluntarios que se han trasladado a Morelos, Oaxaca o Chiapas desde diversos lugares del país como Michoacán o Sinaloa o enviando apoyo desde lugares más lejanos.

Pero ellos también aprendieron algo del 85.

Hay muchas similitudes con el terremoto de 1985, más allá de la terrible coincidencia de haber ocurrido 32 años después, otra vez, en 19 de septiembre.

Evidentemente, en primer lugar, el surgimiento de este movimiento espontáneo de solidaridad. Ante la ineficacia y corrupción características del actual régimen el amplio proceso de auto organización de voluntarios, especialmente jóvenes, ayudando a las víctimas y damnificados del sismo. La solidaridad humana y el envío de apoyo material, de víveres, agua y ropa, a los damnificados en forma directa sin pasar por las instituciones gubernamentales. Y además el hecho de que esta solidaridad humana y ciudadana ha surgido y se ha organizado de inmediato, en las siguientes horas, mientras que el gobierno reacciona lenta y torpemente, por supuesto burocrática y maniobreramente.

Pero hay algo diferente del 85. Desde el gobierno quieren evitar, entorpecer o abortar el proceso de auto organización, de la sociedad, de damnificados y el movimiento solidario. Evitar que se conforme, como en el 85, como un movimiento autónomo, independiente, del régimen. Es común la frase de que el movimiento rebasó al gobierno. Eso pasó en el 85 y eso es lo que ahora quieren impedir. Porque la experiencia de 1985 (que no concluye en unos cuantas semanas, sino mucho tiempo más pues implicó el proceso de reconstrucción) sentó un precedente de auto-organización social y de fracaso del gobierno, que continuó en 1986 con la huelga del CEU y que en el terreno político electoral se expresó en la ruptura del PRI, encabezada por una corriente histórica de ese partido, la de Cárdenas en 1987 y las elecciones de 1988.

Cuando el gobierno está prácticamente incautando el acopio civil de solidaridad, cuando impiden llegar a vehículos y camiones con letreros de acopio civil a ciertas comunidades o pueblos, no están simplemente robando por ser corruptos con fines de apropiación personal. Lo que les interesa, sobre todo, es recuperar el control, desbaratar la organización de la solidaridad civil y que la ayuda a los damnificados llegue a nombre de las instancias gubernamentales, especialmente del DIF (Sistema para el Desarollo Integral de la Familia) representado mediáticamente por Angélica Rivera, la esposa de EPN.

Es cierto que desde el gobierno reaccionaron después que los voluntarios civiles. Es cierto que son corruptos. Y que no resuelven los problemas de fondo de los damnificados. Pero quieren evitar que surja, como en el 85, un movimiento autónomo que se los exija. Las delegaciones y muchos municipios también instalan centros de acopio para recibir el apoyo social para luego concentrarlo y empaquetarlo con letreros del DIF (paquetes como con los que aparecen EPN y su esposa, subiendo a camiones en el Campo Marte). Otros vecinos vieron cómo del centro de acopio los llevaban al estadio Azteca a empaquetar como si fueran del DIF. Es indignante que el gobierno entregue a su nombre el acopio reunido por los civiles.

El miércoles 20 cuando se supo de los terribles efectos en San Gregorio, en Xochimilco, miles de voluntarios se trasladaron allá con la intención de ayudar o llevando acopio. El tapón de tráfico que se hizo para llegar al pueblo fue por la cantidad de gente que fue a ayudar, pero también porque al llegar había diversos cercos tanto de la Marina, como del ejército, las autoridades delegacionales o del gobierno central, sugiriendo a la gente que no avanzara más y que dejara con ellos el acopio. Supuestamente es una medida de organización centralizar todo pero a ellos les sirve para mostrarse como los que buscan resolver las necesidades de la gente y de que no son útiles los voluntarios civiles. Al hacerlo así tratan de desbaratar los procesos de auto organización de los damnificados junto con los voluntarios.

Incluso la respuesta a la iniciativa ciudadana de que los partidos renuncien a su financiamiento público para ser utilizado en favor de los damnificados del sismo, muestra la diferente estrategia aprendida por el gobierno. La sensibilidad ciudadana generalmente centra todo el problema en la corrupción (que es también el discurso de AMLO) pero lo que hacen hoy al confiscar el acopio ciudadano no es simplemente un robo para beneficio personal (para qué querrían tantos garrafones de agua) sino para un objetivo político, que es mantener el control de la población. Por eso ante el reclamo de que los partidos devuelvan el dinero del financiamiento público, la demanda ciudadana siente legítimo el reclamo para que no siguen robando ese dinero para fines personales. Pero esos partidos pueden ceder parte del financiamiento si con ello consiguen reforzar el control político.

Por eso es el mismo PRI quien responde diciendo que está dispuesto a renunciar al 25% de sus prerrogativas y propone llevar el tema al Congreso. Pero la propuesta completa del PRI es que renuncia al 25% para entregarlo al FONDEN (Fondo de Desastres Naturales). Es decir, de todos modos los recursos será administrados por el Estado y si llegan a los damnificados será por medio de las instituciones estatales para reforzar el control y debilitar la solidaridad ciudadana.

Lo principal: impulsar y defender los procesos de auto organización

No se trata de una competencia con las instituciones del Estado para ver quién es más reconocido por los damnificados. Es que la garantía de que los damnificados logren obtener la solución a sus ingentes demandas, especialmente la recuperación o reconstrucción de sus casas, depende de que estén organizados, movilizados y luchando por esas demandas.

La ventaja es que no solamente en la Ciudad de México, pero también en Chiapas, Oaxaca y Morelos hay experiencias y tradición de lucha. En la CDMX el conjunto de las organizaciones de damnificados del 85, confluyeron finalmente en la CUD (Coordinadora Única de Damnificados) como interlocutor legítimo frente al Estado para conseguir la reconstrucción. En Juchitán, es cierto, hay una larga tradición socialmente, ya no tanto por la histórica COCEI (Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo) dividida al entrar a la dinámica de institucionalización de la izquierda desde el surgimiento del PRD, pero especialmente con una experiencia más reciente en la capital del estado pero también regionalmente: la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en el 2006.

Pero hay que cuidar el proceso de auto organización social no solamente de los embates del gobierno y los partidos institucionales que quisieran abortarle para pretender ser ellos los representantes y voceros de los damnificados. Entre sectores de la izquierda y movimientos sociales hay también una desesperación ante la situación, las potencialidades de un naciente movimiento vigoroso, con mucha legitimidad y proyección nacional pero actualmente desorganizado. Ante el riesgo de enfrentamiento con los gobiernos y varios casos ya de represión de “baja intensidad” (en el fin de semana del 21 al 23 de septiembre hubo varios choques de la policía con rescatistas, con personas llevando acopio o queriendo recuperar cosas confiscadas) ciertas corrientes quisieran ya conducir el movimiento para sacarlo exitosamente pero montándose sobre las incipientes formas de organización.

Es cierto que la espontaneidad de un movimiento siempre es relativa y siempre encontrarás aquí o allá elementos con historia política y hasta militante. Pero más allá de historias individuales, un nuevo movimiento social depende de que ocurra este proceso de auto organización de los afectados y no de nosotros hablando a nombre de ellos. Cuando el vigoroso movimiento contra el gasolinazo en enero de este año (que tuvo la virtud de extenderse a zonas como el norte y la frontera norte, muy diferentes a las tradicionales zonas de lucha en el centro y sur del país) se convocaron a diversas reuniones y encuentros por parte de movimientos y organizaciones pre existentes y con otros temas de lucha (aunque también contra el neoliberalismo) tratando de integrar a sus filas al nuevo movimiento. Y eso no funcionó.

Ahora hay el riesgo similar de creer que es la oportunidad de que nuestras respectivas organizaciones sociales y movimientos en lucha crezcan incorporando a sus filas a los damnificados y solidarios del movimiento por el terremoto. Y así asegurarles una direccionalidad política, incluso radical. Es cierto que antes del sismo del 85 hubo importante experiencias del movimiento urbano que fueron un precedente y que obviamente aportaron cuadros experimentados al movimiento de los damnificados. Esa experiencia previa estaba concentrada en la CONAMUP (Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular) que había surgido en forma paralela a la CNTE y a la CNPA. Pero el movimiento de los damnificados del 85 no vino simplemente a engrosar a las organizaciones previas de la CONAMUP. Se creó un nuevo movimiento, nuevos sujetos de lucha y su propia organización que finalmente confluyó en la CUD. De hecho, de alguna manera la experiencia de la CUD superó a la CONAMUP

Si ahora, después del nuevo 19 de septiembre, surge un nuevo movimiento de damnificados auténtico lo será por el desarrollo de un movimiento propio, auto organizado, con los actores políticos y sociales que vienen del sismo. Y por tanto creará su propia organización, cuyo embrión son ya hoy las primeras asambleas de vecinos. Las organizaciones sociales y políticas, movimientos sociales y sindicales, seguramente aportarán su ejemplo, experiencia e incluso cuadros experimentados, pero impulsando y respetando las propias formas de organización no pretendiendo corporativizar este movimiento a las organizaciones previas. Es importante que la gente, los damnificados y voluntarios, vean la acción y la solidaridad de estas organizaciones apoyando para que las vean como diferentes y alternativas a las instancias gubernamentales, pero cuidando de no pretender sustituir o cooptar al inicial movimiento. Es difícil porque al mismo tiempo el movimiento debe resistir la presión del gobierno que quiere desorganizarlo y también cooptarlo y si no reprimirlo, pero si no hay movimiento autónomo no habrá posibilidad de éxito.

Aunque los tiempos urgen salidas políticas rápidas, la potencialidad de este movimiento también es cierta. A diferencia del “gasolinazo” de enero, el terremoto apunta a un movimiento de mayor duración por las dificultades para una solución rápida. Después del rescate de las víctimas en edificios colapsados, se impone al mismo tiempo el apoyo a la gente que se ha quedado sin casa, en albergues, campamentos o directamente en la calle. Muchos recursos y apoyos de todo tipo se requieren para la sobrevivencia de esos damnificados, seguramente mayoritarios en Morelos, Oaxaca y Chiapas, más que en la CDMX. Pero después está el reclamo por la recuperación y reconstrucción de las viviendas y casas de la gente que las perdió. El proceso en la CDMX después del terremoto en 85 duró meses y años para lo cual fue básico la existencia de organización propia de los damnificados, para que la exigencia no se olvide o diluya.

O sea, el proceso apenas empieza y será muy complicado y difícil. El dolor de los damnificados actuales deberá transformarse en energía para la lucha. Una energía que confluya con la de miles de voluntarios que se han volcado a solidarizarse. Después de la energía telúrica con que se ha abierto esta nueva tragedia humanitaria, de sus escombros, estamos seguros, surgirá -está surgiendo ya- otra energía, pero una energía social y humana del nuevo movimiento de los damnificados.

El terremoto social confluyendo con el político: la crisis del régimen.

El movimiento de los damnificados del 85, como ya dijimos, antecedió la huelga del CEU (Comité Estudiantil Universitario) en la UNAM en 1986 y luego en 1987 la escisión del PRI que llevaría en el marco de la elección presidencial a la crisis de 1988 con el fraude del priísmo neoliberal de Salinas contra la otra corriente histórica, la cardenista, representada precisamente por el hijo del General Cárdenas. La movilización popular y el masivo rechazo del PRI, ahora controlado por los neoliberales, no se entiende sin las experiencias previas de rupturas y confrontaciones con el régimen. Esas experiencias y el nivel de conciencia alcanzado fueron canalizadas en ese momento mayoritariamente por la perspectiva cardenista que daría lugar al PRD, aunque esta perspectiva no representara un cambio radical con el sistema, sino abriera a la estrategia de la “revolución democrática” que buscara la alternancia.

El nuevo movimiento de los damnificados, con la autoridad moral que tendrá y las seguras repercusiones que puede provocar surge en un momento de mayor crisis política y social de por sí. Es el peor momento de la crisis de legitimidad del régimen político mexicano, pero también el fin del ciclo de la perspectiva de la alternancia representada por el PRD ahora asimilado como partido colaboracionista, especialmente después del Pacto por México suscrito con el PRI y apoyando el programa neoliberal de EPN.

La crisis de legitimidad del régimen, de sus partidos e instituciones, especialmente las político electorales pero también las de justicia (por Ayotzinapa, por el feminicidio rampante, por la violencia extrema contra defensores, periodistas y en general en la sociedad, desde la militarización por la “guerra contra el narcotráfico) ahora se está viendo profundizada con el fracaso del régimen para atender a los damnificados y su escandalosa corrupción y demagogia. La crisis del régimen se ha expresado durante todo el periodo de EPN, con momentos paradigmáticos casi cada año (en 2012 mismo con la imposición frente al juvenil movimiento #yosoy132 que se oponía al regreso del PRI, en 2013 con el rechazo a las primeras reformas neoliberales, en 2014 con Ayotzinapa diciendo “Fue el Estado” y “Fuera Peña”, en 2015 con la abstención y boicot a las elecciones intermedias y el surgimiento del movimiento magisterial contra la llamada reforma educativa, en 2016 con la huelga de 150 días contra la reforma educativa y Nochistlán, ese mismo año la abstención histórica en la elección a la Constituyente de la CDMX y al inicio del 2017, el movimiento contra el “gasolinazo” que nuevamente gritó´”Fuera Peña”) y si el régimen no ha caído no ha sido por fuerza propia (que adicionalmente, también en 2017, se encuentra sin brújula ante la política de Trump) sino por debilidad del movimiento.

Parecía que el siguiente momento de explosión de la crisis del régimen se vería en el marco del fraude en la elección presidencial del 2018, pero el terremoto del 19 de septiembre puede representar también un movimiento de placas tectónicas que provoquen antes un terremoto político o que su energía social y político fracture los edificios de un régimen en crisis y levantado, como si hubiera tenido licencia de construcción. sobre la base de la corrupción.

El reto es ver si en el marco de esta crisis, el nuevo movimiento de damnificados y los demás movimientos contra el neoliberalismo en México pueden compartir una perspectiva antisistema decisiva. El ciclo del PRD y su perspectiva de alternancia dentro del sistema se agotó y el desprestigio del PRD va de la mano con el PRI y el PAN. López Obrador insiste con Morena en la misma perspectiva y del 2014 para acá quiere convencer a todos los movimientos en lucha contra el régimen a que supediten toda su fuerza a esperar a las elecciones del 2018 y darle el voto. Afortunadamente todos los movimientos de estos años no han aceptado la propuesta de subordinarse a las elecciones y la vía institucionalista que propone para instalar un “gobierno de transición”. Cada que puede el movimiento insiste “Fuera Peña”, aunque AMLO diga que no quiere un gobierno de escombros y que es mejor esperar a las votaciones del 2018.

En esta contradicción está el movimiento actual. A diferencia del 88, la perspectiva de la alternancia en el marco del sistema está desgastada, aunque Morena quiere generar ilusiones nuevamente en el voto por AMLO en 2018 como solución a todos los problemas. En la desesperación y el odio al PRI algunos sectores aceptan la ilusión electoralista, aunque la reciente experiencia electoral en el EdoMex, demuestra que aunque Morena tenga la mayoría de votos, el PRI impone el fraude y AMLO se allana recurriendo solamente a las instancias legales para quejarse. En realidad esa es la “crónica de una muerte anunciada” de lo que ocurrirá en el 2018.Por ello y la potencial fuerza y energía del movimiento de los damnificados, el 2018 no tiene que ser necesariamente como el 1988. Si el 85 antecedió una crisis como la del 88 que se resolvió en la perspectiva de la alternancia en el marco del sistema y en la institucionalidad fraudulenta, el movimiento del 2017 no antecederá necesariamente una salida de alternancia e institucionalista, porque las relaciones de fuerza son diferentes y la crisis del régimen mayor.

Hay ahora una mayor expresión de fuerzas anticapitalistas que no se conforman con la alternancia dentro del sistema. Una conciencia anticapitalista,a veces dispersa, pero que avanza en diversos movimientos sindicales, sociales y políticos. Un ejemplo es la creación de la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores) a iniciativa del SME en medio de una terrible lucha contra la ofensiva neoliberal que privatiza los energéticos pero que también quiere destruir organismos de lucha como el sindicato. Pero no es solamente esta opción. Es además la iniciativa del EZLN de proponer al Congreso Nacional Indígena (CNI) constituya un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y presente a su vocera, la compañera Marichuy, como candidata independiente presidencial para el 2018. En mayo pasado el CNI aprobó esta propuesta y han empezado a trabajar en su implementación. Relevantemente la reunión nacional de la OPT del 9 de septiembre acordó apoyar a Marichuy y la campaña del CIG. Importante señal para una alianza entre el zapatismo y el CIG por unlado y por el otro y el polo proletario que representa el SME-OPT y que puede apuntar a un bloque social alternativo al sistema en el marco de la actual crisis.

Es claro que la campaña del CIG y su vocera escapa a la lógica electoral e institucional. Como dice Marichuy, no vamos por votos. Es una campaña de organización para la lucha.

Por eso la nueva expresión de la crisis del régimen incluso en el marco de la elección presidencial del 2018 no tiene por qué repetir el desenlace institucionalista de 1998.Es cierto que la campaña de Marichuy es muy parecida a la de Rosario Ibarra postulada por el PRT en 1988. Pero la relación de fuerzas es diferente. En aquella ocasión la mayoría de las corrientes de izquierda socialista, incluidas las que, como el PRT provenían del 68, capitularon ante la perspectiva institucionalista cardenista e incluso se disolvieron en el PRD. El PRT se quedó solo en ese contexto. Ahora ha habido un crecimiento de las fuerzas anticapitalistas y una desilusión con la perspectiva de la alternancia en el sistema, aunque AMLO insista en repetirla ahora con Morena. El posible surgimiento del movimiento de damnificados puede derruir más esas ilusiones y converger con una perspectiva antisistema o por lo menos alimentarla en el marco de esta crisis.

En medio del dolor ante la tragedia abierta con los sismos de este mes, hay motivos para ser optimistas de que, como dicen en las redes sociales, el sistema tiene fallas estructurales y está próximo al colapso. La energía telúrica puede crear una fuerza social y política que como el viejo topo venga desde el subsuelo con la energía política para tirar al vetusto y corrupto edificio.

26/09/2017

Edgard Sánchez es dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

http://www.prt.org.mx/node/467



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