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Tras el trado de prohibición de armas nucleares
Una nueva política de desarme
27/07/2017 | Zia Mian

Esta semana se ha aprobado en las Naciones Unidas, con el voto de una amplia mayoría y entre grandes aplausos, un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Elaborado durante más de 70 años, el tratado parte de unos principios ampliamente aceptados, unos compromisos y unos mecanismos para poner fin a la edad del armamento nuclear. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y lograr el desarme nuclear todavía será una larga lucha, pero el nuevo tratado proporciona espacio y medios para una nueva política de desarme creativa, basada en el Derecho, la ética y la democracia, que va más allá de los debates trillados sobre los peligros y costes de las armas nucleares y las prácticas tradicionales de control de armamentos basadas en reducciones graduales, que no hacen más que limitar el tamaño de los arsenales.

Habiendo logrado su objetivo de negociar un tratado que prohíbe las armas nucleares y apunta explícitamente a su eliminación, los representantes de más de 120 países e incontables activistas por la paz que han intervenido en las conversaciones han de asumir ahora el reto político de conseguir que el tratado sea adoptado rápida y ampliamente y lo hagan suyo públicos y gobiernos de todo el mundo. El tratado se someterá al procedimiento de ratificación el 20 de septiembre: es preciso que se adhieran formalmente 50 Estados para que entre en vigor. Esto no debería demorarse: en la votación en las Naciones Unidas, 122 Estados votaron a favor, y únicamente los Países Bajos, que albergan armas atómicas que pertenecen a EE UU, votaron en contra 1/.

El tratado es en muchos aspectos un intento de reafirmar los grandes ideales universales de un mundo de paz y justicia basado en el Derecho, y de exigir que la humanidad se atenga a ellos. Denuncia la contradicción fundamental entre las armas nucleares y el sistema internacional existente. El tratado comienza con la sencilla declaración de que los países que lo adopten están “decididos a contribuir a la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

Firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, la Carta establece, en su artículo 1.1, que “Los Propósitos de las Naciones Unidas son: Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”

Visto este propósito, no debería extrañar que las Naciones Unidas siempre hayan lidiado con la cuestión de las armas nucleares y hayan sido el principal foro para las reivindicaciones internacionales de eliminar estas armas, que más que cualquier otro artefacto humano representan un peligro para la paz y la seguridad internacionales. Esta batalla comenzó ya en la primerísima reunión de las Naciones Unidas, el 24 de enero de 1946, cuando la recién constituida Asamblea General incluyó en su primer orden del día la necesidad de presentar propuestas concretas “para la eliminación de las armas nucleares de los arsenales nacionales”. Esta demanda histórica se recuerda en el preámbulo del nuevo tratado de prohibición.

Al definir las obligaciones de los Estados conforme al tratado, y por implicación la conducta de todos los Estados, el preámbulo afirma que las armas nucleares están en conflicto fundamental con sensibilidades humanitarias básicas y con el Derecho internacional. Si se desea que el tratado tenga éxito finalmente, este punto de vista tendrá que convertirse en el sentido común del mundo entero.

Básicamente el tratado establece que “cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del Derecho internacional aplicable a los conflictos armados, en particular los principios y reglas del Derecho humanitario internacional” y que “cualquier uso de armas nucleares también sería contrario a los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública”. En pocas palabras, cualquier uso de armas nucleares sería ilegal e inmoral desde todo punto de vista racional, de modo que no deberían tener espacio en la política nacional ni en los asuntos humanos. Sobre esta base se establecen las obligaciones fundamentales del tratado, que ahora deben ser de conocimiento público. El artículo I del tratado declara que cada Estado parte se compromete a no realizar lo siguiente en ninguna circunstancia:

Desarrollar, ensayar, producir, fabricar o de otro modo adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.

Transferir directa o indirectamente, a cualquier destinatario, armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares o el control sobre dichas armas nucleares u otros dispositivos explosivos.

Recibir directa o indirectamente la transferencia o el control sobre armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.

Utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.

Ayudar, animar o inducir a alguien, de cualquier manera, a emprender una actividad prohibida a un Estado parte.

Solicitar o recibir ayuda, de cualquier manera, de alguien para emprender una actividad prohibida a un Estado parte.

Permitir el estacionamiento, instalación o despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en un lugar bajo su jurisdicción con control.

Estas obligaciones abren nuevas vías. La prohibición de amenazar con utilizar armas nucleares, por ejemplo, supone un desafío fundamental a todas las políticas basadas en la disuasión nuclear. A partir de ahora, los defensores de la disuasión están fuera de la ley, según la entienden y aceptan la mayoría de países del mundo.

El tratado exige asimismo que se eliminen las armas nucleares, los programas nucleares y las instalaciones que albergan dichas armas mediante planes verificables, irreversibles y con plazo fijo. Obliga a los Estados signatarios del tratado que tengan armas nucleares a “inutilizarlas de inmediato y destruirlas lo antes posible, aunque no más tarde de una fecha límite que se fijará en la primera reunión de Estados parte, de conformidad con un plan jurídicamente vinculante con plazo fijo para la eliminación verificada e irreversible del programa de armamento nuclear del Estado parte en cuestión, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones que guarden relación con armas nucleares”.

No existen estos planes de desarme, pero los Estados signatarios del tratado de prohibición pueden comenzar ahora a elaborarlos en su conferencia de las partes que se celebrará regularmente. Y tal como ha señalado George Perkovich, 2/ “los Estados con armas nucleares no cumplirán creíblemente sus obligaciones de desarme hasta que definan en serio qué supondría un régimen de desarme nuclear viable, completo, verificable y aplicable”. El objetivo debe ser que converjan estos procesos.

El avance de la política de desarme implica que el público y los dirigentes políticos de los Estados con armas nucleares (y sus aliados) dejen de lado su inveterado y profundamente institucionalizado sentido de superioridad y excepcionalidad moral y acepten el imperativo humanitario del tratado, la legalidad del mismo y las consiguientes obligaciones. Los nueve países con armas nucleares se ausentaron de las negociaciones y algunos de ellos harán todo lo posible por impedir que el tratado gane terreno. La clave del avance a largo plazo será EE UU, que más que ningún otro país impulsó el desarrollo nuclear global desde que fabricó las primeras armas nucleares y sigue siendo el único país que las ha utilizado en la guerra. También es el principal responsable del sistema internacional vigente.

En un mandato potencialmente contundente, el tratado exige a los Estados que lo ratifiquen que lo integren en su relación política con los Estados nucleares. El artículo 12 del tratado obliga a los primeros a impulsar una diplomacia de desarme y a más cosas. Declara que “todo Estado parte animará a los Estados que no son parte del presente tratado a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado, con el objetivo de la adhesión universal de todos los Estados al tratado”. Esto exigirá un nuevo tipo de relaciones oficiales y públicas con los Estados nucleares y abre la puerta a nuevos tipos de diplomacia ciudadana transnacional para el desarme. Un paso fundamental de la nueva política de desarme debe ser el debate sobre las formas que puede adoptar esta actividad y sobre el papel que puede y debe desempeñar en este esfuerzo la ciudadanía de los Estados parte del tratado y los Estados nucleares.

Sin embargo, convencer a los países con armas nucleares a adherirse al tratado no será fácil. Exigirá que los gobiernos y la ciudadanía empleen nuevas formas de política internacional que el tratado autoriza. Por ejemplo, ahora se pueden formular demandas de desarme nuclear con una fuerte carga política –tal vez evitadas en el pasado por ser un asunto demasiado sensible– como una cosa normal cuando los presidentes y primeros ministros de los Estados signatarios del tratado se reúnan con sus homólogos de los Estados que poseen armas nucleares. Junto a las delegaciones comerciales, empresariales, turísticas y deportivas, los países del tratado pueden patrocinar ahora delegaciones de desarme para que expliquen por qué han suscrito el tratado y por qué los Estados nucleares deberían hacer lo mismo. Paralelamente a estas actividades, por descontado, también se pueden imponer sanciones y boicots. El tratado de prohibición autoriza una política de denuncia, aislamiento diplomático y desinversión. Estos instrumentos están legitimados en relación con los derechos humanos y los crímenes de guerra; pueden emplearse con fuerza renovada a los almacenes, entidades, responsables y empleados relacionados con las armas nucleares.

Los activistas por la paz deben prepararse para que los Estados del tratado cooperen entre sí para defender sus intereses en su relación con los Estados nucleares. La mayoría de países que han apoyado la prohibición contemplarán la cuestión de las armas nucleares como una cuestión más en una agenda más amplia. Los diplomáticos que han negociado el tratado trabajan en sistemas políticos nacionales en los que las demandas de desarme competirán con necesidades urgentes en materia de ayuda y comercio y buenas relaciones políticas con los Estados nucleares, que figuran entre los más ricos y poderosos del mundo. Si quieren prevalecer, los Estados del tratado necesitarán actuar unidos y ampliar su cooperación, además de colaborar con grupos de la sociedad civil. Juntos deberán presentar demandas comunes –en la Asamblea General y otros foros internacionales– para que los Estados nucleares se sumen al tratado. Pueden celebrar cumbres conjuntas al amparo del artículo 12 y apoyar campañas en los Estados con armas nucleares para llamar la atención sobre el tratado y recabar el apoyo al mismo.

Los Estados del tratado podrían tratar de arraigar más firmemente las prohibiciones del tratado en el Derecho internacional introduciendo una enmienda en el estatuto de la Corte Penal Internacional con el fin de declarar el uso de armas nucleares un crimen de guerra. El estatuto del tribunal admite enmiendas de este tipo si se refieren a “armas, proyectiles y materiales y métodos de guerra susceptibles de causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios o que son intrínsecamente indiscriminados, contrariamente al Derecho internacional en materia de conflictos armados, siempre que dichas armas, proyectiles y materiales y métodos de guerra sean objeto de una prohibición general”. El tratado de prohibición constituye una prohibición general, y muchos Estados del tratado son signatarios del estatuto de la Corte Penal Internacional y podrían conformar una mayoría en apoyo a dicha enmienda.

Y sobre todo, para que los Estados con armas nucleares la tomen en serio, la creciente comunidad de países signatarios del tratado y activistas por la paz de todo el mundo deben seguir siendo firmes y estar dispuestos a asumir riesgos políticos, tal como han hecho para establecer el tratado. Deben situar en el centro de su relación con los Estados nucleares el reconocimiento que hace el tratado de “los imperativos éticos del desarme nuclear y la urgencia de establecer y mantener un mundo libre de armas nucleares, que es un bien público global de orden supremo, al servicio de los intereses de seguridad tanto nacionales como colectivos”. Habiendo prohibido las armas nucleares como imperativo ético, ahora ya no hay vuelta de hoja.

07/07/2017

Zia Mian colabora en el Programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton. Es copresidente del Grupo Internacional sobre Materiales Fisibles (IPFM).

http://thebulletin.org/after-nuclear-weapons-ban-treaty-new-disarmament-politics10932

Traducción: viento sur


1/ Las potencias nucleares y los países miembros de la OTAN, salvo los Países Bajos, boicotearon la votación.

2/ Vicepresidente de estudios del Carnegie Endowment por International Peace.





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