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Andalucía. Decretazo Educación de 0 a 3 años
Cada vez más privada
25/04/2017 | Teresa Pablo

[Los días 19 y 20 de abril las trabajadoras de la educación infantil en Andalucía se movilizaron contra el decretazo de Susana Díez que abre la puerta a la privatización del ciclo, en detrimento del empleo y del servicio público]

Llevamos años escuchando cómo los políticos que gestionan nuestros derechos los defienden en mítines y discursos, pero viendo cómo los hechos les desmienten. Cada decisión que toman es un paso más en su hoja de ruta que aboga sin ambages por la supresión de derechos y el desmantelamiento de los servicios públicos.

El PSOE de Andalucía es buena muestra de este proceder. Y lo hace sin disimulo y por la vía del decreto, obviando el necesario diálogo y negociación con los colectivos implicados y agentes sociales. Esto es lo que ha hecho con el decretazo que regulará la educación infantil de 0 a 3 años.

El decretazo, por precipitado, duro y sorpresivo, es una vuelta de tuerca a la política educativa que aplica la Junta de Andalucía. El gobierno del PSOE copia e implementa en Andalucía el modelo de derechas de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. Así, sin más, este decreto aleja toda posibilidad de recuperar esta etapa educativa para la gestión pública, clave para la superación de las desigualdades y para la conciliación familiar de las mujeres trabajadoras. Es cierto que no es una etapa obligatoria, pero no es menos cierto que es en estas edades tempranas cuando recibir una educación de calidad puede revertir situaciones de privación de estímulos o precariedad social que prepara al niño/a para incorporarse a etapas educativas posteriores en mejor situación. Es por ello que es tan importante como mecanismo favorecedor de la igualdad de oportunidades.

Este decreto es un despropósito desde todas las perspectivas que se analice. Desde el punto de vista de las empresas que actualmente entraban en los convenios con la Junta de Andalucía, la competencia será feroz ya que con el nuevo decreto se abre una horquilla de precios en la oferta que coloca a las pequeñas empresarias en desventaja frente a las grandes empresas del sector que sí podrán ofertar a la baja. Estas PYMEs, en su mayoría en mano de mujeres empresarias, ven ahora peligrar su futuro empresarial porque no podrán sostener con calidad el servicio que ofertan a las familias y en muchos casos se verán obligadas a cambiar las condiciones laborales de sus trabajadoras - mujeres, mayormente-, precarizándolas, por supuesto. Muchas de ellas no sólo han generado empleo, sino que han hecho una fuerte apuesta mediante créditos que ahora las sitúan al borde del precipicio.

No podemos olvidar además que es un sector laboral feminizado, un yacimiento de empleo para las mujeres que ahora es puesto en peligro, donde nuevamente a las mujeres les toca sufrir la precariedad y ser objeto de las políticas neoliberales del PSOE andaluz, que se viene cebando con los sectores más débiles de la sociedad.

Pero las implicaciones de este decretazo salvaje van más allá. Para las familias de clase trabajadora que necesitan de estos centros educativos para poder conciliar vida laboral y familiar pero que no pueden pagar su servicio sin bonificaciones, este decreto se

convierte también en una amenaza ya que cambia los criterios para acceder a las bonificaciones. Estas familias con trabajos precarios, que a duras penas llegan a fin de mes, no pueden sostener con su maltrecha economía el precio de la escuela infantil sin bonificación. ¿Habrán de elegir entre cuidar a su hijo o trabajar? ¿Serán de nuevo las mujeres las que tengan que renunciar a su empleo en favor de los cuidados?

Por otra parte, si algo caracteriza a esta etapa educativa, es la flexibilidad de entrada de los/as bebés y niños/as en ella. Las madres que se incorporan al trabajo tras su baja maternal o que encuentran un puesto de trabajo en un momento en que difícilmente se puede renunciar a esa oportunidad, matriculan a su bebé en la escuela infantil en el mes que lo necesitan, más allá del plazo de matrícula habitual en otras etapas educativas. Con el nuevo decreto, esto se ve obstaculizado y las familias se arriesgan bien a no tener plaza cuando la necesitan o bien a quedar fuera de las bonificaciones en el precio. Nuevamente otro ataque a las mujeres y a las familias de clase trabajadora con dificultades.

A la vez que perjudica a las capas sociales más desfavorecidas, el decreto del gobierno andaluz del PSOE sienta las bases para que las grandes empresas del sector (Fundaciones, órdenes religiosas…) no sólo amplíen su nicho de negocio con esta etapa, sino que consoliden su posición en el ámbito educativo al poder ofertar a las familias ocuparse de la educación de sus hijos/as vía concierto desde los 0 a los 16 años.

Si a estas maniobras le sumamos el deterioro al que las políticas del Susanato están sometiendo al sistema educativo público andaluz, el reforzamiento de la educación privada y privada-concertada está servido. Nada mejor que devaluar la calidad de un servicio público para justificar la necesidad de privatizarlo. Nada mejor que favorecer de manera encubierta que muchas familias soliciten plazas en la educación privada- concertada, para tener que ampliar sus plazas a costa de la Educación Pública. Utilizarán la tan traída y llevada libertad de elección de centro que tanto juego da en estas lides para seguir sirviendo a los intereses de la Concertada. ¿Son libres las familias que desean un centro público cuando no los hay en algunas capitales andaluzas y tienen que matricular a sus hijos/as en la privada-concertada? Esto es un suma y sigue en la política educativa de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, hay que poner de manifiesto que la Educación es un derecho, que los poderes públicos tiene la obligación de garantizarlo y que no debe ser objeto del negocio de las élites, porque con ello se está vulnerando un derecho, detrayendo recursos que deben ir a la Educación Pública y poniendo en manos de empresas un espacio de potencial adoctrinamiento en valores que en muchos casos no son los propios de una sociedad democrática, laica e inclusiva. Y como prueba de ello no hay más que mirar a la multitud de centros “con ideario” que hoy por hoy son centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Este decreto es una prueba más de que Susana Díaz gobierna de espaldas al pueblo, en contra de los intereses de la mayoría social y en favor de las élites. La misma manera de modificar esta etapa educativa mediante un decreto que no ha contado con los sectores

implicados -las familias, trabajadoras y empresarias afectadas- es propia de quien ningunea la democracia y prefiere maneras caciquiles de gobernar.

La apuesta por la Educación Pública, esa que la presidenta de la Junta de Andalucía tanto dice defender de mitin en mitin o a poco que sus medios le colocan un micrófono por delante, se demuestra ampliando la inversión, respetando y reconociendo la profesionalidad de los docentes, bajando la ratio y apostando por una educación infantil universal, gratuita y de gestión 100 % pública. Ese es el modelo al que debemos aspirar en lugar de profundizar en la privatización y mercantilización de una etapa educativa tan importante.

24/04/2017

Teresa Pablo, militante de Anticapitalistas y activista de Marea Verde Sevilla.





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