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Energía nuclear
Iberdrola quiere construir un almacén de residuos en la central nuclear con más incidencias del Estado
03/04/2017 | Paula Durán

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En marzo de 1973, en pleno auge y proliferación de las centrales nucleares en el Estado español, en las postrimerías del franquismo, que planteaba la energía atómica como solución a los graves problemas energéticos, empezó a gestarse el proyecto de Cofrentes. La zona elegida, muy cerca de la localidad, del volcán de Cofrentes y de la margen derecha del río Júcar, es un espacio inscrito en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de ser un paraje con una elevada peligrosidad de inundaciones. Pese a ello, después de diez años de obras, en octubre de 1984 entraría en servicio la central nuclear de Cofrentes.

Después de décadas de sucesivas prórrogas del Permiso de Explotación Provisional de la central, en 2011 caducaba la última licencia, que coincidía con el fatídico accidente de Fukushima. Sin embargo, pese a la férrea oposición de la plataforma ecologista Tanquem Cofrents –que acabó con 17 activistas encausadas– y la entonces reciente fuga radioactiva, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió alargar su vida por diez años más, hasta 2021.

Hoy en día, el estado de envejecimiento de la central se presenta como un problema estructural de difícil solución. Según las voces ecologistas, la única opción viable es el cierre, desmantelamiento y tratamiento de los residuos generados durante los 32 años de funcionamiento de la central. Todo ello, alertan, antes de que se produzca cualquier accidente grave o irreversible. Y es que, tan solo en los últimos quince años, la central nuclear de Cofrentes ha sido la que más accidentes, o, según la terminología de la industria nuclear, sucesos, ha sufrido de todo el Estado, con más de 200 registros y decenas de paradas no programadas.

Tanquem Cofrents vuelve a la acción

Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, a propuesta del gobierno español, iba a convertirse en el futuro cementerio nuclear del Estado, pero como se trata de una zona de geología inestable, el proyecto quedó paralizado. Tras esta decisión, el pasado mes de octubre la empresa Iberdrola, propietaria de la central de Cofrentes, inició los trámites para construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en los terrenos de la central, mediante una solicitud al ministerio de Industria, Energía y Turismo. El depósito pretende albergar los residuos nucleares que ya no caben en las piscinas de agua del interior de la central. Estas piscinas son una instalación imprescindible para evitar la contaminación radioactiva del aire y los accidentes nucleares graves, ya que su estructura aísla las radiaciones que provocan los materiales radioactivos gastados.

A raíz de la decisión, en enero, numerosas organizaciones ecologistas y algunos sindicatos del País Valencià relanzaron la plataforma Tanquem Cofrents. El objetivo ahora es parar la construcción del ATI, ya que, explican, estos almacenes sirven a las propietarias de las nucleares para alargar la vida de las centrales del Estado más allá de los 40 años de vida útil, medida de seguridad establecida cuando se crearon. Pep de la Rubia, coordinador de Ecologistes en Acció del País Valencià, comenta que “la normativa determina que han de prever con antelación el espacio de las piscinas, ya que se trata de un material muy peligroso que no puede depositarse en cualquier lugar”, pero “no sabemos a ciencia cierta si es verdad que no tienen suficiente espacio en las piscinas para llegar hasta el año 2019 o 2021, cuando caduque el permiso de explotación”.

Después de sacar el proyecto a exposición pública, diversos colectivos ecologistas presentaron un listado de observaciones sobre el proyecto de Iberdrola, dirigidas al ministerio español. Entre ellas, subrayan la incongruencia que supone aprovechar los frutos de la energía nuclear respecto de la peligrosa herencia que deja para las generaciones futuras, con residuos –como el uranio o el plutonio– que pueden tardar cientos de miles de años en desintegrarse. También alertan del hecho de que Iberdrola pagaría solamente hasta 1 200 millones de euros en caso de accidente nuclear máximo, mientras que las pérdidas podrían ser cien mil veces superiores; la falta de un estudio de impacto ambiental sobre la zona en que ha de construirse el ATI y el estado envejecido y caduco de las instalaciones de la central, “con miles de dispositivos y materiales sometidos a condiciones de extrema presión, temperatura y radioactividad” que aumentan cada día la probabilidad de sufrir un fallo grave que ocasione un accidente máximo.

El riesgo de una nueva Fukushima

Las piscinas de la central de Cofrentes se abastecen y refrigeran gracias al agua del río Júcar, una fuente aparentemente segura que puede volverse en contra en cualquier momento. La hipótesis ya se verificó en 1982, durante las obras de construcción de la central, cuando las lluvias torrenciales que desbordaron el río y provocaron la Pantanà de Tous –la gran inundación y la rotura de la presa de Tous–, también inundaron por completo todas las instalaciones del recinto y mataron a nueve trabajadores. Por suerte para la seguridad nuclear, la construcción iba con retraso y la central todavía no estaba activa.

La historia podría repetirse. Por esta razón, y con motivo del sexto aniversario del accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, el pasado 11 de marzo, un grupo de activistas de Marfull-Acció Ecologista Agró y de la plataforma Tanquem Cofrents se desplazaron hasta la presa del embalse de Contreras para llevar a cabo una acción directa no violenta. En las pancartas desplegadas a lo largo de la infraestructura hidráulica se podía leer que, si la presa llegara a romperse, Cofrentes pasaría a ser una nueva Fukushima. Además, desde Marfull aseguraron que se trata de un riesgo doble, porque también podría producirse un accidente en el otro embalse, el de Alarcón.

Asimismo, la central se halla ubicada en una zona inundable según el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana). “En las alegaciones que presentamos contra el ATI expusimos que, en el estudio que aporta Iberdrola para construir el almacén, se afirma que la base del almacén se queda a cuatro centímetros por encima del peligro de inundación, como si eso fuera suficiente para salvaguardar una zona que es propensa a sufrir los efectos de la gota fría”, relata De la Rubia indignado. “Esto demuestra qué les pesa más, el beneficio o la seguridad nuclear”, concluye.

De la misma manera, el río Júcar, el más largo de los que atraviesan el País Valencià, es una fuente importante para la economía y el sustento de los habitantes de la Ribera, así como para la población de l’Horta y de la capital misma. Por tanto, en caso de una fuga de material radioactivo o de un accidente similar, tanto la gente que convive con el río, como el sector primario con que subsisten miles de familias, se verían gravemente afectadas y habría pocas posibilidades de solucionar una contaminación de estas características.

El negocio de las nucleares

En todo el Estado español se consume en promedio un total de 40 o 42 gigawatios (GW) de luz al día. No obstante, en la producción diaria hay un exceso de oferta con más de 100 GW y, por tanto, el uso y la justificación de la energía nuclear por parte de Iberdrola no responde a una demanda de energía eléctrica real. Igual que con la eólica o los vastos huertos de placas solares, también de su propiedad o como principal accionista, según De la Rubia “Iberdrola y el resto de grandes corporaciones como Endesa dominan y manejan el mercado en su propio interés y, además, reciben subvención del Estado”. Hay que añadir que estas empresas cobran más caro el kilowatio que lo que ha costado producirlo: hasta siete u ocho veces más, unas cifras que sitúan el precio de la energía eléctrica como el tercero más caro de Europa.

Asimismo, las plantas de ciclo combinado del País Valencià, situadas en Castellón y en el Puerto de Sagunto, han de interrumpir a menudo su producción debido al exceso de energía eléctrica que se genera en la nuclear de Cofrentes –activa durante las 24 horas del día–, sobre todo de noche, ya que el consumo de energía eléctrica es más elevado durante el día. Por otro lado, las cifras demuestran que la energía que se produce en ambas plantas podría sustituir a la nuclear, “pero las plantas de ciclo combinado no se crearon para sustituir a otras fuentes como las nucleares, es decir, no se construyeron a cambio de cerrar Cofrentes por peligrosidad, sino que son otro negocio más de estas empresas”, destaca De la Rubia.

Todo esto hace que la exigencia de los ecologistas de cerrar Cofrentes se diluya en una serie de intereses que ni siquiera responden a una demanda energética real. “La nuclear está completamente amortizada, y por eso todo lo que produce son beneficios y a Iberdrola le interesa tener negocios tan rentables”, señala De la Rubia. Además, según los ecologistas, el beneficio que saca la empresa, cada día, de la central nuclear de Cofrentes es de un millón de euros. “Eso es mucho dinero y se aferrarán con uñas y dientes al discurso de que las nucleares son seguras para mantener este negocio”, sentencia el activista.

El Consejo de Seguridad Nuclear, en tela de juicio

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) presentó, el pasado mes de octubre y ante la Secretaría de las Cortes Generales del Congreso de Diputados, un informe sobre la situación actual en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El grupo de profesionales exponen en un documento de siete páginas lo que consideran “un grave deterioro de la función reguladora de este organismo”, debido, sobre todo, a las actuaciones de los gestores que entraron en la cúpula directiva en 2013. La ASTECSN denuncia la deriva que ha seguido el CSN, marcada por “la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, para no perjudicar intereses espurios, y las presiones sobre los técnicos evaluadores”.

Al mismo tiempo advierten de las consecuencias “impredecibles y alejadas de la función reguladora, tanto en el ambiente de trabajo como en la propia seguridad nuclear y protección radiológica”, fines para los cuales se creó el organismo, y señala que la actual directiva del CSN pretende una desregulación nuclear para evitar que se lleven a cabo tantas inspecciones de seguridad. La presidencia del CSN la ocupa Fernando Martí Scharfhausen, conocido por ser miembro declarado del Opus Dei, por haber estado durante muchos años en Repsol, haber sido vicepresidente del Consejo Nacional de Energía (CNE) y ocupado el cargo de secretario de Estado de Energía durante los primeros años de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Posteriormente sería designado presidente del Consejo de Seguridad Nuclear para un periodo de seis años, cargo que mantiene hasta hoy.

“El CSN está entorpeciendo las tareas de los técnicos y profesionales de las nucleares y está cayendo en una deriva muy peligrosa para la seguridad y la salud de todas nosotras”, remarca De la Rubia. “Parece que más que ser un consejo de seguridad nuclear, que vela por el medio ambiente y por la vida de las personas, es un consejo para asegurar el beneficio de las empresas que gestionan las centrales nucleares”, advierte. La Asociación Profesional también ha puesto el grito en el cielo porque el CSN está relajando las inspecciones, dejando que sean las propias centrales las que, si ven fallos, informen de ellos, siempre y cuando lo consideren oportuno. De esta manera, el CSN pretende rebajar la gravedad de cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir en una central para que, pase lo que pase, el nivel de gravedad sea 0 o 1 y no tenga una repercusión negativa sobre la percepción de las nucleares en el imaginario social. Además, denuncia las nuevas reglamentaciones que está elaborando el Consejo, que califica de absolutamente laxas e imprudentes, así como totalmente decantadas a favor de los intereses del Partido Popular y del lobby nuclear.

El interés principal por reabrir la central de Santa María de Garoña (Burgos) es precisamente demostrar que la vida de las nucleares españolas puede alargarse más allá de los 40 años para los que habían sido diseñadas, ya que la mayoría de centrales que siguen activas están a punto de cumplirlos, como las de Extremadura, Ascó y Cofrentes. Cuando se reclama la reapertura de Garoña se obvia que se trata de la central más antigua del Estado español, cerrada después del accidente de Fukushima debido al mal estado, al envejecimiento y la degradación que padecen sus instalaciones a causa de la propia actividad nuclear.

Lavar la imagen de la energía nuclear

El accidente nuclear de Fukushima fue el punto de inflexión para el futuro y la imagen de la energía nuclear, ya que el grave incidente quebró la aureola que estaba gestándose alrededor de la nuclear como energía de futuro. Los accidentes de Chernóbil y Three Mile Island fueron importantes precedentes, pero el accidente en la ciudad japonesa ha sido el que más ha conmocionado a la sociedad contemporánea por la proximidad temporal. A raíz de estos hechos, se aplicaron una serie de medidas de prohibición en muchos países de todo el mundo.

En el caso del Estado español, la consultora de comunicación Llorente & Cuenca, encargada de la comunicación de multinacionales como Repsol en muchos países del mundo, elaboró un informe que describía la situación internacional después de la catástrofe de Fukushima para el sector empresarial nuclear. El documento hacía referencia a un “tsunami informativo” para hablar de la ola informativa que, según la consultora, había “arrasado el debate mundial sobre la energía nuclear” y “había afectado a las decisiones comunicativas de autoridades, empresas del sector y grupos sociales”. Además, diagnosticaba “el alcance internacional y el efecto emocional” que provocó la catástrofe con “efectos notables sobre la percepción desfavorable de la energía nuclear”, tratando de alguna manera de dar a entender que la razón por la que la sociedad tenía la mala percepción era la labor informativa de los medios.

De la misma manera, la consultora señalaba ciertas claves para enderezar la situación y presentaba el escenario post-Fukushima como “una crisis de modelo o una enorme oportunidad” para que la industria nuclear se muestre comprometida con la sociedad y pueda “consolidar su futuro” y asegurar su supervivencia. Incluso animaba a la industria nuclear a tomar decisiones de comunicación estratégicas, como reajustar la narrativa sobre la legitimidad de su negocio ante una situación en que las emociones, el miedo, la presión de los activistas y la necesidad de los políticos de responder a las demandas sociales podrían crear un escenario de pesadilla para el futuro de su negocio.

En esta línea, el director general de la central de Cofrentes, Tomás Lozano, defendió hace poco que su instalación contribuye a la lucha contra el cambio climático porque no emite gases de ningún tipo. Sin embargo, “en Cofrentes se oculta qué hacen con los residuos, a quién le compran el uranio, si su plutonio sirve después para fabricar armas nucleares, si hay intereses de la OTAN...”, destaca De la Rubia, que se pregunta “si Cofrentes cumple el tratado de no proliferación de armas nucleares”.

16/03/2017

https://directa.cat/iberdrola-vol-construir-un-magatzem-de-residus-central-nuclear-amb-mes-incidencies-de-lestat

Traducción: viento sur





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