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Ciencia
Ciencia alternativa y reproducción humana
28/08/2017 | R. Alta Charo

 

La reproducción humana está siendo víctima de la ciencia alternativa, plagada de definiciones alternativas de estados de salud bien conocidos y caracterizada por el rechazo del método científico como norma para la generación y evaluación de pruebas. La ciencia alternativa comienza con datos alternativos como los postulados por el gobierno de Trump y sus miembros, incluido el ministro de Salud y Servicios Humanos (HHS), Tom Price, quien ha afirmado que no hay ninguna mujer que no pueda costearse el control de natalidad por sí misma (a pesar del elevado coste de los anticonceptivos más fiables). La ciencia alternativa también cuenta con la adhesión de altos cargos nombrados recientemente, como Valerie Huber, Teresa Manning, Charmaine Yoest y Katy Talento.

 

La nueva vicesecretaria asistente de HHS para asuntos de población, Manning, antigua lobista del Comité Nacional de Derecho a la Vida, contribuirá a definir programas federales de planificación familiar pese a su oposición declarada a esta función gubernamental. Insiste en que la contracepción es ineficaz, pese a que está demostrado que los métodos hormonales tienen una eficacia del 91 % y que los anticonceptivos reversibles de larga duración como los dispositivos intrauterinos (DIU) tienen una eficacia del 99 % en la prevención de embarazos.

 

Yoest, antigua responsable del grupo antiabortista Americanos Unidos por la Vida, contribuyó a desarrollar la estrategia encaminada a promulgar una ley de Texas que preveía tantos obstáculos para el acceso a los servicios de aborto, presentados como medidas de protección de las mujeres, que el Tribunal Supremo de EE UU dejó de lado su habitual respeto por las disposiciones legislativas de los Estados y tumbó la ley porque las afirmaciones subyacentes eran manifiestamente falsas. Ahora, Yoest es secretaria asistente de asuntos públicos del HHS. Afirma que los condones (cuyo uso reduce el riesgo de transmisión del VIH en un 70 % por lo menos) no protegen contra el sida ni otras enfermedades de transmisión sexual. Yoest afirma asimismo que la contracepción no reduce el número de abortos y dice que aceptar este hecho “ayudaría francamente al otro bando a redefinir la cuestión de esta manera”.

 

Al coro de Yoest y Manning se ha unido Katy Talento, nombrada al Consejo de Política Interior, cuando afirma que los tipos de anticonceptivos más eficaces causan infertilidad y abortos espontáneos. Talento ha publicado algunos artículos especialmente descabellados sobre este tema, citando mal un estudio de 2012 cuyo autor desautorizó su descripción de su trabajo al afirmar que los anticonceptivos “te rompen el útero”. Los hechos importan.

 

Las responsables recién nombradas también se caracterizan por su desprecio por la investigación científica rigurosa. Huber, nombrada recientemente para un cargo en HHS en que ayudará a aplicar programas sobre la salud de las personas adolescentes, ha sido jefa de filas de Ascend, la antigua Asociación Nacional de Educación para la Abstinencia, que afirma que existe una relación causal entre la educación sexual para la abstinencia fuera del matrimonio y la reducción de la pobreza. Sin embargo, aunque es cierto que el embarazo de adolescentes está asociado a la pobreza, se ha demostrado repetidamente que los programas que pretenden restringir la actividad sexual al interior del matrimonio no contribuyen a prevenir esos embarazos.

 

Es más, Yoest sigue citando estudios desacreditados desde hace tiempo que se basaron en informes retrospectivos para apoyar su afirmación de que el aborto provoca cáncer de mama, pese a la existencia de pruebas contundentes de lo contrario obtenidas en estudios prospectivos concebidos correctamente. Semejantes declaraciones por la persona que está actualmente a cargo de los asuntos públicos de HHS no hará sino favorecer el alarmante modelo de una legislación estatal que obliga a los médicos a facilitar esta desinformación en nombre de “consentimiento informado”. Tampoco es cierta su afirmación de que el aborto causa trastorno mental; en realidad, un estudio de larga duración, en el que se han comparados mujeres a las que se denegó el aborto legal con otras que sí tuvieron acceso al mismo, ha revelado que el hecho de verse forzadas a mantener un embarazo no deseado se asocia a efectos psicológicos adversos a medida que se acerca el parto. El método científico importa.

 

Se han utilizado falsedades con respecto a la reproducción humana para justificar restricciones al aborto. Algunos parlamentos estatales de EE UU han tratado de redefinir la datación del embarazo, pasando de la medida normal del tiempo desde la última regla al periodo transcurrido desde la probable fecundación. Esta definición favorece las estadísticas de viabilidad para edades gestacionales más bajas y refuerza las posiciones favorables a imponer un límite de 20 semanas al aborto. Otros parlamentos siguen hablando de dolor del feto con el mismo propósito, pese a que el feto no tiene capacidad fisiológica (y mucho menos psicológica) para experimentar dolor hasta al menos las 24 semanas de gestación (debidamente calculadas desde la última regla).

 

Tal vez la afirmación más insidiosa y políticamente potente de estas responsables recién nombradas es la que dice que las formas comunes de contracepción son en realidad abortifacientes. Esto no es nuevo, sino que ha estado circulando por ahí durante décadas, pero ha adquirido una enorme importancia con el aumento de las negativas de los médicos, enfermeros y farmacéuticos, amparadas en la “cláusula de conciencia”, a prescribir o proporcionar anticonceptivos hormonales, anticonceptivos de emergencia y DIU porque se oponen al aborto.

 

Para que funcione este silogismo hay que empezar rechazando conocimientos médicos confirmados desde hace tiempo. El embarazo no comienza hasta que se ha producido la implantación, un hecho no solo reconocido por la clase médica, sino también por la administración federal en textos legales (45 C.F.R. § 46.202), donde se define el embarazo como “el periodo de tiempo que va de la implantación al parto”. Un aborto pone fin a un embarazo en curso. Más o menos la mitad de todos los blastocistos no llegan de todos modos a implantarse, pero provocarse la regla no es tener un aborto espontáneo.

 

Los anticonceptivos hormonales tienen por efecto principal la prevención de la ovulación y por tanto la fecundación. Incluso en los casos en que afectan al endometrio, estudios más recientes que los utilizados para la calificación inicial aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) demuestran que no interrumpen un embarazo ya establecido. En cuanto a los DIU, los dispositivos más solicitados inhiben la fecundación alterando el entorno uterino de modo que se vuelve hostil al esperma. A veces también pueden impedir la implantación, pero tampoco ellos interrumpen un embarazo, y un medicamento o un dispositivo que previene la fecundación o la implantación es un anticonceptivo, no un abortifaciente.

 

A pesar de estas pruebas médicas, los parlamentos e incluso el Tribunal Supremo han tolerado que ciertos individuos formulen sus propias definiciones de abortifaciente y embarazo y luego las empleen para justificar su negativa a extender recetas u ofrecer cobertura del seguro para los anticonceptivos. Las personas que otorgan condición civil al óvulo fecundado antes de la implantación deberían defender su argumento abiertamente y por sus propios méritos. Disfrazar la negativa de oposición al aborto es una táctica para ganarse más apoyo del público que el que podrían obtener declarando abiertamente su oposición a la contracepción. La terminología médica importa.

 

Durante demasiado tiempo hemos visto cómo se ha utilizado la ciencia alternativa para convencer al público de que no hay necesidad de afrontar difíciles opciones políticas. Esta táctica ya se empleaba hace 20 años, cuando personas que se oponían a la investigación con células madre de embriones falseaban el uso de otros tipos de células madre en un intento de convencer al público de que las células madre de embriones no eran necesarias y de que la prohibición de su uso no afectaría a la investigación científica ni a la atención sanitaria. Hoy se emplea esa misma táctica cuando quienes se oponen a la investigación con tejidos de fetos niegan su valor o afirman que es posible realizar estudios cruciales con otros tipos de tejidos, de manera que no habrá que incorporar las necesidades de los pacientes a la labor legislativa para bloquear el trabajo. La buena política exige que afrontemos esas opciones, no que redefinamos la realidad o el método científico para eludirlas.

 

Las personas razonables pueden discrepar sobre el modo de interpretar los datos, pero no desprecian el método científico para acreditar estudios mal planteados, fraudulentos o tergiversados. Pueden discrepar sobre el significado moral de la fecundación, pero no eliminan la implantación del proceso de embarazo y no confunden el debate público identificando la oposición al aborto con la oposición a la contracepción. Pueden discrepar sobre la moralidad de utilizar tejidos de fetos muertos con fines de investigación, pero no afirman que esa investigación no sirve de nada. El desprecio, la denegación o la recreación imaginaria de la realidad tienen consecuencias reales en las políticas públicas y la salud humana. En los debates en torno al cambio climático, la teoría de la evolución o la reproducción humana, los datos alternativos no son más que pura ficción y la ciencia alternativa no es más que mala política.

 

27/07/2017

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1707107?query=TOC&

Alta Charo es profesora de Derecho y Bioética en la Universidad de Wisconsin en Madison, EE UU.

 

Traducción: viento sur





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