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Cantabria
El deterioro de la calidad ambiental y del paisaje de la costa
05/05/2017 | Emilio Carrera

Analizar la evolución de la calidad ambiental y el paisaje de la costa de Cantabria o del aprovechamiento sostenible de sus recursos en las últimas décadas constituye, desde luego, un ejercicio masoquista por la lamentable evidencia de su degradación progresiva desde Val de San Vicente hasta Castro Urdiales, en toda la franja de municipios que se asoman al mar en nuestra región, en sus tramas urbanas y el entorno de las villas marineras tradicionales, en las áreas rurales próximas o en los tramos que resistieron las acometidas de los 60 y primeros 70, y que no han sido objeto, desde luego, del tratamiento y el respeto adecuados a su naturaleza e importancia.

Y es que la mayor fragilidad y sensibilidad de ecotonos y áreas de contacto marítimo-terrestres, la especulación de usos y actividades optimizando beneficios y sacrificando rentabilidades sociales y ambientales –pero, también, las económicas a medio y largo plazo–, las perversas alianzas de propietarios de terrenos, intermediarios, promotores, constructores, políticos corruptos y usuarios sin sensibilidad alguna sobre los impactos de sus compras privadas sobre los contextos sociales, el paisaje y los valores ecológicos en que se insertan..., han desembocado en la actual situación: aprovechamientos intensivos del suelo (...y de recursos como las algas de arranque en perjuicio de las de arribazón o la alarmante disminución de la productividad biológica en bahías, estuarios, marismas y zonas húmedas litorales) y hacinamiento urbanístico, estandarización y segregación residenciales; formación de núcleos de nueva planta o crecimientos en mancha de aceite que interfieren trazados y fluidez viarias, encarecen equipamientos, infraestructuras y servicios públicos, fomentan el individualismo y el aislamiento, dificultan la integración social o los vínculos vecinales, y olvidan el carácter excesivamente disperso y la necesidad de poblamiento compacto rehabilitando viviendas antiguas o colmatando solares en tramas preexistentes o inmediatas a los perímetros y corolas más respetuosas con el paisaje o los valores agroecológicos; presión de accesos, tránsitos y estancias motorizadas u ofertas recreativas y turisticas sobre los mismos bordes litorales; dificultades de los desplazamientos horizontales al ocuparse terrenos públicos y olvido de efectos barrera y pantalla en construcciones, grandes ejes viarios, masivas e indiscriminadas repoblaciones forestales de especies alóctonas... Situación que sólo ha contado con la ayuda ocasional de los Tribunales –dentro de las dilaciones y retrasos en ejecutar sentencias alimentando falsas expectativas de legalización e impunidad–, pendientes, por otra parte, de la generosa dotación de la policia judicial o de mayores medios, coberturas y amparo legislativo para las actuaciones de oficio de las fiscalías de medio ambiente o del SEPRONA..

Lo cierto es que la defensa del litoral a cargo del legislativo y ejecutivo de Cantabria –y de la mayoría de gobiernos de los municipios costeros–, partiendo de leyes estatales, en principio bien concebidas –Costas, Aguas, Espacios Naturales, Patrimonio, Red Natura 2.000, directivas europeas...– no han hecho más que devaluarlo con normas y leyes para construir en suelo rústico, con enredos parlamentarios y desafíos legales para evitar demolición de urbanizaciones con sentencias firmes, con la discrecionalidad y ambigüedad de los PSIR, con la exclusión del POL de núcleos urbanos y espacios protegidos, y con el carácter decorativo de la Ley de Conservación de la Naturaleza de 2006, donde no se ha respetado la más elemental jerarquía normativa, se han congelado sus desarrollos específicos, se ha bloqueado un marco integral de ordenación territorial (que ya fracasara estrepitosamente con la Ley de O. del Territorio del 91 que nunca se aplicó) y se ha culminado con el retraso de un PROT que sigue sin aprobarse.

Y todo ello ante la inhibición de las Comisiones de Urbanismo en las transgresiones cometidas –aunque la tipificación de delitos ecológicos, o contra el paisaje y la O. del Territorio del Código Penal de 1995 han permitido algunas sentencias favorables a la protección ambiental–, las torcidas interpretaciones de las Planes Urbanísticas con modificaciones puntuales y arbitrarias lecturas del art. 44.2 para construir en suelo rústico, o las muy laxas lecturas de la Ley del Suelo estatal y autonómica.

La costa se ha rematado, además, con la nefasta gestión de los Parques de Oyambre, Liencres, Santoña o Peña Cabarga, con la descoordinación crónica de las Administraciones competentes –MAGRAMA, Demarcación de Costas, Consejerías, Ayuntamientos–, con el retraso de la Estrategia de Lucha Contra el Cambio Climático con un borrador poco ambicioso en el retranqueo de infraestructuras e instalaciones en bordes costeros, con la inexistencia de una fiscalidad verde para inversión urgente en descarbonización y educación ambiental, con una financiación carente de precisión y compromiso en calendarios y presupuestos para prevenir impactos del cambio climático, subida del nivel del mar e intensidad de los temporales...–. y con la falta de mayores márgenes en la franja marítimo-terrestre, en permutas de concesiones o usos privados de terrenos públicos en marismas, dunas o bordes litorales, y en deslindes y áreas de protección estricta, tal como contempla la Ley de Costas en vez de apostar por soluciones duras destinadas al fracaso a medio y largo plazo, como diques, espigones, dragados o reposiciones de arenas y playas erosionadas con ejemplos como La Magdalena en Santander –y donde antiguas y más recientes actuaciones como el propio Palacio de Festivales, el CEBO o el intento de la senda costera han acabado de romper la profundidad, el carácter diáfano y los abiertos horizontes de encuentro de la bahía con la ciudad–, el Puntal de Laredo, las presiones urbanísticas en Berria. Noja, Isla, Ajo, Somo, Loredo, Mogro Suances, Comillas, S. Vicente, o Tinamayor-, testimonios, entre muchos otros, del desprecio a la naturalidad de paisajes y micropaisajes, y del desconocimiento de las dinámicas litorales, los procesos de arrastre, sedimentación y erosión, los flujos intermareales y fenómenos asociados a rellenos en los perímetros de bahías, estuarios y marismas que son los causantes de los impactos que nunca se corregirán con las cuantiosas inversiones destinadas a la extrema artificialización de las áreas afectadas.

Y al margen, desde luego, de la contrarreforma que la ha vaciado de contenido, favoreciendo la inseguridad jurídica o peligrosos agravios comparativos y negativos precedentes para actuaciones futuras aún más perjudiciales y lejos de cualquier propósito de corrección de los impactos ambientales y sobre las singulares perspectivas tradicionales con el retranqueo de infraestructuras de acogida –campings, aparcamientos, paseos marítimos...–, regeneración de zonas húmedas litorales, neutralización y depuración de vertidos industriales, aguas residuales o contaminación difusa, prohibición de nuevos macropuertos deportivos o derribo de instalaciones y edificaciones fuera de ordenación...

Por último, a pesar de algunas sentencias firmes (que, ni mucho menos, deberían agotarse en la demolición del número actual de viviendas, el desmantelamiento de la depuradora de la Vuelta Ostrera, la anulación de las variantes de Oyambre y Comillas.... ), es indudable que el urbanismo, la planificación territorial, la conservación del paisaje y del patrimonio natural y cultural, la compatibilidad y equilibrio en el aprovechamiento de sus recursos y la rentabilidad económica, social y ambiental de sus transformaciones espaciales, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la costa cántabra, una visión integral, coordinada e interdisciplinar en programas e inversiones de mejora y restauración..., han dejado mucho que desear. Con una lamentable y reiterada conclusión final que sigue sin provocar ningún propósito de enmienda: la inédita y singular aportación de Cantabria al Derecho Internacional y a la Justicia Universal al consagrar la figura del delito sin delincuente –contra el medio ambiente, contra la ordenación territorial, contra el paisaje y el patrimonio ...–.

Porque ¿será posible que ningún promotor inmobiliario, intermediarios o propietarios de terrenos, constructores, alcaldes, concejales, políticos de las distintas Administraciones –estatal, autonómica, local...–, técnicos o funcionarios, hayan sido implicados o juzgados y condenados por sus responsabilidades individuales en tantas y contundentes sentencias como las que se han pronunciado en Cantabria, incluyendo las tramas de prevaricaciones, sobornos, cohechos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, recalificaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas...., que han acompañado, con toda certeza, la serie de agresiones que han degradado la costa?. Cuando les identifiquen póngalo en conocimiento del Juzgado de Guardia..

Emilio Carrera es miembro de Ecologistas en Acción.





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