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Tribuna viento sur
¿Se prepara un golpe de Estado en Catalunya?
23/05/2017 | Marti Caussa

Eso afirman en perfecta sintonía el diario El País y el portavoz del ejecutivo. ¿Tienen alguna prueba mínimamente sólida? ¿Confunden deliberadamente no legalidad con ausencia de democracia? ¿Hay algún objetivo oculto en esta campaña?

Todo empezó cuando El País afirmó haber accedido al borrador de la ley de transitoriedad jurídica que está elaborando el gobierno de la Generalitat. Es público y se sabe desde hace mucho tiempo que se prepara una ley de este tipo; sería aprobada en el caso de que el gobierno del PP no accediera a pactar el referéndum con el fin de realizarlo bajo el amparo exclusivo de la legislación catalana y, en caso de que ganara el sí a la independencia, serviría de marco legal provisional hasta que se aprobara la constitución de la República catalana. Desde el punto de vista de la constitución española se trataría de algo ilegal, como ocurre con todos los procesos constituyentes que se hacen contra los defensores del régimen anterior. Pero esto no implica que el régimen transitorio que se instaure sea antidemocrático, que vaya contra las libertades de las personas de Catalunya. Pero esto es lo que afirman El País y el gobierno del PP en base al borrador citado. Vayamos por partes.

Las acusaciones son contundentes. El editorial de El País habla de “una amenaza sin parangón a los derechos democráticos de los catalanes”. El artículo de opinión de Xavier Vidal-Folch de “golpe ultra contra los catalanes”. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de educación y portavoz del ejecutivo ha definido la supuesta ley como «un verdadero golpe de Estado».

Sin embargo la fiscalía ha anunciado que no se querellará por el supuesto borrador y Junts pel Sí ha emitido un comunicado en el que afirma que el documento publicado por El País “no tiene nada que ver con la versiones con las que se trabaja actualmente”. Estas versiones no son públicas y me parece que hay dos buenas razones que explican que no lo sean: en primer lugar, porque la ley de transitoriedad no debe entrar en vigor hasta que el Estado se haya negado a pactar el referéndum y se decida convocarlo a pesar de todo; en segundo lugar, porque si se decide no obedecer la legalidad española es lógico que no se desee exponerse a medidas represivas antes de tiempo.

Sin embargo el borrador se hizo público el día antes de la conferencia de presidente Puigdemont en Madrid, en la cual ha hecho una propuesta pública y concreta de pactar un referéndum con el Estado. Se monta una campaña sobre el peligro de golpe de estado en base a un borrador que los supuestos autores no reconocen y se niega la discusión sobre una propuesta formal y pública. Sin embargo los argumentos de Puigdemont merecen una discusión. Ahí va un breve repaso de los que me parecen más interesantes, extraídos del texto oficial de la conferencia.

Señala que no hay unanimidad sobre la constitucionalidad o no de un referéndum en Catalunya: “No voy a entrar a detallar todos los argumentos que centenares de juristas y expertos constitucionalistas han expuesto para demostrar que nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Es cierto que también hay juristas y expertos que dicen lo contrario en cuanto a la interpretación constitucional. Sin embargo, son mayoría en uno y otro campo los que señalan que con voluntad política todo es posible.”

Hay precedentes cercanos en los que la voluntad política obvió dudas constitucionales mucho más fuertes: “¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana? La voluntad debe ser sincera; y si la hay, el método debe estar al servicio del objetivo, el método no debe ser ningún problema ni una excusa para encontrar soluciones, como no lo fue hace 40 años para permitir el retorno del exilio del president Tarradellas y la restauración de la Generalitat de Catalunya. Entonces la actual Constitución aún no existía y la legislación vigente no contemplaba para nada ningún elemento de legitimidad republicana”.

Explica que “el verdadero propósito que persigue la mayoría de los catalanes es poder votar, poder expresar su posición sobre el futuro de Catalunya. Unos para decidir la independencia, otros para decidir continuar como una comunidad autónoma del Estado español.”

Y ofrece diálogo sobre todos los aspectos del referéndum: “Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos: la pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación...El diálogo tiene que servir para definir la pregunta a realizar, una pregunta que no conlleve confusión y que todo el mundo sepa qué significa votar “sí” y qué significa votar “no”. El diálogo tiene que fijar los resultados para poder considerar válida la respuesta y el compromiso de implementarla. Tiene que fijar, por tanto, un acuerdo sobre la mayoría necesaria y sobre la agenda compartida para corresponder de forma responsable con la decisión de los catalanes.”

Y dice claramente que ocurrirá si no hay pacto: “si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Catalunya con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum y será a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de diálogo y de negociación. Pero el objetivo ya no será celebrar el referéndum sino invitar al Estado español a implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán”.

En el supuesto que se celebrara el referéndum no pactado y triunfara el sí: ¿hay algún dato contrastable que haga pensar que se instauraría entonces un régimen no democrático? La respuesta es no. Es más, el proceso previsto para elaborar la constitución del nuevo estado es mucho más democrático que cualquiera de los que se han desarrollado en España. Las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que han llevado al procesamiento de la presidenta del Parlament por haberlas permitido, prevén tres fases: un proceso participativo popular, la elección de una Asamblea Constituyente y un referéndum de ratificación. Sobre la primera fase se dice: “El proceso participativo previo debe tener como órgano principal un Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos. El Foro Social Constituyente debe debatir y formular un conjunto de preguntas sobre contenidos concretos de la futura constitución que deberán ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación ciudadana. El resultado de esta participación ciudadana constituirá un mandato vinculante para los integrantes de la asamblea constituyente, que los deberán incorporar al texto del proyecto de constitución”. ¿Tiene esto algún parecido con un golpe de estado?

¿Para que sirve entonces toda esta campaña? ¿Hay un objetivo oculto? Creo que la campaña tiene una explicación y un objetivo claro: ante la previsión de que la Generalitat organice el referéndum a pesar de todo, tal como ha prometido, es necesario dar otra vuelta de tuerca a la campaña de preparación de la opinión pública para las medidas represivas que el gobierno piensa tomar para impedirlo. Lo ha dicho con suficiente claridad el delegado del gobierno en Catalunya, Enric Millo, considerado una paloma dentro del PP: “si la Generalitat no actúa dentro del marco legal vigente pondrá en peligro el autogobierno”. Es decir, amenaza con recurrir al artículo 155 y suspender la autonomía. ¿Evitará esto el referéndum?

Puigdemont dio una respuesta anticipada a la amenaza de Millo: “Aunque lo intenten, el Estado español no dispone de tanto poder para parar a tanta democracia.”

Las dos partes se preparan para un choque de legalidades que consideran inminente: ¿qué puede suceder entonces? Para analizarlo he escrito hace pocos días un artículo en esta misma revista; solo recordaré una idea fuerza del mismo: “El referéndum de septiembre no será una jornada más del procés, será una prueba de fuerzas decisiva; nada será igual después de ella».

23/05/2017



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