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Historia
¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?
24/04/2017 | José Luis Martín Ramos

I

Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha –historiográfica y política-, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.

Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época –sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles– convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas –aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí– sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…

Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar por qué no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado –ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido– y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente : “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA –y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española– pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.

Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio – el Ejército - , la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.

No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen –si no desean, algunos– el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded…. Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).

Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias –cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas-; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2 000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30 000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8 000, cifra que deducen pero no documentan.

II

Dando por buena la interpretación de Gil Robles - de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil - ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.

Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág.518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña –recurso constante– que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada –otro recurso habitual- ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía… que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.

¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” –un mejunje curioso– después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).

Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.

La imagen de la violencia política electoral –porque ese, electoral, es el título del capítulo– se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales –lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso– y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia” (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.

Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra –libre de pecado– la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.

III

El segundo supuesto vuelco en la investigación –antecedente directo del tercero y fundamental que se refiere a las elecciones y su escrutinio– es el que sostiene, bajo un título algo peliculero –“cuatro días de febrero”– un desbordamiento general de las instituciones por la izquierda frentepopulista y particularmente la obrera, que operó desde la misma tarde-noche del 16 de febrero en forma de manifestaciones, motines en las cárceles y diversas formas de “intimidación” –palabra clave y repetida de manera recurrente en la exposición de ATV-; desbordamiento que llevó al abandono precipitado del gobierno por parte de Portela y al asimismo precipitado –y se sugiere que injustificado– acceso del Frente Popular al poder, lo que validó el artero objetivo de aquellos desbordamientos de masas y propició por un lado la celebración de las elecciones pendientes todavía en un clima de coerción de la izquierda y por otro los definitivos falseamientos de los escrutinios.

Es sabido que un recurso literario habitual es que el inicio de un libro o de un capítulo constituya en sí mismo un impacto que atraiga y, al propio tiempo, oriente al lector. ¿Cuál es ese mensaje de inicio? Pues que ya “en las horas previas se hizo evidente que no todos iban a aceptar una posible derrota. El Socialista anticipaba en su editorial el mismo 16 que “en un juego sucio, como el que se plantea ahora, jugamos tan solo a ganar” (pág. 275) y tanto el diario socialista como el republicano, El Heraldo, ponían en guardia ante los posibles pucherazos que produciría un control tan generalizado de los municipios por “gestoras monárquicas”. Deducir de todo eso que socialistas y republicanos se disponían ya a desconocer el resultado si les era adverso y a deducir de ello alguna acción contra los resultados electorales efectivos es una absoluta grosería de interpretación. ¿Es que no todos iban a ganar? El Socialista y El Heraldo simplemente estaban llamando a la participación e incluso a la vigilancia. Sólo una amplia participación les podía dar la victoria y la invocación de la vigilancia no era injustificada; con las elecciones municipales sin hacer –estaban pendientes desde 1934– una gran cantidad de municipios, sobre todo en la España rural, estaban en manos de gestoras nombradas primero por el gobierno radical-cedista y luego por Portela, quien en una última maniobra –que todo el mundo interpretó que tenía objetivos de posible interferencia electoral- removió todos los gobiernos civiles y los delegados gubernativos. A la derecha no le preocupaba tanto esa cuestión porque estaba absolutamente convencida de su victoria, que pregonaban como cierta en su prensa antes de las elecciones. ¿Podrían considerar eso ATV también una incitación al desconocimiento del resultado si no se cumplía tal previsión?

El sectarismo de ATV les impide analizar, en términos históricos, el peso de las percepciones en la movilización de unos y la desmovilización de otros. Y sobre todo les lleva a ver en la movilización del frentepopular siempre una amenaza a la democracia, una manifestación de una mera ambición de poder y de los instintos bárbaros de las turbas. ¿No había razones para esa actitud de movilización? De sobras, y entre ellas la amenaza del golpismo que pendía sobre la república democrática, que se reactivó en diciembre de 1935 con la imprudente –cuando menos, por no decir otra cosa– iniciativa frustrada de Gil Robles; ya volveremos sobre ello al considerar las presiones militares sobre Portela. No voy a discutir que se produjeron incidentes, episodios de violencia en una situación de desconcierto por el comportamiento de Portela, pero hacer de eso el fantasma de una casi insurrección general, que habría justificado la declaración, asimismo general, del estado de guerra y otras medidas de “autoridad” más que probablemente, enturbiando una jornada electoral, que fue aceptable según las condiciones y comportamientos de la época –no solo en España, en Europa– es absolutamente desproporcionado. Sin embargo esa desproporción es imprescindible en el relato de ATV porque crea un clima de pre-asalto al poder de las masas populares, que en aquel momento no existió de ninguna manera. Ese relato de ATV no es tan novedoso, tiene sus antecedentes en bibliografía anterior; desde las memorias de Gil Robles, en la que la secuencia del desbordamiento de las masas a Portela es también clave para la consideración de la para él irregular –y no justificada– formación del gobierno de Frente Popular hasta el “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936” elaborado por el régimen franquista, que ATV dicen no compartir, pero que incluso utilizan como prueba documental válida, sin más (lo veremos más adelante).

La jornada electoral del 16 fue, salvo excepciones –por graves que localmente fueran–aceptable. Aunque ATV no pueden ahorrarse un nuevo juicio de intención al afirmar que si resultó así fue por el extraordinario despliegue de las fuerzas de seguridad… que si no; ignorando que el Frente Popular y sus organizaciones llamaron a una votación tranquila. El Frente Popular, las izquierdas están siempre bajo sospecha en el trabajo de ATV; el resto, solo en alguna ocasión, siempre que no afecte a Gil Robles. Que tras conocerse la victoria en Madrid, que nadie discutió, y en Cataluña, también indiscutible, y la probabilidad de que fuera el Frente Popular el que mayor opciones tenía de ganar, se produjera una concentración en Puerta del Sol no tiene la significación subversiva que le atribuyen ATV ¿por qué solo han de tener significación subversivas las manifestaciones? sino de celebración, incluso por el tradicional lugar de celebración que se producen; incluso, como reconocen los autores, el Comité del Frente Popular desautorizó una octavilla anónima que sugería convertir la celebración en protesta. ATV se empeñan en sugerir que eran mucho más que celebraciones y en que se produjo “un goteo constante de episodios con distintos niveles de gravedad”, que justificarían en su opinión las gestiones – presiones, digo yo –de Gil Robles, de Franco, de Fanjul y de Goded para tomar decisiones extraordinarias, rozando lo extremo

“Más que incidentes” es el subtítulo en el que ATV juegan a desacreditar la imagen de normalidad mayoritaria durante la jornada electoral. Lo que luego describen no son otra cosa que incidentes, por más que exageren su trascendencia prejuzgando que “sin bien no fueron generalizadas, si es cierto que la reiteración indica una violencia latente significativa”. Pero, ¿de qué están hablando? De diversos episodios dispersos, en Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, la mayor parte de signo menor por muy lamentables que fueran –como las coacciones a grupos de monjas para que no pudieran ir a votar- , las peleas entre simpatizantes, el apedreamiento de un candidato de la derecha y algunos con consecuencias mayores, al aparecer las navajas, las pistolas, o las fuerzas de orden público. ATV citan una treintena de incidentes concretos, de los que una docena larga se produjeron en Galicia, y sin concretar “muertos y heridos de diferente consideración” en las provincias de Córdoba, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo y Zaragoza, de los que solo concretan media docena de ellos, los que tuvieron consecuencia de muerte, por lo que hemos de suponer que el resto fueron de carácter tan menor que ni siquiera ATV han considerado oportuno señalarlos. Eso no describe un cuadro de nada que sea “más que incidentes”, por más que los que produjeran muertes resultaran irremediables.

Por otra parte, la responsabilidad de los incidentes más graves, los irreversibles por la pérdida de vidas humanas correspondió a… las derechas: de los 10 muertos reconocidos, citan 8 casos, de ellos las víctimas fueron de izquierdas, a manos de falangistas, papistas o cedistas y en un caso de la guardia civil, por un muerto cedista y otro cuya filiación política no se da. La proporción es tan elocuente de que la violencia grave partió más de un bando que de otro, que extraña que ATV, que señalan tantos detalles, no hayan hecho ningún comentario sobre éste. Sí, en cambio, se permiten comentarios increíbles, para exculpar las agresiones perpetradas por elementos derechistas: en Antas de Ulloa, los papistas malhirieron a tiros a un presidente de mesa y a un “portelista”, y como quiera que no pueden negar que fue así se ven obligados a añadir “Pero no es menos cierto que, antes de los disparos, se había entablado una fuerte discusión”, en la que al representante cedista, que se quejaba ante la mesa de irregularidades supuestas “se le propinó un fuerte golpe”. El comentario es absurdo, en casi todos los enfrentamientos, excepto los atentados que sufrieron militantes de izquierda –a un vendedor de prensa los falangistas le obligaron a beber gasolina– hubo primero alguna fuerte discusión, que fue a más porque alguien tenía pistola o navaja; y que un fuerte golpe pueda poner pero a un asesinato es un comentario poco medido, si no indecente.

Esta peculiar exposición de sucesos sirve a ATV para desacreditar la versión del gobierno de que la jornada fue tranquila y sobre todo para, tras reconocer que “no puede decirse que la violencia primara”, concluir que “todo ello fue un mal augurio y anticipó los desórdenes que comenzaron a propagarse durante la tarde y noche del 16 de febrero”. No digo, pero digo. Establecen así una relación de continuidad absolutamente insostenible. Lo cierto es que el grueso de las elecciones tuvo un transcurso normal y su resultado ya anticipó una victoria –ajustada, pero victoria- del Frente Popular de la que sólo quedaba por conocer si llegaría a mayoría absoluta y las dimensiones de ésta si se producía. El recuento de las elecciones del 16 habría de ser algo largo y accidentado y la gestión informativa que el gobierno Portela hizo del mismo resultó muy poco acertada; dominada como estaba por el conocimiento del estrepitoso fracaso del Partido del Centro organizado por Portela bajo el padrinazgo de Alcalá Zamora. A pesar de ello, en ningún momento se invirtió de manera clara la tendencia, por más que el Gobierno Portela intentó reducir el impacto inmediato –acaso para aguar la celebración en marcha de las izquierdas e intentar frenarla– manteniendo por algunas horas le expectativa de un triunfo, no de las derechas, sino de la problemática suma de las derechas y el centro (dicho sea de paso, ATV recurren más de una vez en sumar las fuerzas centristas a la de las poco avenidas de la derecha; es improcedente, no significaban políticamente lo mismo ni mucho menos y en todo caso el portelismo estaba más cercano de las izquierdas que de las derechas en muchas de las circunscripciones).

En la madrugada del 17, gracias al voto de las grandes ciudades, el Frente Popular iba por delante y en la mañana del 17, en el Consejo de Ministros Portela anunció que éste ya podría estar contando –con el recuento en marcha– con 193 diputados y ese es el dato que vale y no las informaciones o intoxicaciones que ATV citan del embajador portugués que atribuía la victoria al “Bloque de derechas” o de Ferández Almagro que dijo que le había dicho Portela (pág. 362); utilizar estas dos manifestaciones como documentación firme, frente a la del Consejo de Ministros es ridículo. Como ATV reconocen “los escrutinios del 17 solo eran terminantes en que el Frente Popular iba por delante en el escrutinio y en que sus adversarios sólo podían encomendarse, para ganarle, a los votos de los distritos rurales aún por ganar” (pág. 363); el primer “solo” sobra, desde luego, pero no pueden evitar trufar los irremediables reconocimientos de la realidad con fórmulas adversativas. Siguiendo a ATV, los datos ya definitivos, en la tarde del 17 de febrero –los que correspondían a las circunscripciones en las que el ganador aventajaba claramente a sus competidores y estaba por encima del 40% para llevarse los escaños por mayoría- , al atardecer del 17 el Frente Popular ya tenía en su poder 65 escaños, mientras que “la CEDA y sus aliados” quedaban en 51 y el Partido del Centro no tenía ninguna. Otra manifestación clara de cuál era la tendencia. En la mañana del 18 la situación se mantenía con una ampliación de resultados definitivos: 198 escaños para el Frente Popular y 161 para “sus adversarios”, pero ha de notarse que ATV están sumando contra el Frente Popular todo lo que no era Frente Popular.

El 19, cuando se producirá el cambio del gobierno, en el cuarto de aquellos días de febrero, Martínez Barrio y Azaña, y Alcalá Zamora lo aceptaba –desde luego a regañadientes– consideraban que el Frente Popular tenía 217, a 20 de la mayoría absoluta (no de una cincuentena, como de vez en cuando se insinúa en el libro). Azaña se quejó de tener que asumir el gobierno sin saber cuál era su mayoría definitiva, pero no rechazó formar gobierno –ATV citan la queja, pero no consideran el valor de la aceptación– porque a pesar de todo, lo que había quedado claro a lo largo de esos días es que la formación ganadora era el Frente Popular, que podría llegar a la mayoría absoluta o que tenía margen de negociación con otras formaciones políticas –entre ellas el Partido Nacionalista Vasco– para revalidar su gobierno en las nuevas Cortes cuando se constituyeran. Y que la CEDA y Renovación Española, que no tenían acordado ningún programa de gobierno y cuya alianza era fundamentalmente negativa (contra la “revolución”, que nadie que fuera significativo proponía en ese momento) no estaban en condiciones de formar un gobierno que pudiera tener el apoyo final de la cámara; y pero todavía era peor que llegasen a formar un gobierno, que necesariamente habría significado el cierre de la república democrática, como proclamaba con la boca grande Calvo Sotelo, y aceptaban con boca pequeña en la CEDA. Volveremos a la cuestión del resultado final y la mayoría absoluta.

IV

De vuelta a los cuatro días. Desde la tarde del 16 la sensación dominante era la del triunfo del Frente Popular o, si se quiere, la de la derrota de la CEDA, en primer término, que estaba convencida de ganar las elecciones y poder imponer su agenda contrarreformista, y en general del binomio CEDA-monárquicos. Más allá de las manifestaciones parciales a la prensa, de las exageraciones de unos y otros e, incluso, de las intoxicaciones o la evidencia de una inepcia absoluta (la del embajador portugués, que tomó sus deseos por la realidad; compárese con el embajador británico, de un gobierno conservador y muy escorado a la derecha, que validaba aquella cifra de 217 diputados ya en mano) esa era la situación y ella produjo tres respuestas: la primera, que solo desde el sectarismo se puede considerar improcedente, la celebración de los simpatizantes del Frente Popular; la segunda las presiones políticas y militares que muy pronto se ejercieron sobre Portela y, finalmente, la espantada de Portela que enturbió la sucesión gubernamental, pero que nunca la ilegitimó.

Para ATV la respuesta fundamental, la clave de todo lo sucedido fue la primera, considerada no como una celebración –de una victoria deseada, pero no exactamente esperada– sino como una gran maniobra de intimidación, en la práctica un movimiento de acoso al poder, preludio del asalto. Los términos con que describen y califican las manifestaciones reinciden en la ausencia de toda reflexión social en su trabajo, y en un menosprecio de la manifestación popular. Intimidación, instrumentalización, todo es visto como una magna maniobra, dirigida –pues se habla de instrumentalización– para forzar a Portela a abandonar el poder antes de que se completaran las elecciones con los comicios pendientes por no haberse podido celebrar y el recuento completo de votos. Y los incidentes violentos son señalados como una indicación de esa voluntad de desbordar la situación, despreciando en la práctica las reiteradas llamadas a la calma de los dirigentes del Frente Popular e incluso del Comité del Frente Popular. La retórica de los autores exacerba el relato para subrayar la imagen que pretender dar de golpe de masas; apostillando las manifestaciones de Madrid del 16 de febrero y el relevo de autoridades en Cataluña –hecho con toda normalidad, por cierto– concluyen: “de acuerdo con el Gobierno, no pasaba nada, pero empezaba a pasar de todo" (pág. 286). ¿De todo? ¿Qué todo es ese? Y siguen: “la noche del 16 empezaron los desórdenes”; dando una imagen de desorden general, que no correspondió a la realidad – sin negar que en efecto se produjeron incidentes dispersos de desorden -, que ATV necesitan para justificar, y legitimar, la otra cara de la moneda de su relato: la reducción de las presiones de Gil Robles, Franco y más adelante otros generales, a meras “solicitudes” (es el término que utilizan, “solicitaron”) de una respuesta enérgica de orden público, a la altura de la supuesta generalidad y gravedad de esos desórdenes. Desde luego ATV eluden considerar –si no es para ridiculizar, aprovechando fuera de contexto algún comentario de Azaña, poco lúcido por cierto en estas cuestiones militares– que un factor de impulso de esas movilizaciones, y no menor, no fue solo la celebración, y la demanda del cumplimiento de la promesa electoral de amnistía de manera inmediata, sino el temor a que una intervención militar interfiriera lo que estaba pareciendo –por más que no se hubiese confirmado por completo– una victoria del Frente Popular, relativa o absoluta.

La indulgencia, la minimización de la espada militar suspendida sobre la república democrática es uno de los puntos clave de la obra. Minimización que pretende zanjarse a cuenta del término usado por González Calleja de “golpe legal”, sosteniendo que eso es un oxímoron, porque dicen o es golpe o es legal y en cualquier caso nunca se planteó. Dejemos de lado la discusión sobre las palabras y vayamos a los hechos; pero no sin aclarar que en historia ese “golpe legal” no fue ningún oxímoron y que, precisamente, el fascismo se destacó por golpear a la democracia representativa desde la legalidad, para después, con el poder en sus manos sin posibilidad de control popular democrático, cambiar la legalidad en favor de un Estado totalitario que siguió basado en leyes. Lo hizo Mussolini y lo hizo Hitler; y de forma más próxima en el tiempo, y a algunos actores políticos de la España de la época, lo hizo Dollfuss. A los hechos.

Conviene remontarse a un episodio anterior al de febrero de 1936, porque tuvo los mismos protagonistas y entre ellos se intercambiaron reflexiones semejantes. En diciembre de 1935 y según sus propias memorias, Gil Robles, desairado por la negativa de Alcalá Zamora de encomendarle la formación de un nuevo gobierno, para el que el dirigente de la CEDA pensaba que le había llegado ya la hora, reaccionó considerando en firme la posibilidad de un golpe militar. Las palabras de Gil Robles son bien claras, por más que se escudara en que la primera iniciativa le vino de Fanjul, que propuso sublevar la guarnición de Madrid, cosa que según el propio dirigente de la CEDA rechazó no por estar en contra por principio, sino porque “no me parece adecuado el medio que me propone” (No fue posible la paz, págs. 365-366) añadiendo, al parecer, “Hoy no se hacen los pronunciamientos como en el siglo XIX, sobre todo cuando hay que contar con una fuerte reacción de las masas encuadradas en el partido socialista y en la CNT”. Para ATV Gil Robles fue un modelo de demócrata, ¿es esa la respuesta de un demócrata? Pero no solo respondió a Fanjul con argumentos que no condenaban la intervención militar sino que se movían en consideraciones sobre su éxito, sino que encima le dio un encargo. “Ahora bien, si el Ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y se evite el fraude gigantesco de signo revolucionario [Nota mía: se está refiriendo al encargo de gobierno a Portela, no se pierda de vista], yo no constituiré el menor obstáculo”. Y con la condición de que la intervención del ejército se “limitara rigurosamente a restablecer el normal funcionamiento de la mecánica constitucional” (¿?) le envió a consultar “inmediatamente con el jefe del Estado Mayor Central [Franco] y con los generales que más confianza le inspiren”, interpretando a capricho aquello de los mandos naturales, para que “mañana mismo” le diera la contestación. Gil Robles no durmió, dice él: “con ansiedad enorme aguardé el resultado de las conversaciones mantenidas aquella noche por los generales Franco, Fanjul, Varela y Goded”; y finalmente le comunicaron que Franco no había considerado que fuera el momento, o la razón, oportuna. Tras esa respuesta “con amargura infinita” (pag. 367) abandonó Gil Robles el ministerio de la Guerra. En definitiva, el líder de la CEDA había instigado un golpe militar, “transitorio” (¿?), y había fracasado, lo que sintió “con amargura infinita”. La tentación del recurso a la intervención militar no era una invención de la plebe, de las masas frentepopulistas, o de los historiadores que no comparte la ideología de los autores. Por más que los que pensaban en esa intervención no querían verla ni como pronunciamiento, ni como golpe; eran más imaginativos y estaban creando una nueva forma de golpismo, que todavía no tenía nombre.

¿Qué hizo Gil Robles en la madrugada del 16 al 17 de febrero? A esas horas y por mucho que ATV afirmen que ya había empezado todo y que aquella noche ya habían empezado los desórdenes, no había ni de lejos razón suficiente para que se dirigieran a la residencia del gobierno y forzara, a las cuatro de la madrugada, una entrevista en la que le exigió el estado de guerra. Esa fue la primera presión importante que Portela recibió, después desde luego de comprobar el fracaso de la entelequia de su Partido del Centro y es en buena parte a partir de ahí que ha de entenderse la desmoralización de Portela que le llevó a abandonar su puesto. Lo mínimo que ATV habrían de reconocer es la importancia de ese factor, y darle cuando menos la misma que le dieron a las movilizaciones callejeras, sin perder de vista ni un momento una diferencia: estas últimas por sí mismas no podían echarle del gobierno, las presiones militares sí. Gil Robles intentó una segunda edición, adaptada a la nueva circunstancia, de su iniciativa de diciembre. No se limitó a una entrevista política con Portela, a hacerle una “solicitud” sino que extralimitándose de manera absoluta, puenteando al jefe de gobierno y vulnerando las normas democráticas de gobierno, siguió en el papel que se había atribuido de salvapatrias; y como quiera que a Alcalá Zamora, requerido por Portela a instancias de Gil Robles, le había dado de nuevo largas, respondiendo solo que “meditaría” la oportunidad del estado de guerra, alertó por sí mismo al Jefe del Estado Mayor Central, que seguía siendo Franco, para que le acompañara en la presión, este último sobre el Ministro de la Guerra para que llevara la cuestión de la declaración del estado de guerra al Consejo de Ministros que había de reunirse pocas horas después.

¿En nombre de qué autoridad actuaba Gil Robles entrometiéndose en la cadena de mando militar y ministerial? Por otra parte ¿qué grave noticia justificaba en la madrugada del 17 una declaración general de estado de guerra en toda España? Los “desórdenes” no habían desbordado a las fuerzas de orden público, ni se habían extendido a los cuatro puntos cardinales del Estado; como ATV mismo han de reconocer, lo más efectivo contra los disturbios no fueron las cargas, el uso de la porra y el sable, sino el de la política, como se hizo en Cataluña –mal que les pese– y como el propio general Cabanellas hizo en Zaragoza tras comprobar que desplegar el ejército en la calle de la capital aragonesa no acababa con el conflicto, sino que podía hacerlo más graves, por lo que recurrió a retirar ametralladoras y a pactar con el Frente Popular local. La noticia más grave para Gil Robles era… su derrota y la victoria del Frente Popular. La ligereza con que ATV tratan las cuestiones de orden público va pareja de la ligereza política con la que actuó Gil Robles, en diciembre de 1935 y en febrero de 1936. Luego, lo de la aplicación del estado de guerra se convirtió casi en un vodevil, que podría haber sido trágico, pero no porque Alcalá Zamora nunca diera su consentimiento, con lo que nunca pudo haber acuerdo pleno del gobierno, sino porque Franco dio por hecha la declaración y algunos generales de división, por encargo directo de él, empezaron a organizarlo en su territorio.

Finalmente no hubo estado de guerra general. ATV suponen que solo se trataba de una medida normal de orden público; pero era tan desproporcionada que no era de ninguna manera normal. Suponen que su objetivo habría sido asegurar el desenlace final de las elecciones y un escrutinio sin presiones; pero no parece que ese hubiese sido la única consecuencia posible, y también podría haber tenido exactamente la contraria. La que las izquierdas venían temiendo –no sin razones– desde hacía tiempo: que una intervención de fuerza impidiera la consumación de la victoria popular. En su exculpación de Gil Robles y los generales, que intervinieron en ambos episodios, esgrimen argumentos formales desprovistos del contexto: que la declaración del estado de guerra era una medida prevista en la ley de orden público y que no era por tanto el instrumento de un golpe de Estado; eso es una banalidad, que obvia que en julio de 1936 fue uno de los instrumentos formales de la sublevación. Un estado de guerra general el 17 de febrero difícilmente no habría sido considerado, por unos y otros, como un desafío al Frente Popular. El anuncio primero de la posibilidad de la medida y la retirada después pudo incrementar los rumores. Pero no hubo solo rumores y al día siguiente, según Arrarás en información nunca desmentida –otra cosa es que el protagonismo dado a Franco fuera excesivo, pero señalar eso como hacen ATV, que informan de ello en nota y no en cuerpo de texto, no anula la verosimilitud del dato– el 18 de febrero Fanjul, Goded y Rodríguez del Barrio instaron una vez más a Franco para promover un pronunciamiento; no se produjo porque Franco volvió a considerar que no procedía. ATV se sienten satisfechos con Franco, porque consideró que el estado de guerra general correspondía al gobierno, y deducen que se mantuvo leal a éste, limitándose a secundar las iniciativas del gobierno. Cabe precisar, no obstante, que esa lealtad nunca le llevó a poner en evidencia ante sus superiores a los militares golpistas, a los que cuando menos cubrió; que el que correspondiera al gobierno la declaración general del estado de guerra no podía ser una opinión de Franco, era una norma ineludible de la ley de orden público; y que una de las razones por las que Franco tuvo que dar marcha atrás fue también el conocimiento de la posición contraria al estado de guerra general –y no digamos a otras cosas– del Inspector General de la Guardia Civil, el general Pozas, y de la Dirección General de Seguridad, lo que hubiera enfrentado a cualquier militar sublevado con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, lo que ponía en serio peligro la intervención militar unilateral. No en vano, entre los rumores también empezó a circular aquellos días el del traslado de tropas de África a la península; estos sin fundamento, todavía.

ATV, tan descuidados en su análisis de los comportamientos militares, miran con lupa todos las manifestaciones e incidentes de aquellos cuatro días, mezclando hechos ciertamente graves localmente con otros que no tendrían que estar presentes en una crónica de problemas de orden público, como el ejemplo de la petición de la Guardia Civil en la provincia de Cuenca para que les enviaran refuerzos para controlar a los que se manifestaban con banderas rojas y puños en alto, si más amenaza que se produjera. Y añaden los conflictos en las prisiones a la lista de acciones de intimidación, sin caer en la cuenta que éstos se produjeron en gran parte por la absoluta falta de previsión del gobierno Portela, que se preocupó al detalle de prever una jornada electoral en orden, pero no previó lo que habría de pasar en las horas y días siguientes. Convencido del triunfo de la derecha y del éxito suficiente de su proyecto centrista no había previsto el escenario contrario, el que se dio, y marchó siempre por detrás de los acontecimientos. Eso, sin embargo fue el demérito de Portela, no el supuesto “mérito” de la movilización social. Y desde luego, lo que ATV son incapaces de reconocer es el esfuerzo del Frente Popular por reducir al mínimo los desórdenes mediante lo único que estaba a su alcance, los llamamientos a la calma; eso reduciría su hipótesis de la manifestaciones instrumentalizadas y la intimidación subversiva, de manera que tienen que inventarse un nuevo juicio de intención : “Con todo, la línea que separaba las llamadas a la prudencia de la aspiración a hacer caer al Gobierno, cambiar los ayuntamientos y precipitar la salida de los presos de las cárceles era muy tenue. Porque difícilmente podía resistirse una presión en forma de manifestación si los dirigentes de la izquierda obrera no establecían como prioridad la desmovilización hasta que se constituyeran las nuevas Cortes” (pág. 298). Con todos los respetos pretender esa prioridad es una majadería; la prioridad para la izquierda, obrera o no obrera, era que no se le escamoteara una victoria que tenía al alcance de las manos por cualquier maniobra militar y política.

Los problemas de orden público provocaron la marcha de Portela, insisten una y otra vez ATV; no es cierto, y en el peor de los casos no fueron solo esos problemas. Portela marchó porque fue personalmente incapaz de superar su fracaso y de superar las presiones que de inmediato recibió, porque no tenía ninguna autoridad (tenía ya bien poca cuando recibió el encargo de gobierno, y conseguirla dependía del éxito que tuviera en su maniobra “centrista”); y las presiones más difíciles de superar no eran las de “las masas”, sino las de los militares que despreciaban la democracia, la de las derechas que despreciaron las elecciones y sus resultados, desde luego las monárquicas pero no pocos de los que había también en las filas del primero que empezó a presionar, antes que nadie, en la madrugada del 17 de febrero, Gil Robles. El 18 los incidentes empezaron a remitir, aunque al mediodía al gobierno llegaron noticias de nuevos episodios; los que enumeran ATV tienen ya mucho menor intensidad y gravedad que el día anterior, pero eso no obsta para que supongan que para Portela “eran sintomáticos de lo que estaba por desencadenarse”. Y, dejando siempre a salvo a los militares cuando hay que concluir, insisten: “para nadie fue un secreto a voces que el traspaso del poder a las izquierdas fue anormal, fruto de una presión callejera y mediática a la que Portela no había sabido resistir” (pag. 312).

Portela mostró en su abandono la misma incapacidad que había demostrado como gobernante y su espantada estimuló la de muchos de sus gobernadores y de sus delegados gubernativos. Fue entonces cuando el orden público quedó por horas fuera de control, en la transición de un gobierno a otro y la instauración por parte del Gobierno de una nueva red de gobernadores y delegados, improvisado y precipitados, incluido el Ministro de la Gobernación, Amós Salvador, que nunca había querido para sí esa responsabilidad. Entre el 19 y el 20 se contaron 16 muertos, aunque las dos terceras partes de ellos lo fueron como consecuencia de acciones de las fuerzas de orden. Luego, con las medidas políticas del gobierno Azaña, se inició de nuevo el descenso de la violencia, pero a ATV les sigue costando reconocer lo evidente: “Comparada con la oleada de violencia que se había producido en los días 19 y 20, ciertamente el orden público mejoró algo las jornadas siguientes, si bien no regresó ni mucho menos a una situación normalizad” (pág. 343). No hace falta insistir en la réplica, el discurso de ATV sigue por el mismo camino: acumulación de episodios cuyo conjunto, heterogéneo, se eleva a categoría general de acusación al Frente Popular y al gobierno de Azaña, juicio de intención permanente,… Los cuatro días de febrero irían a enlazar con la imagen de una primavera de desorden y sangre, que es la esgrimida por la derecha que ha tomado ya el camino de la subversión para abonarla y legitimarla. Aquí acaba este supuesto segundo vuelco en la interpretación de la historia en la que el amontonamiento de episodios de movilización, confrontación, desorden, etc., en un totum revolutum que solo tiene un culpable sirve para introducir una tesis fundamental: las izquierdas se habrían aferrado a las primeras noticias incompletas de victoria para “sacar al gobierno” ponerse ellas en el poder y desde él manipular la continuación del proceso electoral para atribuirse una fraudulenta e ilegítima mayoría. No es una tesis tan original, pero ya va siendo hora de que repasemos las cuentas de los resultados electorales y veamos si hubo tamaño fraude y tamaño escamoteo de resultado general.

V

La exposición de la celebración de los comicios pendientes y del proceso final de escrutinio repite el método de descripción densa categorizada para justificar la conclusión de que la relativamente aceptable jornada electoral del 16 fue enturbiada por todo lo que después sucedió, a impulso primero de la movilización –convertida en pura intimidación– y de la gestión gubernamental a partir de 1919, de un gobierno que ATV no se atreven a calificar de ilegítimo pero que consideran que nunca debería haberse constituido; sin, por otra parte, plantearse en serio qué otro gobierno era posible en ese momento. En esta parte, además, se introduce una constante alusión a la ley, a la legalidad, a las normas jurídicas, a menudo enfrentándolas a la política en la concepción más débil del Estado de derecho. Es un tema complejo que no cabe en esta réplica, pero sí es necesario señalar, por lo menos, que la alusión a la legalidad, la invocación de la ley electoral y de la supremacía de lo jurídico sobre lo político frecuentemente se utiliza de manera incorrecta. Hay tres muestras principales de ello: la consideración de la celebración de los comicios pendientes en situación de movilización, las decisiones de las juntas de escrutinio y las decisiones de las Cortes en la validación definitiva de las actas protestadas.

Sobre la primera cuestión hay una repetida consideración de que algunas elecciones pendientes no tendrían que haberse celebrado en el clima de manifestación, llegándose a afirmar en el caso de Málaga y las elecciones pendientes del 20 de febrero “la ilegalidad manifiesta de celebrar elecciones en medio de manifestaciones y violencias, que contravenía explícitamente dos artículos de la ley electoral” (pág. 394); esos dos artículos eran el 67 y el 69.7. La acusación no es baladí porque supondría una prevaricación por parte del nuevo gobierno de Azaña, pero es falsa. Puede considerarse la conveniencia política de celebrar o no aquellas elecciones y optar por el mal menor – no tengo ninguna duda de que el mal mayor habría sido no celebrarlas– pero no invocar esos artículos porque ninguno de ellos establece lo que ATV pretenden, esa “ilegalidad manifiesta”: ambos se refieren a las sanciones penales que pueden recaer sobre quienes coacciones un proceso electoral. El 67 dice así “Todo acto, omisión o manifestación contrarios a esta ley o a disposiciones de carácter general dictadas para su ejecución que, no comprendido en los anteriores, tenga por objeto cohibir o ejercer presión sobre los electores para que no usen su derecho, o lo ejerciten contra su voluntad fin de que voten o dejen de votar candidaturas determinadas, constituye delito de coacción electoral y si no estuviere previsto y penado en el Código penal con sanción más grave, será castigado con una multa de 125 a 2 500 pesetas”. El 69 aclara que “Incurrirán también en las penas señaladas en el artículo 67, cuando no les fueran aplicables otras más graves con arreglo a lo dispuesto en el Código penal: (…) “El que de cualquier otro modo no previsto en esta ley, impida o dificulte que un elector ejercite sus derechos o cumpla sus deberes”. En ningún caso se refieren a otra cosa que a la sanción penal de los actos, nada dicen sobre la celebración de las elecciones; al acusación de “ilegalidad manifiesta” es una manifiesta calumnia. Tampoco es correcta la recurrente consideración sobre “las prescripciones legales” (por ejemplo, pág. 393-394) para que las Juntas de escrutinio contabilizaran las certificaciones de los candidatos cuando no hubiesen datos o los disponibles no fueran procedentes, de acuerdo según ellos con el artículo 51 de la Ley electoral; en este caso incurren en una interpretación exagerada de la ley, que no prescribe – ordena – el uso de esos certificados sino que considera la posibilidad de su uso, quedando por tanto a criterio de la Junta hacerlo o no : “Si faltase el acta de alguna sección podrá suplirse con el certificado de la misma, que presentará el candidato o apoderado suyo en forma”; que el uso era potestativo y no prescriptivo se repite en la Circular de la Junta Central del Censo Electoral de 2 de julio de 1921. Se puede lamentar que la Ley electoral fuera en esta cuestión poco taxativa, pero era la ley vigente; ATV no pueden recriminar invocando la legalidad que las Juntas de escrutinio no utilizaran siempre, por principio prescriptivo, esos certificados y todavía menos que los utilizaran como pretenden en el caso de Cáceres para sustituir las actas que habían llegado en sobres abiertos a la Junta con lo que, como ellos sostienen tenían que haber sido proclamados siete diputados de la derecha y dos del Frente popular y no al revés, como se proclamaron.

Finalmente, el rechazo constante al uso del “criterio moral” en la definitiva decisión sobre las actas por parte de las Cortes y la invocación de que el único criterio que las Cortes tenían que considerar era el jurídico obvia que una de las principales modificaciones de la Ley electoral, que era de 1907, aprobada en 1931 era la que sustituía al Tribunal Supremo, que sí tenía que ceñirse al normas jurídicas, como instancia de resolución de las protestas por las Cortes, a las que corresponde un criterio político soberano. ATV pueden discrepar del contenido de la ley, pero no utilizarla a capricho en beneficio de sus argumentos, ni siquiera en el caso de que sus argumentos fueran los únicos correctos, que no es el caso. La Ley electoral de 1907 con las enmiendas de 1931 y 1933 era discutible y perfectible, pero era la vigente. Entre otras cosas porque ni siquiera en la CEDA se pusieron de acuerdo en 1934-1935 sobre cómo modificarla; de manera que en la validación final de las actas de diputados siguió prescribiendo -ahora sí es esa la palabra– una decisión soberana, por consiguiente política fundamentalmente, de las Cortes que actuaba en esta cuestión si se quiere en términos de convención en una etapa que era todavía de construcción de la República.

Y, en definitiva ¿cuál fue el resultado? Tras una exposición farragosa, fragmentada en tiempos y repetitiva, a la que habría convenido una sistematización final por distritos electorales en beneficio del lector, la conclusión a la que se llega –quizás algo mareado por la proliferación de detalles elevados a categoría y de “digo y no digo”- es que finalizada una primera vuelta, el escrutinio adjudicó al Frente Popular 259 escaños, veintidós por encima de la mayoría, en tanto que la suma de todas las derechas “antirrevolucionarias” quedaban cien escaños por debajo, si se incluían en ella los conseguidos por la Lliga, que compartiendo posiciones “antirrevolucionarias” no formó un bloque claro con la CEDA y los monárquicos. Desde luego la ley electoral había primado – como se preveía – la formación de una clara mayoría parlamentaria, muy por encima de la proporcionalidad de los votos; había ocurrido en 1933 y volvía a ocurrir en 1936, con beneficiarios distintos. ATV establecen una nueva cuantificación de votos, algo distinta a la de Tusell, basada según dicen en dos diferencias de criterios: que mientras Tusell se basó sobre todo en datos de prensa y poco en los proporcionados por los boletines oficiales, ellos lo han hecho en exclusiva sobre los datos documentados en el Congreso de Diputados; que en la adjudicación de votos a candidaturas políticas (muy problemático en el sistema electoral de la república en el que el votante podía mezclar votos de diferentes candidaturas) Tusell había optado por sumar los candidatos más votados que aspiraban a mayoría, mientras que ellos han hecho una media aritmética de los votos. El resultado es que los datos de ATV reducen la votación del Frente Popular y aumentan la del resto, haciendo todavía más apretado el resultado; no es una consecuencia jurídicamente trascendente –por la ley electoral– pero si tiene una de imagen política, pero es imposible entrar en esta cuestión porque ATV no detallan qué corresponde al uso de la media aritmética (que también es discutible) ni cuáles son las diferencias brutas entre los datos de las fuentes.

Dejemos los votos y volvamos a los diputados. Esos 259 del Frente Popular, que todavía podían verse aumentados por cuanto en segunda vuelta se disputarían una veintena y el Frente Popular tenía opciones de mayorías en Castellón y alguna de minorías en las provincias vascas, ¿hasta qué punto correspondían a resultados “enturbiados” por los sucesos posteriores al 16 de febrero? Es innegable que en las elecciones y en el escrutinio se produjeron irregularidades, pero lo fundamental no es eso – que nadie niega, ni lo negó Tusell en su trabajo – sino si fueron de tal calibre como para darle al Frente Popular la mayoría y la mayoría absoluta sin haberlo merecido con el voto limpio. Haciendo el resumen, que ATV no facilitan, de todas las incidencias descritas, resulta finalmente que las circunscripciones conflictivas, en las que se podrían haber producido pucherazo significativo en el voto o en el escrutinio son algo más de una media docena. ATV incluyen en su relato de conflictos a Alicante, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Las Palmas, Murcia, Vizcaya y Málaga, pero en ninguna de ellas hay realmente caso fehaciente de delito electoral. En las cuatro primeras lo que hubo fue pactos entre candidaturas del Frente Popular y de los centristas, o de estos y los “republicanos progresistas” en perjuicio de la CEDA, orientando a sus electores al ejercicio del voto compuesto para minimizar lo que pudieran sumar las listas de la derecha; eso puede ser motivo de debate político, pero nada más, y además ese tipo de pactos locales no era infrecuente. Como ATV reconocen “deslealtad no equivale a ilegalidad”; tendrían que haber obrado en consecuencia no incluyendo esas circunscripciones en el relato de la duda sobre la victoria del Frente Popular. En Jaén, pasara lo que pasase no tuvo suficiente entidad como para poner en cuestión el resultado que se dio, los candidatos de la CEDA aceptaron el resultado. En Las Palmas, las denuncias no tienen más base documental que la de la prensa de derechas y no creo que pueda, sin más, incorporarse a la lista de los resultados discutibles, a menos que demos toda la verosimilitud a todas las informaciones de prensa, incluidas las de la izquierda, lo que sería de no acabar; el conflicto mayor estuvo en la desunión de las derechas, que dieron la votación por mayorías por perdida e intentaron descabalgar a Guerra del Río, de la opción por minorías, y solo consiguieron reforzar la victoria del Frente Popular; en cualquier caso fue una pugna entre radicales y cedistas. En Murcia-provincia, ATV reconocen que las irregularidades que se produjeron de haberse rectificado no habrían variado el resultado, que daban sin ninguna duda el triunfo al Frente Popular por mayorías y a los centristas las minorías en perjuicio de la CEDA. Tampoco hay caso. Como no lo hubo en Vizcaya, donde lo que se señala son presiones de los nacionalistas sobre los tradicionalistas. También es más que discutible que la elección por minorías en la ciudad de Málaga, a pesar de las manifestaciones y de las irregularidades hubiesen dado un resultado diferente al que dieron; el contrincante del Frente Popular se había retirado y el candidato del Frente Popular no necesitó más que la mitad de los votos que obtuvo para hacerse con el escaño; otro caso en que hubo problemas, pero en los que solo sobre la especulación se pueden concluir que esos problemas cambiaron por completo el desenlace.

De manera que donde pudo haber caso, siempre según el relato de ATV, fue en Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Valencia-provincia y en general en Galicia, lo que, por cierto era poca novedad. En todos ellos las irregularidades son indiscutibles, no obstante su sustanciación y la realización de un nuevo escrutinio y una nueva propuesta de adjudicación de escaños, que es lo que hacen ATV no deja de ser problemático y en algún caso una especulación sin base indiscutible. Lo es de manera particular en el caso de Cáceres: el vuelco del reparto de escaños que proponen se basa en dar por supuesto que la Junta tenía por ley que haber contado las certificaciones de los candidatos conservadores y no haber votado la aceptación de las actas que venían en los sobres abiertos (ya se ha dicho que no existía tal obligación legal, sino una facultad que la Junta por mayoría decidió utilizar en un determinado sentido); ATV contabilizan siempre los votos en disputa adjudicándolos en beneficio de la derecha (lo que es indemostrable); y esgrimen como argumento también el antecedente de los datos electorales de 1933, lo cual es estadísticamente una barbaridad –por no hablar del contexto diferente-, para dar por sentado un antecedente electoral tendríamos que sumar más elementos de comparación, lo cual también es imposible. Como hipótesis no es imposible que alguna corrección de datos hubiera proporcionado también una corrección parcial de resultados, pero no es sostenible que esas correcciones hubiesen llegado, si o si, a la corrección completa pasando el Frente Popular de 7 a 5 diputados y sus antagonistas de 2 a 7. Algo similar ocurre en Valencia-provincia, donde a falta de algunos datos por incorporar de unas ocho poblaciones el resultado oficioso daba una ligera ventaja al Frente Popular de 400 votos (“empate técnico”, lo llaman impropiamente ATV, dado que un solo voto decidía el reparto por mayoría o por minoría). Sin tener todos los datos de los 5 municipios que no se contabilizaron, ni de tres mesas de otros tres municipios, y contando solo con los de tres deciden ATV se aventuran– aunque lo hagan en nota y no en cuerpo de texto – a una atribución diferente de escaños que les supondría al Frente Popular la pérdida de dos escaños; teniendo en cuenta que la diferencia entre el último de la CEDA al que ellos atribuyen escaño y el primero del Frente Popular al que se lo niegan era de 75 votos, con solo los datos de tres pueblos –y encima sin hacer en ellos ninguna discriminación– no es procedente el intercambio de escaños (los pueblos de los que no consiguieron datos sumaban una población de 3 358, y los de las mesas que faltaban –cuyo censo de votantes no conocemos– sumaban 26 000 habitantes). Y por cierto, en favor de sus argumentaciones utilizan un testimonio viciado de Luis Larrea ante la comisión franquista del Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, que en otras partes del libro pretenden no seguir. Mayores argumentos son los que aparecen en las provincias gallegas y en Santa Cruz de Tenerife.

Para la conclusión general no hay que insistir en los detalles. Concediendo a ATV, por hipótesis formal, el crédito absoluto en los cambios de adjudicación que proponen para estos últimos casos, el Frente popular habría perdido una docena de escaños (8 en La Coruña, 2 en Lugo y 2 en Santa Cruz de Tenerife), con lo que la mayoría del Frente Popular se habría mantenido, aun reduciéndose, en términos de absoluta con 247 escaños. El “fraude y la violencia”-real y lamentable, pero que no era algo congénito a las izquierdas y el Frente Popular como se está de hecho sugiriendo- no habría llegado para dar lugar a un resultado ilegítimo. Incluso si concediéramos todo el crédito a ATV en los casos de Cáceres, Valencia-provincia y Málaga-ciudad -lo cual no es posible, como he argumentado- el total de escaños perdidos sería de 20, los 12 anteriores más otros 8 (5 de Cáceres, 2 de Valencia-provincia, 1 de Málaga-ciudad); por poco, pero el Frente Popular antes de la segunda vuelta habría tenido ya la mayoría absoluta. Tras la segunda vuelta el Frente Popular sumó a esa mayoría absoluta 8 diputados más; el resto se quedó con 206, pero todos esos escaños no eran antagónicos por completo al Frente Popular, y menos si su gobierno era republicano y su programa se mantenía en los términos del programa electoral.

VI

Las Cortes que se reunieron a mediados de marzo, eran legítimas, y la mayoría absoluta en ellas era, por corta que quiera considerarse, absolutamente real y legítima. El Frente Popular había vencido legal y políticamente y no cabe poner en interrogantes esa victoria, por mucho detalle que se acumule en una inconfesada pequeña causa general contra las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Luego las Cortes actuaron, en pleno ejercicio de soberanía absoluta al que han de someterse el resto de poderes, tomando decisiones de validación, y algunas decisiones de anulación. El debate puede considerarse a manera de metáfora como una “tercera vuelta”, pero solo como metáfora, las vueltas electorales ya estaban hechas. Eso, en su peculiar estilo lo reconocen ATV al examinar la actuación de la Comisión de Actas de las Cortes: “El Frente popular sumó con las nulidades parciales 6 escaños, si bien las totales de Cuenca y Granada les acabarían otorgando 17 más. El partidismo de la Comisión de Actas había contribuido ciertamente a reforzar el cupo de escaños del Frente Popular. Pero no fabricó una mayoría que era ya una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso. De ahí que todos los grupos conservadores acabaran aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado” (pag. 496). El debate en Cortes sirvió para cerrar formalmente el resultado de las elecciones y para abrir al propio tiempo el nuevo curso de debate político. El partidismo de la Comisión de Actas no fue un pecado de la izquierda, formaba parte del diseño de la Cortes como cámara de apelación de protestas; visto en la perspectiva de hoy ese un grave problema del sistema, pero la perspectiva de entonces era la que imponía el estado inicial de construcción de un sistema democrático, como todavía no había existido en España, por más que muchos se empeñen en confundir parlamentarismo liberal con democracia y pretendan que ese estado democrático lo era ya la Monarquía restaurada. El partidismo estuvo en el debate de la Comisión de Actas por parte del Frente Popular y por parte de las oposiciones; las Cortes se constituían sobre una base de representación partidaria y difícilmente podría haber actuado de otra manera.

Parte de lo que ocurrió discutiendo las actas perteneció ya al nuevo discurso político de unos y otros, también de los que concluyeron después de febrero que el intento de contrarreforma desde la ley no era posible y que había que ir ya a la solución final de la sublevación, amagada con intentos de golpes blandos que no habían llegado a materializarse. Y formó parte del nuevo curso político el incidente que más empañó ese debate, que ya no era materialmente decisivo pero que tenía un valor político trascendente para el futuro. El incidente doble de la retirada puntual de la CEDA de la Comisión de Actas y de las Cortes, que constituyó un acto de irresponsabilidad política, como reconocen ATV, perjudicando la imagen de las Cortes y perjudicando al propio tiempo a la CEDA, y la dimisión de Prieto, que ATV manipulan en favor de su exposición. Escriben ATV: “el problema de fondo era que Prieto se oponía a afrontar la anulación de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cáceres y La Coruña”. No sé cuál es su fuente documental. Lo que reflejan las actas del Grupo Parlamentario Socialista, del 26 y 31 de marzo (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias), no es exactamente eso. El 26 Prieto comunicó a sus compañeros que consideraba “absolutamente indefendibles” las actas de La Coruña y las comparó con las de Salamanca y en esa misma reunión se informó que Azaña era partidario de anular las de La Coruña, Granda y “si acaso Ciudad Real”. La discusión que siguió en ningún momento introdujo la cuestión de Cáceres, ni tampoco se puso en cuestión que las de Granada tuvieran que anularse; el debate fue en torno a las elecciones gallegas. En la siguiente reunión Prieto dio cuenta de la anulación de Granada y anunció que dimitía por oponerse a la validación de las actas de La Coruña, que suponía la elección de Casares Quiroga, e insistió en ello, al tiempo que ratificaba su acuerdo con todas las actas firmadas. En el curso del debate quedó claro que su dimisión era por negarse a aceptar la presión republicana para la validación de las actas de La Coruña y por la división socialista que estaba contaminando también la actuación de los representantes socialistas en la Comisión de Actas; el enfrentamiento con el caballerista Rufilanchas era evidente. Actuó como lo haría meses más tarde, viéndose en minoría y dispuesto a acatar la decisión de la mayoría pero no a hacer de portavoz y defensor de una posición que no compartía. Ni Cáceres ni Granada estuvieron en el debate interno, y sí Salamanca, sobre cuya anulación general Prieto no encontró motivos suficientes, aunque sí para alguna medida parcial. La dimisión de Prieto se ha esgrimido muchas veces como prueba de la mala conciencia de una parte de los socialistas, los más moderados, sobre las resoluciones de la Comisión de Actas y esa imagen planea también en el texto de ATV; pero parece que el motivo mayor fue la división interna y la gota que colmó el vaso la cuestión de La Coruña. En cualquier caso ese no era un problema de las “elecciones del 16 de febrero” sino de los socialistas, cuya división fue, sin duda, el peor fuego amigo que recibió el Frente Popular.

Tras la dimisión de Prieto el debate siguió y concluyó en los asuntos más peliagudos de los que Prieto se apartó como figura principal: las actas de Galicia, las que implicaban los escaños de Casares Quiroga, de Portela, y también de Calvo Sotelo. La mayor parte de las decisiones mantuvieron los resultados del escrutinio y solo se acordó la nulidad general de dos distritos, Granada y Cuenca. No cansaré alargando este texto con la crítica al examen que ATV hacen a las decisiones sobre esas dos anulaciones, me limitaré a invitar que se compare el comentario que Tusell hizo en su día y el de ATV: para Tusell había razones suficientes que abonaban la acusación de las izquierdas sobre las coacciones derechistas en Granada, no era así en el caso de Cuenca. ATV no me han dado argumentos para pensar que ese juicio de Tusell fuese acertado. Como fue pertinente que Tusell recordase que la anulación de las elecciones de Cuenca se vio favorecida por el abandono del pleno por parte de la mayoría de la derecha. De cualquier forma las elecciones de Granada y Cuenca ya no podían cambiar nada sustancial y en cualquier caso, su resultado definitivo habría de salir de unas nuevas elecciones, el 3 de mayo, en las que el Frente Popular llevaba las de ganar en Granada y las de perder en Cuenca. Lo que sucedió, dando el triunfo general a las candidaturas del Frente Popular, no tuvieron ya nada que ver con las elecciones de febrero, sino con la decisión de la derecha de sumarse al carro de la conspiración: se aliaron con Falange, proponiéndolo como candidato, y dirigieron un mensaje negativo a sus partidarios, de desprecio de la República, retirándose de las elecciones en Granada y confundiendo con sus listas en Cuenca, en las que incorporaron a José Antonio Primo de Rivera y a Franco. Su historia ya no pertenece a la historia de febrero de 1936, sino a la de julio; los conspiradores habían empezado a reunirse en marzo en casa del diputado de la CEDA, José Delgado, y Gil Robles que ya no estaba en condiciones de instigar nada optó por no quedarse totalmente al margen, poniendo su granito de arena –su aportación económica– al proceso conspirativo; él tampoco quiso la paz.

17/04/2017





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