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Catalunya
La larga marcha por la renta garantizada de ciudadanía
25/08/2017 | Diosdado Toledano

Por fin, la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se hizo realidad. El pasado 12 de julio el Parlamento de Catalunya votó a favor de la propuesta de ley por unanimidad. A partir del 15 de septiembre de 2017 podrán realizarse las solicitudes. La ley se desplegará durante 30,5 meses, hasta alcanzar el 1 de abril de 2020 el máximo de la cuantía de las prestaciones para todas las personas y familias beneficiarias.

Atrás queda un largo proceso de construcción de una amplia unidad social y ciudadana, de numerosas actividades para ganar la opinión pública a favor de la proposición de ley durante más de cinco años, superando los obstáculos de todo tipo que puso el gobierno presidido por Artur Mas en la X legislatura, también las dificultades durante el actual gobierno presidido por el Sr. Carles Puigdemont, hasta la apertura de una difícil negociación que finalizó con un acuerdo satisfactorio.

Todo empezó en agosto de 2011, cuando el gobierno de la Generalitat en plena vorágine de recortes sociales, puso la diana contra la población más vulnerable que percibía la Renta Mínima de Inserción, una prestación insuficiente de 423 euros al mes para el titular de la prestación, que se ampliaba con diversos complementos por familiares a cargo hasta un tope de 650 euros al mes, y aplicó mediante Decreto Ley una contrarreforma que le permitió excluir a un tercio de las personas beneficiarias.

La Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona organizó la protesta en pleno mes de agosto, al lado de las personas desposeídas de la RMI, compartiendo su rabia y dolor, y pasó a la ofensiva convocando a entidades sociales, cívicas y políticas a una reunión el 14 de septiembre de 2011 para proponer una Iniciativa legislativa Popular sobre una proposición de ley que desarrollara el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece “que las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”. Allí empezó la larga lucha por un derecho social que ampara a la ciudadanía, que protege y empodera a los sectores más vulnerables, a los desposeídos por la crisis del capitalismo, víctimas de los despidos masivos y del recorte de los derechos laborales.

Breve historia de la iniciativa legislativa popular por una renta garantizada de ciudadanía

Durante más de nueve meses, en un proceso asambleario, con debate democrático, rigor y fraternidad, se elaboró la proposición de ley de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (ILP-RGC). Ver contenido de la proposición de ley en la web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/files/ley.pdf

El 11 de julio de 2012 con arreglo a las normas que regían las ILP,s, se levantaba acta de la Comisión Promotora de la ILP-RGC y se aprobaba el contenido de ley. La composición de la Comisión Promotora, a título personal, era un reflejo de la amplia diversidad de entidades sociales, cívicas y políticas que apoyaban.

La convocatoria de elecciones anticipadas obligó a esperar a la celebración de las elecciones el 25 de noviembre de 2012 y que se constituyera la Mesa del nuevo Parlamento para tramitar la ILP-RGC.

1. Xª Legislatura: superando bloqueos y maniobras parlamentarias

El 25 de enero de 2013 se presenta la ILP de la RGC ante la Mesa del Parlamento recién constituido. Los primeros contactos con la nueva consejería de Bienestar social para tratar del contenido de la ILP enviaron los primeros avisos de las dificultades que nos íbamos a encontrar, especialmente ante el Informe de oposición a la ILP de la RGC que preparaba el gobierno de Artur Mas.

En previsión de tales problemas, se impulsó con el apoyo unitario de organizaciones sindicales y sociales una marcha de personas en paro desde Sant Vicençs dels Horts hasta el Parlament en apoyo de la ILP-RGC. Esta marcha exitosa tuvo lugar el 28 de febrero.

El 12 de marzo el Gobierno de la Generalitat registraba ante la Mesa del Parlamento el Informe de oposición a la ILP-RGC. Entre los motivos para fundamentar tal oposición destacamos el cálculo del impacto presupuestario de 3.659 millones de euros, cifra deliberadamente exagerada que contrasta con el cálculo realizado por profesores de economía de la Universidad que hicieron una estimación más realista de algo más de 2.000 millones de euros anuales, otra de las consideraciones negativas era la cercanía de la cuantía de la prestación de la RGC con el salario mínimo interprofesional que podía desincentivar la búsqueda activa de empleo, y que la existencia de la RGC podía estimular el incremento del salario medio de la economía y reducir la competitividad…

Como se puede apreciar, dichos motivos o consideraciones, combinaban el prejuicio ideológico de un gobierno neoliberal conservador que criminalizaba la pobreza, que solo veía vagos entre las gentes sin empleo, junto a una aplicación rigurosa de las políticas de devaluación salarial para salir de la crisis. Esta posición político-ideológica condujo al grupo parlamentario de CiU en el Congreso de Diputados a votar (8 de marzo de 2012) a favor de la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral impulsada por el gobierno del PP. Contra-reforma que eliminó importantes derechos laborales y aceleró la destrucción de más de 1 millón de empleos, a través del abaratamiento del despido, que agravó la precariedad laboral, facilitó los recortes salariales y extendió la pobreza laboral.

A pesar de la presión ejercida por el Informe de oposición, el 13 de marzo la Mesa del Parlamento daba “luz verde” a la tramitación de la ILP-RGC. Sin duda, la marcha del movimiento de parados, junto a otras gestiones ante los grupos parlamentarios, tuvieron el efecto deseado. Pero, la voluntad de bloqueo a la ILP-RGC que inspiraba dicho Informe continuó a lo largo de toda la legislatura.

1.1. La campaña de recogida de firmas culmina con la presentación de la proposición de Ley ante el Pleno del Parlamento el 26 de marzo de 2014

El cinco de abril tiene lugar en el centro cívico de Fort Pienc la presentación pública de la ILP-RGC. También se proyectó el video de la campaña Ver: https://www.youtube.com/watch?v=3GDe9VGWAog

Los días 8 y 9 de abril, las 272 personas fedatarias hicieron la correspondiente promesa en el Parlamento. Una vez estuvieron listos y numerados los pliegos, se inició la campaña de recogida de firmas por toda Cataluña, que contó con la colaboración de cerca de 70 entidades cívicas, sociales y políticas y de miles de personas voluntarias. Durante aquellos meses decenas de ayuntamientos aprobaron mociones de apoyo a la ILP-RGC y se hicieron numerosos actos de presentación por todas las localidades de Cataluña. Todo ello ayudó a contrarrestar la campaña de prejuicios y tópicos que desarrolló el gobierno contra la ILP-RGC. La publicación por la Editorial Icaria del librito Rescatem les persones y su amplia distribución, aportó consistencia a la argumentación en favor de la firma a la ILP-RGC, venciendo prejuicios y dudas de sectores de la ciudadanía a la hora de recoger su firma.

En la recta final de esta campaña, se organizó una acampada, con huelga de hambre incluida, en la Plaza de Cataluña del 13 a 15 de septiembre.

Una vez finalizado el plazo de recogida de firmas se entregaron 121.191 firmas para su validación en las oficinas del IDESCAT. Fue un primer éxito: se había superado ampliamente el mínimo de 50.000 firmas exigidas para que la proposición de ley iniciase su tramitación y debate en el Parlamento.

1.2. Tras las comparecencias y las enmiendas de los grupos parlamentarios, la ponencia finaliza con un nuevo adelanto electoral

La movilización social en defensa de la ILP-RGC no decae y vuelve a la carga con las marchas del movimiento de las asambleas de personas en paro que salen el 22 de febrero desde el Baix Llobregat y que tras recorrer diversas localidades de la provincia de Barcelona llegan al Parlamento el día 27.

El 26 de marzo de 2014 los representantes de la Comisión Promotora, Sixte Garganté y Diosdado Toledano, presentan la proposición de ley en el pleno del Parlamento (Ver en Canal Parlament. https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7016042&p_cp3=7018183).

Ante la previsión de las dificultades y bloqueos que sufriría la tramitación de la ILP-RGC, la Comisión Promotora junto a numerosas entidades sociales, cívicas y políticas organiza la Semana de la dignidad del 23 al 28 de junio de 2014 en Barcelona. Las diversas e imaginativas acciones que se desarrollaron tuvieron un efecto de sensibilización de la opinión pública sobre la tramitación de la RGC, y culminaron con el Parlamento Ciudadano en la Plaza del Rey, que para la ocasión fue rebautizada como Plaza de la República.

Si bien la proposición de ley se tramitó por vía de urgencia, la realidad fue muy distinta. La primera fase de la tramitación consistía en las comparecencias ante la Comisión del Parlamento de una lista de más de 70 personas, integrada por representantes de movimientos sociales, sindicatos, patronal, especialistas, economistas, etc. La primera comparecencia se atrasó más de tres meses hasta el 8 de julio de 2014. Sin duda, la presión de las acciones de la Semana de la Dignidad forzó el inicio de las comparecencias, pero en la fecha del 6 de marzo de 2015 solo habían comparecido 31 y estaban pendientes de intervenir 44 más….

El 14 de enero de 2015, el presidente de la Generalitat Artur Mas, anunciaba nuevas elecciones anticipadas para el 23 de septiembre. Si la ILP-RGC no se aprobaba en esta legislatura, se aplazaría su tramitación a la XI Legislatura.

Ante la evidencia de la táctica filibustera del partido del gobierno, para atrasar la tramitación de la proposición de ley, se impulsó una primera iniciativa de protesta a través de un Manifiesto que denunciaba dicha maniobra. Dicho Manifiesto firmado por 121 intelectuales, artistas, profesores, etc., se presentó el 4 de marzo en rueda de prensa delante del Parlamento, donde también se anunció la celebración del Fórum de alternativas al paro, la pobreza y la desigualdad los días 24, 25 y 26 de abril en el recinto de la Universidad Pompeu Fabra.

El efecto de la iniciativa de denuncia y el anuncio del Fórum cortó radicalmente las maniobras dilatorias. ¡¡En menos de dos semanas, entre el 8 y 21 de abril de 2015 se realizaron 31 comparecencias, y el resto desistió de comparecer!! El 21 de abril cerraban las comparecencias los miembros de la Comisión Promotora Sixte y Diosdado.

Se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas. Solamente ICV-EUiA y la CUP desisten de presentarlas por estar de acuerdo con la proposición de la ILP-RGC. El resto presenta enmiendas. Tras finalizar este trámite se constituye la Ponencia el 30 de junio.

El 6 de julio inicia su andadura la III Marcha en Cataluña contra el paro y en defensa de la RGC, tras recorrer varias comarcas y localidades finaliza el 9 de julio en Barcelona ciudad, donde es recibida por la alcaldesa Ada Colau y concluye delante del Parlamento.

El 23 de julio se celebra colectivamente el éxito de la ILP contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, admitida a trámite el 15 de octubre de 2014. Ese mismo día de publica una Declaración firmada por Barcelona en Comú, CUP, EUiA, ICV, Podem, Procés Constituent y PSC, donde se comprometen a promover y defender la propuesta de Ley de la RGC, y que sea la primera ley que apruebe el Parlamento surgido de las elecciones del 27 de septiembre.

2. XIª Legislatura

La participación de nuevas coaliciones electorales en las elecciones al Parlamento, Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot, introduce algunos cambios en la composición del Parlamento en la XI Legislatura, que obligan a la apertura de un nuevo plazo para presentación de enmiendas. La enmienda más significativa es la que presenta Junts pel Sí que expresa una síntesis entre las anteriores enmiendas de CiU y ERC, particularmente sobre el modelo de la RGC. El Grupo Ciudadanos sustituye el índice estatal IPREM por el IRSC que mejora el cálculo de las prestaciones, y la CUP presenta dos enmiendas. El resto de grupos no modifica sus anteriores enmiendas o introduce ligeras modificaciones que no alteran la sustancia de su posición. El grupo Catalunya Sí que es Pot mantiene su apoyo a la totalidad de la proposición de ley de la ILP-RGC.

Una vez constituida la ponencia, las enmiendas de Junts pel Sí relativas a la cuantía de las prestaciones económicas y la obstinación de dicho grupo en mantenerlas, provocó el alineamiento del resto de grupos en torno a las posiciones defendidas por los representantes de la Comisión Promotora. Sobre esta importante cuestión se alcanzó un acuerdo entre los representantes de la Comisión Promotora y los representantes de Cataluña Sí que es Pot, Ciudadanos, CUP, PP y PSC.

En cambio, sobre el modelo de la RGC, la enmienda de Junts pel Sí, que dividía la Renta Garantizada de Ciudadanía en dos tramos, una Renta Mínima Garantizada sin más condicionamientos, y una Renta de inserción condicionada a suscribir y realizar planes de inclusión social y laboral, abrió un serio debate en el interior de la ponencia al encontrar una predisposición favorable en otros grupos. Sobre esta cuestión, la representación de la Comisión Promotora flexibilizó su posición, admitiendo este segundo tramo con los correspondientes límites y garantías, de modo que no se desvirtuara el alcance fundamental de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Sobre otros contenidos de la propuesta de ley en la ponencia se produjeron importantes avances y consensos sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del estado, los requisitos y condiciones de acceso, sobre la gestión de las solicitudes y el silencio administrativo positivo, etc.

Pero las diferencias sobre las cuantías y la duración de la transitoriedad en la aplicación de la ley, 5 años para Junts pel Sí y 2 años para el resto, bloqueaban la posibilidad de un consenso global.

2.1. La última etapa: Huelga de hambre en diciembre 2016, negociación y acuerdo con el gobierno

Nuevamente hubo que retomar las iniciativas de presión y sensibilización de la opinión pública para superar el bloqueo de los principales contenidos de la proposición de ley.

El 29 de mayo de 2016 tiene lugar una importante manifestación en Barcelona con el lema Los derechos no se suspenden: Trabajo digno, derechos sociales y democracia real donde la reivindicación de apoyo a la RGC tuvo un papel destacado, tanto en el curso de la manifestación, como en el acto final. Dos días más tarde se presentaba en un acto público la Declaración firmada por numerosas alcaldesas y alcaldes de Cataluña que denunciaba el incumplimiento de la Vía de Urgencia en la tramitación de la RGC y exigían la aprobación e implementación de la ley en 2016.

Los efectos positivos de la presión social se expresaron en la votación unánime en el Pleno del Parlamento de Cataluña celebrado en octubre a la resolución que en el punto 79 establece que “El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a hacer efectiva la renta garantizada de ciudadanía durante el 2017, una vez se hayan terminado los trabajos de la ponencia de la proposición de ley correspondiente”; y en el punto 80 que “El Parlamento de Cataluña se compromete a adoptar todas las decisiones necesarias para que durante el año 2017 se ponga en marcha de forma efectiva la prestación de la renta garantizada de ciudadanía”.

Sin embargo, en el marco de la ponencia, los avances que se producían en el redactado de la propuesta de ley, seguían encontrando la oposición del grupo de Junts pel Sí en temas fundamentales, como la cuantía de las prestaciones y la transitoriedad.

En los últimos meses del año, el retraso en la presentación del proyecto presupuestario para 2017 disparó todas las alarmas en las organizaciones sociales y en la Comisión Promotora de la RGC. Para presionar en favor de unos presupuestos sociales se convocó una gran manifestación unitaria el 19 de noviembre, la defensa de la Renta Garantizada de Ciudadanía estuvo presente en dicha movilización.

En respuesta al incumplimiento del gobierno de la resolución parlamentaria en el proyecto de presupuestos presentado y en defensa de la RGC se realizó una acampada con huelga de hambre en la misma Plaza de Sant Jaume que finalizó el 20 de diciembre con una manifestación ante al Parlamento.

Esta importante movilización, y el riesgo del gobierno a quedar en minoría sobre la proposición de ley de la RGC, abrió la vía para una negociación entre la representación del gobierno de la Generalitat y los representantes de la Comisión Promotora con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre los aspectos esenciales de la proposición de ley. Esta primera reunión de negociación se produjo el 19 de enero de 2017.

En la negociación, participó en representación del gobierno de la Generalitat la Consejera del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, Sra. Dolors Bassa, acompañada por su equipo más próximo, y por la Comisión Promotora sus representantes Sixte Garganté y Diosdado Toledano, a cuyo equipo negociador se incorporó Nuria Carrera Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.

A lo largo de cuatro meses se sucedieron 13 reuniones de negociación. En estas, se produjeron avances, retrocesos, bloqueos y desbloqueos sobre los diferentes aspectos del contenido de la proposición de ley: cuantías de la prestación, compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial cuyos ingresos fueran inferiores a los 664 euros/mes del IRSC, sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del estado, los plazos de respuesta de la administración a las solicitudes, y sobre los efectos del silencio administrativo, etc.

Esta negociación fue supervisada por la Comisión Promotora, y estuvo acompañada de numerosas reuniones informativas y de consulta con las principales entidades que daban apoyo a la RGC y con los grupos parlamentarios.

Una vez alcanzado el preacuerdo en la reunión de negociación de 10 de mayo, y superados los últimos escollos en su redacción, la Comisión Promotora reunida los días 11 y 12 de mayo, tras recibir la información, realizar las oportunas aclaraciones y valorar los términos del preacuerdo, decidió por unanimidad validarlo.

El lunes 15 de mayo se rubricaba el Documento de acuerdo entre la representación del gobierno y de la Comisión Promotora y ,al finalizar, un acto informativo ante los medios de comunicación y numerosas entidades sociales, económicas, cívicas y políticas(Ver Comunicado sobre el acuerdo firmado: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/354-firma-acuerdo-renda-garantida-de-ciutadania-15-de-mayo-2017).

Sin embargo, en plena recta final de la redacción de la proposición de ley de la RGC, la representación del gobierno reabrió varios problemas que afectaban a temas importantes del acuerdo: sobre la complementariedad con las prestaciones sociales del Estado a las que la representación del gobierno de la Generalitat quería disminuir en 150 euros mensuales, y el artículo 25 sobre el efecto positivo del silencio administrativo que, además, contaba con el apoyo unánime de la ponencia, y que el gobierno quería hacer retroceder al silencio negativo.

Ante este último escollo, que podía dinamitar el acuerdo, se realizaron gestiones a nivel de la Consejería del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familias, al mismo tiempo se daban los pasos para realizar de inmediato una huelga de hambre con carácter indefinido.

Pero, no fue necesaria. El sentido de responsabilidad se impuso en el gobierno, con una fórmula donde el grupo parlamentario Junts pel Sí se abstendría en esos dos puntos, pero votaría finalmente a favor del conjunto de la proposición de ley.

El 20 de junio la Ponencia acuerda por consenso el pre-dictamen, y el 28 del mismo mes, laComisión de Trabajo aprueba el Dictamen por unanimidad.

El 12 de julio por la tarde, en sesión plenaria del Parlamento de Cataluña, ante más de un centenar de personas invitadas que representaban un amplio abanico de entidades sociales, cívicas y políticas, así como de personas colaboradoras con la ILP, los representantes de la Comisión Promotora Diosdado Toledano y Sixte Garganté presentan la proposición de ley en sendos discursos:

Lectura intervención de Diosdado: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/390-intervencion-de-diosdado-toledano-al-pleno-del-parlamento-12-de-julio-sobre-la-propuesta-de-ley-de-la-renta-garantizada-de-ciudadania.

Lectura intervención de Sixte: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/394-intervencion-de-la-comissio-promotora-de-la-rgc-en-el-pleno-del-parlament-del-dia-12-de-julio-de-2017).

Acto seguido, intervienen los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, y finalmente se somete a votación, siendo aprobada la proposición de Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía por unanimidad (Ver Canal Parlament: https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8072473&p_cp3=8073868).

Es un día histórico para la ciudadanía de Catalunya, especialmente para su población más vulnerable. Un largo aplauso de los diputados y diputadas puestos en pie, dirigiéndose hacia la tribuna, en plena fusión de alegría y aplausos con las personas invitadas, cierra un día memorable tras cerca de seis años, de esfuerzos y perseverancia, para hacer realidad un gran derecho social.

Para ver la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía:

http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?numDOGC=7418&anexos=1#. Ver DOGC núm. 7418 (24/07/2017) y en Departamento de presidencia seleccionar: Ley 14-2017 de 20 de juliol.

3. ¿Qué establece la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía?

De manera resumida, la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, establece un derecho subjetivo para las personas y familias que no tienen ingresos, o son inferiores al IRSC, en los porcentajes establecidos a lo largo de la transitoriedad que se inicia el 15 de septiembre de 2017 con el 85% del IRSC para la primera persona, y finaliza el 1 de abril 2020 con el 100% del IRSC para esta, o el tope del 182% del IRSC en el caso de una unidad familiar o de convivencia de cinco miembros. Var Tabla:

Tabla transitoriedad cuantías prestaciones de la Ley Renta Garantizada de Ciudadanía:

(Nota: Tabla pendiente revisión de las cuantías por error en la aplicación del 50% a la segunda persona sobre el porcentaje de la primera persona)

La Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía consta de dos tramos, uno de carácter incondicional (salvo la obligación de no rechazar una oferta de trabajo adecuada) y un tramo de 150 euros/mes vinculado a suscribir y realizar planes de inserción social y/o laboral. La totalidad de la prestación se percibe desde el inicio. La realización del plan de inserción social /laboral solo es exigible a una persona de la unidad familiar o de convivencia. Es evaluable y revisable anualmente por los servicios correspondientes de la administración.

La prestación de la RGC es compatible con las rentas de trabajo a tiempo parcial inferiores al IRSC (en su porcentaje anual durante los años de transitoriedad) y se inicia con las familias monoparentales con hijos a cargo a partir del 15 de septiembre 2017. Posteriormente, de manera progresiva y gradual, se generalizará dicha compatibilidad a todas las personas o unidades familiares que uno de sus miembros tenga un contrato a tiempo parcial, cuyo salario sea inferior al IRSC.

Las personas y familias que soliciten la RGC deberán demostrar que no tienen ingresos, o son inferiores al IRSC, seis meses antes de la solicitud. Una vez la administración resuelva favorablemente, sus efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud.

La Ley de la RGC establece en la Disposición adicional tercera, su carácter de prestación complementaria a las ayudas, pensiones y prestaciones estatales: Pensiones no contributivas de jubilación, invalidez, pensiones de viudedad, pensiones del SOVI, prestaciones y subsidios de paro, RAI, Plan Prepara, etc.

Las solicitudes de la RGC se podrán presentar a partir del 15 de septiembre, la administración tendrá cuatro meses para dictar la Resolución, el silencio administrativo a la solicitud tendrá efecto positivo.

Las personas y familias que en la actualidad perciben la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) pasarán automáticamente a recibir las cuantías de las prestaciones de la RGC.

Se establece el derecho de las personas refugiadas a la RGC en los términos que establece la ley.

4.- Algunas reflexiones y conclusiones sobre la victoria de la RGC

Esta Iniciativa Legislativa Popular se desarrolla en plena ofensiva de las políticas neoliberales de ajuste y austeridad impuestas por las instituciones de la Unión Europea, la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo, políticas que tenían como objetivos garantizar el retorno de la deuda exterior, para lo cual había que reducir a toda costa el déficit público, e incrementar las exportaciones para corregir el déficit de la balanza de pagos a través de medidas que impusieran la devaluación salarial.

En esta difícil situación la RGC ha superado los obstáculos entre otros factores por:

- El contenido de la proposición de ley de la RGC desarrollaba un derecho reconocido en el Estatuto de autonomía y ha permitido construir un amplísimo consenso social y desmontar las campañas negativas del gobierno. Otras ILP sobre proyectos que no concitaron tal grado de consenso, en la UE y en el estado español, terminaron en sendos fracasos.

- La elección del Indicador de Renta de Suficiencia en Cataluña (664 euros/mes) para establecer la prestación de la RGC fue un acierto en el proceso inicial de elaboración del contenido de la ILP. El escaso salario mínimo interprofesional, 641 euros/mes por 14 pagas en 2012, era una barrera que la prestación de la RGC no podía superar, no hubiera sido comprendido socialmente, con el riesgo de abocar al aislamiento y el fracaso de la propia ILP.

- La construcción sistemática de una amplia unidad, de organizaciones sociales, cívicas, municipales. Incorporando el apoyo y complicidad de numerosos ayuntamientos, ha sido fundamental.

- El funcionamiento por consenso y fraternal de la Comisión Promotora, asegurando un protagonismo colectivo, y la labor de relaciones y consultas con las principales entidades, ha sido decisiva para fortalecer la unidad en los momentos decisivos, especialmente durante la última fase de negociación.

- El papel del conjunto de acciones de movilización, desde las marchas del movimiento de parados, a las huelgas de hambre, pasando por la realización de foros de debate, y de iniciativas de valor ha facilitado mantener encendida la antorcha de esta lucha, superando el lógico cansancio y el paso del tiempo, incorporando nuevas gentes, hasta llegar a la meta de una auténtica maratón social.

- Esta Iniciativa legislativa popular, demuestra que se puede ir más allá de lo que refleja la matemática parlamentaria. En efecto, si consideramos las diversas enmiendas de los grupos parlamentarios a la proposición de ley de la ILP sobre la cuantía de las prestaciones económicas, podemos apreciar que la mayoría de ellos defendían cantidades que han sido superadas en el trabajo de la ponencia y la negociación. En este sentido, el papel de la participación de la ciudadanía a través de instrumentos con evidentes limitaciones como es el caso de las ILP ha demostrado sus potencialidades.

5.- Construyendo un amplio compromiso social en defensa de la Ley de la Renta garantizada de Ciudadanía

En el sistema capitalista, ningún derecho está garantizado indefinidamente. Es una lección fundamental que nos ofrece la historia, y que hemos podido comprobar en estos años de crisis económica. Las políticas de ajuste y austeridad no han sido superadas, la deuda privada del Estado español y Cataluña con el exterior no deja de crecer, la balanza de pagos sigue acumulando déficit, y cualquier suceso que haga explotar las nuevas burbujas financieras, puede ser el inicio de un nuevo ciclo recesivo. En ese caso, las maniobras del sistema para imponer nuevos recortes estarán al orden del día.

Con el objetivo de consolidar la amplia alianza cívica, social y política para defender la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se celebró el 14 de julio en Barcelona un Acto de reconocimiento y compromiso, donde 74 organizaciones sociales, cívicas, sindicales y políticas suscribían públicamente los siguientes compromisos:

1.- La implementación de la totalidad de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y en consecuencia, la generalización de la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al IRSC.

2.- Promover la actualización en el plazo más breve posible del IRSC, el cual está congelado desde 2010.

3.- Informar a la ciudadanía para que todas las personas y familias que tienen derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía puedan solicitarla.

4.- Defender la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía frente a cualquier amenaza o recorte en el futuro.

Conclusión: La acción contra la pobreza y para asegurar el mínimo vital de personas y familias que facilite su empoderamiento, dispone de un buen instrumento en Cataluña, pero ello no debe distraernos del objetivo de superar las causas de la pobreza y de la desigualdad.

Durante estos seis años, en actos informativos y de debate, hemos explicado que la primera reivindicación de la Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña es el pleno empleo, con trabajo estable y digno, que para hacerlo efectivo debe repartirse la riqueza y el trabajo avanzando hacia la semana laboral de 30 horas sin disminución de salario, que hay que derogar las reformas laborales que han destruido empleo, eliminado derechos, con la finalidad de imponer los bajos salarios y la pobreza laboral, que debe incrementarse el salario mínimo a 1 200 euros mensuales, pero que mientras dichos objetivos no se consigan, el Estado debía garantizar una prestación suficiente para vivir a todas las personas que carezcan de ingresos, o bien sean inferiores al IRSC.

Ante las especulaciones de quienes justifican en los avances de la robótica la imposibilidad del pleno empleo, y defienden otras medidas que conducen a una sociedad dual, donde la desigualdad impere y los más ricos sigan enriqueciéndose, debemos recuperar las reivindicaciones y tareas históricas del movimiento obrero, de superar un sistema económico injusto y violento, y avanzar hacia una sociedad libre de explotación de los seres humanos, donde estén garantizados los derechos sociales, con igualdad, democracia, paz y solidaridad.

Barcelona 23 de agosto 2017

Diosdado Toledano González es representante de la Comisión Promotora de la ILP-RGC





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