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Filipinas
Creciente estado de guerra
26/03/2017 | Pierre Rousset

Un estado de guerra se instaura progresivamente en Filipinas, y amenaza las libertades democráticas fundamentales…

La guerra, declarada tras la elección como presidente de Rodrigo Duterte, es evidentemente la “guerra contra la droga”. Ha provocado ya más de 8 000 muertos -una cifra considerable- y prosigue sin vacilaciones. Para Duterte, en efecto, “el combate contra la corrupción, la criminalidad y las drogas se reanudará, continuará y será brutal”. Las ejecuciones extrajudiciales siguen formando parte de la actualidad cotidiana.

Se están siendo discutiendo dos leyes infames para su aprobación. Una sobre el restablecimiento de la pena de muerte. La otra pretende rebajar la edad de la responsabilidad penal de los quince a los nueve años. Lo que significa que un niño de 9 años podrá ser enviado a la cárcel e incluso condenado a la pena capital (actualmente pueden ser detenidos, pero no condenados).

Rodrigo Duarte amenaza de forma recurrente con imponer la ley marcial. Últimamente, son las actividades de Abu Sayyaf las que le dan la ocasión para hacerlo. Este grupo islamista especializado en secuestros opera en el extremo sur del archipiélago, incluyendo la isla de Jolo. Duterte ha exigido a los alcaldes musulmanes de la región no “ayudarle”, en caso contrario enviará al ejército y los detendrá, bajo la ley marcial.

Las negociaciones de paz están en un punto muerto. Las conversaciones emprendidas con el Partido Comunista de Filipinas (maoísta) se han interrumpido. El PCP ha sido el primero en romper oficialmente el alto el fuego, rápidamente seguido por la presidencia.

Es de temer que el conjunto de los procesos de paz se vea afectado por esta situación. Así, en la isla meridional de Mindanao, nuestro compañero Ruban ha sido asesinado en una operación conjunta realizada por la policía y el ejército. Era un cuadro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (RPM-M), la sección de la IV Internacional en Filipinas. Sin armas, estaba visitando a sus allegados. Habría podido ser detenido fácilmente. Ha sido ejecutado. Ahora bien, hace años que su organización, proveniente de una escisión del PCP que se remonta a 1994, emprendió negociaciones de paz con las autoridades filipinas. Desde la escisión, no lleva ya operaciones ofensivas, contentándose con protegerse y proteger a las poblaciones locales.

En el clima presente, el ejército gubernamental parece pensar que ha llegado el momento de los ajustes de cuentas. Igualmente, la mayoría presidencial prohíbe el funcionamiento normal de las instituciones. Toda persona electa que se oponga a las “derivas” de la guerra contra la droga o a los proyectos de leyes infames es denunciada como cómplice de los criminales y puede ser sometida a una verdadera campaña de denigración pública, utilizando incluso su vida privada. Es lo que le ha ocurrido a la senadora Leila de Lima, antigua secretaria de Justicia, hoy encarcelada por haber “organizado el tráfico de drogas”.

Nadie sabe hasta donde llegará en Filipinas la negación de los derechos humanos y de los derechos democráticos más elementales. Las contradicciones del Partido Comunista (maoísta) estallan: ¡sigue teniendo cuatro ministros en el gobierno! El resto de la izquierda y de los movimientos ciudadanos intenta organizar la resistencia. Un compromiso peligroso -que merece nuestra solidaridad.

20/03/2017

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article40577

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur



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