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Entrevista con el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega
La situación actual de la justicia española y posibles reformas para su democratización
20/07/2017 | Alicia Gómez Benítez y Carlos Vila Calvo

Alicia Gómez Benítez y Carlos Vila Calvo: En su opinión, ¿existe falta de independencia judicial? ¿Por qué?

Ignacio González Vega: Es incuestionable que una mayoría de ciudadanos tienen una percepción de falta de independencia judicial en España. Así lo revelan año tras año los informes sobre la situación de la justicia en los países de la Unión Europea. Hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala”. Cabe destacar sobremanera que, según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Hasta qué punto afecta a esa independencia el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

I.G.V.: La colonización por los partidos políticos de las instituciones y, especialmente, las vinculadas al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, convierte al CGPJ en una mera caja de resonancia de la confrontación partidista, y acarrea importantes consecuencias en este órgano. Su funcionamiento por cuotas políticas, tal y como previno el Tribunal Constitucional, o la vergonzosa ratificación de su presidente previamente designado por acuerdo de los principales partidos políticos son algunas de ellas. Además, es un hecho cierto que el descrédito institucional del CGPJ contagia al sistema judicial en su conjunto.

A.G.B. y C.V.C.: Es necesaria una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a este tema (en concreto en materia de nombramientos/ascensos). ¿En qué términos consideras que podría plantearse esta reforma?

I.G.V.: Las cuatro asociaciones judiciales hemos elaborado el mes pasado un documento conjunto sobre “propuestas para la mejora de la Justicia”, con 14 puntos, que remitimos al Ministerio de Justicia, CGPJ y a los grupos parlamentarios. En el punto 3 señalamos para los nombramientos de altos cargos judiciales: la definición previa de los perfiles de los puestos a cubrir; un proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género; la limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez; la exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado sino también en su relación con los de los demás aspirantes. Y en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

A.G.B. y C.V.C.: En concreto, ¿afectaría esta posible reforma a las competencias del Consejo (competencias en ascensos, nombramientos, disciplinaria….)?

I.G.V.: En el primer punto del referido documento inter-asociativo reclamamos la recuperación de las competencias que tenía el CGPJ con anterioridad a la reforma del anterior ministro Gallardón, así como la sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano. Ese modelo de CGPJ sería conforme con lo que había previsto el constituyente de 1978.

A.G.B. y C.V.C.: Parece que los jueces achacan las demoras (insoportables en algunos casos) y retrasos en la resolución/tramitación de procedimientos a la “sobrecarga de trabajo”. ¿Es realmente esta la causa?

I.G.V.: Indudablemente, ésa es una de las razones de la demora en el tiempo de respuesta judicial, pero coexiste con otras como la necesidad de reforma de la legislación procesal, especialmente en el orden penal cuya legislación es preconstitucional, o la falta de medios materiales y personales que es algo sistémico en nuestra administración de justicia.

A.G.B. y C.V.C.: Existen importantes diferencias entre unos juzgados o tribunales y otros, unos van suficientemente rápidos y otros menos, siendo el volumen del trabajo más o menos el mismo. ¿Cómo se explica esto?

I.G.V.: La división del trabajo en la organización judicial española responde a un esquema decimonónico. El modelo se basa en el partido judicial, circunscripción territorial de base, delimitado con ligeras reformas en el siglo XIX, con unos órganos unipersonales cuyo número varía en función de la población. Este sistema se ha revelado totalmente ineficiente en pleno siglo XXI y da lugar a una distribución de la carga de trabajo totalmente dispar entre los diferentes juzgados y tribunales. Resulta por ello inaplazable implantar los tribunales de instancia, tal y como reivindicamos las asociaciones judiciales. Una organización diseñada teniendo en cuenta los parámetros actuales de población y actividad económica, que permitan una distribución más equitativa de la carga de trabajo entre los jueces y juezas.

A.G.B. y C.V.C.: Si esta sobrecarga es real, ¿cómo se podría solucionar en su opinión?

I.G.V.: La respuesta viene dada por una nueva organización judicial pero hasta tanto eso no se produzca es urgente crear órganos judiciales. Téngase en cuenta, según datos facilitados por el CGPJ, que en los últimos seis años apenas se han creado órganos unipersonales, concretamente cuatro. Para paliar tales deficiencias se adoptan medias de “parcheo” como adscripciones forzosas generalizadas de determinados órganos judiciales provocando con ello un profundo descontento en un sector de la judicatura. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100 000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Y la distancia se ampliará seguramente este año pues hasta la fecha no se han convocado, como es habitual, plazas de jueces, tal y como ya ocurrió en el año 2012. Además, las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Qué grado de participación o responsabilidad tienen los jueces (o algunos jueces) en esos retrasos?

I.G.V.: Cierto es que, haciendo la necesaria autocrítica, alguna responsabilidad tendremos los jueces cuando en órganos judiciales de similares características unos acumulan más retrasos que otros. Probablemente un nuevo diseño de la organización judicial corrija en parte esas disfunciones.

A.G.B. y C.V.C.: En el actual sistema el nombramiento del Fiscal General del Estado está en manos del Gobierno. ¿Cree Vd. que hay que modificarlo?

I.G.V.: España responde a un modelo de fiscalía férreamente jerarquizada y dependiente del Gobierno. Más que el nombramiento del Fiscal General yo haría hincapié en la necesidad de dotar a los fiscales de un estatuto de independencia similar al de los jueces, tal y como acontece en el sistema italiano. De ese modo se evitarían las indebidas presiones e influencias del gobierno de turno.

A.G.B. y C.V.C.: Para esta modificación, ¿sería necesaria una reforma de la Constitución?

I.G.V.: Si, sería imprescindible modificar el Título VI, equiparando los fiscales a los jueces como magistrados independientes, desvinculándolos del poder ejecutivo.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Habría que modificar también el Estatuto del Ministerio Fiscal respecto a subordinación/verticalidad de los Fiscales?

I.G.V.: En el estatuto del ministerio público se ventila una relevante cuestión de poder, con directa incidencia en el proceso penal. Sobre todo, cuando éste tiene por objeto formas de ilegalidad criminal producidas en el ejercicio de funciones públicas y de las debidas a grandes sujetos económicos. Cuando se habla del Estatuto del Ministerio Fiscal se debate su dependencia o no del gobierno en última instancia. Además, como señala Perfecto Andrés, la independencia del juez empieza a jugarse en el estatuto y la praxis del ministerio fiscal.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Está Vd. de acuerdo con que debe ser el Ministerio Fiscal el que instruya las causas en el ámbito penal? ¿En cualquier supuesto o solo si se modificase el actual Estatuto y sistema de nombramiento?

I.G.V.: En el plano teórico, soy firme partidario de que la dirección de la investigación penal la realice el Ministerio Fiscal. Considero que la labor del juez de instrucción es esquizofrénica pues de una parte ha de garantizar el éxito de la investigación al tiempo que ha de velar por las garantías de las partes procesales. Ahora bien, en las actuales condiciones, con un ministerio fiscal férreamente dependiente del ejecutivo y en un contexto donde se están ventilando en sede judicial tantos y tan importantes casos de corrupción política y económica, tengo claro que debemos continuar con la figura del juez de instrucción. Piénsese que el protagonismo en la presentación de querellas por asuntos de corrupción ha correspondido siempre a las acusaciones populares, no al Ministerio Fiscal.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Por qué debería ser el Ministerio Fiscal el que instruyera las causas?

I.G.V.: La genuina función de los jueces es, tal y como señala nuestra Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además de garantizar los derechos de los ciudadanos. A partir de esas premisas, resulta totalmente idóneo que junto al fiscal investigador haya un juez de garantías, en las medidas limitadoras de derechos fundamentales que haya que adoptar durante la instrucción, tal y como acontece en los sistemas judiciales de países de nuestro entorno.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Qué le parece la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce a 6 y 18 meses los plazos de la instrucción?

I.G.V.: Juezas y Jueces para la Democracia reclama una justicia ágil y de calidad. El problema no radica en limitar los plazos de la instrucción sino en dotar al mismo tiempo a las unidades judiciales de los medios para poder ajustarse a dichos plazos y de una legislación procesal acorde con los nuevos tiempos.

A.G.B. y C.V.C.: Ciertamente, en la mayoría de las ocasiones este plazo se prorroga, pero ¿cuál era la intencionalidad de esta medida en su opinión? ¿Delitos económicos (casi imposibles de resolver en ese plazo)?

I.G.V.: Al igual que otras medidas propuestas por el gobierno, tales como la atribución al fiscal de la investigación o la limitación de la acción popular, responden a otras finalidades. Lo cierto es que para evitar esas segundas intenciones es menester acompañar la medida bienintencionada, una justicia ágil, de los medios imprescindibles y de una normativa procesal acorde con la Constitución.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Le parece necesaria la permanencia de la Audiencia Nacional? ¿No podrían asumir los juzgados ordinarios (el juez natural) sus actuales competencias, aun cuando fueran “juzgados especializados”?

I.G.V.: Este año la Audiencia Nacional ha cumplido cuarenta años. Su creación coincide en el tiempo con la Ley de Reforma Política que pone en marcha el proceso constituyente de 1978. Dicho órgano ha sufrido con el tiempo una transformación en su protagonismo judicial y mediático. De combatir el terrorismo etarra hemos pasado a la lucha contra el yihadismo y las grandes tramas de corrupción y delincuencia organizada.

A.G.B. y C.V.C.: Estos “juzgados especializados”, ¿sólo serían para materia de delitos económicos o entiende que existen otras materias que también requieren de esa “especialización”?

I.G.V.: Indudablemente la delincuencia económica requiere una especialización, unos conocimientos específicos al igual que ocurre con el terrorismo, en los que también está involucrada la cooperación judicial internacional.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Considera que todo esto que está ocurriendo en torno a twitter, tema titiriteros, cantantes…, pueden o deben ser incluidos como “enaltecimiento de terrorismo” y ser resueltos y juzgados por la Audiencia Nacional?

I.G.V.: Ahí está en juego la libertad de expresión, la extensión de ese derecho fundamental. En mi opinión el artículo 578 del Código Penal, que castiga el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas dentro de los delitos de terrorismo, sin perjuicio de la necesaria protección de los intereses de quienes han sufrido la lacra del terrorismo, es un tipo penal necesitado de una mayor precisión a fin de responder a la certeza y seguridad jurídica, evitando condenas de conductas no merecedoras de reproche penal. Tampoco parece adecuado que dichos delitos sean enjuiciados por la Audiencia Nacional.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Considera que hay una especie de “doble vara de medir” respecto a este tipo de asuntos? Se elogia el nazismo, se fomenta la xenofobia… y no pasa nada. ¿Por qué?

I.G.V.: A mí me preocupa que los ciudadanos españoles, con independencia de sus creencias y forma de pensar, vayan asumiendo el recurso al Código Penal cuando reciben mensajes que no son de su agrado. En una sociedad democrática tenemos que acostumbrarnos a la confrontación de las ideas, inclusive las que no nos gustan, en el espacio público. Esto forma parte de la libertad de expresión. Otra cosa diferente es que haya mensajes que inciten, por ejemplo, a la violencia contra un determinado grupo de personas, en las que se pone en juego algo más que la libertad de expresión.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Considera necesarias leyes como la Ley mordaza que imponen sanciones administrativas que son inmediatamente ejecutivas. En su opinión, ¿estas leyes hay que derogarlas o modificarlas?

I.G.V.: Nosotros siempre hemos sostenido que el gobierno del PP, con la Ley mordaza, trataba de dar respuesta a un problema social, la progresiva destrucción del estado del bienestar, con una respuesta de orden público. Esta ley, claramente limitativa de derechos de libertad colectivos, como el de reunión o manifestación, tiene un efecto de desaliento, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las infracciones previstas con sus correspondientes sanciones económicas desaniman al ciudadano a participar en actividades colectivas de reivindicación y de protesta. Es por ello imprescindible su derogación y la aprobación de una nueve ley acorde con los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

A.G.B. y C.V.C.: La modificación que se introdujo respecto a la jurisdicción universal, ¿responde a presiones de EE.UU, China e Israel. ¿Hay que derogar esta reforma?

I.G.V.: España ha estado en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la barbarie. Aún recordamos con cierta nostalgia la detención del dictador Pinochet en el Reino Unido y el proceso de extradición a nuestro país. Las últimas reformas en esta materia, vinculando la competencia de nuestros tribunales a la nacionalidad o residencia de los autores o de las víctimas, han supuesto el acta de defunción de la jurisdicción universal. Por lo demás, un país comunitario, como Bélgica, experimentó anteriormente y por las mismas presiones, la derogación del citado principio.

A.G.B. y C.V.C.: Es evidente que se está inaplicando e incumpliendo la ley de memoria histórica con total impunidad en muchos casos. ¿Por qué?

I.G.V.: El gobierno del PP no ha mostrado el mínimo interés en cumplir la citada ley. Una parte de su electorado aún se muestra reacio a aceptar el sistema democrático a pesar del tiempo transcurrido. Varios son los casos de cargos electos que hacen apología del franquismo.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Le parece lógico que sea una jueza en Argentina la que lleve la causa contra los crímenes del franquismo?

I.G.V.: Resulta decepcionante que haya de ser una autoridad judicial extranjera la que esté conociendo de tales crímenes. En España, al término de la dictadura de Franco se ha echado en falta una comisión de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional, al igual que ha ocurrido en otros países que han vivido el fin de sistemas autoritarios y la instauración de regímenes democráticos.

A.G.B. y C.V.C.: ¿Cree necesaria la modificación de la ley del Jurado con respecto a la ampliación de delitos que puedan ser juzgados?

I.G.V.: La institución del jurado se ha consolidado en la sociedad española desde su instauración en el año 1995. Es una institución que ha tenido una notable aceptación entre la ciudadanía. Creo que estamos en el momento de replantear su ámbito competencial, pudiendo incorporar nuevos tipos delictivos.

20/07/2017

Alicia Gómez Benítez y Carlos Vila Calvo son abogados.





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