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EE UU
Clinton y Obama sentaron las bases de la política de inmigración de Trump
03/05/2017 | Aviva Chomsky

Desde que tomó un ascensor de la Torre Trump hacia la carrera presidencial, en junio de 2015, y juró construir su “gran muralla” para impedir que los “violadores” mexicanos entren en el país, los inmigrantes indocumentados están en el punto de mira de las iras de Donald Trump. Ahora que está en el Despacho Oval, corren malas noticias. Un soniquete de titulares aterradores y mensajes aterrorizados en las redes sociales han puesto de relieve su lenguaje incendiario, sus planes y sus órdenes ejecutivas con respecto a los inmigrantes, y los primeros actos de los agentes de la patrulla fronteriza y de la autoridad de inmigración y aduanas en materia de redadas y deportaciones. La temperatura ha subido rápidamente en torno al debate sobre las deportaciones, de modo que si uno piensa que nos hallamos en un momento que no tiene precedentes en relación con la inmigración y los y las inmigrantes, está bien acompañado.

Trump ha afirmado repetidamente que las personas inmigrantes, y sobre todo las indocumentadas, están inundando EE UU, provocando oleadas de crímenes y absorbiendo los presupuestos de los servicios sociales. No importa que el número de inmigrantes venga disminuyendo de modo constante desde 2008; que las tasas de criminalidad entre inmigrantes sean menores que las de los nacionales; que los indocumentados no tengan acceso a la mayoría de programas de bienestar social y que las cifras de crímenes también hayan disminuido en los últimos años. Los medios de comunicación han desempeñado su propio papel en eso de echar leña al fuego. Desde que Trump ha entrado en el Despacho Oval, han proliferado informaciones sobre crecientes redadas, detenciones, encarcelamientos y deportaciones. Indican que está produciéndose algo nuevo, terrorífico y genuinamente trumpiano –algo que simplemente nunca antes habíamos visto–, inclusive peinados masivos para deportar a individuos que habrían estado a salvo bajo el gobierno anterior.

Los números cuentan una historia diferente. Un típico titular alarmista del Washington Post dice: “Las detenciones de inmigrantes no delincuentes se duplican bajo Trump”. Aunque el dato es cierto, la noticia induce a confusión. El número de detenciones de inmigrantes no delincuentes ha pasado efectivamente de 2 500 en los tres primeros meses de 2016 a 5 500 durante el mismo periodo de 2017, mientras que las detenciones de delincuentes también han aumentado, alcanzando un total de 21 000. Tan solo 16 000 fueron detenidos en los mismos meses de 2016. El artículo, sin embargo, no dice que 2016 fue el año con el menor número de detenciones de todo el mandato del presidente Obama. En los tres primeros meses de 2014, por ejemplo, se practicaron 29 000 detenciones, muchas más que el “récord” trimestral de Trump. Y aunque durante los tres primeros meses del mandato de Trump han subido las detenciones, las deportaciones han bajado, en gran parte debido a que el número de inmigrantes que cruzan la frontera ha descendido.

Para quienes han seguido las políticas de deportación en este país, el programa de Trump que se desarrolla actualmente tiene inquietantes resonancias. Parece derivarse directamente de políticas instituidas durante las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama. Es cierto que el presidente Obama solía hablar de “nuestra tradición de acoger inmigrantes”, mientras que nuestro presidente actual ha tirado esta retórica humanitaria liberal al cubo de la basura y pregona en su lugar un crudo nativismo. Sin embargo, el caso es que los presidentes Demócratas sentaron las bases de la política actual de Trump. Al fin y al cabo, fue el presidente Clinton quien supervisó la draconiana “ley de reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante” de 1996. Esta ley incrementó drásticamente todos los niveles de control de la inmigración, ampliando las patrullas fronterizas, criminalizando numerosos tipos de leve violación de la normativa vigente en materia de inmigración y facilitando y ampliando los trámites de deportación. (La reforma de la asistencia social introducida ese mismo año por Clinton muestra en el fondo una insistencia similar en echar la culpa de los problemas estructurales y sistémicos a los individuos.)

De muchas maneras, Trump no hace más que reiterar, aunque de forma más ruidosa, ideas y políticas inauguradas bajo Clinton, que después se convirtieron en una parte fundamental del planteamiento de Obama en materia de inmigración. Esas políticas se nutrían directamente de prácticas policiales racistas en la represión del crimen y el terrorismo que también contribuyeron a fomentar los temores raciales de los blancos.

Es cierto que ya ha habido numerosos casos de detención y deportación que parecen ir mucho más lejos de lo que solía ocurrir en tiempos de Obama. Sin embargo, si observamos más de cerca esos casos y los números, veremos que sorprendentemente hay más continuidad que cambio. Tanto los medios dominantes como las redes sociales han destacado lo que parecen ser casos extremos de jóvenes que habían cruzado la frontera cuando todavía eran menores, también llamados “ilusos”, así como de personas que habían comparecido para un trámite rutinario ante un agente del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), y otras detenciones y deportaciones arbitrarias. La mayoría de estos casos, sin embargo, son mucho más coherentes con las políticas de la era Obama que lo que los lectores de esas noticias podrían imaginar. Entonces, los “inmigrantes de baja prioridad” también solían quedar atrapados con asombrosa frecuencia en lo que el New York Times llamó en 2014 “la red de deportación”.

El legado de Obama: un sistema de tres escalones

A simple vista, el legado del presidente Obama en materia de inmigración parece realmente contradictorio. Por un lado, afirmaba ser una persona humanitaria que solo quería deportar a “delincuentes, no familias”, salvando de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Por otro lado, lo llamaban el “deportador en jefe” por una razón: bajo su mandato se produjeron aumentos históricos de las tasas de deportación. Para captar la naturaleza contradictoria de su política es preciso examinar tres ámbitos geográficamente diferenciados en relación con los indocumentados: control interior, control fronterizo y el Programa Frontera Sur de México.

En el ámbito del control interior, Obama creó varios programas de protección y prioridad para los inmigrantes indocumentados que ya estaban en el país y que, en efecto, evitó la deportación de grupos enteros de personas. Los defensores de los derechos de los inmigrantes que destacan la naturaleza humanitaria de lo que hizo Obama se centran en estas medidas de protección, al tiempo que restan importancia a los flancos fronterizos de su política. Aun así, incluso los programas humanitarios presentan un lado oscuro, al que se ha prestado escasa atención, pues criminalizaban y discriminaban a quienes no cumplían sus requisitos. En este ámbito, el presidente Obama recurrió al ICE para que ejerciera la “acusación discrecional”. Los inmigrantes que tenían hijos, eran estudiantes, trabajaban duramente, mantenían estrechos lazos familiares y comunitarios o servían en el ejército debían quedar a salvo de la deportación. De paso, sin embargo, empleó un lenguaje que contraponía la inocencia a la criminalidad y difundía la idea de que, hablando de inmigrantes, la noción de criminalidad era evidente y concitaba el consenso universal. Al dividirlos entre delincuentes y familias, de hecho contribuyó a la criminalización de grandes grupos de inmigrantes y de este modo alimentó directamente la futura retórica de Trump.

Obama también se basó en la política de “mano dura con los delincuentes” de Clinton, de una manera que vinculó la criminalización de la gente de color con la deportación de inmigrantes “delincuentes” (también mayoritariamente gente de color). Como explican los expertos en inmigración Alan Aja y Alejandra Marchevsky:

“La criminalización de los inmigrantes se derivó en parte de un control policial más agresivo de las comunidades de color. En las décadas de 1980 y 1990, las fuerzas del orden de todo el país aplicaron estrategias de patada en la puerta y cacheo, afirmando que las detenciones masivas por delitos menores prevendrían crímenes más graves. A medida que los inmigrantes que vivían en estas comunidades fueron víctimas de la actividad policial racializada y de encarcelamientos masivos, las listas de inmigrantes delincuentes del gobierno federal crecieron vertiginosamente.”

Una vez criminalizados, entraron a formar parte de un sistema separado y desigual de control de la inmigración, en el que quedaron suprimidas las garantías legales y la deportación, el castigo draconiano definitivo, podía aplicarse independientemente de la gravedad del “delito”. Peor aún, el peinado policial cada vez más exagerado y minucioso de las comunidades de color y la expansión de los encarcelamientos masivos provocaron, como señalan Aja y Marchevsky, “una reserva de inmigrantes con antecedentes delictivos que generó una cadena interminable de detenciones y deportaciones”.

Como ha dejado perfectamente claro Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow, todo esto –la redefinición de los delitos menores como crímenes, la creciente presión ejercida sobre las personas encargadas de proponer tratos con la fiscalía y las medidas que excluyeron después a los delincuentes de los programas de vivienda pública, de empleo, de asistencia social, de los censos electorales y otros aspectos de la sociedad– relegó a un número significativo de hombres negros a una clase inferior permanente. En esta red también quedaron atrapados inmigrantes indocumentados, aunque con ciertas particularidades. Por ejemplo, a raíz de la ley de inmigración de Clinton, de 1996, las condenas de cualquier clase, incluida la mayoría de delitos menores, pasaron a ser motivo de deportación, incluso retroactivamente. Así, una antigua infracción que supuso la libertad condicional para el infractor y su condena a trabajos para la comunidad, o a una pequeña multa, pasó a ser la prueba de la condición de “criminal” del inmigrante, con la consiguiente deportación del mismo.

Y hubo también otra nueva categoría “trampa”: los llamados delitos de inmigración. Quienes tenían antecedentes de reentrada ilegal y quienes hubieran cometido lo que vino en llamarse “fraude inmigratorio”, quedaron recalificados automáticamente de “delincuentes” con arreglo a la política de control prioritario del presidente Obama. La “reentrada ilegal” es, de hecho, el más curioso de los delitos, ya que distingue entre quienes lograron entrar clandestinamente en el país en el primer intento y quienes fueron interceptados y solo lo consiguieron en un intento posterior. El “fraude inmigratorio”, una categoría amplia, incluye prácticas comunes como el uso de un número de seguridad social falso para poder trabajar.

El mecanismo de deportación de Obama se basó en gran parte en esta noción expansiva de la criminalidad de los indocumentados, que normalmente habrían sido considerados personas que tratan de seguir adelante lo mejor que pueden. Ahora, el presidente Trump amplía todavía más esta criminalización estableciendo que cualquier persona condenada, acusada o incluso sospechosa de haber cometido un delito pasa a ser objeto de deportación prioritaria. De paso, ha ampliado el concepto de “delincuente” basándose directamente en el legado de Clinton y Obama.

En la frontera y más allá

No obstante, lo que le granjeó al presidente Obama el apodo de “deportador en jefe” fue su política de control fronterizo, pues fue en este ámbito donde más creció el número de deportaciones. En parte, esto se debió a que declaró prioritaria la deportación de los “intrusos recientes”; a partir de entonces, toda persona que hubiera cruzado la frontera sin autorización, es decir, toda persona interceptada en la región fronteriza, quedó criminalizada. Bajo los gobiernos anteriores, la mayoría de las personas capturadas allí eran sometidas a lo que se denominaba “salida voluntaria”; en otras palabras, eran devueltas al lado mexicano de la frontera sin ninguna sanción jurídica. Durante los gobiernos de Clinton y Bush, más de un millón de personas al año fueron devueltas a México de esta manera, sin ser declaradas delincuentes y por tanto sin ser incluidas en las estadísticas habituales de deportación.

Durante el mandato de Obama se empezó a acusar formalmente a las personas interceptadas en la frontera y a tomarles las huellas dactilares antes de emitir la orden de deportación. De este modo, quedaron recalificadas de “delincuentes”, y si eran capturadas en un segundo intento de cruzar la frontera, se las declaraba “infractoras reincidentes”. Esto supuso también que el número de deportaciones formales empezó a dispararse pese a que el número de personas que cruzaban la frontera, interceptadas en la frontera y devueltas a México comenzara a disminuir.

Más pronto que tarde, los delitos de inmigración empezaron a rivalizar con los delitos de narcotráfico en el sistema judicial federal. Obama pasó a ser el deportador en jefe, no porque deportara a más personas que los gobiernos anteriores, sino porque criminalizó a más deportados. Así es cómo se las arregló para salvar a muchas personas de la deportación al mismo tiempo que incrementó las estadísticas de deportación muy por encima de las de sus predecesores. De hecho, la situación de muchos de los capturados en la frontera resultó ser notablemente parecida a la de quienes quedaron a salvo de la deportación en el interior del país. Tenían familia, incluso hijos, en EE UU, o un empleo y fuertes vínculos comunitarios, o habían vivido en el país durante muchos años. Por el hecho de haber salido y tratar de volver, sin embargo, quedaron recalificados de delincuentes.

Finalmente, hay un aspecto del control de la inmigración bajo el gobierno de Obama que suele pasar desapercibido: el papel del presidente a la hora de presionar a México para que colaborara mediante la detención y deportación de emigrantes centroamericanos que se dirigían al norte (inclusive familias y niños no acompañados) antes de alcanzar la frontera con EE UU. En 2014, bajo crecientes presiones de Washington, el gobierno mexicano puso en práctica el Programa Frontera Sur. Mientras que la ley estadounidense fue actualizándose repetidamente para proporcionar un trato humanitario a las familias y los menores de edad interceptados en la frontera, en los casos en que los mexicanos las interceptaran primero, las deportaban sin más.

En 2014 solo fueron deportados el 3 % de los menores capturados en EE UU; en México, el porcentaje asciende al 77 %, es decir, 18 269 menores de edad. Un informe resumió la situación con estas palabras: “EE UU subcontrata su control fronterizo a México”. Al igual que en EE UU, la creciente militarización y represión por parte de México en su frontera meridional no redujo realmente el flujo migratorio. Lo único que hizo es añadir peligrosidad al viaje y potenciar a los contrabandistas y bandas criminales que ahora se aprovechan de los migrantes centroamericanos que intentan desesperadamente evitar los controles fronterizos mexicanos.

Inmigrantes, criminalización y mercado de trabajo

Mucho antes de que Trump entrara en el Despacho Oval, esta política de “mano dura con los delincuentes” en materia de inmigración, integrada en un patrón más amplio de criminalización de la gente de color que alimentó el complejo carcelario-industrial, hizo de EE UU el país con más población carcelaria del planeta y favoreció la proliferación de cárceles privadas. Ayudó a justificar la creciente militarización de la policía en aquellos años y el peinado sistemático de las comunidades de color. También alimentó una sensación de inseguridad a escala nacional que contribuyó a la pasividad política, al desempoderamiento y a ese nativismo sobre cuya base ha prosperado Trump. La criminalización es asimismo un factor que contribuye a la creciente desigualdad económica del país. Justifica tanto las elevadas tasas de desempleo como los bajos salarios de la gente de color, mientras que al mismo tiempo mantiene en reserva a aquellos cuyos empleos se han vuelto superfluos. Y desempeña un papel particular con respecto a los inmigrantes y el mercado de trabajo.

Los inmigrantes experimentan realmente una participación significativamente mayor en la fuerza de trabajo y menores tasas de paro que los nacidos en el país, con lo que constituyen una excepción entre la gente de color. Sin embargo, ganan menos (681 dólares a la semana) que los trabajadores nacidos en el país (837 dólares a la semana), de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadística Laboral correspondientes a 2015. En los últimos años, la criminalización de los inmigrantes, cuya condición de por sí ya era inestable, y su imposibilidad, en general, para acceder a los servicios sociales, hace que para las empresas sean una fuerza de trabajo explotable como ninguna y por tanto muy deseable. Los suelen contratar para trabajos tan inmundos, arduos o peligrosos que ningún trabajador nacido en el país está dispuesto a aceptarlos. El antropólogo Nicholas de Genova ha sugerido que la misma “deportabilidad” de los inmigrantes indocumentados hace que sean tan codiciados por estas empresas.

Mientras, la criminalización de la gente de color, y de los inmigrantes en particular, tendió una mano amiga a Trump en su campaña presidencial, del mismo modo que ayudó al complejo carcelario-industrial y a la policía a justificar unos presupuestos y niveles de empleo que no dejan de crecer. El enfoque polifacético de la inmigración por parte del gobierno Trump se basa en la criminalización de los inmigrantes y la fomenta. Cuando deniega la entrada a refugiados o personas con visado de determinados países, contrata a miles de nuevos agentes de fronteras y aduanas y guardianes fronterizos, promete construir una “gran, gran muralla”, deniega financiación federal a ciudades de acogida o publica listas de delitos cometidos por inmigrantes, la política de inmigración de Trump camina sobre las huellas y también intensifica las de sus predecesores y continua generando miedo, justificando la explotación y racionalizando el autoritarismo.

25/04/2017

http://www.tomdispatch.com/post/176271/tomgram%3A_aviva_chomsky%2C_the_criminalization_of_immigrants_from_clinton_to_trump/#more

Aviva Chomsky es profesora de historia y coordinadora de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de Salem en Massachusetts.

Traducción: viento sur





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