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Feminismo
Frente a las violencias machistas, no nos podemos conformar con cualquier cosa
15/06/2017 | Gloria Marín y Àngels Varò i Peral

En los últimos meses se han realizado diversas movilizaciones, y está prevista otra para el 19 de junio, centradas primero en reivindicar un Pacto de Estado y, una vez en marcha este, en el aumento de la cantidad destinada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a combatir la violencia de género. Sin duda es necesario aumentar la cantidad destinada a prevenir y combatir las violencias machistas, pero, ¿es el Pacto de Estado la herramienta que necesitamos?, y, por otra parte, si no conseguimos a la vez otras demandas, ¿no puede ocurrir que el dinero sirva de poco?

Pacto de Estado: con quién, para qué y a qué coste

Está acabando sus trabajos una Subcomisión del Congreso por un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Algunas activistas del movimiento feminista han sido invitadas a comparecer y han presentado sus propuestas, lo que es muy positivo, pero, ¿debe ser el Pacto de Estado una reivindicación feminista? Creemos que no.

El Pacto de Estado consiste fundamentalmente en un Pacto con el PP, que es el partido gobernante. Si tenemos claro que las violencias machistas se deben a la opresión de las mujeres en un sistema patriarcal, que son una manifestación y un mecanismo de perpetuación de este sistema, y que los roles y modelos de género asignados a los hombres, y en menor medida a las mujeres están en la base de las violencias machistas, o si simplemente estamos de acuerdo con la Ley 1/2004, que dice en su primer párrafo que es “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”, nos daremos cuenta de que es imposible un pacto con el PP que sirva para hacer frente a las violencias machistas. Recordemos: el PP es el mismo partido que cuestiona el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo; que se ha opuesto con todas sus fuerzas a “la introducción de la ideología de género en la educación”, esa ideología tan extraña que dice que las personas tenemos derecho a desarrollar nuestras vidas sin imposiciones ligadas al género; el partido que en las comunidades autónomas en que ha gobernado ha eliminado la educación sexual y ha impulsado la antieducación de las sectas ultracatólicas. El PP no va combatir la base de las violencias machistas. Un Pacto de Estado solo tiene sentido cuando los partidos están de acuerdo sobre un asunto en el fondo y prácticamente en la forma, y no parece que este sea el caso.

No sería bueno para el movimiento feminista vincularse a un Pacto de Estado. El Pacto de Estado no lo negocian ni lo firman las organizaciones feministas, sino los partidos. Dado quiénes lo van a negociar, es seguro que su contenido estará muy alejado de cómo vemos desde el feminismo que se debe atajar el problema. En un Pacto de Estado caben algunas medidas que son necesarias, pero no pueden caber las cuestiones más de fondo, las que afectan al sistema de géneros. La Subcomisión que lo prepara va a tomar en consideración 120 medidas de las 600 presentadas por las expertas que han comparecido. ¿Qué medidas de las que reivindicamos estarán entre las 120 elegidas y cuáles estarán fuera? ¿Pensamos que tenemos sólidos acuerdos de fondo y de forma con los firmantes, incluido el PP, que compartimos el marco en que abordar la violencia machista? Nosotras creemos que no.

El Pacto de Estado ha sido una herramienta del bipartidismo. También en este caso son PP y PSOE sus impulsores. Ahora que el bipartidismo está en cuestión, la iniciativa de uno de sus pilares, el PSOE, de volver a usar esta fórmula es perfectamente legítima, pero los partidos comprometidos con los derechos de las mujeres no deberían atarse a él y deberían tener las manos libres para defender todas las demandas que consideren necesarias. En un Parlamento sin mayoría absoluta, el Pacto de Estado no es el mejor marco para avanzar en este terreno durante el conjunto de la legislatura.

Presupuestos: un objetivo feminista justo, pero insuficiente

La consignación de una cantidad mayor en los presupuestos para combatir la violencia es imprescindible, pero su utilidad depende, además de la cantidad conseguida, del contexto global, y el para qué y el cómo se use.

El contexto global incluye hechos como que el 29% de la población está en riesgo de pobreza, y que para las familias monoparentales (en su mayoría encabezadas por una mujer), esta proporción se eleva al 50%; que la reaccionaria LOMCE no se ha derogado, sino que se han retirado algunas medidas; que en muchas comunidades las personas extranjeras sin permiso de residencia no tienen tarjeta sanitaria. Si miramos el contexto más próximo, el conjunto de los Presupuestos Generales del estado de 2017, no se trata de unos presupuestos que ayuden a que las mujeres tengan mayor autonomía económica, ni que sean menos pobres, ni otras cuestiones que serían muy positivas para prevenir la violencia. Y si miramos a un contexto, aún más próximo, el de promoción de la Igualdad en los presupuestos, vemos que en años anteriores (págs. 188-195), una de las principales vías elegidas para lograrla ha sido apoyar económicamente que las mujeres se hagan “emprendedoras”. El contexto es también que los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son quienes prestan la mayoría de los servicios de atención en violencia de género, están ahogados económicamente por falta de financiación y sometidos a la Ley Montoro, que les impide prestar una atención de calidad a las mujeres.

En el para qué, a qué se destina el dinero, hay acuerdo general en el movimiento feminista, y se espera que se recoja en los PGE, en que son necesarios dos cambios: que debe destinarse a todas las formas de violencias machistas, y no solo a las que se producen en relaciones de pareja o expareja, y que el acceso a los recursos no se debe condicionar a la denuncia. Paro también forma parte del para qué cuáles son los niveles de la prevención que se van a priorizar. Cuánto se va destinar a cambiar los modelos de masculinidad, a la formación del profesorado, a las necesidades de subsistencia de las víctimas. Además de más dinero hace falta que este se destine a niveles más en la base de la prevención. Se dice muchas veces que en la política parlamentaria lo central son los presupuestos. Hay muchas cosas en que sí son lo central y otras muchas en que no son lo central. Pensemos en la política de hace unos años destinada a reducir las muertes causadas por el tabaco. Una normativa que no necesitaba gasto, pero se enfrentaba a los intereses de varios sectores, ha sido mucho más efectiva que muchos programas de millones de euros.

También es importante cómo se gasta el presupuesto. En muchos casos los presupuestos se destinan a servicios privatizados. Parte del dinero va a beneficiar empresas, que en muchos casos acaparan contratas públicas en temas que van de la seguridad a los servicios de atención a víctimas, sin tener especial preparación ni experiencia en el sector. Son un negocio. En otros se conciertan con organizaciones que son contrarias a los derechos y libertades de las mujeres, en lo que coinciden con los agresores. Y en muchos casos las víctimas se quejan de los servicios las revictimizan, mientras que lo que necesitan es que ayudaran a recomponer su autonomía, socavada por la violencia. Autonomía como capacidad de decisión sobre la propia vida, de guiarse por las propias normas.

En conclusión: queremos dinero, queremos que este se use de determinadas formas, y queremos a la vez seguir reivindicando lo que de verdad puede frenar las violencias machistas, sin conformarnos con lo que cabe en un Pacto de Estado.

15/07/2017

Gloria Marín. Feminista. Redactora de viento sur.

Àngels Varò i Peral. Feminista.





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