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Israel. Palestina
Una “red carcelaria” que encierra a toda la sociedad
24/05/2017 | Stéphanie Latte

Graves amenazas pesan sobre la salud de los detenidos cuando la huelga de hambre de los presos palestinos dura ya más de un mes y las autoridades israelíes se siguen negando a negociar. Sin embargo, a pesar de la pasividad de la Autoridad Palestina, la solidaridad en el exterior de las prisiones se organiza y los militantes denuncian la “red carcelaria” de la ocupación que encierra a toda la sociedad.

Los detenidos palestinos en las prisiones israelíes, que las autoridades califican de “presos de seguridad” y los palestinos llaman “presos de guerra” o “presos políticos”, han lanzado el pasado 17 de abril una huelga de hambre abierta “por la libertad y la dignidad”. Primera huelga unitaria desde hace mucho, está liderada por la figura de Marwan Barguti, miembro de Fatah. Es hoy seguida por alrededor de 1500 personas de los 6300 detenidos. Sus dirigentes pertenecen al conjunto de los partidos: al lado de Ahmed Saadat, secretario general de Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y de Ahed Abou Ghoulmeh se encuentran en particular Abbas Sayyed, miembro del buró político de Hamas así como Ibrahim Hamed y Hassan Salameh, Zaid Bseiso de la Yihad Islámica, Wajdi Jawdat del Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP) y Bassam Kandakji del Partido del Pueblo (los comunistas) así como el decano de los detenidos Karim Younès (Fatah).

Un mes después, las autoridades israelíes siguen negándose a negociar en serio con la dirección de la huelga. Han hecho maniobras para desacreditarla (como el montaje de vídeo que mostraba a Marwan Barguti comiendo) y dividirla intentando realizar negociaciones separadas, sumadas a una política represiva (aislamientos, multas, privaciones de visitas, transferencias incesantes, acoso a los huelguistas) Son las únicas respuestas dadas a las demandas sobre sus condiciones de encarcelamiento, reconocidas como legítimas por el derecho internacional. A medida que dura el movimiento, afectando actualmente de forma muy peligrosa la salud y la vida de los detenidos, y se enfrenta a la intransigencia de las autoridades, aumentan su dimensión y su influencia política más allá de los muros.

Las manifestaciones y los enfrentamientos con el ejército israelí se amplían en Cisjordania mientras el Movimiento de los Prisioneros, creado en los años 1980 y en gran medida debilitado tras el período de los acuerdos de Oslo, a comienzo de los años 2000 1/ -cuya vuelta a la arena política significa esta huelga- llama a la población y a la juventud a oponerse a las autoridades ocupantes en los lugares de fricción como los checkpoints y el muro, a organizar allí marchas, concentraciones y oraciones.

Por unas condiciones de detención decentes

Las reivindicaciones principales versan sobre la frecuencia, la duración y las condiciones de las visitas familiares (limitadas desde 1999 a los padres, hijos, hermanos y hermanas) y la mejora de la atención medica. Se refieren también a la abolición de la detención administrativa, que permite mantener a una persona en prisión por seis meses renovables varias veces a discreción de los servicios de información (Shin Beth) sin que sea necesario ningún cargo -el 1 de abril, 500 personas estaban en detención administrativa. Los huelguistas demandan también el final de los aislamientos prolongados, la mejora de las condiciones de transporte en los traslados de una cárcel a otra y a las audiencias del tribunal, la responsabilidad en la cocina como ocurría antes del fracaso de la huelga de hambre de 2004.

En fin, quieren volver a la situación que prevalecía antes de la decisión del primer ministro israelí de junio de 2011 de endurecer las condiciones de detención a fin de hacerlas más similares a las del soldado Gilad Shalit secuestrado y detenido por Hamas en Gaza entre 2006 y octubre de 2011. Es decir, poder de nuevo recibir libros, periódicos y ropa, seguir un curso de estudios en la universidad abierta de Tel-Aviv y hacer el bachiller en prisión. Para la mayor parte de ellos, estas demandas habían formado parte de las que estuvieron presentes en la última huelga colectiva de abril-mayo de 2012, lanzada por Hamas y seguida por cerca de 2000 detenidos, y numerosas huelgas individuales o de grupos más reducidos que han tenido lugar después.

El reglamento que se aplica a los “detenidos de seguridad” depende en gran medida de la evolución de la situación en los territorios ocupados 2/ . En 2007, tras la toma del poder por Hamas, los gazauis fueron colectivamente privados de visitas con motivo del secuestro de Gilad Shalit. La recuperación progresiva de las visitas se produjo a partir de julio de 2012 tras el acuerdo llegado como consecuencia de la huelga de la primavera de 2012, pero han seguido siendo menos frecuentes, y no han sido restauradas para los miembros de Hamas. Para los demás prisioneros, son normalmente posibles una vez cada 15 días, y son de una duración de 45 minutos. En la práctica, numerosos detenidos quedan cortados durante largos períodos de sus allegados. A partir de 2003, las prisiones han sido transferidas del ejército al sistema carcelario civil (Shabas) bajo la tutela del ministerio de la seguridad interior y de los territorios ocupados a Israel. Desde esta transferencia, que contraviene la Cuarta Convención de Ginebra según la cual las poblaciones ocupadas deben ser mantenidas en su propio territorio, las familias tienen necesidad de un permiso de entrada en Israel para acudir a la sala de visitas. Este permiso es frecuentemente rechazado por motivos de “seguridad”, muy en particular para los hombres de entre 16 y 45 años.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encarga de hacer las demandas de permiso y llevar a su costa a las familias en autobús. Desde julio de 2016, se limita a una visita al mes por razones financieras. Los detenidos, sus familias y quienes les apoyan, protestan violentamente por esta reducción de la acción del CICR, igual que por su ausencia de toma de posición firme sobre la huelga en curso. Sus oficinas de Ramalá, asediadas por los manifestantes han sido momentáneamente cerradas. Los huelguistas requieren, primero para las mujeres, que puedan tener un contacto físico con sus hijos en los locutorios que desde 2004 se desarrollan a través de un cristal y por medio de un teléfono -cuyas comunicaciones son registradas. Solo los de menos de 8 años tienen derecho a acercarse a sus padres. Desean, en fin, que se instalen teléfonos para hablar regularmente con sus familias, y no por intermediario de los raros teléfonos portátiles que entran ilegalmente en la prisión y que son a menudo intervenidos por la administración penitenciaria. Las comunicaciones telefónicas entre parientes no son autorizadas mas que en caso de fallecimiento.

Desde la edad de 12 años

Esta huelga se inscribe igualmente en una larga protesta contra la política de encarcelamiento masivo de los palestinos fuertemente ligada a la ocupación y la colonización de Cisjordania y, desde 2005, al bloqueo de la banda de Gaza. En 1989, la tasa de encarcelamiento era de 750 prisioneros por 100 000 personas 3/ , es decir, la más alta del mundo, y se estima que el 40% de los hombres palestinos ha pasado por las prisiones israelíes desde 1967. Entre 2006 y 2008, en el momento de la represión de la segunda Intifada, alrededor de 8000 palestinos estaban detenidos según B´Tselem. Las detenciones masivas recomenzaron después de los episodios violentos del otoño de 2013 y luego tras la “Intifada de los cuchillos”, llamada por los palestinos (habbeh -“el pequeño levantamiento”), desencadenada en octubre de 2015. Según la policía israelí, 17 396 palestinos de Cisjordania y de Jerusalén Este fueron detenidos en 2014.

Desde 1967, este sistema carcelario, acoplado a la justicia militar, no ha sido elaboradosolo como un modo de sanción para delitos probados de tipo securitario. Ha criminalizado toda actividad política en contra de la ocupación y tejido una verdadera “red carcelaria” en los territorios palestinos. Consiste en un conjunto de disposiciones jurídicas que permiten detener e inculpar a un gran número de personas, hombres y mujeres a partir de la edad de 12 años: el día 1 de abril, 300 menores estaban en situación de “detención de seguridad”.

El sistema judicial militar no se basa en una investigación y el establecimiento de pruebas debatidas en un proceso, sino en las confesiones más o menos arrancadas y/o negociadas de los inculpados o de terceras personas sobre sus actividades. este régimen de la prueba es tanto más chocante en la medida que el 95% de los procesos no tienen lugar, sino que se arreglan por negociación de la pena entre abogados y jueces, tras la confesión de culpabilidad del acusado. Las autoridades judiciales militares presionan en favor de esta solución que permite ahorrarse el proceso, y quienes se arriesgan a rechazarla son condenados más duramente, tras procedimientos interminables. La casi totalidad de los acusados es por tanto declarada culpable, lo que justifica a ojos de la opinión pública israelí e internacional las detenciones masivas y el funcionamiento de esta justicia militar.

Según la ONG israelí Yesh Din, entre 2002 y 2006 la categoría de “actividad terrorista hostil” solo concernía al 33% de las acusaciones ante los tribunales militares. En el seno de esta categoría, solo el 4% de los casos eran tentativas de homicidio y el 1% homicidios voluntarios 4/ . A finales de 2016, el seguimiento regular de los procesos confirmaba que la mayor parte de las personas que pertenecían a esta categoría estaban acusadas, no de actos que hubieran provocado la muerte o la preparación de atentados, sino simplemente pertenecer o tener alguna relación con una “organización terrorista” o “ilegal”: es decir todos los partidos políticos palestinos, así como una serie de asociaciones y de ONG cuya lista no ha dejado de alargarse sin que ninguna organización haya sido jamás borrada de ella -y en la que sigue figurando el Fatah, artesano de los acuerdos de Oslo, declarada “organización terrorista” en 1986.

La tela carcelaria rompe toda temporalidad. Con las disposiciones de la detención administrativa se puede ser detenido por los propios actos o por los lazos familiares, sociales y políticos, presentes, pasados o incluso por venir. Por otra parte, la expresión pública de ideas políticas puede bastar para la inculpación, igual que la simple presencia en manifestaciones. Desde hace algunos años, además de los miembros de Hamas y del FPLP, los militantes pacíficos comprometidos con la resistencia popular en los pueblos que se oponen al trazado del muro y a las depredaciones territoriales de los colonos (en Nai´lin, Bei´lin, Nabi dSaleh,…) son muy frecuentemente inculpados. En 2013 y 2014, según la ONG israelí Court Watch, las comparecencias más numerosas han sido las de hombres muy jóvenes -a menudo menores- por lanzamiento de piedras y las de hombres que entraban en Israel sin permiso. Otras formas de compromiso y de expresión han sido recientemente puestas en el punto de mira con la multiplicación de las inculpaciones por actividades o incitaciones en las redes sociales, la detención de periodistas y de militantes y de figuras locales del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), entre ellas Omar Barguti, uno de sus fundadores, en marzo de 2017.

Mediante estas continuas detenciones, los servicios de información reclutan colaboradores, infiltran la sociedad, disponen de una fuente de información considerable sobre la población y la vida en los enclaves palestinos. La gestión de la movilidad, de la circulación y de los encarcelamientos, el sistema judicial militar y la prisión constituyen dispositivos clave de gobierno de un territorio pensado como discontinuo y sin frontera -en el sentido clásico de la frontera-línea del Estado moderno- debido al mantenimiento de la ocupación y la prosecución de la colonización del otro lado del muro.

Frente de oposición de la Autoridad Palestina

Muy debilitado a comienzos de los años 2000, a pesar de la firma del Documento de los Prisioneros en 2006 por el conjunto de los representantes de partidos que llamaban a la unidad frente a la escisión entre Hamas y Fatah, el Movimiento de los Prisioneros resurgió con la huelga de hambre de abril-mayo 2012 lanzada por Hamas. Aunque solo el 20% de los miembros de Fatah la había seguido entonces, y ninguno de sus líderes, el Movimiento de los Prisioneros daba muestras ya de una recuperación de la cohesión nacional más allá de los muros. La mayor parte de los movimientos de la sociedad civil -entre ellos las movilizaciones de juventud de la breve primavera palestina de 2011- y la población la habían en gran medida apoyado y transmitido en las redes sociales y en la prensa, gracias en particular a los teléfonos portátiles que entraron clandestinamente en las cárceles a comienzos de los años 2000 5/ .

El movimiento actual, realmente unitario, está masivamente apoyado por todos los partidos y por el conjunto de las fuerzas de la sociedad civil (BDS, comités de resistencia popular, el Consejo de las organizaciones palestinas de derechos humanos, la Comisión contra el muro y las colonias, Dismantle the Ghetto, el alto comité de seguimiento para los ciudadanos árabes de Israel, etc.).

Los comunicados del Movimiento de Prisioneros asocian de forma sistemática la causa de los detenidos al boicot de todos los productos israelíes, aunque la Autoridad palestina se limite a apoyar el de los productos de las colonias. Fuera, el Comité Nacional de apoyo a la huelga exhorta a los comerciantes a reemplazarlos por productos palestinos, impulsa las operaciones que impiden la entrada de camiones que llevan productos israelíes o a amontonarlos en las proximidades de los checkpoints y del muro.

Esta huelga refuerza y cataliza así un frente de oposición amplia a la política de la Autoridad Palestina (AP), que divide al Fatah. La sociedad y una parte creciente de los cuadros del Fatah y de la juventud del partido se opone a su política de represión de los opositores, de las movilizaciones pacíficas y de la resistencia, y a su cooperación securitaria con Israel. Según un sondeo del Palestinian Center for Policy and Survey (PCPS), el 64% de los habitantes de Cisjordania y de la banda de Gaza deseaban en diciembre de 2015 el final de esta cooperación securitaria. El Movimiento de los Prisioneros y los representantes de todos los demás partidos demandan sin cesar que cese inmediatamente. Fervientes defensores de una línea arafatista, cada vez son más en el seno del Fatah quienes declaran frontalmente su desacuerdo.

Si numerosos cuadros de los partidos tradicionales han subestimado durante mucho tiempo el impacto de las movilizaciones de la sociedad civil y de la juventud, ahora han tomado nota de la necesidad de federar los frentes militantes como lo ha hecho la rama resistente de Fatah siguiendo a Marwan Barguti. Ardiente partidario de la unidad palestina, es apreciado por el conjunto de los partidos, incluyendo a Hamas que se ha comprometido a hacerlo liberar en un futuro intercambio de prisioneros. Está a favor de una solución de dos Estados respetando el derecho internacional y contra los ataques que tengan por objetivo civiles israelíes, y ha llamado a un boicot económico y diplomático a Israel y a un amplio movimiento de resistencia popular y civil. Los prisioneros, que representan el único recurso militante de consenso capaz de sumar a la mayoría, es en el presente la dirigencia del interior de las prisiones, que es plebiscitada por los partidos y numerosos militantes de Fatah así como por la sociedad civil y las iniciativas de la juventud, invirtiendo la relación de fuerzas entre el interior y el exterior de las prisiones.

23/05/2017

http://orientxxi.info/magazine/palestine-une-toile-carcerale-qui-enserre-toute-la-societe,1866

Stéphanie Latte es politóloga e historiadora, investigadora en el CNRS (Centro de investigaciones internacionales sobre ciencias políticas).

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

1/ Stéphanie Latte Abdallah, « Déni de frontières. Toile carcérale et management des prisonniers politiques palestiniens après Oslo (1993-2010) », in Stéphanie Latte Abdallah, Cédric Parizot (dir.), À l’ombre du Mur. Israéliens et Palestiniens entre occupation et séparation, Actes Sud, 2011 ; p. 73-101.

2/ Ver Stéphanie Latte Abdallah, « Entre dedans et dehors : vécus parentaux des détenus politiques palestiniens en Israël », Champ Pénal/Penal Field, Vol. XI, 2014. http://champpenal.revues.org/8736

3/ Human Rights Watch, Annual Report, 1991.

4/ Backyard Proceedings. The Implementation of Due Process Rights in the Military Courts in the Occupied Territories,Tel Aviv, 2007.

5/ Stéphanie Latte Abdallah, « Le ‘printemps’ palestinien : une société civile dans l’entre-deux du conflit », in Tumultes, Le Moyen-Orient en mouvement, n ° 38-39, 2012 ; p. 369-387





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