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sinpermiso.info | Catalunya
Sí, pero no. Los comunes y la autodeterminación catalana
29/08/2017 | Daniel Escribano y Àngel Ferrero

Versió original: http://espaifabrica.cat/si-pero-no-els-comuns-i-lautodeterminacio-catalana/

La anfibológica posición de Catalunya en Comú (CeC) ante el referéndum anunciado por la mayoría parlamentaria formada por Junts pel Sí y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) para el próximo 1 de octubre ha generado frustración e indignación entre el soberanismo catalán. El documento aprobado el 8 de julio es una buena muestra del erratismo y la indefinición de este espacio político en torno a la cuestión de la autodeterminación catalana, así como del dominio magistral por parte de sus dirigentes del arte de la logomaquia política. Por una parte, contiene verdades triviales como que “la convocatoria de un referéndum efectivo y con garantías es la mejor solución para el ejercicio del derecho a decidir”, que, por contraste, pretenden legitimar la desvinculación de la única propuesta real actualmente sobre la mesa para materializarlo (arguyendo que “éste no es el referéndum que Cataluña merece y necesita”). Sin embargo, conscientes de que la desvinculación pura y simple del referéndum proyectado para el 1 de octubre implicaría dar la espalda a la mayoría política y social catalana y a gran parte de sus propias bases, aseguran que “desde Catalunya en Comú, apoyaremos aquellas movilizaciones que hagan avanzar el derecho a decidir”, si bien eso también con reservas: “siempre desde el respeto a la pluralidad de opciones en lo tocante a la participación”. Esto es, equiparando políticamente a los sectores que, con todas las limitaciones e imperfecciones que implica la acción política real, quieren llevar a la práctica un derecho que CeC dice defender y quienes no lo reconocen y preconizan la abstención.

De entrada, debe recordarse que, tras las elecciones al Parlament del 27 de septiembre de 2015, ante las dudas razonables sobre la interpretación del referéndum imperfecto sobre la independencia de Cataluña y Arán con que se habían planteado (las fuerzas que concurrieron a ellas con el en su programa, a pesar de superar a las que lo habían hecho con un no explícito, no obtuvieron la mayoría absoluta de votos, principalmente porque la candidatura próxima al espacio que actualmente representa CeC se negó a definirse programáticamente al respecto), dirigentes de lo que ahora es CeC insistieron en que era necesario un referéndum stricto sensu. No obstante, después de que la izquierda independentista forzara a Junts pel Sí a introducir este referéndum, lo que aquellos dirigentes decían que era la solución ha dejado de serlo.

Sea como fuere, quienes siempre hemos sido escépticos ante las profesiones de fe soberanista de la mayoría de fuerzas y dirigentes que componen este espacio político no podemos ahora alegar sorpresa ante esta doble pirueta retórica, aun menos si recordamos las posiciones en torno a la cuestión nacional de la principal tradición política de este espacio. No en vano, a raíz de una interpelación pública del militante de la izquierda independentista Pau Llonch, el miembro del Partido Comunista de España (PCE) y coordinador “federal” de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha prescindido de la finezza de CeC: “¿Qué habría de votar una persona no nacionalista o independentista, española o catalana, el 1 de octubre? Sencillamente, no puede. Dicho de otra forma: el marco constituido por los promotores del 1-O hace imposible que la sociedad catalana pueda expresarse en su totalidad.” Este “argumento” no es precisamente nuevo, al menos desde que la opción de un estado catalán independiente entrara en el debate político del Principado. En efecto, en el marco de su estrategia consistente en obstruir el proceso desde dentro, dirigentes de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) ya lo adujeron con motivo de la primera propuesta de declaración de soberanía de Cataluña consensuada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (CiU), en enero de 2013. Huelga decir que el supuesto argumento no es tal, si tenemos en cuenta que lo que define un referéndum es una pregunta binaria, con las opciones de y no (además de voto en blanco) como respuestas posibles, de modo que resulta suficientemente claro qué opción podrían votar los ciudadanos que reconocen el derecho de autodeterminación de Cataluña y Arán, pero no quieren que se constituya en estado independiente. Cosa harto distinta, y que nada tiene que ver con el derecho de autodeterminación, es que sólo se acepten las consultas y referenda si se diseñan como plebiscitos sobre la particular posición política propia, y no sobre lo que reivindica la mayoría política y social. Cuando menos cabe agradecer al PP y Ciudadanos (y, en menor medida, al PSC y el PSOE) que nieguen explícitamente el derecho de autodeterminación de Cataluña y Arán y del resto de naciones sin estado bajo administración española, y no pretendan hacer ver que se lo reconocen en principio, pero se lo nieguen en la práctica, con pretextos varios. 

Las “garantías”

Y es que uno de los pretextos argüidos por CeC contra el referéndum del 1 de octubre es la carencia de lo que llaman garantías. En realidad, no es claro lo que quiera decirse con ello, más allá de la obviedad de que un acuerdo con el gobierno español en esta cuestión conferiría mayor seguridad jurídica al referéndum en sus aspectos técnicos y en la interpretación y efectos del resultado. Con todo, si el argumento de las garantías pretende ser algo más que una perogrullada, políticamente implica reconocer derecho de veto al gobierno español, con lo que nos volvemos a encontrar con que lo único que diferencia a CeC del PP, Ciudadanos o el PSC y el PSOE son las vías por las que llega a la misma conclusión. Pone el dedo en la llaga el vicepresidente de la entidad abiertamente contraria a la autodeterminación catalana Societat Civil Catalana, el historiador Joaquim Coll, cuando celebra que los dirigentes de CeC “han sabido marcar distancias elaborando un catálogo de exigencias imposibles de cumplirse” y concluye que la posición de este partido contra el referéndum de autodeterminación “ha sido mucho más efectiva que todos los discursos sobre la legalidad de C’s, PSC o PP juntos”.

No ocultamos nuestras dudas tanto sobre si, finalmente, el gobierno catalán llevará a cabo el referéndum ni sobre su intención real de declarar la independencia en el plazo anunciado, en caso de una hipotética victoria del . Sin embargo, y pese a que Garzón —en un encomiable arrebato de sinceridad sobre cuál es el criterio que determina la posición de su partido ante las movilizaciones populares— aduzca que “no controlamos ninguno de los parámetros de esa ruptura”, de modo que podría “pasar cualquier cosa y no hay nada decidido de antemano”, en realidad, no sabemos de acción política alguna cuyo resultado pueda conocerse antes de llevarse a cabo. (Por lo demás: ¿cuántos procesos históricos de emancipación nacional han sido dirigidos y controlados por partidos comunistas?) Y es que, si alguna vez se llega a celebrar un referéndum acordado con las instituciones centrales del Estado español, habrán sido necesarias muchas movilizaciones previas, de las que el referéndum anunciado para el 1 de octubre es, hasta la fecha, la más relevante. ¿Cómo se llegó, si no fue mediante referenda unilaterales previos, a la sentencia del Tribunal Supremo canadiense de 20 de agosto de 1998, que falló que “un voto de una mayoría clara en Quebec a favor de la secesión sobre una pregunta clara conferiría legitimidad democrática a la iniciativa secesionista, que el resto de miembros de la Confederación deberían reconocer”?

Por lo demás, cuanto mayor apoyo político reciba el referéndum desde los sectores que dicen ser partidarios de la autodeterminación catalana y más presión se ejerza sobre los gobiernos catalán y español, más costoso le resultará a aquél dar marcha atrás y más difícil será para éste impedirlo mediante el uso de la fuerza. Por el contrario, tal y como apunta Jaume Asens, teniente de alcalde del Área de Derechos del Ayuntamiento de Barcelona y representante de la minoría de CeC en esta cuestión, “[s]i se hace boicot al referéndum, después es incongruente quejarse de la falta de garantías en aquello en lo que tal vez ha influido el propio boicot”. Y esta subitánea preocupación por las “garantías” contrasta con el fervoroso apoyo mostrado por el PSUC —Partit Socialista Unificat de Catalunya, predecesor de una de las principales fuerzas presentes en CeC: ICV— y el PCE al plebiscito sobre la Constitución de 1978 del Reino de España, que, como señala el propio Asens, no “tuvo garantías absolutas”, por cuanto “[s]e votó en circunstancias excepcionales, sin un censo oficial y con miedo bajo la amenaza del Ejército franquista”, cuya Junta de Jefes de Estado Mayor, como es harto sabido, redactó, casi palabra por palabra, el texto del artículo segundo, que ahora se esgrime para fundamentar la “inconstitucionalidad” de toda propuesta de autodeterminación para cualquier nación peninsular sin estado. Y no es ocioso recordar que, durante los debates constituyentes de 1978, el PCE votó en contra de la enmienda presentada por el diputado de Euskadiko Ezkerra Francisco Letamendia por la que se añadía un título (VIII bis) regulador “del derecho de autodeterminación” de los pueblos ibéricos. En este aspecto, como en muchos otros —como su denodado esfuerzo por contener las movilizaciones antifranquistas en los límites en que el Partido pensaba que podría controlar, la ingesta del trágala de la reinstauración borbónica o su apoyo al ataque al salario real que entrañaban los Acuerdos de la Moncloa—, el papel desempeñado por el PCE en la coronación y legitimación de eso que ahora llama régimen del 78 es indisputable, y lleva razón Albert Rivera —por mucho que escueza a Garzón, que parece manejar la historia del Partido como si de una herencia personal se tratara— cuando lo recuerda, aunque yerre al sugerir que dicho espacio político juega actualmente un papel distinto al que ejerció entonces.

Es pensable que los dirigentes de CeC y los sucesores del PSUC y el PCE conocen el ordenamiento jurídico-político que sus predecesores contribuyeron a edificar, de modo que la apelación a un referéndum “con garantías” como argumento para no apoyar el del 1 de octubre cumple, mutatis mutandis, la misma función que las invitaciones del PP o el PSOE a reformar la Constitución española, cada vez que se plantea alguna iniciativa concreta para ejercer el derecho de autodeterminación.

Podríamos poner más ejemplos de la actitud real de la mayor parte de este espacio político ante iniciativas harto más modestas que la autodeterminación stricto sensu, como el voto negativo de IU (y la abstención de ICV) a la admisión a trámite por parte del Congreso español de la propuesta de nuevo Estatuto político de la Comunidad de Euskadi, aprobada por el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004, o, en el ámbito de la financiación, la oposición de IU (ICV, en esta cuestión, estaba a favor) a la propuesta de pacto fiscal aprobada por el Parlament de Cataluña en julio de 2012. Eso sí, en la línea de la escisión entre los principios que dicen defenderse y la práctica política real, que un ex militante del propio PCE, Manuel Sacristán, denominó cinismo ideológico y consideró definitoria del estalinismo, Garzón todavía pretende hacernos creer que quienes votaron contra el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación y se pronunciaron contra simples propuestas de reforma estatutaria o fiscal apoyarán el ejercicio efectivo del derecho a la separación: “El derecho de autodeterminación es clarificador, en efecto, y por eso lo defendemos.” En efecto, es muy clarificador, porque, cuando se propone su ejercicio, los suyos siempre se pronuncian en contra, salvo que se aplique a territorios lejanos, como la República Árabe Saharaui Democrática, Palestina, el Kurdistán o, incluso, Escocia.  

Independencia y federalismo

En un interesante artículo con motivo de la polémica Llonch-Garzón, Josep M. Antentas, próximo al sector anticapitalista de Podemos, echaba en falta una cierta confluencia entre el independentismo catalán y el federalismo español. En realidad, empero, desde sectores del independentismo —lo recuerda Llonch en su artículo— a menudo se ha hecho notar la inviabilidad de transformar federalmente el Estado español desde esquemas de mera descentralización administrativa desde el centro (tal y como evidencian el proceso estatutario catalán durante la Segunda República española y el proceso de reforma del Estatuto catalán de 2005-2006). La propia lógica, acreditada históricamente, de las dinámicas de federalización radica en procesos de integración política entre antiguos estados independientes, por lo que, tras la anexión de los antiguos reinos de la Corona de Aragón a la de Castilla, sólo un marco de soberanía previa confiere la posición de fuerza necesaria para negociar un proceso de integración política de carácter confederal o federal, que garantice igualdad de condiciones para los estados en el diseño de las instituciones comunes, las haciendas federal y estatal y los órganos jurisdiccionales, así como un marco competencial que reconozca competencias realmente exclusivas a los estados. Por ello, quienes realmente tengan como objetivo la transformación del Estado español actual en un sentido federal o confederal tienen que defender lógicamente la constitución previa de los estados federables en estados independientes. Por lo demás, la adopción de un modelo de distribución territorial del poder de carácter federal a escala española es una decisión que no puede decidirse unilateralmente desde Cataluña y Arán, por cuanto afecta a todos los pueblos bajo administración española (y, por lo demás, no parece ser la opción preferida por la mayoría de la población española, al menos si hay que creer a los estudios demoscópicos). Por el contrario, sí puede contribuir a iniciar un verdadero proceso de federalización de España constituyéndose previamente en estado independiente. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado recientemente que querría una república catalana “confederada” a una “república española”. No obstante, como había apuntado anteriormente su homóloga en Badalona, Dolors Sabater, “para llegar a tener una república catalana —ya se verá si independiente, federada o confederada—, primero hay que ser independiente”.

Sin embargo, los sectores políticos que dicen defender la opción federal, en lugar de explicar a sus votantes que, en el contexto actual, el único proceso federalizante posible en España pasa por la independización de los sujetos federables, prefieren mantener una ficción política que arriesgarse a perder el apoyo de los electores vinculados prepolíticamente al españolismo. El que algunos sedicentes federalistas mantengan, pese a todo, la falsa oposición entre independencia catalana y federalismo español muestra la especiosidad de dicho federalismo, que queda reducido a la categoría de simple pretexto, como alternativa a la independencia. En el caso de Podemos, el número uno de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha evidenciado de modo descarnado la contradicción entre el pretendido federalismo del partido y su estructura interna: “Podem no es un sujeto jurídico. […] Hay cierta incongruencia entre el modelo de Estado que defendemos y el del partido. Si Podemos dice que los catalanes pueden decidir su futuro no se entiende que los de Podem, no.” La respuesta de la dirección de Madrid ha sido la previsible acusación contra Dante Fachin de “subalternizar su estrategia respecto del 1-O a la hoja de ruta de Puigdemont” e incluso de faltar “a la verdad”. 

Una nota sobre la «burguesía catalana»

A regañadientes, Garzón admite que “[e]s verdad que una parte considerable de la burguesía catalana no parece apoyar la independencia”. Sin embargo, en lugar de justificar por qué son precisamente él y los suyos quienes coinciden con la cúpula de la burguesía catalana, agrupada en torno a Fomento del Trabajo Nacional, y, huelga decirlo, con la española y sus agentes fiduciarios en las instituciones políticas (PP, PSC, PSOE, Ciudadanos, etc.) en la oposición frontal a la independencia y el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, Garzón intenta escurrir el bulto echando la culpa a los demás con acusaciones tan absurdas como que “entre una cosa y otra, llevamos al menos cinco años viendo como la elite catalana sigue gobernando realmente Cataluña”. ¿Sólo cinco años? ¿Los recortes y rebajas fiscales aplicados por el gobierno de PSC-ERC-ICV en 2010 acaso no fueron medidas en beneficio de la “elite catalana”? Por lo demás, ¿quién ha gobernado durante los últimos “cinco años”, y sigue gobernando actualmente, en España? ¿IU? ¿Podemos? ¿Unidos Podemos?

Esta pretendida miopía política, es claro, tiene como causa el no querer admitir la tendencia de fondo, que no es otra que el proceso soberanista ha supuesto una erosión constante a la hegemonía de CiU, hasta el punto de haber provocado la ruptura de la coalición. Tal y como hizo notar en esta misma revista el comentarista político Mikel Aramendi, cuando el proceso estaba en sus albores, “[e]n la medida en que el movimiento por la independencia se ha reforzado, Convergència se ha ido debilitando”. Pero, al parecer, para algunos sectores de la izquierda “federalista”, es un problema que la izquierda independentista coincida con el liberal Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) —un partido menguante y recién convertido al independentismo— en la organización de un referéndum unilateral de autodeterminación. No lo es, en cambio, que dicha izquierda “federalista” coincida con Fomento del Trabajo, el PP, el PSC-PSOE, la extinta Unió Democràtica de Catalunya y Ciudadanos, un partido no menos liberal que el PDeCAT, en el boicot del mismo. Y, en rigor, tampoco supuso problema alguno para el PSUC el hecho de coincidir con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la Assemblea de Catalunya y nombrar al banquero Jordi Pujol como representante catalán en la Comisión de los Nueve, para negociar la reforma política con el gobierno de la monarquía reinstaurada, lo que le dio una proyección pública de que entonces estaba a años luz de tener y que no desaprovecharía en el futuro, como acredita la hegemonía convergente en el gobierno de la Generalitat entre 1980 y 2003. 

Resulta muy significativo el contraste entre la prevención de la que presume el espacio de CeC y, en el resto del Estado, Unidos Podemos —con la honrosa excepción de En Marea— a tener puntos de coincidencia con sectores de la derecha política catalana en la defensa de la autodeterminación del país y la aproblematicidad con que coincide con otros sectores de la derecha, política y económica, catalana y, huelga decirlo, del resto del Estado en la defensa fáctica de la unidad de España. Y es que, sin una cierta alianza interclasista, no habría habido procesos de emancipación nacional en Europa durante el siglo xx —como evidencian los casos de Irlanda o Finlandia, encabezados por un sector de la burguesía— ni de descolonización.

En esta interesada contraposición entre liberación nacional y de clase, Garzón compara el conflicto catalano-español actual nada menos que con la Gran Guerra: “encerrados en este dilema nos llegan los ecos de aquel fatídico 1914 en el que la socialdemocracia alemana y francesa, entre otras, traicionaron a su clase para defender a su nación”. Dejando de lado el hecho de que el partido de Garzón, al menos desde 1978, jamás ha sufrido dilema semejante alguno, por cuanto, a la práctica, siempre ha tenido claro en qué lado se tenía que alinear en los casos de conflicto nacional, como se deduce de los ejemplos mencionados en este mismo artículo, parece que el coordinador “federal” aún no se ha percatado de que Cataluña y Arán no son ninguna potencia política ni militar ni, en realidad, ningún estado, sino una minoría nacional en el seno de un estado imperialista occidental, del que luchan por emanciparse. El hecho de soslayar la realidad política, harto material y concreta, que supone la estatalidad en los conflictos políticos y la apelación emotiva a un episodio trágico de la historia del movimiento obrero se compadecen mal con el “análisis concreto de la realidad concreta” de que presume Garzón.

A modo de conclusión

En una más de las múltiples incoherencias de su artículo, Garzón admite que “hubo una ley antidesahucios en Navarra y en Andalucía y en todos los casos el Régimen del 78, Tribunal Constitucional mediante, las tumbó”. Precisamente ello muestra que la correlación de fuerzas en numerosos ámbitos subestatales es mucho más favorable a la izquierda que el estrictamente estatal, lo que contribuye a explicar el estrecho vínculo entre conservadurismo y defensa de la unidad del Estado español, que tantos sectores de la izquierda española (y catalana) se niegan a ver. La tesis de CeC y sus aliados es que la única vía para que Cataluña y el resto de naciones peninsulares sin estado ejerzan su derecho de autodeterminación es mediante la colaboración con la izquierda española, para lograr un cambio político en el Estado español, de modo que gobiernen ellos. Sin embargo, nos tememos que la experiencia histórica apunta más bien a que los procesos de autodeterminación realmente existentes se han llevado a cabo con la posición contraria o escéptica de la mayoría de organizaciones de izquierda del estado de que se producía la separación. Y las posiciones que criticamos son una muestra elocuente de ello. Ante la notoria incapacidad de las fuerzas que se califican como nueva política para dar la vuelta al mapa político estatal —y resulta harto significativo el hecho de que éstas hayan obtenido sus mejores resultados en territorios donde existe conflicto nacional—, acaso deberían empezar a plantearse la idea de invertir el esquema y pensar seriamente en la estrategia de impulsar el proceso constituyente en la propia España a partir de la iniciativa independentista de sus “periferias”, tal y como se les ha exhortado a hacer desde el independentismo de izquierda. Uno de los Leitmotive del discurso de CeC, Podemos e IU es la necesidad de “romper el candado del régimen del 78”. ¿Realmente no se dan cuenta de que el referéndum de autodeterminación en Cataluña y Arán sería el golpe más duro asestado hasta la fecha a la arquitectura constitucional borbónica y establecería un precedente que podría extenderse a la propia monarquía, que los diseñadores del “régimen del 78” evitaron cuidadosamente que fuera sometida a referéndum? Es decir, un referéndum sobre la forma de estado, como el que se celebró en Italia en 1946 y en Grecia, en 1974, con sendas derrotas claras de la monarquía, resultado que, según los datos demoscópicos del segundo gobierno de la monarquía reinstaurada, también se habría dado en España? ¿Existe, en la coyuntura política actual, alguna movilización capaz de hacer tambalearse más al gobierno español y contribuir a activar la mayoría alternativa al PP actualmente existente en el Congreso que una participación masiva en el referéndum del 1 de octubre? No está de más recordar que sólo el referéndum de autodeterminación de Cataluña y Arán ha logrado hacer salir a Rajoy de su zona de confort y de la estrategia diseñada por su spin doctor Pedro Arriola, consistente en mantener un perfil bajo.

Un argumento frecuente en el debate político catalán es que la reivindicación de un referéndum de autodeterminación obtiene un consenso social estimado demoscópicamente en el 80 % de la población catalana. No obstante, se trata de una verdad a medias, puesto que ya hemos visto que, cuando se trata de concretarlo, algunos sectores que dicen estar a favor se afanan en desvirtuar su contenido (como ocurrió en la consulta del 9 de noviembre de 2014, tanto en lo tocante al formato cuanto al contenido) o, a la práctica, se oponen, con argumentos incoherentes varios. De modo que, a la práctica, y con la relativa excepción de Podem Catalunya (que llama a la participación en el referéndum del 1 de octubre, pero sin reconocerle carácter vinculante) y numerosas personalidades del ámbito de los propios comunes, en Cataluña y Arán son los partidos independentistas quienes defienden, real y orgánicamente, el referéndum de autodeterminación.

Finalmente, en la medida en que, probablemente, representa gran parte de las posiciones de la dirección de CeC, querríamos concluir con un comentario sobre la dosis final de cinismo ideológico con que Garzón acaba su artículo: “derecho de autodeterminación y república federal. Y, también, socialismo apátrida.” Ya hemos visto cuál es el compromiso real de CeC e IU cuando el derecho de autodeterminación se ha de ejercer dentro de las fronteras del Estado español, así como hemos mencionado cuál fue el voto del PSUC y el PCE en el plebiscito sobre la Constitución española de 1978 (el apartado tercero de cuyo artículo primero recoge que “[l]a forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”) y no es necesario insistir en la hostilidad declarada por Garzón al único proyecto de nueva república ibérica que, en estos momentos, se plantea y que es, al tiempo, condición de posibilidad para la transformación federal de España. Acaso resulte relativamente novedosa la apelación al “socialismo apátrida”, cuyo significado exacto, en un mundo organizado políticamente en estados, nacionales o multinacionales, pero no anacionales, ignoramos. Con todo, nos tememos que esta repentina renuncia al patriotismo pertenece al mismo tipo de añagaza retórica que el “no nacionalismo” español de PP, PSC-PSOE y Ciudadanos, es decir, la vieja estratagema chauvinista que pretende invisibilizar como neutra la única nación actualmente reconocida y articulada institucionalmente —la “Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, cuya unidad es fundamento de la Constitución (art. 2) que votaron favorablemente los de Garzón— y estigmatizar a las que luchan por su reconocimiento estrictamente nacional. ¿Por qué, si no, las fronteras de la imaginaria “república federal” de Garzón coinciden con las del Estado español actual?

Daniel Escribano es traductor, asesor lingüístico y miembro de Espaifabrica.cat.

Àngel Ferrero. Periodista, residente en Moscú. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

22/8/2017

http://www.sinpermiso.info/textos/si-pero-no-los-comunes-y-la-autodeterminacion-catalana





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