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Francia. Reforma relámpago y movilización social
12 de septiembre: los vagos entran en acción
19/09/2017 | Charles-André Udry / León Cremieux

Guerra relámpago contra el Código laboral y el mundo del trabajo

Charles-André Udry (30/08/2017)

La CGT (Confédération générale du travail) y la Unión Sindical Solidaires llevan llamando, desde hace unas semanas, a una movilización lo más masiva posible contra la reforma del Código Laboral, cuyo contenido ha sido hecho público este jueves 31 de agosto. La CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres), que hace dos días llamaba a un “movimiento unitario de reacción al proyecto gubernamental”, ha proclamado el carácter “regresivo” del decreto-ley. La CFDT (Confédération française démocratique du travail) de Laurent Berger —que manifestó mucha indulgencia durante la “concertación”— ha tenido que tomar distancias tras la publicación del contenido efectivo de esta contrarreforma.

La decepción de la CFDT se concentró en tres aspectos:

1. La limitación de la compensación por daños y perjuicios en caso de despido improcedente, que será de tres meses de salario como máximo para las víctimas de este tipo de abusos, y hasta dos años de antigüedad. No es difícil imaginar, conociendo varios ejemplos europeos, que la definición del carácter improcedente del despido estará sometida en el futuro a una interpretación a la baja. Además, el plazo para los recursos en el Tribunal Laboral, para todo tipo de despido, pasará de 24 meses a 12, lo cual era válido únicamente para los despidos por causas económicas.

2. La reducción del perímetro geográfico a tomar en cuenta a la hora de valorar la situación financiera de una multinacional que despide o que reorganiza sus empleos. Salta a la vista que, sirviéndose de múltiples mecanismos (manipulando el precio de transferencia entre distintas unidades productivas, el precio de los derechos de patente, etc.), la situación financiera de una empresa puede ser degradada artificialmente cuando el perímetro geográfico nacional (el francés) se vuelve el único criterio capaz de definir la salud financiera de un eslabón de la cadena productiva.

3. La introducción, en las empresas de menos de 20 personas trabajadoras (lo cual no es sino una primera etapa), de un mecanismo de referéndum. En otras palabras: un patrón puede negociar directamente con los trabajadores una reducción del porcentaje de compensación por las horas extraordinarias, sometiendo su propuesta a un referéndum. En dichas empresas, y en un contexto marcado por el desempleo, la correlación de fuerzas deja pocas oportunidades para que quienes se opongan a tales medidas puedan expresarse y organizar una oposición o una movilización sin verse amenazados en sus puestos de trabajo. Lo mismo ocurre en materia de salarios, de flexibilidad horaria acompañada de anualización de las horas trabajadas, etc. Antes, el recurso al referéndum era monopolio de los sindicatos minoritarios, esto es, de aquellos que hubieran obtenido al menos un 30 % de los votos de los trabajadores en las elecciones profesionales, muy seguidas en Francia. Un elemento subestimado a menudo por los analistas de otros países, que insisten únicamente en el porcentaje de afiliación de los sindicato, muy bajo en el sector privado. En las empresas de entre 20 y 50 trabajadores, la negociación será posible con un representante del personal sin mandato, o sea no respaldado por un sindicato.

Por último, en lo que respecta a las IRP (Instancias Representativas del Personal), una instancia única nombrada “Comité Social y Económico” (CSE) reemplazará —mediante su fusión— al Comité de Empresa (CE), al Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT) y a los delegados del personal en las empresas de más de 50 asalariados. “Un lugar para debatir sobre lo económico y lo social”, ha indicado la Ministra de Trabajo Muriel Pénicaud. Una sombra china, un chanchullo. Basta con leer la definición de las funciones de los CHSCT para comprenderlo: “Constituido en todas las empresas de al menos 50 asalariados, la misión del CHSCT es contribuir a la protección de la salud y de la seguridad de los asalariados, así como a la mejora de las condiciones de trabajo. Compuesto especialmente de una delegación del personal, el CHSCT dispone de un número determinado de medios para llevar a cabo su misión (información, recursos a expertos…), y los representantes del personal, de un crédito de horas y de una protección contra el despido”. La puesta en marcha de los CSE permitirá disolver las funciones reales de los CHSCT a una unidad de diálogo social —unidad que desagregará las modalidades de batallas concretas relativas a aspectos clave del control de la utilización de la fuerza de trabajo, como podían ejercerlo los CHSCT—. Para muestra, un botón: las estadísticas oficiales registraron 560 muertes en el puesto de trabajo en 2015. En fin, los llamados “Contratos indefinidos de obra” (“Contrats à durée indéterminée de chantier” o “CDI de chantier”) no son más que contratos por obra o servicio a la antigua usanza. El carácter “indefinido” no significa aquí nada más que: “hasta el final de la obra”, como por ejemplo un túnel, un puente, etc., porque su finalización es “indefinida”, o no se conoce con exactitud. Es así como la transformación del lenguaje se convierte en el instrumento de calificación falaz de esta contrarreforma.

Estas reticencias concretas de la CFDT hacen que no sea un factor para movilizar. Este sindicato, mayoritario en Francia, no llama a la jornada de lucha del 12 de septiembre. En cuanto a Force ouvrière (FO), a través de su secretario general Jean-Claude Mailly, ha anunciado en un vídeo difundido en la web del periódico económico Les Echos que FO “ha tomado la decisión unánime (en su consejo confederal) de no participar” a la movilización del 12 de septiembre. En 2016, FO formaba parte del frente sindical contra la reforma precedente, cuyo objetivo era ya “suavizar las reglas” del Código Laboral. Pero el líder de FO estima que de la Ley El Khomri (ex ministra del gobierno Valls-Hollande), “nunca se pudo debatir (…)” y que “la situación actual es diferente” ya que, según dice, “ha habido un verdadero diálogo social”. ¡Siete horas y unos cuantos minutos más para “negociar”, a la espera de los resultados —en forma de decreto-ley— presentados el pasado jueves 31 de agosto! Mailly añade: “Partimos de un proyecto ultraliberal. No digo que no siga siéndolo, pero en las negociaciones siempre me sirvo de tres columnas: lo que ganamos, lo que evitamos y, en fin, aquello en lo que no estamos de acuerdo. Y estoy seguro de que habrá elementos en las tres”.

Mailly continúa: “el gobierno ha terminado cediendo” en numerosos puntos —como en lo relativo al peso de los acuerdos de empresa respecto a los convenios colectivos de sector—, “puede que no lo suficiente, ya veremos mañana” (por el jueves 31), dice, satisfecho de que “el convenio colectivo de sector retome las riendas en toda una serie de puntos”. “Hemos hecho nuestro trabajo de sindicalistas pragmáticos, que consiste en decir: ‘discutamos punto por punto’ y en posicionarse al final sobre qué nos conviene y qué no”. Es como si estuviéramos en la Suiza sindical, en el seno de un país calificado de “nirvana patronal”, siguiendo la fórmula de un sindicalista combativo. La fórmula mágica helvética puede resumirse así: “Queremos estar informados, y luego ya veremos” (¿quién, definido por quién?). Ahora bien, una vez pasado ese momento —que hubiera sido favorable a la constitución de un frente de oposición activo combinado con propuestas—, la correlación de fuerzas se modifica y el aparato sindical se dispone a aceptar, de facto, las contrarreformas, a pesar de los “problemas (¿para quién?) que queden por resolver”. Es evidente que, durante el período de examen de las “tres columnas” al estilo de Mailly, se difunde por múltiples canales la idea de que no hay alternativa que oponer a la patronal y al gobierno, y de que hay que dar aval a la solución del mal menor. No es casual que, según se dice en Les Echos del 31 de agosto, los portavoces de FO y de la CFDT hayan coincidido en la idea según la cual “la correlación de fuerzas ha tenido lugar entre bastidores” —esos secretos lugares en los que algunos representantes del aparato se sienten a gusto porque se les valora como verdaderos interlocutores de los representantes del poder, y no como “agitadores que gustan de salir a la calle”—.

No obstante, a Mailly se le critica ya a nivel interno. La Federación de Transportes y de Logística de FO se pronuncia a favor de la jornada de movilización del 12 de febrero. Y a ella se le sumarán otros sectores de FO. En un estilo que recuerda sus orígenes políticos, Mailly tildó el jueves de “gruñones quejicas” a los trabajadores y sindicalistas que, ellos sí, vivirán los efectos de esta liquidación de derechos fundamentales de protección (aunque limitada) que afecta a aquellas y aquellos obligados a vender su fuerza de trabajo. Por su parte, Mailly, de FO, y Berger, de la CFDT, se concentran entre bastidores en la negociación de sus posiciones respectivas en los nuevos CSE.

En una movilización como la prevista el 12 de septiembre, la planificación es muy importante. ¿Acaso el gobierno Macron-Philippe no ha declarado querer llevar a cabo una Blitzkrieg (guerra relámpago) contra el Código Laboral? Por consiguiente, tanto las manifestaciones organizadas por Solidaires frente a la universidad del Medef (la organización patronal francesa, que aplaudió a Macron después de que su patrón, Pierre Gattaz, lo riñiera el 29 de agosto) como la fecha del 12 de septiembre integran la temporalidad de la respuesta frente a una estrategia de guerra relámpago. Así pues, es desastroso que una fuerza política como la FI (France insoumise) de Mélenchon convoque —por encima de los sindicatos y antes de que tenga lugar la movilización del 12 de septiembre— otra iniciativa el día 23 del mismo mes. Como explica un militante sindical: “En el mercado no tenemos más que una mano para distribuir un panfleto, y si distribuimos el del 23 de septiembre en vez de distribuir el del 12, eso debilita la movilización unitaria. Y además, el 23 de septiembre están las manifestaciones del Movimiento por la Paz (Mouvement de la Paix, organización pacifista francesa)”. El gobierno Macron-Philippe va a utilizar al máximo la división del frente sindical, social y político. La elección, por parte de la FI, de la fecha del 23 de septiembre es pura autoproclamación, en la que el “nosotros” es en verdad un “yo” (“yo, Mélenchon, frente a Macron”), y según la cual esta “tercera vuelta política y social” debería reemplazar a aquella “segunda vuelta presidencial” que no tuvo lugar: la vuelta Macron-Mélenchon, la única que hubiera merecido tener lugar. Y el estrépito mediático al respecto aprueba su estrategia, desactivando su ilusoria línea de batalla.

Publicamos como anexos dos documentos de la Unión Sindical Solidaires, que define con precisión lo que está en juego en lo que las clases dominantes llaman “la transformación de la sociedad francesa” para hacerla “compatible” con las exigencias de la “concurrencia inter-imperialista mundializada”, bautizada sin pretensiones como “el renacimiento de la grandeza de Francia”, al estilo de Louis Vuitton, dado que es difícil elogiar los éxitos de Areva.

http://alencontre.org/europe/france/france-blitzkrieg-contre-le-code-du-travail-et-lensemble-des-salarie%C2%B7e%C2%B7s.html

Traducción: Adrián Moral Saiz
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12 de septiembre: los vagos entran en acción

León Crémieux (17/09/2017)

La confrontación con Macron y su gobierno era algo inevitable tras las elecciones [presidenciales y legislativas] de mayo y junio. Todo el mundo era consciente que su programa ponía en cuestión de forma inmediata y total del derecho laboral y de la protección social, al tiempo que daba continuidad a una política represiva contra los movimientos sociales y de conculcación de los derechos democráticos, poniendo en el punto de mira, en primer lugar, a las clases populares racializadas.

A primeros de abril, un mes antes de las elecciones, en una entrevista concedida al Journal du Dimanche, Macron anunció de forma clara la ofensiva que pensaba desarrollar y la voluntad de gobernar por decreto, es decir, rehuyendo el debate parlamentario. Tomando buena nota del descrédito de los partidos institucionales y que el mismo no iba a desaparecer por arte de magia tras las elecciones, era consciente que él también sufriría, en poco tiempo, el mismo problema. Todo ello le empujó a adoptar mecanismos de decisión tan rápidos como antidemocráticos: gobernar por decreto.

Al mismo tiempo, más allá de una cuidada política de comunicación en torno a los nuevos tiempos, al cambio, a la juventud, asocia las tesis libertarianas [profesar la libertad individual en los intercambios económicos y en las relaciones sociales y políticas] a la utilización exacerbada de los instrumentos del Estado fuerte que le otorgan los mecanismos de la V República.

Ahora bien, el camino para lograr que Francia recupera su retraso en relación a los países europeos no puede ahorrarle una confrontación social amplia. El 12 de septiembre ha sido el cañonazo de salida; seguirán otros.

Si bien ha costado tiempo plantear la movilización. A pesar que Macron anunció de forma clara sus propósitos, los sindicatos e, incluso, los movimientos sociales en su conjunto, tardaron en reaccionar. Durante la campaña electoral y, sobre todo, entre la primera y segunda vuelta para las presidenciales [mayo] una parte del movimiento dio credibilidad a la imagen mediática de Macron: candidato joven y demócrata que hará progresar al conjunto de la sociedad francesa, acabando con los carcomidos viejos dirigentes y, sobre todo, como antídoto democrático frente a Marine Le Pen.

Independientemente de la consigna de voto impulsada para el segundo turno de las presidenciales [Macron vrs Marine Le Pen], esta complacencia hacia un candidato ultraliberal dejó, durante varias semanas, en una gran soledad al ala radical del movimiento social y sindical (agrupada en un principio en torno al colectivo 1ª vuelta social y después en el Frente social en el que participan sectores combativos de la CGT y de Solidaries, la CNT y diversos colectivos contra la violencia policial, así Droit Devant, Droit au logement y el NPA), que movilizó alrededor de 2000 militantes el 22 de abril, víspera de la primera vuelta.

El 8 de mayo y sobre todo, el 19 de junio, siguiendo el llamamiento del Frente Social se fueron impulsando iniciativas semejantes a nivel local que convocaron movilizaciones en una treintena de localidades, en esta ocasión con el apoyo de Solidaires a nivel nacional. Fue necesario esperar al 27 de junio, casi dos meses tras la elección de Macron y en vísperas de vacaciones, para que finalmente la CGT hiciera público un comunicado llamando a la movilización, a una jornada de huelga y manifestaciones para el 12 de septiembre.

Este llamamiento tardío de la CGT, cuando ya numerosas de sus estructuras llevaban varias semanas movilizándose contra el gobierno y su política de demolición social hay que entenderla en un contexto en el que, aparte de Solidaires, el resto de organizaciones sindicales aceptó ceñirse al marco del diálogo social con el gobierno durante el verano.

Un diálogo de nuevo tipo, con reuniones bilaterales (no conjuntas) y sin que las delegaciones sindicales dispusieran del proyecto definitivo del gobierno. Un método típico de las direcciones de recursos humanos de las grandes empresas. Un diálogo de nuevo tipo, también, porque en ningún caso se trataba de negociaciones: Macron no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos sobre nada con la dirección de los sindicatos; como tampoco estaba dispuesto a debatir la Ley en el parlamento.

Ahora bien, fue en nombre de ese diálogo social que Force Ouvière (FO), que hace un año formó parte del frente sindical para echar atrás la Ley El Khomri, rechazó sumarse al llamamiento de la CGT. Llamamiento que Solidaires apoyó inmediatamente. También la CGC [sindicato de cuadros], muy crítico con el decreto, rechazó junto a la CFDT (socialista) y la CFTC (cristiano) sumarse a la movilización. Finalmente, fue necesario esperar hasta el 4 de septiembre, para que bajo presión, la FSU (primer sindicato de la enseñanza y la función pública) llamara a movilizarse el día 12.

Así pues, esta movilización, que suponía un gran reto, partía en unas condiciones aún más catastróficas que la que inició la lucha contra la ley El Khomri hace 18 meses.

Su principal punto de apoyo estaba en el trabajo desarrollado por las estructuras intersindicales locales y los colectivos locales del Frente social; lo que, en muchas ciudades y departamentos, logro agrupar sindicatos locales de FO e incluso de la CFDT. Por otra parte, más de la mitad de la Uniones Departamentales de FO y siete de sus federaciones llamaron a participar en la movilización del día 12.

Una muestra de que la reticencia de las direcciones sindicales está lejos de la conciencia de las y los asalariados sobre el carácter tóxico de los decretos y de toda la ofensiva social que se perfila tras ellos. Por otra parte, todos los sondeos recientes muestran un rechazo mayoritario del método de los decretos y del contenido de los ataques contra los sindicatos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

No es casual que las primeras medidas de estos ataques estén dirigidas principalmente (¡aunque no exclusivamente!) a dos ámbitos:

1) El sistema de negociación colectiva, los órganos de representación y, en general, la actividad sindical; y

2) Las disposiciones del Código Laboral que protegen del despido a las y los asalariados del sector privado.

Evidentemente, su objetivo es disociar a los militantes sindicales del grueso de los trabajadores y trabajadoras, sin atacar frontalmente al sector público. Lo que no impide que el resto de medida que vienen detrás no dejen cabeza sobre títere y en especial del funcionariado, donde se anuncian 10 mil millones de reducción en los presupuestos del Estado, la supresión de 100 000 funcionarios y la congelación del point d’indice (la base de cálculo los incrementos salariales del funcionariado que ya lleva congelado desde hace varios años).

La jornada del 12 de septiembre también sufrió una campaña masiva de desprestigio mediático bien orquestada por los media nacionales a las órdenes del MEDEF [organización empresarial como la CEOE], que presentaba la jornada de huelga como la orientación de una CGT intransigente y totalmente aislada. Más aún, se le acusaba de perseguir objetivos fundamentalmente políticos, como si fuera la otra cara de la movilización nacional anunciada por France Insoumise el 23 de septiembre, muy publicitada en los media.

El argumento era simple: esta movilización no tenía ninguna legitimidad ya que era minoritaria en el movimiento sindical y la otra cara de una manifestación política lanzada por un excandidato [JL Melénchon] que no quería reconocer su derrota. Los mismos media insistían mucho sobre el hecho de que los proyectos de Macron ya fueron plebiscitados durante la elección presidencial. Olvidan precisar que, cuando menos, sólo el 18,2 % del electorado votó a favor de él en la primera vuelta ( 23 de abril), y que sólo el 30 % de los mismos manifestó que apoyaba su programa.

Esos mismos media también intentaron desacreditar el resultado de la movilización (manifestaciones en 180 ciudades, huelga convocada en 4000 empresas, 220 000 manifestantes según el gobierno, 500 000 según la CGT y Solidaires) en comparación –decían- con la fuerte movilización contra la Ley El Khomri en 2016.

Sin embargo, en ambas ocasiones las cifras anunciadas, tanto por la policía como por el gobierno fueron casi idénticas, solo que en 2016 con informaciones periodísticas mucho más halagadoras…

Para completar esta batalla de comunicación, Macron optó (¿al azar?) por desplazarse el 12 de septiembre a la Isla San Martin, devastada por un violento ciclón. Un viaje ultramediatizado en los informativos televisivos que ponían frente a frente a un presidente que se preocupaba por la gente sobre el terreno y a quienes rechazan que la sociedad avance centrándose en las rigideces del Código y privilegiando a los patronos.

Esta batalla mediática puede parecer inútil, pero desde hace varios meses Macron lucha contra la caída en picado de su popularidad. A pesar de la matraca audiovisual y un look a la Obama, en los sondeos Macron tiene las peores cifras de popularidad registradas a estas alturas del mandato por ningún otro presidente, superando incluso a François Hollande .

Evidentemente, este descrédito no es cuestionado por las pequeñas frases insultantes hacia la gente asalariada y la gente pobre que salpican sus discursos como perlas como: "los que no son nada y los que han triunfado", "los vagos", etc.

Tras el 12, la cuestión que se plantea es la capacidad o no del movimiento social para poner en pie una movilización que permita hacer fracasar la política de Macron. Por supuesto, los decretos sobre el Código laboral pero, también, todo el dispositivo de ataques contra el salario socializado, el sistema de protección social y los empleos y la remuneración en el sector público.

Evidentemente, eso implica que el movimiento sindical asuma la necesaria convergencia entre el sector público y el privado.

Sin embargo, el calendario anunciado hasta ahora no favorece esta convergencia. Macron y Philippe [Prinmer ministro] quieren que el decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros del día 22, y los sindicatos que convocaron el día 12 han convocado de nuevo a una nueva jornada de huelga y movilización para el día 21. Por otro lado, a partir del día 25, las federaciones del transporte de la CGT y FO llaman a una huelga indefinida a los camioneros, con bloqueos: en especial en los depósitos de petróleo. Esto parece ir en la buena dirección para construir una relación de fuerzas.

Ahora bien, nueva federaciones de funcionarios (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT, UNSA, CFTC, CGC y Autonomes) llaman a movilizase el 10 de octubre en torno a reivindicaciones específicas del funcionariado. Si bien hace más de 10 años que no se había visto un frente tan unánime, el problema es que actúa con un calendario totalmente independiente de la interprofesional…

Una vez más hay que resaltar que la posibilidad de un movimiento huelguístico de varios sectores claves a nivel nacional, vinculados a movilizaciones y manifestaciones, va a depender fundamentalmente del ala combativa del movimiento sindical y de las intersindicales locales.

Además, es fundamental que la convergencia se realice también con las luchas contra los ataques a las libertades democráticas y la impune violencia policial, con las luchas de la juventud escolarizada contra la reducción de las APL (ayudas personificadas para la vivienda) y los procesos de selección universitaria. Todos estos sectores que luchan contra los ataques del gobierno son los que deben encontrar los medios para agruparse en un movimiento común.

Esta convergencia concierne, también, a las organizaciones y movimientos políticos que se oponen a este gobierno.

Francia insumisa y Jean Luc Mélenchon pretenden representar ellos solos toda la oposición política a Macron, queriendo amordazar y someter al resto. Este método, orientado fundamentalmente a preparar las próximas citas electorales (europeas de 2019, municipales de 2020), no se preocupa en absoluto de trabajar por la construcción de una relación de fuerzas social y política en la calle, en los barrios populares y en las empresas.

Fruto de ello, en los preparativos para acudir a la manifestación del 23 de septiembre a Paris, Mélenchon no tienen otra preocupación unitaria que invitar a todo el mundo a sumarse a ellos. Una unidad que es tanto más necesaria cuando a nivel local y nacional también existen un enfoque unitario para la convergencia en la acción de las fuerzas políticas opuestas a la política gubernamental.

17/09/2017

Traducción: viento sur

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ANEXOS

Código Laboral: muerte por decreto

Unión Sindical Solidaires

Para la Unión Sindical Solidaires no hay ninguna buena sorpresa en lo que acaba de presentar el gobierno, que a la par que alaba el diálogo social no se ha tomado la molestia de consultar con nuestra organización y ni siquiera de hacernos llegar los textos. Tomaremos el tiempo necesario para desmenuzarlos al detalle, pero he aquí ya algunos ejemplos de lo que nos espera si no nos movilizamos:

1) Facilitar el despido colectivo e individual constituye un pedazo importante de la nueva ley:

Se posibilita la ruptura del convenio colectivo. Sabemos que las rupturas individuales se utilizaban ya de forma masiva para disfrazar despidos (más de dos millones a día de hoy); ahora, será posible presionar al trabajador para imponerle este tipo de salida supuestamente voluntaria con un acuerdo a nivel de empresa, sin tener que pasar por el imperativo del Plan de Mantenimiento del Empleo (Plan de sauvegarde de l’emploi).

Además, se restringe al nivel nacional (y no a nivel de la empresa en su conjunto) la apreciación de las dificultades de las empresas que quieren recurrir a despidos económicos.

2) Se continúa poniendo en entredicho de la jerarquía de las normas, esto es, la protección colectiva del conjunto de los trabajadores y trabajadoras:

Las empresas podrán negociar no sólo la jornada (que ya era posible), sino también la remuneración, la salud laboral o la movilidad por debajo del convenio sectorial. ¡Es la generalización del dumping social!

Los sectores podrán decidir la modificación de las reglas del contrato definido (cuando anteriormente eran materia de ley) y recurrir al contrato por obra o servicio, lo que reforzará la precariedad del empleo y poner fin al contrato indefinido.

3) Para las y los asalariados de las pequeñas empresas:

Se pone en entredicho la representación sindical de las y los asalariados en la empresa, y se posibilita a la patronal el organizar por su cuenta referéndums… El límite será de 50 trabajadores (con un delegado del personal sin mandato y, de manera progresiva, sin sindicato alguno en las empresas de menos de 20 trabajadores). La organización de estos referéndums recuerda en realidad al plebiscito de las decisiones patronales en las empresas, con presiones y chantajes como telón de fondo…

Más allá, lo que estaba anunciado se confirma la fusión de instancias de representación del personal y desaparición de los CHSCT (Comités de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo), un baremo imperativo en el Tribunal Laboral para las indemnizaciones por despido improcedente, la puesta en marcha de límites para proteger a la patronal y reducción del plazo de recurso en lo contencioso a un año (antes era de dos), junto a la limitación drástica de los escasos derechos ligados a la penosidad del trabajo.

Y la guinda del pastel de Pierre Gattaz (presidente del Medef, la organización patronal francesa): los patrones podrán reconvertirse en inspectores de trabajo…

Para Solidaires, los sindicatos que avalan tales políticas asumen una responsabilidad grande al acompañar la degradación de la situación de quienes hoy en día tiene un puesto de trabajo o de quienes lo tendrán en el futuro. ¿En nombre de qué? ¿De la “defensa del empleo”? Ya sabemos los efectos de las precedentes medidas que no condujeron más que a más paro y precariedad. En poco tiempo, cada vez serán menos las personas protegidas por las mismas garantías colectivas. Si no less paramos, ¿dónde se pararán?

Queremos pararlos en nuestras empresas, en nuestros servicios, en las administraciones que, mañana, podrán ser alcanzadas por medidas idénticas, en los municipios, en los departamentos. Participaremos e impulsaremos las reuniones intersindicales con todas las organizaciones y los equipos sindicales que lo deseen, y con el conjunto del movimiento social.

El 12 de septiembre, todas y todos en huelga y en la calle, para iniciar una lucha prolongada (31 de agosto de 2017)

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Continúan atacando a la gente pobre y modesta; en especial a la gente jubilada. Continuamos movilizándonos

Movilizaciones el martes 12 de septiembre de 2017-09-08

Unión Sindical Solidaires

El 22 de enero de 2012, el precedente inquilino del Elíseo [François Hollande] declaraba en el Bourget (municipio de la Seine-Saint-Denis), entre hurras y serpentinas: “mi enemigo es la finanza”; y al día siguiente, o casi, hacía lo contrario de lo que había anunciado.

El presidente actual (y no nos olvidamos de las condiciones en las que fue elegido: un 14 % de los inscritos en la primera vuelta, un 28 % en la segunda) dejó caer, durante su campaña electoral, que él era amigo de la finanza, y al mismo tiempo, o casi, nos nuestra que es leal en amistad.

Las orientaciones principales de la ley Capital XXL [denominación de la reforma de Macron] se inscriben en la continuidad y la profundización de lo que, en 2016, había sido denominado de manera inapropiada “la ley Trabajo El Khomri”, y que era ya una ley Capital. Numerosas disposiciones de esta nueva ley permitirán a las direcciones de empresas incrementar la presión sobre las personas asalariadas. Esta ley va a ampliar el campo de intervención de los acuerdos de empresa (más allá de todo lo que concierne el tiempo de trabajo, que fue modificado por la ley El Khomri), degradar los convenios colectivos de sector, multiplicar los retrocesos respecto a la ley, y acelerar globalmente la marcha atrás de la ley en la empresa. Se nos muestra muy bien que la empresa pertenece a sus propietarios, y que los propietarios han de ser amos en su propia casa. Este retroceso organizado del derecho laboral significa claramente que las posibilidades de explotar a los y las trabajadoras se vuelven más fáciles. Otras medidas contenidas en esta ley no hacen sino añadir nuevas facilidades a los empleadores, precarizando los contratos de trabajo, especialmente a través de la generalización de los “contratos indefinidos de obra”, debilitando a las organizaciones sindicales (ya muy frágiles en muchas empresas), reduciendo los poderes del juez de derecho laboral, haciendo más difícil la defensa de cada trabajador(a), etc. De manera muy concreta, ampliando el poder del capital en la empresa, esta ley permite aumentar la tasa de beneficio y la rentabilidad del capital. Es así también como las ganancias de las grandes y muy grandes empresas no paran de aumentar.

Y, al mismo tiempo, el gobierno va a continuar reduciendo las contribuciones sociales y fiscales de aquellos que ganan ya mucho y que van a ganar aun más.

La reducción del impuesto de sociedades, votada por el anterior gobierno (se trata de pasar, progresivamente hasta 2020, de un 33,33 % a un 28 %), va a aplicarse a partir de los próximos presupuestos para una primera categoría de empresas. O sea que los dividendos asignados a los accionarios, por un beneficio declarado de 100 euros, pasarán de 66,66 a 72 euros (en 1974, con Giscard d’Estaing, la imposición era del 50 %). Los presupuestos públicos se verán recortados de nuevo, las rentas de los rentistas —aquellos que viven del trabajo de los demás— se verán aumentadas, y todos los demás deberán cotizar un poco más (aumentación de la CSG, “Contribución Social Generalizada”, que participa a la financiación de la Seguridad Social, de 1,7 puntos, especialmente para los jubilados), pagar nuevas tasas, soportar retrocesos en los servicios públicos, y encima tendrán que pagar para que el Estado, evidentemente cada vez más endeudado, pueda financiarse en los mercados.

La próxima reducción del Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF) arroja luz sobre las verdaderas elecciones ideológicas de este nuevo gobierno. Al reducir el ISF al mismo tiempo que aumenta la CSG, por ejemplo, este gobierno muestra sin complejos que trabaja para favorecer a los ricos. Pero esta reducción del ISF no va beneficiar más que a quienes poseen patrimonios mobiliarios (las acciones y las obligaciones no se tomarán ya en cuenta para el cálculo del ISF). Hay que saber que, en Francia, las desigualdades ligadas al patrimonio son más fuertes que las desigualdades en los ingresos. Y que los más ricos de entre los poseedores de patrimonio son los poseedores de carteras de inversiones. Así pues, los que se verán favorecidos son los más ricos de entre los ricos, pero sobre todo aquellos que son hoy en día propietarios de las multinacionales y que benefician ya de las numerosas posibilidades que ofrecen los paraísos fiscales.

Al mismo tiempo, Macron desea limitar la imposición de los ingresos ligados al capital a un 30 %, desligándolos de la progresividad del impuesto sobre la renta. Nótese que los ingresos ligados al patrimonio no representan más que el 3,5 % de los ingresos del 10 % más pobre, mientras que representan el 53 % del 0,1 % más rico.

Resumiendo: los accionarios podrán explotar más fácilmente el trabajo de los y las asalariadas, para sacar más beneficios, y estos dividendos estarán menos sujetos al impuesto sobre la renta y absolutamente desprendidos del impuesto sobre la fortuna. De este modo también, los ricos son más ricos y la concentración de capitales entre las manos de una minoría no deja de aumentar.

Como sus predecesores, este gobierno dice querer favorecer las inversiones, reduciendo en particular las cargas que pesan sobre el ahorro. No se trata más que de palabras empleadas a propósito para engañar a la mayoría de la gente. Favorecer las inversiones quiere decir facilitar la explotación del trabajo por el capital (estamos en una sociedad capitalista). Y favorecer el ahorro, hoy en día, quiere decir reducir los impuestos sobre los ingresos y las posesiones de patrimonios mobiliarios.

Estamos frente a un gobierno que está al servicio de los rentistas, al servicio de la finanza y de su circulación libre, total, sin límites ni controles, para dominar mejor el planeta.

Los y las jubiladas de la Unión Nacional Interprofesional de Jubilad@s Solidarios (UNIRS en sus siglas francesas) no se hacen ilusiones respecto a los discursos que mantienen los miembros del gobierno o el presidente de la República. Gracias a su experiencia del pasado especialmente, las personas jubiladas saben de manera muy concreta que los cambios en las decisiones económicas, presupuestarias y sociales no son posibles más que a través de cambios en la correlación de fuerzas entre los asalariados y aquellos que se aprovechan de su trabajo.

La UNIRS llama a las personas jubiladas a participar masivamente en las manifestaciones y movilizaciones que tendrán lugar en todos los departamentos el martes 12 de septiembre de 2017. En París, la manifestación empezará a las 2 de la tarde en la Plaza de la Bastilla, y terminará en la Plaza de Italia (CGT, Solidaires, FSU, UNL, UNEF, FIDL, y muy probablemente FO).

Además, nueve organizaciones de jubilad@s llaman a todas las personas jubiladas a participar en las manifestaciones de jubilad@s del jueves 28 de septiembre. (30 de agosto de 2017)

Traducción: Adrián Moral Saiz





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MADRID. 14 de diciembre de 2017, 19:30h
Madrid. 14 de diciembre 2017. 19.30 h. Poesía en el Bulevar Leerán sus poemas AUILES GARCIA BRITO, ANA PÉREZ CAÑAMARES y ALFREDO PIQUER. Presenta ANTONIO CRESPO MASSIEU Lugar: Casa de Cultura y Participación Ciudadana -C/BRAVO MURILO 37-39- Plaza del Parque Móvil







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