aA+
aA-
Grabar en formato PDF

Informe de la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos
Colombia: esperanza y muerte en un incierto proceso de paz
29/03/2017 | Jesús de la Roza

[Acaba de retornar de Colombia la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. Se trata de una iniciativa surgida al calor de las actividades que viene desarrollando desde hace más de 15 años el Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias Luciano Romero, grupo que surgió a raíz de un una propuesta institucional para acoger temporalmente en Asturies a activistas colombianos cuya vida estaba amenazada por la represión y las actividades de grupos paramilitares. Uno de estos refugiados, Luciano Romero, fue asesinado nada más retornar a Colombia tras su estancia en Asturies. Desde entonces se decidió añadir su nombre al Colectivo para honrar su memoria.

Durante este tiempo el Colectivo ha venido impulsando diferentes iniciativas de solidaridad para dar a conocer la situación que atraviesan los diferentes movimientos sociales colombianos.
La delegación de este año ha estado formada por diversos activistas sindicalistas, internacionalistas y periodistas. Ha recorrido miles de kilómetros y se ha acercado a dos de las 26 "zonas veredales de transición", puntos de concentración de la guerrilla de las FARC previo a su desarme e integración en la vida civil. Se han entrevistado con asociaciones campesinas, de víctimas, de desplazados, amenazados, etc., en los departamentos de Cauca, Tolima, Sur del Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y Bolivar, además de Bogotá, donde mantuvieron varias visitas institucionales. Lo que sigue es una serie de impresiones que nos transmite el compañero Jesús de la Roza, de la Permanente del sindicato SUATEA, miembro de la Confederación Intersindical.

Tino Brugos]

(I)

1. Con la guerrilla de las FARC

Campamento de la Elvira (Buenos Aires, Cauca)

Apenas unas horas después de aterrizar en Bogotá, la Delegación Asturiana de Derechos Humanos dejaba atrás la ciudad de Cali, las llanuras del Valle del Cauca y ascendía en microbús por sinuosas y remotas carreteras de tierra en las montañas del departamento del Cauca, camino de nuestro primer encuentro con las FARC, en la zona veredal de “La Hermida” (uno de los 26 punto de concentración de la guerrilla previo a su desarme, integración en la vida civil y transformación en fuerza política). Unos kilómetros antes de llegar a nuestro destino la delegación fue retenida en un puesto militar que nos impidió continuar. En una clara violación de los acuerdos de paz de La Habana, el Alto Comisionado para la Paz, había ordenado que no se nos dejara pasar. Tras tres horas de retención e intensas negociaciones telefónicas, se nos permitió seguir nuestro camino “bajo nuestra responsabilidad”. Parecía que alguien estuviera interesado en que una delegación internacional, que incluía dos eurodiputados, no fuera testigo de los incumplimientos del gobierno.

Cuando llegamos a la zona de recepción de visitantes de La Elvira nos encontramos con una explanada en la que había una pequeña cancha deportiva recientemente construida por la comunidad y dos antiguas construcciones. Eso fue todo lo que los 292 guerrilleros se encontraron cuando llegaron unas semanas antes a esta zona veredal. El gobierno tenía que haber construido campamentos habitables con construcciones dignas, agua, luz, servicios médicos,… y facilitar el progresivo contacto entre guerrilleros y comunidades vecinas y visitantes en general. Las FARC cumplieron y sus 7000 hombres y mujeres (que suponen un 30% de la guerrilla) se establecieron en los campamentos, pero el gobierno apenas comenzó las obras hasta tiempo después de la llegada de la guerrilla. ”En algunos sitios, no han puesto ni una piedra”. En La Elvira, un kilómetro más arriba del punto de recepción, pudimos comprobar la presencia de algunos obreros y unas pocas máquinas allanando terrenos anunciando futuras construcciones. “Como mucho el 10 o 15 % de la obra prevista”, nos indica Walter Mendoza, Comandante del Bloque Occidental “Alfonso Cano”. Sin luz, sin agua, sin servicios médicos, los guerrilleros sobreviven estoicamente y “con paciencia revolucionaria” en las cabañas de madera y plásticos que ellos mismos se han construido. “Vivimos peor que en la selva”, nos confesaba un guerrillero.

Pese a todo, el anhelo de construir y vivir en una Colombia en paz se refleja en todo el campamento, en las palabras de guerrilleras y guerrilleros, en los grafiti que adornan algunas cabañas con permanentes alusiones a la paz, en la bandera blanca que ondea a la entrada del campamento, en la actitud tranquila de jóvenes y no tan jóvenes guerrilleros y guerrilleras que, pese a las dificultades, sueñan con una Colombia en paz. No temen que el proceso se dilate, unos meses no son nada tras casi 53 años de guerra.

La apuesta de las FARC por la paz es inequívoca y así nos lo manifestaron los mandos con los que nos reunimos en la Elvira. Tanto Walter Mendoza, como Francisco González, del Alto Estado Mayor”, como Rolando Cauca (34 años en la guerrilla), como Pacho (uno de los jefes en el campamento) nos confirmaron estar “comprometidos 100% con el proceso”, dispuestos a “jugárselo todo por la paz” y “hacer todo lo que esté en su mano” para que esto llegue a buen término, porque, apostillaba el comandante Mendoza, “la guerra es la peor pandemia de la Humanidad”.

Campamento de “La Fila” (Iconozco, Tolima)

Días después, tras un largo viaje en todoterrenos, visitamos la vereda de “La Fila”, también situada en un lugar remoto de las montañas de Iconozco, Tolima. La dificultad para llegar al campamento, levantado en una ladera, no la puso la policía que vigilaba el acceso, sino el barro. Había llovido la noche anterior y seguía lloviznando cuando comenzamos a caminar por la cuesta que nos llevaba al punto de recepción del campamento. Seguidamente, otro kilómetro de subida por un sendero cada vez más impracticable. Por fin, entre la arboleda y la incipiente niebla que comenzaba a descender por los altos, divisamos las primeras cabañas de caña, madera y plástico construidas por la guerrilla.

Si en “La Elvira” las obras no habían avanzado un 15%, en la “Fila” ni siquiera habían comenzado. Tras un inhumano viaje de 32 horas en autobús, sin que la ONU les facilitase comida, ni posibilidad de asearse, llegaron a una vereda sin habilitar. Todo el campamento fue levantado por la guerrilla. Cuando llegaron los contratistas a decir que iban a construir unas casas prefabricadas de 3x3 (metros), los guerrilleros rechazaron esas “casitas de cartón” y les hicieron dar la vuelta “por dignidad” y “porque no es lo que está firmado en los acuerdos”, como nos recordaba Carlos Alberto, uno de los mandos de las FARC en el lugar.

Llegar a “La Elvira” y ascender por la ladera viendo el campamento, con sus cabañas repartidas por el claro es como llegar a una aldea un domingo en el que no hay otra actividad que el cotidiano cocinar, lavar, fregar, limpiar (tareas que vimos realizar a guerrilleras, pese a que las FARC procuran integrar el feminismo en su discurso y llegar a presumir de que “igual que ellas cogen las armas, ellos trabajan en la cocina”).
Estuvimos con padres y madres con sus bebés de pocos meses en brazos a los que mostraban con orgullo. Son “los hijos de la paz”, nos decían. También pudimos observar la alegría de una familia que se lavaban en un pilón de agua helada. El niño se quejaba del agua, pero se mostraba feliz de reencontrarse con su padre tras cuatro años sin verle.

Pero no todo es tan idílico. Además de un clima fresco muy diferente al calor al que estaban acostumbrados, el campamento carece de agua, luz, y asistencia médica. Además de 7 niñas y niños, hay 9 mujeres embarazadas y más de 30 heridos que necesitan atención médica de la que carecen. Han habilitado una cabaña como enfermería, pero apenas disponen de medicinas y el personal consiste en un guerrillero/enfermero que se formó en la guerra.

Son conscientes de los incumplimientos del gobierno, denuncian el aislamiento al que se les quiere someter dificultando el que lleguen visitas (a menudo son identificadas y fotografiadas por la policía) pero, al igual que en La Elvira, se muestran firmes en su decisión de lograr una paz con justicia, como rezan (dicen) las banderas blancas que ondean repartidas por todo el campamento. Sabedores de las dificultades que obstaculizan el proceso de paz desde su inicio, y sabedores de que “no hay marcha atrás”, hay tres cosas en las que insisten y que dan vueltas en mi cabeza, una y otra vez, según voy bajando la embarrada ladera al final de la visita. Una, la necesidad de que la comunidad internacional conozca la realidad de la situación del país, se involucre, apoye, vigile y contribuya a que se cumplan los acuerdos. Otra es la imperiosa necesidad de contar con la más amplia movilización social colombiana posible en su apoyo y defensa (“los acuerdos son para la sociedad colombiana, no para las FARC”, nos decían). Por último, siempre que hablan de acuerdos y de incumplimientos, mantienen vivo el recuerdo de sus presos, a los que siempre ponen por delante. Presos con los que pudimos hablar en la cárcel de Picaleña, Ibagué, Tolima.

2. El penal de Picaleña

Los acuerdos de La Habana contemplan la excarcelación de presos de las FARC mediante leyes de amnistía e indulto que aún no se han producido. La mayoría de los 2.200 presos de las FARC y de otros más de 2.000 milicianos siguen en la cárcel.

Gracias al buen hacer de “la mamá de los presos” y otros miembros del Comité de Ayuda a Presos Políticos, pudimos visitar a casi 50 presos políticos de las FARC, en su mayoría, en el módulo 3 del penal. Todos ellos, algunos muy jóvenes, tenían condenas que sobrepasaban los 25 años.

El proceso de paz no ha cambiado para nada la dura vida en la cárcel. Al contrario, el nuevo código penitenciario la endurece más, si cabe. La primera queja que escuchamos tenía que ver con su condición de presos políticos. Se quejaban de que además de no estar cumpliéndose los acuerdos, en la cárcel seguían siendo tratados como enemigos y recibiendo un trato vejatorio. . Ni siquiera tenían a todos los presos políticos juntos, sino repartidos en diferentes módulos y mezclados con diferentes presos, paramilitares incluidos. Lo más grave es el problema de los enfermos, algunos graves, que no reciben atención médica o la medicación necesaria. También abundaron las quejas sobre el agua, del que sólo disponen 30 minutos al día. Contaron que les encierran en sus celdas, sin agua ni comida, desde las tres de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que la comida es escasa y mala, y las comunicaciones telefónicas caras. Igualmente se quejaron de los cacheos intrusivos a las visitas en las que se utilizan perros y las condiciones en que se realizan los vis a vis. Por último, denunciaron la corrupción que supone el que las visitas ya no puedan traer comida de casa y tengan que comprarla en unas cantinas frente a la prisión de las que se beneficia “la dirección”. Con todo, hay cárceles en peores condiciones. Un presó nos contó que en una cárcel anterior en la que estuvo, tenían que defecar en bolsas, por la ausencia de servicios.

Tras las visitas a los campamentos y a la prisión, resulta evidente que el “proceso de paz” está siendo retardado e incumplido por el gobierno. Si algo tan sencillo como la construcción de unos campamentos, o la elaboración de unos decretos de amnistía para la guerrilla no se cumple, ¿cómo resolverá el gobierno los espinosos problemas de participación política, paramilitarismo y restitución de tierras?

(II)


El paramilitarismo que no existe, pero que sigue matando

“Es muy contradictorio: estamos en un momento de post-conflicto y cese el fuego, pero no hay garantías para el trabajo social, político, sindical y de derechos humanos”, nos decía en Popayán (Cauca) un miembro de la “Red por la vida y los derechos humanos”. Y no le falta razón. A lo largo de 2016, fueron asesinados 120 líderes y lideresas sociales, campesinos, docentes, sanitarios, estudiantes… 40 de ellos sólo en la región del Cauca. En lo que va de año, ya son más de 20 los asesinatos cometidos, 5 durante las dos semanas de nuestra visita, cumpliéndose el macabro ritmo de un defensor o defensora de derechos humanos asesinado cada tres días.
El gobierno niega la existencia del paramilitarismo. Así nos lo hizo saber el Viceministro de defensa Aníbal Fernández de Soto en nuestro encuentro con él. El gobierno habla de bandas armadas organizadas que ocupan territorios abandonados por las FARC con ánimo lucrativo: minería ilegal y narcotráfico. El asesinato de líderes sería consecuencia de esos intereses económicos comprometidos por la defensa del territorio por parte de los campesinos; pero, según él, no serían crímenes políticos, ni habría conexión con el estado, ni las bandas forman parte de una única estructura. Implícitamente, el viceministro reconoce un grave problema denunciado por las organizaciones sociales con las que nos reunimos por todo el país y por las FARC: pese al despliegue de más de 60 000 soldados, el gobierno no tiene el control de todo el territorio nacional. Donde las FARC era un estado “de facto”, había normas y reglas de convivencia. La llegada de las bandas paramilitares ha disparado el número de homicidios y asesinatos selectivos.

En nuestras asambleas con las comunidades, tanto en las regiones del Cauca y Valle del Cauca, como en el sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Tolima, Córdoba, Sucre y Cartagena, en los numerosos encuentros con campesinos, sindicalistas, docentes, desplazados, amenazados y víctimas en general, los testimonios sobre la presencia paramilitar en numerosas zonas del país fue abrumadora. “Águilas Negras”, “La Constructora”, “Los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Clan del Golfo”, son nombres de otras tantas organizaciones paramilitares de las que oímos hablar. Escuchamos relatos de nuevos desplazamientos forzados, de panfletos y amenazas, de nombres y lugares por los que campean, de connivencia con fuerzas armadas, fiscalía y autoridades. Escuchamos la relación pormenorizada de líderes sociales asesinados, sus nombres y circunstancias. Asistimos a la impotencia de campesinos a quienes se les impide recuperar sus tierras, del dolor de personas que perdieron a un padre, una madre, a una hija… Nos hablaron del miedo de algunos que renuncian a sus derechos y se van de la tierra por temor a perder la vida; pero también pudimos comprobar el compromiso de comunidades rurales organizadas en defensa de su territorio para las que “ya no cabe el miedo”, el tejido organizativo que se desarrolla en la búsqueda de una soberanía alimentaria, la capacidad de recuperar cultivos y crear cooperativas comunitarias, el papel decisivo de la mujer en esta lucha por la tierra. Su capacidad para “crear vida”, como tantas veces escuchamos.

Porque en el fondo, se trata de un conflicto por la posesión y uso de la tierra: la lucha del campesinado por recuperar y/o mantener las tierras ancestrales de las comunidades, contra los intereses de las multinacionales que necesitan cada vez de más y más tierras para desarrollar sus proyectos o ejecutar otros nuevos. Los sectores más denunciados fueron el minero energético (oro, fraking, petróleo…), agroindustrial (sobre todo el arrasador cultivo de la palma) y ganadero. Todo ellos mezclado con los intereses del narcotráfico y las bandas paramilitares, que son quienes realizan el trabajo sucio en beneficio de los anteriores.

“Vamos a mandar, ahora que la guerrilla se va”

Un día, tras cinco horas de navegación por el río Magdalena, llegamos a Arenal (Sur del Bolívar), otra zona castigada por la guerra y el paramilitarismo al que responsabilizan de 11 asesinatos en la zona en 2016. Han vuelto las amenazas, los desplazamientos y la presencia de encapuchados en una zona que constituye un corredor del narcotráfico y en el que la explotación de la palma ha convertido a campesinos en obreros agrícolas con salarios de hambre. El abandono del estado es tal que “en una de las veredas, la escuela son dos aulas debajo de un árbol. En otras han sido construidas por los campesinos; a veces incluso la comunidad tiene que hacerse cargo de pagar al maestro”.

Pese a todo, las comunidades se organizan y luchan. Se muestran orgullosos de estar “rescatando la soberanía alimentaria” y “recuperando cultivos que como la yuca o el plátano habían llegado a desaparecer”. Nos muestran con orgullos su cooperativa y los productos que elaboran cinco mujeres a las que da empleo: mermeladas, vino de frutas,… en un proceso integral que abarca desde la siembra y la recolección, hasta el envasado y la comercialización. Visitamos su radio comunitaria “La Negrita”, una radio que pretende dar la voz al pueblo; pero todo lo tienen que pelear: de la radio se apoderó la policía, aunque la recuperó la comunidad, y de la cooperativa quisieron apoderare las autoridades locales.

Aguachica, sin agua pero con lágrimas de sangre

Al día siguiente nos dirigimos a Aguachica, ya en el departamento del Cesar una polvorienta ciudad que, pese a su nombre, sólo dispone de agua corriente cada 15 días. En cambio, los uniformes de los niños y niñas de la escuela privada religiosa en la que nos reunimos lucían limpios. Las comunidades de Aguachica sufren la doble amenaza del incremento del cultivo de la palma que expulsa a los campesinos de sus tierras y de los terratenientes ganaderos, que “cortan las alambres de los cultivos para que el ganado entre y lo destruya”, como nos decía resignado el campesino Alirio Díaz. Este apoderamiento de tierras se hace también a costa de desecar los humedales del río para ganar terreno para la palma y el ganado, lo que también ha contribuido a una disminución drástica de la pesca. Están amenazados también por proyectos industriales de hidrocarburos (gas y petróleo) y por megaproyectos como la carretera “Ruta del Sol”. Igualmente, se encuentra en un corredor de narcotráfico, con lo que la proliferación de las bandas paramilitares y las amenazas a los líderes comunitarios han ido en aumento.

La lucha por la defensa de la tierra contra la expansión del cultivo de palma “nos ha costado lágrimas de sangre”, nos decía un campesino. Otros agricultores, despojados de sus tierras, acabaron convertidos en pobres asalariados explotados en empresas de palma, donde hacer sindicalismo es sinónimo de peligro de muerte (en Colombia han asesinado a más de 3.000 sindicalistas en los últimos treinta años, causando que el porcentaje de afiliación sindical no llegue al 4%). Encima, quieren que estos trabajadores de la palma pasen a ser subcontratarlos y precarizar aún más su situación en una región con más de un 90% de trabajo informal (venta ambulante, etc.), donde está privatizado el alumbrado, la recogida de basuras…, y donde la nueva tarifa de agua, ese agua que solo disfrutan cada dos semanas, supone el 15 o 20% del salario mínimo. “Podríamos tener agua cada dos días, pero tememos que lo quieren privatizar culpando al mal servicio público”, remarcan.

“Yo quiero mucho a mi tierra, la recuerdo todos los días”

Andrés Narváez es un campesino, analfabeto, compositor de letras y, a poco que se lo pidas, cantante; pero también es un líder comunitario en la restitución de las tierras de la finca “La Europa”, municipio de Ovejas, departamento de Sucre. La lucha por recuperar esta tierra, que les corresponde tras una reforma agraria de hace años, ha costado la vida de 15 campesinos, 6 desapariciones y 90 familia desplazadas. A Andrés Narváez le pegaron cuatro tiros en 2015, sobreviviendo de milagro. Tuve el gusto de conocerle en Asturias, donde pasó seis meses como refugiado ante el peligro que corría su vida, y nos reencontramos en su tierra, en la finca “La Europa”, en los Montes de María, tierra a la que compuso bellas canciones desde su refugio en España. Al despedir a sus “hermanos asturianos”, volvió a cantarnos esos versos que aún resuenan en mi cabeza y que comienzan: “Yo quiero mucho a mi tierra, la recuerdo todos los días… cuando se esconde la luna, el sol empieza a nacer…”.

Pero, pese a su porte sereno, la vida de Andrés sigue en peligro, como la de su amigo Argimiro, contra el que atentaron el pasado noviembre y que salvó su vida gracias a la rápida intervención del escolta. El sicario que disparó a Andrés fue detenido y juzgado, pero ya está libre, acusado sólo de un delito de lesiones, en un país donde la impunidad es la gran aliada de la violencia. Según el propio Fiscal General, más del 90% de los crímenes permanecen impunes.

“El problema no son los cultivadores, sino el narcotráfico”

A los problemas a los que se enfrenta el campesinado colombiano vistos hasta ahora, hay que añadir uno más: el de la sustitución de los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola. Los acuerdos contemplan la sustitución de dichos cultivos en un proceso organizado con la participación de las comunidades. Pese a ello, el gobierno ha continuado con la erradicación de dichos cultivos, llevando a la indigencia a las personas cuya subsistencia depende de ellos. Esta política, que puede llevar a situaciones explosivas en las zonas afectadas, constituye otro incumplimiento más por parte del gobierno. Como nos decía un miembro del sindicato campesino Fensuagro, “el problema no es la coca, sino el narcotráfico; es necesario cambiar la estructura agraria, pero contando con la comunidad.

“Monumento al maestro caído”

Nada más llegar al edificio del sindicato docente Ademacor-Fecode, en Montería, departamento de Sucre, sorprende el enorme monolito de seis metros de altura dedicado “Al maestro caído”. Deja de sorprender cuando el presidente del sindicato informa de que en los últimos 30 años han sido asesinados más de 1000 maestros y maestras en Colombia, muchos de ellos en Córdoba, departamento en que se haya Montería. Algunos de sus familiares, viudas, hijos e hijas, hermanas, padres… estaban presentes. A día de hoy siguen las amenazas y extorsiones. Sólo en los dos primeros meses de este año hubo 10 denuncias. “Y eso, los valientes que se atreven a denunciar, que seguro que hay muchos más que tiene miedo”, subraya el sindicalista. Un ejemplo más de que el terror paramilitar se extiende por todo el tejido social: enseñanza, sanidad, industria, campesinado,…

A modo de reflexión final

Tras dos intensas semanas de recorrido por diferentes departamentos colombianos, hemos podido comprobar el firme e inquebrantable compromiso con la paz de las FARC, así como el apoyo de las comunidades campesinas, de asociaciones de derechos humanos, y organizaciones de base, en general, a los acuerdos de La Habana. También la desconfianza hacia un gobierno que está incumpliendo los plazos establecidos.
Pero la paz también tiene poderosos enemigos: multinacionales de la energía, la minería, la agroindustria, así como terratenientes y narcotraficantes, junto con sectores de la policía, el ejército y las diferentes administraciones públicas ponen palos en las ruedas de un proceso que, de cumplirse, afectaría gravemente a sus intereses económicos mafiosos. El propio gobierno está dividido, como nos reconocía Todd Howland, Alto Comisionado de Naciones Unida para Colombia.

La incapacidad del gobierno para cumplir los plazos de los acuerdos, para acabar con el paramilitarismo y para proteger la vida de los líderes sociales de todos los sectores dificulta el proceso de paz. Todos los colectivos con los que nos reunimos son conscientes de que es necesaria una fuerte movilización social en Colombia en su defensa que rompa las barreras mediáticas con las que el gobierno oculta los problemas reales del país; pero también es necesaria la vigilancia de la comunidad internacional como garante del mismo. Es especialmente importante que los fondos económicos para la paz sean gestionados por las propias comunidades beneficiarias de los mismos. En diferentes ocasiones manifestaron su temor a que sean gestionados por administraciones corruptas que acabarían favoreciendo “a las mismas mafias de siempre”.

En medio de la desconfianza, el temor y la muerte, la esperanza comienza a formar parte del horizonte político colombiano.

Jesús de la Roza. Miembro de la XIII Delegación Asturiana de DD HH que visitó Colombia entre el 20 de febrero y el 5 de marzo de 2017.





Boletín semanal
Recibe en tu correo electrónico los últimos artículos de nuestra revista digital, así como las novedades y eventos
Agenda
Actos
MADRID. 14 de diciembre de 2017, 19:30h
Madrid. 14 de diciembre 2017. 19.30 h. Poesía en el Bulevar Leerán sus poemas AUILES GARCIA BRITO, ANA PÉREZ CAÑAMARES y ALFREDO PIQUER. Presenta ANTONIO CRESPO MASSIEU Lugar: Casa de Cultura y Participación Ciudadana -C/BRAVO MURILO 37-39- Plaza del Parque Móvil









Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons