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Tribuna viento sur
El Fondo de Reserva y las pensiones
07/07/2017 | Mikel de la Fuente

La aprobación por el Consejo de Ministros de un crédito de 10 192 millones para hacer frente a las pagas extraordinarias de pensiones en 2017, cuando todavía el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tenía recursos suficientes para hacer frente a la paga de junio, ha tenido el objetivo evidente de evitar, por razones de imagen, aparecer como responsable del agotamiento de ese Fondo. Sin embargo, la utilización de esta vía de financiación mediante crédito parece poco sostenible en el tiempo. Por una parte, porque no es un instrumento de financiación contemplado en la ley y, por otra parte y sobre todo, porque muy probablemente la Comisión Europea no aceptaría esa política. Además, esos préstamos los tendría que devolver la Seguridad Social al Tesoro Público, asunto complicado cuando está previsto el mantenimiento de los déficits de la Seguridad Social. En este artículo, tras indicar la evolución del Fondo de Reserva, vamos a tratar de explicar los orígenes de los déficits del sistema que han dado lugar al agotamiento del Fondo de Reserva y las alternativas que se abren.

Hasta el año 2010 incluido, el sistema de Seguridad Social mantenía superávits, si bien a partir del 2008 se han venido reduciendo a un ritmo muy rápido y, a partir del 2012, la entrada en déficits dio lugar a que para hacer frente al pago de pensiones el gobierno acordase disposiciones del Fondo de Reserva por un importe global de 69 915 millones de euros entre el 2012 y junio de 2017. A esa cifra hay que añadir la utilización en el mismo período de una cantidad próxima a ocho mil millones del Fondo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales.

Las razones de los déficits de la Seguridad Social han sido varias. Por una parte, la reducción del empleo y la caída salarial. Aunque durante la crisis una parte del empleo formal perdido se haya refugiado en la economía sumergida, las tasas de ocupación de la población de edades comprendidas entre 16 y 64 años han caído (salvo la excepción del colectivo de mujeres de 55-64 años).

Como los salarios son la base de las cotizaciones sociales, la reducción de la masa salarial en el conjunto de la economía da lugar a una reducción de las cotizaciones sociales. Pues bien, los salarios han caído drásticamente desde el inicio de la crisis 1/. Esta reducción del peso de los salarios “pone de manifiesto la capacidad de los beneficios y las rentas de capital de apropiarse de una parte creciente de la riqueza generada” 2/ . Como se ha advertido por Luengo, para apreciar el estancamiento salarial hay que tener en cuenta que los primeros trabajadores que perdieron su empleo fueron en buena medida los que tenían contratos temporales que no se renovaron y que son también los que, de media, tenían salarios más reducidos. Por esta razón, los aumentos de la remuneración media, mínima o inexistente, no significan una progresión de los salarios de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo.

El importante aumento del trabajo a tiempo parcial ha contribuido a profundizar la caída salarial ya que una parte importante de la deflación salarial se debe al aumento de la proporción de este tipo de trabajo, en su mayoría es involuntario; es decir, que se realiza por no poder acceder a un trabajo a tiempo completo. El tiempo parcial tiene una duración inferior a la de otros países europeos. Un informe del Banco de España indica que el cómputo del subempleo del trabajo a tiempo parcial involuntario haría aumentar al 30 % el desempleo. A ello se une una retribución horaria inferior (8 euros frente a los 11 de media de los asalariados a tiempo completo), lo que da lugar a que la retribución bruta del trabajador a tiempo parcial sea inferior a la mitad de la del trabajador a tiempo completo 3/.

A la inferior recaudación ha contribuido los regalos del gobierno a los empresarios bajo forma de tarifas planas y reducción de las cotizaciones con el pretexto de fomento del empleo, a pesar de que repetidos estudios muestran que su eficacia es prácticamente nula para la creación de empleo y que su efecto es una selección en el empleo de los colectivos objeto de las medidas. También se han reducido las aportaciones que realiza el SEPE a la Seguridad Social por las personas desempleadas mientras cobran la prestación. Esa menor recaudación asciende a cifras comprendidas entre tres mil y cuatro mil millones de euros anuales, y en los últimos años no son compensadas por el gobierno mediante transferencias a los presupuestos de la Seguridad Social.

También contribuye a la reducción de los ingresos el fraude a la Seguridad Social, a través del incumplimiento de las obligaciones empresariales con la Seguridad Social de dar de alta y cotizar a sus trabajadores y trabajadoras, así como mediante la fijación en las cotizaciones de cantidades inferiores a las percibidas o que no integran la jornada efectivamente trabajada. Un caso de infra-cotización “indirecta” es el de los llamados falsos autónomos, es decir, de aquellas y aquellos trabajadores que, en número creciente, se ven obligados para mantener una vinculación con una empresa a darse de alta como autónomos, lo que normalmente va acompañado por cotizaciones por la base mínima, inferiores a la retribución realmente percibida por la empresa y por la que se debiera cotizar como asalariado. La “uberización” está contribuyendo a la ampliación de estas prácticas.

La magnitud de la pérdida de ingresos por la vulneración de los límites sobre horas extraordinarias se puede apreciar por el dato de que en el año 2013 habría alcanzado la cifra de 2 482 millones de euros, a la que habría que agregar el pago que se debería haber evitado en prestaciones de desempleo de 1 627 millones de euros (además de la pérdida en la recaudación por el IRPF) 4/. En los sectores productivos de hostelería y comercio, en los que ha tenido lugar una mayor creación de empleo en 2015 y 2016, han tenido lugar decrecimientos salariales 5/. Estos sectores productivos experimentan tasas muy elevadas de contratación temporal y a tiempo parcial y una elevada proporción de horas extraordinarias no declaradas. Según un estudio de Comisiones Obreras en base los datos de la Encuesta de Población Activa 6/, durante la actual crisis ha crecido el número de horas extraordinarias realizadas pero no pagadas hasta alcanzar un porcentaje del 56 % de las 6,3 millones de horas extra trabajadas semanalmente. Las horas extra no pagadas se concentran en el sector servicios, en el que alcanzan el 80 %.

Esas prácticas están relacionadas con la economía sumergida, de especial importancia en el Estado español, donde alcanza cifras próximas o incluso superiores al 20 % del PIB. Según un estudio sobre el fraude fiscal y la economía sumergida en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la pérdida de recaudación por cotizaciones sociales habría ascendido durante el período 2011-2014, como mínimo (aspecto que se subraya en el estudio), a la cantidad media de 1 415,22 millones de euros anuales, equivalente al 37 % de la pérdida total de recursos 7/. Según otros estudios que se recogen en el ya citado, la economía sumergida representa en el Estado español entre 5,7 y 5,5 puntos porcentuales por encima de la correspondiente a la CAPV, por lo que teniendo en cuenta la proporción entre el PIB de la CAPV y el del Estado, la falta de recaudación de cotizaciones sociales ascendería en el Estado español a una cifra mínima de 22 676 millones de euros. Si la economía sumergida se situara en los niveles de países europeos como Francia o Alemania, el aumento sobre la recaudación de las cotizaciones sociales sería sustancial. La importancia conjunta de los aspectos citados ha dado lugar a una importante reducción de los ingresos durante los años de la actual crisis y a un crecimiento muy débil cuando ha tenido lugar un aumento del empleo a partir del 2014.

También el aumento de los gastos ha contribuido a los déficits. En efecto, aunque los recortes de 2011 y 2013 lo han desacelerado, el coste de las pensiones, aunque a un ritmo muy inferior que al del pasado pre-crisis (el 3 % anual frente al 8 %), sigue aumentando, por tres razones principales. Primero porque el efecto de los recortes (de ampliación del período de cálculo, de aumento de la edad de jubilación, etc.) es paulatino y sus efectos principales son a medio y largo plazo. En segundo lugar, porque las nuevas pensiones son, de media, un 30% más elevadas que las que causan baja, debido al aumento de los salarios, algo más elevado que la inflación, en últimos decenios y por el acceso a las pensiones con períodos más amplios de cotización. Y por último, por el aumento en el número de pensionistas.

Perspectivas inmediatas en las pensiones...

Como producto de los recortes provocados por los recortes y por el deterioro del mercado laboral expresado en caída salarial y desempleo, por primera vez en los últimos decenios, desde enero de 2016 las nuevas pensiones de jubilación son muy próximas e incluso, en algún mes, inferiores a las del año anterior. Es muy previsible que esa tendencia se mantenga en el próximo futuro y que incluso se acentúe por la repercusión cada vez mayor de las medidas legales ya aprobadas.

El aumento del empleo está dando lugar a un aumento de la recaudación, si bien limitada por la contención salarial y el tiempo parcial y con ello a una reducción de los déficits financieros, pero no es previsible su desaparición en los próximos años, lo que muy previsiblemente dará lugar a tentativas de nuevos recortes, entre ellos la eliminación de las pagas extraordinarias. Para evitar los déficits que “justifican” esas propuestas sería necesario implantar una política de pleno empleo mediante la reducción del tiempo de trabajo y una recuperación de los salarios que les devuelva lo que han perdido a favor de los beneficios en el reparto de lo producido en los últimos decenios.

Para que la recuperación salarial permita la equiparación entre hombres y mujeres en las pensiones (en la actualidad inferiores en un 38 %), se requiere, entre otras condiciones, que se ponga fin a la brecha salarial y un reparto de las tareas de cuidado que facilite el acercamiento de la duración de la actividad profesional entre ambos sexos. Hasta la fecha la brecha se está reduciendo de forma muy lenta y es mucho más elevada que la diferencia salarial, a pesar de que ésta es también muy alta.

... y a largo plazo

En el Estado español, el gasto público en pensiones es del 11,8 % (2014), más de un punto inferior a la UE de 15. El impacto de los recortes en curso es de tal magnitud a largo plazo, que sin necesidad de nuevos recortes, según el Ageing Report 2015 de la Comisión Europea, el gasto público en pensiones pasaría del 11,8 % al 11 % en el año 2060. Esa caída es muy superior al 0,2 % de media de la Unión Europea y es el resultado de las reformas de 2011 (aumento de la edad de jubilación) y de 2013 (revalorización y “factor de equidad”).

Como el número de pensionistas va a aumentar de forma importante como resultado del aumento de la esperanza media de vida, esa contención en el gasto de pensiones solo es posible si tiene lugar una reducción de las pensiones en comparación con los salarios medios, que se mide a través de la llamada tasa de reemplazo, es decir, de la relación entre pensiones medias y salarios medios, que es reconocida por la Comisión Europea: según el Ageing Report 2015 la tasa de reemplazo de las pensiones va a caer en el Estado español 30,4 puntos entre 2013 y 2060, desde el 79,0 % hasta el 48,6 %. Así pues, las medidas citadas de aumento del empleo y los salarios no serán suficientes para mantener y, menos aún, para mejorar las pensiones más bajas.

Ante esta situación hay dos alternativas. Una de ellas, defendida por los think thanks y los servicios de estudios de las instituciones financieras, preconiza que a fin de estabilizar el gasto en pensiones o incluso reducirlo, el sistema público debe mantener pensiones mínimas y, más allá de ellas, se deben introducir los esquemas de las pensiones privadas en el sistema público de reparto, por ejemplo mediante el método llamado de “cuentas nocionales”, conforme al cual cada persona trabajadora cotizante tiene abierta una cuenta en la que constan los fondos acumulados, aplicándose a los saldos anuales un índice en función del crecimiento económico, de la evolución demográfica u otros criterios. También proponen flexibilizar al máximo la edad de jubilación y su compatibilización con el salario, lo que daría lugar a una prolongación del trabajo para asegurar una pensión decente y sería un obstáculo frontal para el empleo de los jóvenes.

La segunda alternativa es aumentar el gasto en pensiones mediante cotizaciones sociales o mediante impuestos 8/. Las organizaciones patronales alegan, como motivo para reducir las cotizaciones de los empleadores y aumentar la de las personas protegidas y/o desplazar una parte de la financiación a la imposición indirecta, que la cotización empresarial es demasiado elevada en el Estado español y que la aportación de las personas protegidas es muy baja. Es cierto que la participación de las cotizaciones de los empleadores en el conjunto de los ingresos de la protección social es más elevada en el Estado español que en la UE y que la de las personas protegidas, es decir, de las personas trabajadoras o autónomas, es baja. En relación con esto último, hay que señalar que aumentar esa aportación reduciría los salarios, que son notablemente inferiores a la media de la UE.

Por otra parte, el cálculo de las cotizaciones en base a salarios da lugar a que, según Eurostat, el porcentaje de las cotizaciones empresariales sobre el PIB es más baja en el Estado español que en la UE y el coste laboral total sigue siendo inferior a la media de la UE: en el 2015 el coste laboral por hora trabajada era de 25 euros de media en la UE-28 (y de 29,5 euros en la zona euro)-, mientras que el correspondiente al Estado español era de 21,2 euros. En definitiva hay margen suficiente para, sin salirse de los muy discutibles esquemas de competitividad basada en salarios, aumentar las cotizaciones empresariales a fin de mejorar las pensiones públicas mediante la derogación de las medidas de recorte de los últimos años. El agotamiento del Fondo de Reserva no puede ser un pretexto para mantenerlos y menos aún para implantar nuevos recortes.

1/ Véase el detalle en Garí, M., “27J. El mísero legado de Rajoy”, 22-6-2016.Disponible en https://www.vientosur.info/spip.php?article11407

2/ Luengo, F., “Política salarial en tiempos de crisis en la economía española”. Disponible en https://fernandoluengo.files.wordpress.com/2016/05/5-ajustes-salariales-en-tiempos-de-crisis-pdf.pdf, 2016, 2.

3 Goerlich Gisbert, F.J., Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas, Fundación BBVA, Bilbao, 2016, 69.

4/ CCOO: Informe sobre horas extra ilegales, 2014.

5/ INE, “Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Base 2012. Primer trimestre 2016. Datos provisionales”,8-6-2016.

6/ Zarapuz Puertas, L., Las horas extraordinarias según la EPA, Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, marzo 2016.

7/ > Zubiri, I., Fernández-Macho, J. y Gallastegui, M.C., Economía sumergida y fraude fiscal en la C.A. de Euskadi, Instituto de Economía Pública UPV/EHU, 6-6-2016, 54-58.

8/ Sobre las alternativas de financiación de las pensiones me remito a mi artículo “Realidad y futuro de las pensiones públicas”. Disponible en http://vientosur.info/spip.php?article11535



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