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Birmania
La política de depuración étnica contra la población rohingya, el régimen birmano y la geopolítica
22/09/2017 | Pierre Rousset

El poder birmano lleva a cabo una verdadera política de depuración étnica contra la minoría musulmana, expulsada del país. Nunca la persecución de las personas rohingya había alcanzado una violencia así. La naturaleza del poder birmano, la política de acaparamiento de tierras y los conflictos geopolíticos tienen mucho que ver en el carácter paroxístico de esta crisis humanitaria.

Los y las rohingya constituyen una de las principales poblaciones apátridas del mundo. No ha sido siempre así. Las autoridades birmanas les han privado progresivamente de derechos anteriormente reconocidos, les han impuesto restricciones crecientes en materia de actividad económica, de matrimonio, de acceso a la educación..., les han reprimido violentamente, hasta la ola de terror actual que se parece mucho a una política sistemática de depuración étnica: los y las rohingya deben morir o partir para no volver jamás.

Rohingya significa "habitantes de Rohang", nombre dado antiguamente por esta población, en gran mayoría musulmana, a Arakan -"habitantes de Arakan", por tanto. El actual poder birmano les niega el derecho a llamarse así, puesto que les considera extranjeros.

Birmania está compuesta de catorce Estados y regiones administrativas. El nombre oficial de Arakán es Estado de Rakáin. Está situado en el centro-oeste del país, al borde del golfo de Bengala y comparte una corta frontera con Bangladés.

El Estado de Rakáin está también habitado por una población budista, marginada y discriminada y es el Estado más pobre del país. No parece haber habido, en el pasado, conflictos particularmente violentos entre estas dos comunidades.

La historia de los y las rohingyás es mal conocida, se ha vuelto objeto de polémicas políticas. La cuestón es que la presencia de rohingyás en Arakán se remonta muy lejos en el pasado. Por otra parte, una ola de inmigración tuvo lugar a finales del siglo XIX, comienzos del XX, bajo el reinado de los británicos -lo que les reprochan los nacionalistas birmanos.

La cuestión de la ciudadanía es compleja en Birmania y no se conceden automáticamente los mismos derechos a todo el mundo. Así, los Kam (musulmanes) están reconocidos, pero su libertad de acción permanece estrictamente controlada.

Los y las rohingya han tenido en el pasado carnés de identidad y el derecho a votar en ciertas elecciones.

Crear apátridas

En 2012, el régimen birmano publicó una lista de 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos. No están en ella los y las rohingyás que se encuentran por tanto sin nacionalidad ni ciudadanía de ningún tipo.

Bajo la presión de nacionalistas budistas, el régimen ha impuesto a los y las rohingya medidas cada vez más discriminatorias y ya no pueden votar ni presentarse en las elecciones. Deben ser registrados como bengalíes (pero Bangladés no les reconoce). Las prohibiciones se multiplican en el plano económico (no pueden abrir una tienda y comerciar con budistas) y social: restricción del acceso a la sanidad, a la educación, al matrimonio (puesto bajo control administrativo), número de hijos que pueden tener, desplazamientos... La separación de las comunidades en el Estado de Rakáin se hace estricta.

Las campañas antimusulmanas se han vuelto cada vez más agresivas. Ya en 2012, con ocasión del rumor de una violación, los nacionalistas budistas quemaron viviendas, mataron a más de 280 rohingya, provocaron la huida de miles de personas muchas de las cuales se vieron errando en barcos y viendo como los países vecinos les negaban refugio. Un pequeño incidente armado provocado por un grupo desconocido fue utilizado por el ejército y la policía para controlar sistemáticamente el territorio musulmán.

¿La ofensiva final?

Frente a tal situación, se constituyó el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARAS, o ARSA, sigla inglesa usualmente utilizada). Sus militantes niegan cualquier fundamentalismo, presentándose como un movimiento de autodefensa y de liberación.

Numerosas minorías étnicas están armadas en Birmania y han podido resistir desde hace decenios frente a las fuerzas gubernamentales. No era el caso de la gente rohingya y esto sigue siendo así. En efecto, el ARSA solo posee un armamento extremadamente rudimentario. En agosto de 2017, atacó a posiciones de la policía o del ejército. Los combates provocaron más de cien muertes, de ellas una docena de policías y el resto de atacantes.

En el plano "militar", el ARSA es un problema bastante menor para el poder birmano que ha visto otros así y que sabe negociar cuando quiere -sin embargo, en este caso, no quiere. La comunidad rohingya entera ha sido criminalizada ("terroristas bengalíes"). Sí, hay terror, pero es el del régimen.

Asistimos a una amplia operación de depuración étnica: masacres sistemáticas de civiles, pueblos incendiados uno por uno, caza de las personas huidas... Unas 400 000 personas rohingyás han pasado ya (con riesgo de su vida) la frontera para refugiarse en Bangladés, pero también en Malasia, Tailandia, incluso en Indonesia, encontrándose completamente desamparadas, agotadas, a menudo huérfanas en el caso de los niños y niñas.

Antes de estos últimos acontecimientos, en el Estado de Rakáin, la población de rohingya estaba estimada en 1, 1 millones de personas (no hay censo hecho). En el pasado existieron fases de éxodo. Desde finales de los años 1970, sería así ya un millón de personas las que habrían huido de las persecuciones. Las condiciones que se les imponen en los países de acogida son a menudo deplorables.

En apátridas se habían convertido, apátridas continúan siendo. Las instituciones internacionales emprenden importantes programas de ayuda; desgraciadamente, la experiencia muestra sus límites o, a medio plazo, sus efectos perversos cuando las condiciones de una asunción colectiva de su futuro por los y las refugiadas no son reunidas.

Soledad

Minorías étnicas combatientes en Myanmar (Birmania) han podido recibir el apoyo de gobiernos extranjeros (de China, en particular). No hay nada de eso para los y las rohingyás, ni siquiera por parte de Bangladés, cuyos guardafronteras han acosado y rechazado demasiado a menudo a las personas refugiadas que huyen de las masacres.

En la propia Myanmar, ninguna fuerza significativa ha manifestado solidaridad hacia los y las rohingyás -ya sea de parte de otras minorías étnicas o de Aung San Suu Kyi, histórica opositora a la junta militar, premio Nobel de la Paz y hoy jefa de Estado. Habla la lengua del nacionalismo birmano más que la de los derechos humanos.

El 19 de septiembre de 2017, por primera vez, frente al escándalo internacional provocado por sus posiciones, Aung San Suu Kyi ha reconocido la existencia del problema (sin admitir no obstante su gravedad) y ha declarado que organizaría la vuelta de las personas refugiadas tras haber verificado su ciudadanía (¡que les ha sido retirada!). Veremos lo que ocurre. Hasta ahora, sin embargo, se había situado, con su portavoz, firmemente al lado del ejército, llegando a denunciar a los organismos de la ONU encargados de la ayuda como "cómplices de los terroristas". Exigía de los Estados Unidos que cesara de utilizar el término "rohingya". Afirmaba urbi et orbi que todo el ruido hecho sobre la situación en el Estado de Rakáin no era más que una campaña de desinformación.

Se puede temer que la postura de Aung San Suu Kyi revele hasta qué punto su visión es tradicionalmente "birmana" y su ausencia de empatía hacia los y las rohingya. En cualquier caso, refleja también la realidad de las correlaciones de fuerzas en el seno del poder en Birmania.

Aunque la Liga Nacional por la Democracia (LND) ganara las elecciones legislativas de 2015, el ejército sigue teniendo en sus manos poderes decisivos. La constitución les concede tres ministerios clave (Interior, Defensa, Fronteras) y les garantiza el 25% de los escaños en el Parlamento (es decir, el derecho de veto sobre toda enmienda a la Constitución). Tiene influencia decisiva en todo lo que concierne a la seguridad nacional -por tanto, sobre los territorios musulmanes. Está secundado por la policía y por milicias budistas de extrema derecha. Un influyente movimiento fundamentalista budista se ha constituido tras la figura del monje Wirathu, racista y xenófobo, para el que el budismo autoriza (incluso defiende) el asesinato de las personas rohingya.

Ashin Wirathu fue condenado en 2003 a 25 años de prisión por incitación al odio racial, pero fue amnistiado en 2010. Ha constituido el movimiento 969 cuyo objetivo son los musulmanes (¡alrededor del 4% de la población del país!). Estos últimos amenazarían la "identidad" y la "raza" birmana, fundada en el budismo, e intentarían islamizar a Birmania casándose con jóvenes birmanas.

Las prédicas de Wirathu contribuyeron a los actos de violencia intercomunitarios de 2012. Tras la prohibición del movimiento 969, creó Ma Ba Tha, la Asociación para la Protección de la Raza y de la Religión y luego la Fundación Filantrópica Buda Damma. Esta última está en gran medida compuesta de laicos, lo que le permite evitar las sucesivas prohibiciones de su jerarquía. Wirathu utiliza las redes sociales para expandir su discurso de odio.

La influencia de esta extrema derecha budista se hace sentir hasta en las decisiones tomadas por el régimen. Así, en 2015, el gobierno adoptó las "leyes sobre la raza y la religión" que intentan en particular limitar el número de hijos que pueden tener las parejas musulmanas (no se trata solo de las personas rohingyás) y "proteger" a las mujeres budistas que se casan con un hombre musulmán, en particular prohibiéndolas convertirse a la religión de su esposo.

Una crisis oportuna

Signo de los tiempos, la victoria de la LND no inició un real proceso de democratización; vivimos un período en el que los regímenes tienden a convertirse en cada vez más autoritarios y no a la inversa. El ejército ha sabido perennizar su dominación. La crisis de las personas rohingyás viene a punto para afirmar su preponderancia y esto no es por casualidad. Permite también exacerbar el nacionalismo birmano y, a la clientela del régimen, apoderarse de las tierras de la gente musulmana masacrada o expulsada sin esperanza de retorno.

La depuración étnica sufrida por la gente rohingya es la expresión extrema de un proceso general de desposesión del que son víctimas en Birmania las capas populares. Los desplazamientos forzosos de población son numerosos. El gobierno ha dado luz verde a la acaparación de tierras en beneficio de los grandes inversores. El país ha permanecido mucho tiempo al margen del "desarrollo" propio de la mundialización capitalista. Se abre ahora a los capitales extranjeros. Se ha convertido en una "nueva frontera".

Birmania es objeto de una competencia geopolítica intensa. India ha financiado y construido, por ejemplo, el puerto de Sittwe (¡la capital de Rakáin!) para conectar el Estado (indio) de Mizoram al golfo de Bengala. El gobierno chino tiene numerosas inversiones en regiones de minoría étnica y prosigue la construcción de un oleoducto entre Sittwe y Kunming en China. En cuanto a los Estados Unidos, les parece esencial compensar la influencia creciente de Pekín en ese país bisagra.

Las maniobras políticas, los intereses económicos y la geopolítica tienen mucho que ver con la violencia con la que el poder birmano trata hoy la "cuestión rohingya".

La complejidad de las relaciones étnicas y religiosas en Birmania es evidentemente un factor a tener en cuenta, pero su exacerbación tiene causas verdaderamente nada "espirituales".

Esto explica también porqué más allá de las protestas verbales, la Unión Europea y los Estados Unidos tratan con indulgencia al régimen birmano. Frenar su política de terror y de depuración étnica no es considerado como una prioridad.

20/09/2017

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42024

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur





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