aA+
aA-
Grabar en formato PDF

El trilema nacional canario
Por qué la nacionalidad canaria debería formar parte de la reconstitución democrática del Estado plurinacional español
14/03/2017 | Jorge Stratós

En homenaje a Javier Muguerza, en su ochenta cumpleaños.

En memoria de Fernando Estévez, amigo en la aventura del pensar

[Este trabajo de mi heterónimo Pablo Utray fue inicialmente elaborado en formato de entrevista con la pretensión de hacer más cómoda su lectura. Utray contestó por extenso un cuestionario preparado para que luego se pudiese exponer y publicar con toda libertad.[1] Así lo tenemos convenido quienes formamos y compartimos con él, desde hace ya un cuarto de siglo, el Clan del Don, un espacio de vida, de pensamiento y de diálogo. ndJS]

El sujeto y el objeto

1. Empezaré adelantando, para información del lector, cómo me defino en tanto que sujeto que se dispone a escribir, por una parte, y cómo defino el objeto de lo que voy a escribir, por otra. Luego diré cuál es el objetivo que busco alcanzar. Porque, en efecto, hay que distinguir sujeto, objeto y objetivo. Es decir, el quién, el qué y el para qué, puesto que apuntan siempre hacia asuntos diferentes aunque fuertemente relacionados.

Sobre el sujeto polifónico que soy poca cosa debo decir. Me definiré a efectos prácticos como demócrata a secas, sin apellidos y sin atributos cualificadores que no vayan de suyo contenidos en la idea misma de democracia. Pues la democracia no puede ser más que la doctrina de la igualdad, doctrina que presupone la libertad de cada uno y de todos, es decir, la igual libertad, al tiempo que ambas —igualdad y libertad— suponen a su vez la doctrina de la equidad. La justicia siempre será un valor en el más acá de la democracia, del mismo modo que la felicidad ha de ser situada en su más allá. De ahí que la democracia implique de hecho una congruente ética del respeto.

Otra cosa es que en los tiempos que vivimos comprometerse en la teoría y en la práctica con la democracia suene a muchos a radicalidad, a izquierdismo, a socialismo. Esta cantinela la corean personas que se han ido desplazando de forma consciente o inconsciente hacia un conformismo que indudablemente es poco democrático, por no decir que suele resultar profundamente antidemocrático.[2]

Sólo añadiré que suscribir creencias, actitudes y acciones democráticas implica asimismo reconocer, con cierta dosis de escepticismo, la diversidad en la naturaleza y en la sociedad, lo que aboca a un pluralismo razonable, como valores a preservar. De ahí que el diálogo, con acuerdo o sin acuerdo, entre interpretaciones argumentadas no sea sustituible por nada que lo pueda anular.

2. El objeto —es decir, el tema a explorar— será en esta ocasión la llamada “cuestión política canaria”, cuestión que surge de la problematización e interpretación de la situación de Canarias. Por lo que acabo de decir sobre la diversidad y el pluralismo, no ignoro que puede ser abordada desde diferentes concepciones políticas. Así ha sido a lo largo de su historia y así seguirá siendo. Por eso consideraré que las principales concepciones existentes forman parte del “trilema nacional canario” al que alude el título. Como sabemos, a diferencia de un dilema, que implica dos ideas distintas cuya ejecución es contradictoria e inviable, un trilema es un conjunto de tres ideas que no pueden ser puestas en práctica de forma simultánea. Porque siempre hay alguna incompatibilidad entre ellas.

Además, considerada como objeto de análisis, la cuestión canaria admite ser abordada desde diferentes perspectivas políticas, internas y externas, esto es, desde diferentes contextos y escalas, lo que a su vez exige que se las priorice. De ahí que el subtítulo (“Por qué la nacionalidad canaria debería formar parte de la reconstitución democrática del Estado plurinacional español”) presente los elementos explícitos que dan lugar al replanteamiento de la cuestión política canaria. Por una parte, como núcleo socio-político, la nacionalidad canaria, en perspectiva interna.[3] Por otra, el Estado español, como contexto político-jurídico prioritario, en la perspectiva externa.[4] Y por último, el vínculo político entre lo interno y lo externo, entre nacionalidad y Estado, como la necesidad de que se abra un proceso democrático deconstituyente y reconstituyente para una mejor relación de Canarias con España.[5] El por qué, el cómo y el debería del subtítulo subrayan tanto la necesidad de problematizar el vínculo (tal como es en el presente) cuanto la de optimizarlo (tal como debería ser en el futuro). Todo ello tratando de no caer en dogmatismos.[6]

Por supuesto, la problemática del trilema nacional canario no se puede abordar sin tener en cuenta además la perspectiva del más amplio contexto en el que se inserta la relación política Canarias-España, esto es, el marco tricontinental europeo, africano y latinoamericano del actual mundo glocalizado. No en vano, el acontecer diario de la sociedad canaria es muy vulnerable —y siempre lo ha sido— a los vaivenes internacionales.[7]

El objetivo: una pregunta y tres respuestas

3. ¿Cuál es entonces el objetivo al que apunto al plantear el trilema nacional canario? Si el objeto es el punto de partida desde el que se trata de arrancar, el objetivo viene a ser el punto de llegada al que se desea arribar. En nuestro caso, el objetivo (el para qué) ha de ser construido desde la realidad política canaria (el qué) problematizada e interpretada (el por qué y el cómo).

Para avanzar en la construcción del objetivo es necesario plantearse, a mi juicio, una pregunta crucial sobre el objeto, un interrogante que permite abrir la problematización de lo que injustamente permanece como si fuera aproblemático, ya que no se suele aceptar que esta pregunta sea planteada en público. “¿Cómo hay que valorar políticamente la relación que vincula a la nacionalidad canaria con el Estado español?” Esta es la silenciada pregunta fundamental. Si se la formulase con honestidad en el debate público la sociedad se vería abocada a abrir y considerar un abanico de respuestas que son las que a mi juicio definen el objetivo que habremos de perseguir.

En nuestro tiempo, aunque la pregunta no haya sido formulada y debatida de forma abierta y sin temor ni complejos, ha encontrado de hecho tres grandes respuestas políticas, una primera llevada a la práctica (y a la que un poco más adelante llamaré “autonomista”) y otras dos bien distintas y rechazadas (a una la llamaré “independentista” y a la otra “autodeterminista”), respuestas que siendo fundamentales resultan contradictorias entre sí.[8] Cada una de ellas ha de ser entendida en principio como parte de una compleja constelación de ideas programáticas generales. Y resultan incompatibles entre sí porque amalgaman —a su modo, un modo que es ideológico-político— los valores, las normas y las metas que nos fijamos en la vida, que son objetivos de largo alcance que en alguna medida responden a las necesidades, los intereses y las preferencias concretas que tenemos, tanto en el plano individual como en el societal.[9] Las tres grandes respuestas al trilema nacional canario a las que me refiero forman parte y son equivalentes a lo que en otros lugares he llamado macroprogramas de ideología y praxis política, en este caso focalizados hacia la específica cuestión política canaria.

Entre otro muchos pensadores, John Rawls —por ejemplo— se refirió de manera parecida a lo que denominó “doctrinas comprehensivas”, a las que entendió de un modo general incluyendo “concepciones acerca de lo que es valioso para la vida humana, ideales de carácter de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas otras cosas que informan acerca de nuestra conducta, y en el límite, sobre la globalidad de nuestra vida”, por lo que resultan incompatibles aunque sean razonables.[10] Por su parte, el lingüista cognitivo George Lakoff se ha valido de una concepción no muy distinta de este tipo de constelaciones programáticas enfrentadas, llamándolas “marcos” generales, marcos que son profundos y argumentales:

Los marcos —escribe— son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. En política nuestros marcos conforman nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es cambio social.[11]

En cualquier caso, quiero señalar con énfasis que se trata de un trilema y no de un dilema. Porque no es cierto que las respuestas a la cuestión política canaria se reduzcan a sólo dos (como interesadamente quieren hacer ver los que niegan la tercera respuesta, tratando de imponer un debate maniqueo entre blanco y negro, o —por decirlo con un viejo título de Umberto Eco— entre “apocalípticos e integrados”). Cierto es que el periodismo complaciente con los poderosos tiende a encerrarse e imponer neolenguas simplistas y embaucadoras. En particular, los medios condescendientes con los desaguisados del actual Régimen democrático lograron en las últimas décadas que la cuestión se plantease en toda España a partir de dilemas burdos con los que desgraciadamente consiguieron dificultar durante bastante tiempo la adecuada comprensión del trilema.[12] Pero es una actitud reduccionista que sólo conduce vías muertas.

Sólo explorando las tres grandes respuestas existentes es como surge la posibilidad de orientarse en la cuestión política canaria. Cada una señala una dirección distinta, en principio incompatible —como he dicho— con las restantes, desde la que la cuestión puede ser abordada: el trilema plantea la necesidad de que se debata y decida sobre si es conveniente mantener el rumbo actual, o cambiarlo, habiendo a su vez dos opciones más para hacer el cambio, que son bien diferentes. Además, como es obvio suponer, no hay garantías de acierto: existe la posibilidad de que tanto el perseverar en la primera de las respuestas como el sustituirla por cualquiera de las otras dos sea para mejorar o para empeorar la situación de Canarias. No hay ningún a priori exógeno que garantice la bondad de cualquiera de las respuestas y de la conveniencia política de su mantenimiento o cambio. Todo dependerá del grado de mayor o menor eficacia y equidad que conlleve la puesta en práctica de cada respuesta, es decir, de lo que se debata, decida y realice en cada momento.

4. Tres diferentes respuestas componen el trilema. La primera respuesta es la que se ha llevado a la práctica. Valora de forma más bien positiva el actual vínculo Canarias-España. Se trata, en consecuencia, de conservar —y, en todo caso, de renovar— el statu quo. La llamo respuesta autonomista en alusión a la actual estructura territorial del Estado, que incluye la conformación político-jurídica de Canarias como Comunidad Autónoma. Es la opción del establishment, consentida además por la mayor parte de la población, aunque no sin decepción. Como sabemos, tiene diversas versiones (de mínimos o máximos) que más adelante mencionaré.

La segunda respuesta es antitética respecto a la primera. Porque enjuicia de forma negativa el vínculo Canarias-España. Y postula como corolario la separación y ruptura de todo vínculo incluyente con el Estado español. Se la puede denominar respuesta independentista. Puede tener también diferentes versiones y sus apoyos sociales han sido oscilantes pero minoritarios. Actualmente siguen estando en baja.

La tercera respuesta evalúa el vínculo Canarias-España de forma ambivalente, puesto que incorpora tanto aspectos positivos como negativos en su estimación. La llamo respuesta autodeterminista. Enfatiza el debate y la decisión democrática. No creo equivocarme si digo que desde el punto de vista de su arraigo social casi no aparece en estos momentos, por lo que no está presente en la esfera pública canaria. La envuelve un silencio incomprensible y cómplice, aun siendo a mi juicio la respuesta política más cabal e idónea.[13]

Ante este panorama, el objetivo general que me planteo surge como resultado de la exploración crítica de las tres grandes respuestas del trilema que he planteado al preguntar, no se olvide, por cómo hay que valorar políticamente la relación que vincula a la nacionalidad canaria con el Estado español. Trataré de examinar, por una parte, la realidad instaurada desde la respuesta autonomista, pues al fin y al cabo es la que se ha realizado a lo largo de varias décadas, pero para someter a valoración crítica los hechos y las ideas en las que se fundamenta. De paso me preguntaré también por lo esencial de la respuesta independentista, dado que creo que si se la contempla en su desnudez le falta validez equitativa y viabilidad democrática. Y, en contraste, por otra parte, reivindicaré la respuesta autodeterminista como la opción más razonable y decente, la única que es plenamente democrática y que puede llegar a ser equitativa. Éste será el doble objetivo argumental que voy a perseguir. No cabe el metanálisis neutral ni la interpretación descomprometida. Porque la tarea de teorización y análisis político no consiste en legitimar las realidades injustas y las ideas desacertadas, máxime si son hegemónicas, como es el caso del autonomismo realmente existente.[14]

La interpretación y la argumentación

5. Para examinar el contenido que tiene la opción autodeterminista que preconizo para la cuestión canaria primero hay que ver qué contenido no tiene. Sus ventajas surgen de la comparación con los inconvenientes de las otras opciones. Porque la hipótesis inicial en la interpretación y la argumentación —que convertiré en tesis política— se divide, como he dicho, en dos, una tesis negativa sobre los mayores inconvenientes de las dos primeras respuestas y otra tesis positiva sobre las mayores ventajas de la tercera.

La tesis negativa afirma que la realidad autonomista actual mantiene y perpetúa la subordinación política de los modos de vida en Canarias. Y también que la antitética alternativa independentista sólo conduciría en nuestra época a una nueva subordinación, aunque de características en parte diferentes y en parte similares. Se configura entre realidad autonomista y alternativa independentista una dialéctica cerrada entre un espacio de integración y un espacio de apocalipsis. Es decir, entre integración como un orden forzoso, el que ya existe, y apocalipsis como un caos amenazante, el que podría existir.[15] ¿Cuáles son los desaciertos de ambas opciones?

En el primer caso, los resultados del autonomismo canario están en parte a la vista, aunque casi nadie parece atreverse a extraer las consecuencias políticas que de su fracaso y agotamiento se derivan. Pues con la puesta en práctica de la respuesta autonomista la nacionalidad canaria se está viendo abocada a una profunda e incuestionable crisis social de naturaleza política, económica y cultural. Una crisis que fundamentalmente afecta a la mayoría ciudadana, no a sus élites dirigentes, que la gestionan enriqueciéndose. Una crisis que en los últimos años no ha hecho más que agravarse, poniendo en riesgo el porvenir de Canarias como sociedad democrática que aspire a un bienestar que poco a poco se está alejando del horizonte de lo alcanzable.

El autonomismo canario carece de alternativa propia para sus propios males y sólo aspira a convertir al Archipiélago en una tierra de seres integrados, el país de más de lo mismo, sin horizontes ni salidas, replegado sobre sí mismo. Pues la integración autonomista conforma el espacio político canario como una prisión, la prisión de lo que hay, buscando una población dócil y en cautividad que crea que avanza cuando sólo gira sin parar en una gran noria inmovilizada. Trataré de mostrarlo con nitidez.

En el segundo caso, no es difícil constatar que para que se pusiese en práctica la respuesta independentista, en este periodo histórico, habría que menguar aún más los mecanismos e instrumentos necesarios para afrontar los desequilibrios y la crisis social que quebranta la vida en las Islas. Se correría el peligro de que Canarias se convirtiese, en efecto, en una tierra apocalíptica, el país de todo lo contario, pero sólo para convertirse luego en un país de más de lo mismo. Veremos más adelante el porqué en ambos casos, de manera comparativa con las nacionalidades más avanzadas del Estado, un porqué que se centra en el problema de las restricciones de la democracia y en la derivada de mantenimiento de las desigualdades.

La doble interpretación contenida en la tesis negativa rebatirá las respuestas autonomista e independentista y su exigencia de someterse a Escila o a Caribdis, los monstruos que en la mitología grecorromana estaban separados por un angosto estrecho muy difícil de atravesar sin sucumbir a los peligros generados por uno u otro. Optar por una Canarias convertida en una Escila autonomista o una Caribdis independentista, en un inhóspito territorio de seres integrados o un inclemente territorio de seres apocalípticos, es una elección tramposa, no aceptable. Al tiempo que cuestionaré los contenidos de las respuestas autonomista e independentista, la crítica se transformará en fundamento argumental para la tesis positiva, referida a los contenidos alternativos de la respuesta autodeterminista.

6. La opción autodeterminista presenta serias ventajas, las ventajas de que exige e implica una nueva política, una política “nueva” de forma efectiva y no autoproclamada. Porque de lo que se trata, en primerísimo lugar, es de abrir una nueva vía política en una nueva dirección estratégica hacia el logro de una nueva meta societal completamente diferentes. El destino ha de ser el ideal anticipado de una sociedad democrática y equitativa, de una sociedad soberana basada en la búsqueda de mayor libertad, igualdad y bienestar. El rumbo, un propósito estratégico autodeterminista orientado desde esos mismos presupuestos. El camino, una ruta emancipadora transitada con ese propósito hacia ese ideal. Es decir, hay que diseñar y recorrer un camino más democrático con un rumbo más congruente hacia un destino más justo. La política sólo puede ser realmente nueva si es democrática y justa de forma congruente.

En este sentido, el autodeterminismo es muy diferente al autonomismo y al independentismo.[16] Porque pone todo el acento en el viaje, en el camino, en la vía que se abre y transita. En el cómo del recorrido, que no se elige de forma pragmática sin sentido, rumbo o dirección, ni sin objetivo, destino o meta. Por el contrario, se trata de recorrer una ruta nacional popular que es definida —y redefinido de forma constante— desde un propósito democrático y una finalidad equitativa. En la tradición literaria el viaje es el camino con rumbo y destino a Ítaca, el que transcurre por momentos entre Escila y Caribdis, en el que cuenta más el viaje mismo que la propia Ítaca. Las expectativas del viaje liberador antes que el estancamiento en el espacio del orden forzoso o la huida hacia el amenazante caos. Invirtiendo uno de los más queridos refranes de las viejas políticas, en toda nueva política valen más cien pájaros volando que uno en mano.

¿Cuáles son entonces las ventajas o virtudes de la tesis positiva? La respuesta autodeterminista implica de suyo una concepción democrática no unilateral ni excluyente de la dinámica político social. Y, por tanto, comporta la apertura de la posibilidad de que la vida de la nacionalidad canaria sea de entrada y luego en su desenvolvimiento más igualitaria y menos injusta. Ni más, ni menos, que eso, y siempre que democráticamente la sociedad canaria así lo decida. Algo que no es ni más fácil ni más difícil que perseverar en el embotamiento autonomista o en la fuga independentista. Como veremos, marchar hacia un país de democracia participativa y derechos efectivos, hacia un horizonte de una Canarias menos injusta, es la única senda política que actualmente se conoce para lograr salir del estructural retraso económico y cultural que distingue y que siempre ha caracterizado a la sociedad del Archipiélago a lo largo de su historia. Y lo es pese al pánico que muestran las élites oligocráticas —y sus voceros políticos y mediáticos— al derecho a decidir, que no es en el fondo más que hostilidad contra la democracia y apego a sus privilegios.[17]

No defiendo ahora esta salida del trilema nacional canario de forma improvisada, aprovechando el tenso debate político que se ha reabierto en la segunda década de este siglo entre la nacionalidad catalana y el Estado español (o el existente en la relación de Euskadi y España). Por el contrario, he defendido esta alternativa desde hace cuarenta años y de forma pública, tanto individual como colectivamente. El actual ruido sobre lo catalán (en Cataluña y sobre todo en España) y el permanente silencio sobre lo canario (en España no menos que en Canarias) me parecen todo un símbolo de la subordinación conformista de la nacionalidad canaria, que es la losa que mantiene a las Islas en el atraso político, económico y cultural.[18]

Por eso lo que voy a plantear, en definitiva, es un imperativo poli(é)tico: el deber de reelaborar y resituar la narrativa democrático autodeterminista en el debate del trilema nacional canario. Se trata de una argumentación que empezó a ser construida a finales de los setenta y primeros ochenta del siglo pasado, con el objetivo de ponerla en el lugar que le corresponde en nuestro tiempo.[19] Es esta narrativa equitativista la que otorga sentido político democrático a las luchas concretas por el bienestar y los derechos sociales, por la igualdad y la libertad. Y que, por tanto, nunca debió ser abandonada hasta el punto de casi desaparecer. Sin embargo, la ceguera de tantos y tantos demócratas canarios en este crucial aspecto no ha dado hasta ahora para más…

La situación y sus antecedentes

7. Si empezamos entonces por la cuestión canaria afrontada desde la primera opción del trilema, la autonomista, que es la que a fin de cuentas fue instaurada, resulta conveniente caracterizar la situación social de Canarias en la actualidad, un Archipiélago que está conformado político-jurídicamente desde los primeros ochenta como Comunidad Autónoma.¿En qué consiste su singularidad y en qué situación se encuentra ahora la sociedad del Archipiélago? ¿Puede ser entendida realmente como una Escila, como un orden forzoso de seres integrados?

Digamos como base estructural que hablamos de una nacionalidad de más de dos millones de habitantes, repartidos de forma muy asimétrica en un Archipiélago conformado por ocho Islas bastante dispares, que es conocido en el mundo por su clima benigno y por ser receptor de más de quince millones de turistas anuales (en la estimación para 2017), una cifra que multiplica por más de siete la de su población. A la altura del tiempo en el que vivimos Canarias forma parte de una de las periferias de Occidente, un Archipiélago del océano Atlántico geográficamente situado al suroeste de Europa y al noroeste de África.

El estándar de vida canario es así muy superior al de los países no occidentales más cercanos del área, como Marruecos, Sahara y Mauritania (que tienen una renta per cápita entre ocho y diez veces inferior a la de Canarias). Pero si se escarba bajo la epidermis del parque turístico en que se han convertido las Islas, el canario es a su vez un modo de vida inferior al de la media de Europa y al de la media de España, una Europa y una España que conforman respectivamente la unión de Estados y el Estado plurinacional de los que la nacionalidad canaria forma parte como atípica Región Ultraperiférica y singular Comunidad Autónoma. Porque, examinados desde los derechos democráticos de ciudadanía, los índices de desempleo, dependencia, exclusión, pobreza, hambre y emigración son bastante altos. Y, lo que es peor, son índices que desde hace mucho tiempo apenas disminuyen cuando no tienden a agravarse. Unas pocas palabras de la máxima autoridad del gobierno de la Isla de Gran Canaria bastan para ilustrarlo:

“Que Canarias registre una tasa de pobreza y exclusión (tasa AROPE) del 35,5%, (en España es del 27,3%), que la tasa de riesgo de pobreza sea del 27,6% en el Archipiélago (en España del 22,2%), que los hogares con carencia material severa afecten al 8,5% de los hogares isleños (en España al 6,2%), que el ingreso medio neto por persona sea en Canarias del 79,9% de la media española, que el porcentaje de pobreza infantil sea aquí del 39,4% (en España del 32,6%), que la evolución del coeficiente de Gini haya empeorado en Canarias en un 11,1% (en España lo ha hecho en un 8,6%), (…) son datos que muestran (…) una mayor desigualdad y una preocupante fractura social”.[20]

La tendencia desigualitaria está confirmada por todo tipo de estudios y reconocida a veces desde los medios de comunicación más convencionales. Como señala un columnista, en la sociedad canaria de 2016 los “los ricos ni lloran ni pagan impuestos”:

“Aquí, mientras la pobreza supera ya al tercio de la población de las Islas —según los análisis de la Fundación Foessa, Caritas y la ULPGC—, las seis mil grandes fortunas de Canarias han logrado en los cuatro últimos años de crisis incrementar su patrimonio en más de mil millones de euros. En conjunto, las familias que declaran patrimonios superiores a los 700.000 euros han aumentado en más de un centenar en Canarias, y su patrimonio total supera los 18.000 millones, casi tres veces el presupuesto total de la Comunidad Autónoma, y poco menos de la mitad del PIB canario, es decir del total de economía que la región es capaz de generar en un año”.[21]

Después de siete lustros de políticas autonomistas, la genuina realidad socio-política canaria resulta en muchos aspectos inaceptable, excepto para las oligarquías locales y sus vasallos incondicionales. Una sociedad que, por citar un dato más, maltrata a su infancia (manteniendo a casi el 40% de los niños bajo patrones de pobreza) y también a su juventud (puesto que niega el empleo a más del 50% de sus jóvenes y obliga a emigrar a la inmensa mayoría de sus titulados)[22] no puede más que esperar un futuro de subordinación neocolonizadora del estilo del siglo XXI, en continuidad con la subordinación colonial vivida en el pasado.

Por tanto, el balance global positivo que hacen los defensores del autonomismo realmente existente resulta a la fecha, como antes adelanté, hipócrita y encubridor de las limitaciones, estancamientos y regresiones que se padecen.[23] Por eso, frente a la embellecedora e injusta valoración que hace el autonomismo oficial, se puede asentar el diagnóstico situacional de que la sociedad canaria atraviesa una profunda crisis desigualitaria que en los últimos años no ha hecho más que agudizarse, poniendo en riesgo su porvenir como comunidad ciudadana nacional. Negarse a verlo, como hacen tantos, sería autoengañarse; y el autoengaño, por muy generalizado que esté, no deja de ser la mayor irresponsabilidad intelectual en la que pueden incurrir quienes quieran pensar libremente.[24]

8. Es obvio que si estos son algunos de los rasgos que caracterizan a la actual sociedad canaria necesariamente hay que considerar que vienen de atrás. ¿Por qué no se ha encarado antes una situación tan profundamente crítica por debajo de los oropeles turísticos? Primero, no se puede negar que, después de una historia de más de tres décadas de desarrollo del que hay que llamar con toda propiedad “Régimen autonómico canario de 1982”, la realidad socio-política que he abocetado es la resultante de una mala salida al trilema nacional canario. Segundo, para encontrar una explicación satisfactoria de por qué se ha llegado a esta circunstancia hay que retroceder a los orígenes de la Transición de la dictadura a la democracia en Canarias y en toda España. Y esto contando con los elementos que aportan un tiempo más “largo” y otro más “corto” al tiempo “medio” de la Transición.

De una parte, un tiempo más largo, político-económico, porque la brusca introducción del modelo productivo que se basa en el binomio de turismo y construcción se remonta en las Islas a los años sesenta, fijando una nueva desarticulación y desequilibrio estructural que apenas ha sido modificado en las últimas décadas. Aquella brutal ruptura fue toda una epopeya colectiva que aún hoy resulta difícil de comprender en sus incontables particularidades vivenciales. Porque a partir de los años sesenta se impuso a las mayorías isleñas un forzado proceso de modernización capitalista, con grandes claroscuros. La transformación fue primero político-económica, en plena dictadura, y luego también político-jurídica, ya en democracia. Y generó, en pleno desarrollismo económico, nuevas desigualdades para beneficio de unas élites de poder insular, ciegas para todo lo que sea interés común.

Las cifras del cambio estructural apenas pueden dar cuenta de lo ocurrido, pero dimensionan bien la irrefrenable fractura social, casi un colapso, que se produjo en el subsuelo del desarrollismo canario. Como se señala en una reciente síntesis histórica[25] al referirse a este “vuelco total” producido en menos de cincuenta años:

“La agricultura ha sido la gran damnificada, al pasar de ocupar al 54% de la población activa y generar el 32,2% de producto interior bruto en 1960 a emplear al 2,7% de los ocupados y representar sólo el 1,1% de lo producido en 2008. En el caso opuesto se encuentra el sector servicios, con un crecimiento espectacular: de aportar el 27,1% de los empleos y el 43,3% del producto ha pasado a sostener el 79,6% de la ocupación y el 73,9 del PIB. Similar inversión se ha producido en los dos subsectores del secundario: la industria ha descendido del 13,2% al 6,9% en empleo y del 19,1% al 6,3% en producción, mientras que la construcción ha aumentado del 5,6% al 10,8% en ocupación y del 5,3% al 10,3% en riqueza”.[26]

Y de otra parte, un tiempo más corto que también hay que tener en cuenta, político-económico asimismo, porque a partir de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 se agudizó la caída de todos los indicadores básicos de la frágil economía canaria, especialmente el subsector de la construcción, lo que supuso un serio aviso para sus instituciones de gobierno, aviso que aún está siendo desoído con gran irresponsabilidad. Cuando los gestores institucionales canarios, por ejemplo, se pronuncian por un “cambio del modelo productivo” como alternativa de salida de la actual crisis, saben perfectamente que están incurriendo en un engaño demagógico. Porque nada está más lejos de sus intenciones que modificar el modelo de terciarización desmedida y de rotunda desagrarización-desindustrialización con el que tanto se han enriquecido las élites de poder de Canarias.[27]

Son, qué duda cabe, élites cegatas por su incapacidad para asumir un rol nacional propio, no subalterno, lo que quiere decir, no dependiente, no desposeedor y no extravertido: sumisas en el exterior, en permanente sometimiento a la oligarquía centralista española, pero avaras en el interior, en imperturbable acumulación depredadora. Una ilustración más:

“en Canarias 21 familias controlan el 8% del PIB del Archipiélago, mientras más de 800.000 personas se encuentran bajo el umbral de la pobreza, siendo la tasa de personas en riesgo de exclusión social del 38% y la cifra actual de paro del 33%, siete puntos superior a la media española”.[28]

En fin, en estos dos tiempos reside parte de la explicación tanto estructural como coyuntural de la crisis desigualitaria que define a la sociedad del Archipiélago. Tenemos ya suficientes elementos para entender que la nacionalidad canaria se ha convertido —como adelanté— en una peligrosa Escila, espacio de integración entendido como un orden forzoso que de forma asimétrica para la mayoría social resulta ser un caos vital inmanejable. Pero la explicación debe ser completada internándose en el tiempo medio político-jurídico.

La Transición y el Régimen del 78

9. Vayamos, pues, en busca de ese tiempo medio. En primer lugar, ¿cómo describir y caracterizar el paso de aquella dictadura a esta democracia, es decir, la Transición de un Régimen inconstitucional y militarista a uno constitucional y monárquico? Porque, en efecto, para explicar el callejón sin salida en el que ha desembocado en la actualidad una sociedad que se quiso democrática, hay que profundizar en el tiempo medio, el tiempo político-jurídico en sentido estricto. Se trata del tiempo que empieza en la mitad de los años setenta del pasado siglo, cuando se abrió un período de Transición de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria que quedó establecida con la aprobación de la Constitución española, a finales del 78, para llegar a la aprobación del Estatuto canario, a mediados del 82. No debe olvidarse, sin embargo, el marco interestatal, porque también son los años en que se engendra y se empieza a perpetrar a nivel mundial el luego llamado “Consenso de Washington”, que impuso políticas ultraliberales por doquier, también en España (los Gobiernos de Felipe González supieron mucho de esa imposición sin haberlo reconocido nunca).

Además, la española fue una Transición política que se había empezado a gestar bastantes años antes, ya que si la dictadura duró cuarenta años, el cambio democrático se comenzó a fraguar al menos quince años antes de la muerte del dictador, al inicio de los sesenta. Y continuó su forja durante bastantes años más después del 78, al menos hasta el golpe de Estado del 81 (con tanques en las calles y el Gobierno y Parlamento secuestrados) y la apresurada integración en la OTAN en 1982, con las elecciones generales del mismo año y las autonómicas del 83, y con la adhesión a la UE en 1985, ya entrado el no menos largo período felipista (1982-1996).

A partir de la muerte del dictador en 1975 hubo una pugna interna entre las fuerzas oligárquicas franquistas, unas partidarias de la continuación del viejo Régimen sin Franco y otras favorables a evolucionar hacia un Régimen reformado homologable internacionalmente. Ambas porfiando por atraerse a Juan Carlos de Borbón, el monarca “heredero” de la jefatura franquista del Estado. El incremento de las presiones democrático populares junto al desaliento de los sectores más ultras de la cúpula militar del franquismo inclinó la balanza a favor de la segunda opción, al frente de las cual se situó a Adolfo Suárez. Con esa limitada reforma del franquismo —que fue pactada por la oligarquía española (y sus recién creados partidos) con la mayoría opositora (el PSOE de González y el PCE de Santiago Carrillo, entre otros)— empezó el largo periodo del denominado, ya en perspectiva histórica, “Régimen constitucional español de 1978”, el nuevo orden político-jurídico en el que de manera atropellada se insertó más tarde el autonómico canario del 82.

Hay que recordar que la Transición empezó en medio de gravísimas turbulencias gubernamentales, económicas, religiosas y militares[29]. Y que se desarrolló luego durante casi cuarenta años más, hasta el presente, pero sufriendo un rápido agotamiento y posterior involución. En los tres últimos lustros, ya en el siglo XXI, con la excepción de 2004 a 2006, las contrarreformas y la regresión antidemocrática han sido innegables.[30] Así, ahora, a principios de 2017, la sociedad canaria es una más entre las sociedades españolas y europeas que consideran de forma explícita que la política se ha convertido en uno de sus principales problemas. Es una sociedad, la canaria, en la que los jóvenes más conscientes piensan que tanto los políticos del establishment como sus políticas institucionales ya “no nos representan”, expresión literal que surgió del movimiento de los indignados del 15 de mayo de 2011 y que refleja la impugnación e impotencia sentida ante la ínfima minoría social que domina y decide en todos los terrenos.[31]

A mi juicio, la Transición fue, en toda España y en Canarias, un proceso político nada modélico en muchos aspectos fundamentales. Pero, sin embargo, de ella se construyó un relato mítico —el modelo ideológico de la Transición— elaborado con piezas retóricas distorsionadas e incluso tabúes de los que no se podía hablar sin censura. Como, por poner algunos ejemplos, las vicisitudes de la monarquía, las conspiraciones militaristas o la memoria de la represión.[32] Fue también el caso de la corrupción económico-política, cuyas tramas no existieron en el relato mítico, pese a que era una realidad que nunca dejó de existir, ni antes, ni durante, ni después de la Transición real. Porque la casuística corrupta que actualmente tanto escandaliza a unas poblaciones incorregiblemente crédulas, anegando los juzgados y los medios de comunicación, es precisamente uno de los eslabones más sólidos y oscuros de la prolongación del Régimen inconstitucional del 36 en el Régimen constitucional del 78.[33]

10. Por decirlo en términos antes usados, hay que caracterizar la Transición española como un período histórico-político que supuso para las sociedades recorrer un camino concreto, lo que al fin y al cabo significa que de hecho ese proceso tuvo un rumbo y un destino igualmente concretos. La política es siempre una interacción de procesos que se aspira a cursar en un futuro abierto, es decir, un camino que se recorre sin un rumbo y destino predeterminado; la historia por el contrario es el resultado de esos mismos procesos cuando ya forman parte de un pasado cerrado, esto es, el camino que se ha recorrido con el rumbo implícito que ha llevado de hecho al destino alcanzado. Así, la Transición fue un camino zigzagueante, sazonado con cierto colaboracionismo demócrata y mucho miedo social, en cuyo recorrido las élites de los poderes fácticos de entonces, bajo la tutela y el control directo de EEUU y Alemania, pudieron acordar y establecer un rumbo y alcanzar un destino que siempre mantuvieron oculto. Fue un gran arreglo de continuismo oligárquico, aunque con una envoltura pública bastante acicalada, la de una democracia al modo europeo-occidental.

La Transición tuvo sus cimientos político-jurídicos en ese pacto oligárquico, que ha sido la base hegemónica del limitado Régimen democrático constitucional que ha tenido España y que se mantiene casi intacto cuatro décadas después. Ese Régimen ha sido, pues, su rumbo y su destino formal, el que facilitó el camino material a la modernización ultraliberal de las estructuras capitalistas que se abrió paso en la última fase de la historia contemporánea española. También en Canarias la Transición tuvo su específico arreglo oligárquico, en la forma de Régimen democrático autonómico. Aunque en este caso más que un pacto entre las enfrentadas oligocracias insulares fue una imposición directa de la oligarquía central a la que aquellas se sometieron dócilmente, con el visto bueno incluso de los autonomistas PSC y PCC. Una imposición aceptada, un pseudopacto oligárquico (uno más, aunque el más relevante, pues ya había habido ensayos en los últimos años de la dictadura).[34]

En definitiva, la doble Transición fue todo menos ejemplar. Consistió en la creación de un nuevo Régimen hibrido, homologable, de democracia restringida e ideología liberal-conservadora con ribetes heredados de corte autoritario y excluyente, una fórmula lampedusiana a la española (y a la canaria). Tal y como ha escrito Jaime Pastor, “su principal resultado fue la continuidad del bloque de poder dominante y, con él, de una parte de las instituciones y la simbología heredadas del franquismo”.[35]

Que era lo que buscaban sus autores y fautores. Algunos de los intelectuales más desvergonzados al servicio del nuevo Régimen trataron luego de exportar el prodigioso relato mítico transicional y transaccional incluso a Latinoamérica y a la Europa oriental. Su relativo éxito inicial se saldó con un rotundo fracaso final, como era de esperar. Gerardo Pisarello lo ha sintetizado así:

“El cambio político de la Constitución de 1978 era presentado como ejemplo de una Transición virtuosa, pactada, que marcaba un rumbo constitucional digno de imitación. El diseño institucional, la apuesta por una “economía de mercado” capaz de incorporar algunos contrapesos sociales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eran objeto de seguimiento e incluso de importación en los contextos más variados. En los últimos años, este efecto emulador ha perdido pujanza. La penetración del constitucionalismo neoliberal español ha sido tan vertiginosa que ha puesto en cuestión sus fundamentos básicos, no sólo en términos de modelo productivo, social y territorial, sino también desde el punto de vista de su capacidad reguladora de la realidad”.[36]

Esta es en conjunto la caracterización de la Transición que me parece más adecuada, vista desde sus lastres originarios, que no son las “restricciones” institucionales —de naturaleza lógica y moral— necesarias en las democracias representativas, tal como las concibe Ernesto Garzón Valdés.[37] Porque desde hace más de una década, como señala el mismo Pisarello, el Régimen democrático atraviesa una profunda crisis, crisis que además se enmarca en la que atraviesan actualmente las democracias constitucionales.[38] Y que se ha agudizado —y luego visibilizado sin freno ni remedio— con la puesta en cuestión por parte de la ciudadanía del bipartidismo imperfecto que ha sido el gestor omnímodo del Régimen (con siete años de Gobiernos españoles de UCD, veintiuno del PSOE y trece del PP, desde 1976 a 2016, y muchos más de treinta años de Juntas y Gobiernos canarios con distintas combinaciones de CC y antecesores, en acuerdo ora con el PSC ora con el PP).

Desde finales de 2016, y pese a su crisis, los Regímenes español y canario del 78 y del 82 parece ser que seguirán siendo gestionados de manera similar, en innegable connivencia estratégica de las mismas élites oligocráticas (en España, desde un nuevo tripartidismo, aparecido con la incorporación de C’s y la vía libre dada por el PSOE al segundo mandato de Rajoy, tras defenestrar a su anterior secretario general; y en Canarias desde algo similar, con los gobiernos de CC en pacto con el PSOE o con el PP, e incluso en solitaria minoría).

La Constitución del 78 y la democracia

11. Caracterizada la Transición, se hace necesaria la siguiente pregunta: ¿cómo hay que valorar los textos fundamentales del bloque constitucional español y canario? Para poder hacer una valoración adecuada —siempre desde el punto de vista democrático— creo que hay que traer a colación unas sencillas distinciones conceptuales de naturaleza político-jurídica junto a algunas de sus consecuencias teóricas. Será útil tenerlas en cuenta.

En primer lugar, diferenciaré legalidad de legitimidad. Pues tanto hay leyes justas como injustas, tanto leyes legítimas como leyes ilegítimas. La legalidad se ocupa de las normas y reglas, y la legitimidad de su eventual equidad. Por tanto, como consecuencia, hay que tener presente que un simple y concreto corpus jurídico de leyes estatales no nos sitúa necesariamente ante una democracia constitucional en sentido fuerte.[39] El Régimen franquista tenía una legalidad, pero era una legalidad ilegítima que conformaba un Estado no constitucional, por poner un ejemplo.

También distinguiré, en segundo lugar, entre legitimación, que es un concepto de huella socio-política, y legitimidad, que es un concepto de impronta ético-política. Porque lo aceptado o justificado no equivale a lo aceptable o justificable. Así, no todo lo que es legalizado (de forma jurídica-política) y legitimado (de manera socio-política) resulta legítimo (de modo ético-político). Es el caso, por ejemplo, de la aprobación legislativa (legalidad) de la pena de muerte o de una constitución dictatorial, que cuando es aceptada por una mayoría social (legitimación) en un determinado espacio y tiempo, no por ello se convierte en aceptable (legitimidad). En consecuencia, hay actitudes, acciones y normas que por mucho que sean “justificadas” no son justificables; carecen de validez ético-política.[40]

Además, en tercer lugar, aceptaré la distinción entre legitimidad de origen y legitimidad en ejercicio (como es habitual desde que la propuso Norberto Bobbio), que es crucial para desbaratar la pretensión de que la legitimidad de origen de una ley (por ejemplo, una ley ya de por sí restrictiva y poco democrática) legitime en ejercicio ciertas interpretaciones, desarrollos y aplicaciones abusivas).[41] Pero asimismo haré otra distinción entre estas dos dimensiones de la legitimidad y una tercera, la legitimidad a término, que implica la evaluación ex post del conjunto de un proceso socio-político completo. De modo que incluso (1) puede haber normas, actitudes y acciones políticas legales y legítimas de origen, que (2) pueden dar lugar a actos políticos tanto legítimos como ilegítimos en ejercicio, (3) que terminen por resultar del todo ilegítimos a término. Sin entrar en acciones y actitudes en las que la evidencia es mayor, pensemos tan sólo en normas como las directivas europeas sobre refugiados, la “ley mordaza” española o la ley electoral canaria.

La Transición del Régimen dictatorial del 39 al Régimen constitucional español del 78 y al Régimen autonómico canario del 82 constituye —en conjunto y en sus principales elementos— un evidente proceso histórico-político en el que estas categorías filosófico-políticas encuentran clarificadora aplicación.

12. ¿Cómo valorar entonces el texto de la Constitución, en concreto, desde estas categorías y consecuencias teórico-políticas? Desde los puntos de vista de la legalidad jurídico-política, de la legitimización socio-política y de la legitimidad ético-política hay mucho que contradecir del estereotipado modelo ideológico-político de aquel periodo, interpretación que ya ha sido apuntada en algunas ocasiones por una minoría de pensadores y analistas, que por eso mismo suele ser marginada. Una valoración del Régimen constitucional instaurado no puede ser maniquea, pensando como muchos que todo fue bueno o que todo fue malo. El análisis ha de separar los elementos negativos, puesto que los hubo, de los positivos, también innegables, si se hace desde el punto de vista del ejercicio real de los derechos de ciudadanía y de la democracia constitucional.

La Constitución española de 1978 fue —como también el Estatuto canario de 1982— un serio avance, como es obvio, respecto a los Leyes Fundamentales del Movimiento franquista. Pero eso iba de suyo si se pretendía instaurar una democracia en serio. No podía ser de otra manera porque no se puede hablar de democracia real sin un Estado constitucional de derecho que, como mínimo, reconozca la soberanía popular y la igual libertad para toda la ciudadanía. Las conquistas democráticas de entonces hay que atribuírselas a las demandas de las luchas y movimientos democrático-populares, que fue en quienes se apoyaron los que habían de acordar y redactar esos textos legales. La cuestión era —en aquellos momentos tanto como en éste— qué democracia, qué derechos, qué constitución, qué estatuto y qué leyes electorales.

Recordaré que al Referéndum de la Constitución en diciembre del 78 se llegó mediante una intensa campaña institucional favorable al Sí que corrió casi toda a cargo del Gobierno de Suárez y sus medios de comunicación afines.[42] Eran, a este respecto, todos los prácticamente existentes, empezando en primerísimo lugar por el monopolio televisivo de entonces. Los partidos legalizados a principios del 77, que no eran todos, llamaron a votar afirmativamente el texto constitucional en el Referéndum (con alguna excepción en Euskadi), como no podía ser de otra manera puesto que fueron los que previamente habían consensuado entre sí todo el articulado. Siguiendo el patrón establecido, de este modo se convirtieron y consolidaron durante décadas como partidos del sistema o partidos del Régimen del 78.

No en vano han tenido, por encima y por debajo de las diferencias proclamadas, un acuerdo pragmático en todos los asuntos fundamentales. ¿Por qué ha de sorprender que esa confluencia y consenso tan reiterado se haya hecho evidente desde 2011 y les haya arrastrado a la profunda crisis que atraviesan?[43] Veamos. La Constitución de 1978 era en muchos sentidos democrática. Especialmente los arts. 14 a 29 del Título I sobre derechos y libertades (aun con algunas excepciones, como el maltrato de los derechos sociales). Y también los artículos básicos sobre el Estado social y democrático de derecho, la división de poderes, etcétera. Asimismo, en Canarias resultó fundamental la Disposición Adicional Tercera que garantizaba —aunque de modo insuficiente— el derecho a mantener un régimen fiscal propio (que es parte del acervo canario que, en contraste con lo logrado por las élites vascas, las canarias nunca han sabido hacer valer).

El voto negativo en el Referéndum constitucional no pudo ser justificado con facilidad, en el caso de una parte de los demócratas consecuentes, porque como ha planteado Javier Pérez Royo:

“la Constitución de 1978 es la única Constitución que, iniciando un ciclo, ha presidido una experiencia de construcción prolongada en el tiempo de un Estado con base en el principio de legitimación democrática…”, añadiendo que: “Parecía que podía ordenar su convivencia políticamente de una manera jurídicamente ordenada con vigencia proyectada de manera indefinida, como ya lo habían hecho los demás países europeos occidentales”.[44]

En efecto, era innegable que la homologación europea había presidido los afanes formales de sus redactores. Sin embargo, esto no puedo ocultar que esa misma Constitución imponía normas nada democráticas, normas que hicieron que algunos otros demócratas radicales que no querían votar en contra, tampoco quisieron secundar el voto positivo. Fue por eso que en Euskadi la participación en el Referéndum no llegó a alcanzar el 50% del censo y en Canarias quedó cuatro puntos por debajo de la media española.[45] Con el Referéndum se logró la legalización jurídico-política y la legitimación socio-política de la Constitución de finales de los años setenta del siglo XX, pero cabe preguntarse si el nuevo Régimen alcanzó con ello su plena legitimidad ético-política.

13. Antes de entrar en la cuestión valorativa de la legalidad-legitimación-legitimidad de la Constitución del 78, creo que hay que preguntarse con más detalle si hay normas que podían y pueden ser calificadas de poco o nada democráticas. Lo primero es recordar que las elecciones del 15 de junio de 1977 no fueron convocadas como elecciones a Cortes constituyentes. No fueron constituyentes de derecho, aunque sí lo fueron de hecho, como poco después se pudo comprobar. Lo segundo a no olvidar es que la Constitución surgió de una comisión de diputados con amplia mayoría de derechas y trayectoria política franquista, con abundantes pactos “bajo la mesa”. Son hándicaps que pasan factura.

Recordaré además las principales cinco normativas poco o nada democráticas —al menos a mi juicio— desde el punto de vista de la legitimidad constitucionalista: uno, el alegato a favor de una inexistente Nación “española” como “indisoluble unidad” y “patria común de todos los españoles” (afirmada en el Preámbulo y en el artículo 2 como fundamento constitucional del Estado); dos, la misión ilegítima que se otorga a las fuerzas armadas de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su independencia territorial y su ordenamiento constitucional” (artículo 8); tres, la imposición de que la forma del Estado sea una “monarquía parlamentaria” (artículo 1.3), con “inviolabilidad” y carácter “hereditario” del jefe del Estado (artículos 56.3 y 57), sin que se hiciese un obligado referéndum específico, como se hizo en Italia el 2 de junio de 1946 al final del período fascista;[46] cuatro, la autonomización de las nacionalidades según vías de arbitraria primera y segunda categoría (Título VIII); y cinco, la naturaleza capitalista del sistema económico (dispersa por gran parte del articulado).

Había más normas poco democráticas. Por ejemplo, por citar sólo dos más: seis, la creación del Senado, concebido como segunda cámara con la posibilidad de restringir u obstruir lo que se escapara del control del Congreso (artículo 69); y siete, la no confesionalidad del Estado español, que se corrige de inmediato en beneficio de la Iglesia católica (artículo 16.3).

En fin, como ha mostrado con sobrados argumentos críticos Pérez Royo, “la ‘voladura’ de las Leyes Fundamentales [del Movimiento franquista] se produjo bajo la condición de que en el solar que quedaba libre se edificara una Constitución monárquica, bipartidista y antifederal”. Y añade, para aviso de navegantes, que en aquel momento: “Nadie podía llamarse a engaño”.[47] De ahí que la desfachatez intelectual edulcorando después las bondades del texto constitucional haya sido una operación mediática de largo alcance a la que se sumó una multitud de políticos, sindicalistas, periodistas, profesores, empresarios, etcétera: la corte de vasallos del nuevo Régimen.

El bloque constitucional español y canario

14. A partir de ahí, ¿cómo habría que valorar el resto de normas del Régimen constitucional español del 78 y del Régimen autonómico canario del 82? Hay que recordar, en efecto, al margen y en paralelo, otros dos elementos más de la legislación sobre elecciones y sobre partidos que resultan de escaso contenido democrático. Porque, ocho, las elecciones del 15 de junio del 77 se convocaron desde un bloque de preconstitucionalidad franquista conformado por la Ley de Reforma Política (del 4 de enero de ese año 77) y un Decreto-Ley de Normas Electorales (del 18 de marzo), aparentemente para salir del paso, pero que luego se ha mantenido durante décadas hasta el presente.[48] Y porque, nueve, aquellas primeras elecciones del 77 se convocaron sin una Ley de partidos, pues la que hubo es posterior al proceso electoral. Esa Ley fue elaborada y publicada un año y medio después, justo dos días antes de que fuese refrendada la Constitución (el 6 de diciembre de 1978), por lo que tampoco puede ser considerada con garantías como una Ley constitucionalista.

Volviendo ahora a la cuestión pendiente, ¿se puede afirmar que estas nueve peculiaridades no lesionan la legitimidad de origen del bloque constitucional español? De ninguna manera. Porque no cabe ninguna duda de que estos elementos de la Constitución y circundantes a ella son anticonstitucionales desde el punto de vista del constitucionalismo democrático garantista. En concreto, la tardofranquista ley de partidos se ha mantenido en su esencia desde entonces, pese a las reformas realizadas entre 2002 y 2015, como queda en evidencia por el defectuoso funcionamiento democrático de los partidos y su opaca —y a veces corrupta— financiación. Y esto es algo que no se agota en sí mismo sino que ha tenido luego desastrosas consecuencias en otros muchos órdenes. Por decirlo de nuevo con palabras de Javier Pérez Royo, que lo ha señalado de forma rotunda e incuestionable:

“El sistema de partidos de la democracia española no tiene su origen en la Constitución, sino que su origen es preconstitucional. (…) Con ese sistema de partidos se procederá a la elaboración de la Constitución. Y a partir de la Constitución y con base en la Constitución se aprobará un ‘bloque de constitucionalidad’ que reproduce en lo esencial sin ninguna desviación digna de mención el ‘bloque normativo preconstitucional’”.[49]

Es decir, la Ley de Reforma Política de las Cortes franquistas y el Decreto-ley de Normas Electorales fueron más que deconstituyentes del Régimen del 36, constituyentes del nuevo Régimen del 78, tiñéndolo de continuismo antidemocrático. Porque ni de origen, ni en ejercicio, ni a término se podía esperar que estos elemento de ilegitimidad fuesen impugnados y recurridos precisamente por los partidos del sistema, por sus parlamentarios y propagandistas, responsables interesados en que esas cuestionables normas estuviesen ahí. Tampoco se podía esperar su cuestionamiento por las otras instancias de control del sistema que podían hacerlo. Y ahí permanecen. Frenando el avance democrático, favoreciendo a las minorías oligárquicas y sus políticas antisociales. No otro fue el motivo de que la inicial ruptura democrática con la dictadura se convirtiese en muy poco tiempo en una reforma oligocrática de la dictadura. Los partidos del sistema están irrecuperablemente implicados en ese descalabro. Y así se ha llegado hasta el presente, en una situación de encrucijada. Según Pisarello:

“Es difícil que este escenario pueda revertirse apelando a la simple resistencia constitucional, esto es, al rescate de los elementos más garantistas de la Constitución de 1978. O peor, a una reforma de mínimos —escribe— incapaz de dar respuesta a las demandas de las generaciones más jóvenes, que no participaron en aquel proceso constitucional tutelado y que hoy exigen, como alternativa a la migración o la precarización sin límite, marcos constitucionales a la altura de los retos sociales y democráticos del siglo XXI”.[50]

De ahí la innegable necesidad de apertura —pese a los bloqueos pasados y presentes— de un proceso democrático deconstituyente y reconstituyente que ponga el acento en sanar los elementos antidemocráticos citados de la Norma fundamental del Estado español y de las leyes derivadas.

15. Ocurrió algo semejante, aunque mucho peor, con el Estatuto canario del 82. Especialmente desde los puntos de vista de la participación, la deliberación y el debate público de los procedimientos decisorios seguidos y de los contenidos mismos de lo aprobado en la Cortes madrileñas (un caldeado 10 de agosto de 1982, día en el que de una tacada se aprobaron tres Estatutos más). Treinta y cinco años después Pablo Ródenas ha contado en una entrevista cómo se inició el proceso, y al respecto me permito transcribir un párrafo:

En ese contexto, la elaboración del Estatuto fue un desastre completo. Viví la primera fase de cerca. En 1980, como consejero del Cabildo de Tenerife y miembro de la Mancomunidad, asistí a la reunión de las dos Mancomunidades de Cabildos, en Las Palmas, junto a un grupo de parlamentarios. Porque no se había previsto con precisión ni siquiera quién tenía que aprobar el Estatuto en Canarias, dadas nuestras peculiaridades institucionales. Se presentó sobre la marcha un borrador hecho desde una plantilla general elaborada en Madrid para todas las comunidades autónomas, pactado luego por la gente de José Miguel Galván Bello y Lorenzo Olarte, como representantes de los intereses insularistas. En la reunión se pretendió discutir artículo a artículo. Por mi parte fui impugnando cada uno a medida que se leía, por considerarlos todos nulos de pleno Derecho. Al llegar al artículo sexto, referido a la instalación de bases militares extranjeras en las Islas, tanto el PSOE, por boca de Jerónimo Saavedra, como yo mismo, por UPC, rechazamos de plano esa posibilidad y nos retiramos de la sala. El resto de artículos fueron aprobados en un santiamén por los consejeros y parlamentarios que quedaban, de UCD. Así se aprobó el borrador de Estatuto en Canarias. ¿Quién ha sabido o leído algo al respecto? ¿Quién vio y publicó el acta de aquella tomadura de pelo? Pero todavía habrá quien piense que no se podía hacer otra cosa… (…) El texto se envió al Parlamento español y allí fue aprobado mediante un pacto previo gestado por UCD con el PSOE estatal. Resulta increíble, pero así fue. Y silencio ante todo esto. Nos impusieron el Estatuto que quisieron por la vía del artículo 143 de la Constitución, teniendo en cuenta nada más que los intereses político-económicos de los grupos cupulares de las burguesías insulares.[51]

La imposición de aquel proceso estatutario desde las Cortes españolas, con la sumisa complicidad de las élites insulares canarias —y sus respectivas organizaciones, partidos e instituciones bajo su control— ha tenido graves e insuperables consecuencias en la conformación del sistema autonómico canario. El principal resultado fue que el Archipiélago se constituyó como Comunidad Autónoma, con un régimen de mínimos autonómicos y con tres años de retraso respecto a las nacionalidades que se pusieron en cabeza de los procesos autonomistas, dado que las irresponsables oligarquías de las Islas renunciaron de entrada a la vía rápida del artículo 151 de la Constitución (destinada arbitrariamente a Cataluña y Euskadi, y Galicia tal vez, nacionalidades a las que se sumó de inmediato Andalucía).[52]

A través de sus representantes parlamentarios de entonces —en su mayoría de UCD, un partido que meses después de la aprobación del Estatuto canario se derrumbó para siempre—, Canarias fue sometida a la servidumbre de la vía lenta del artículo 143 y así renunció a su indudable condición de nacionalidad y a las competencias —y presuntos “privilegios”[53]— de la vía especial. Baste comparar su Estatuto con los Estatutos catalán y vasco, e incluso con el gallego y andaluz, para observar que la nacionalidad canaria —entre otras competencias— perdió, por un lado, la competencia política de refrendar su Ley fundamental (posibilidad que habría impedido en parte la chapuza político-jurídica que he narrado), por otro, la competencia de convocar elecciones autonómicas según sus necesidades políticas, y sobre todo la posibilidad de avanzar hacia una hacienda propia. Es decir, perdió nada más y nada menos que su incipiente derecho a decidir desde la legalidad que se le negó.

Así, estas mismas miopes élites tuvieron que sumarse en 1996, catorce años después de la aprobación del Estatuto, a la reivindicación nacional popular canaria de que se reconociese al pueblo del Archipiélago su condición de nacionalidad,[54] junto a otras pequeñas reformas que en cualquier caso no terminaban de equiparar a Canarias con las comunidades del 151. Especialmente en un asunto central que habían logrado reivindicar para sí Euskadi y Navarra, el modelo fiscal de “concierto y convenio económico”, pacto con el Estado que regula las relaciones tributario-financieras, a pesar de que Canarias también cuenta con el reconocimiento en la Constitución de su acervo económico y fiscal.[55]

En concreto, el Estado español en la clausula Adicional Tercera de la Constitución reconoce a la nacionalidad canaria el derecho previo a informar de cualquier acuerdo Canarias-España en lo concerniente a su relación económico-fiscal.[56] Este reconocimiento de la nacionalidad canaria como sujeto decisor por parte del Estado español es un indudable elemento material indirecto de soberanía nacional canaria y elemento formal directo de supeditación procedimental ante Canarias (en lo que se refiere a la singularidad de su régimen económico fiscal).

¿Qué explica que las conformistas élites canarias hayan entendido ese derecho, durante décadas, como un mero trámite sin contenido alguno? No hay más respuesta posible que la pura deserción de sus responsabilidades nacionales, adaptadas a un autonomismo de mínimos, sin ambición alguna. Lo que no ocurrió ni ocurre en Euskadi o en Cataluña, con sus autonomismos de máximos.[57] A mi juicio, los canarios tienen derecho a negociar y acordar el que debería ser su propio “concierto económico” en el futuro, y luego informar al Estado, en la perspectiva de poder afrontar con una hacienda propia el histórico diferencial sistémico que lastra al Archipiélago.

16. Me refería antes la pregunta por la legalidad jurídico-política, la legitimación socio-política y la legitimidad ético-política de la Constitución del 78. Ampliando la cuestión al conjunto del bloque constitucional español y sobre todo al canario, ¿qué legalidad, qué legitimación y qué legitimidad hay que considerar que tiene en conjunto el Régimen democrático desarrollado en los últimos casi cuarenta años? Y me hago la pregunta sin hablar aún de algunas leyes, como la Ley electoral canaria, un completo y adulterado despropósito donde los haya, o de la Ley del suelo que las oligarquías insulares quieren aprobar en 2017, encaminada a la explotación especulativa (y destrucción) del territorio no urbanizado que queda. Adelantándome a estas cuestiones diré que las Transiciones española y canaria, por todo lo razonado hasta aquí, se hicieron, a mi juicio, con un bloque de constitucionalidad muy deficiente. Por tres estimaciones fundadas en la argumentación precedente.

En primer lugar, el Régimen del 78 se ha desarrollado con una insuficiente legalidad constitucionalista, viciada en el origen y en la regresión de muchas de sus piezas básicas. Legalidad viciada, de una parte, por el origen anticonstitucional de los elementos sustanciales que he mencionado y legalidad viciada, de otra parte, por la regresión legislativa posterior. Servirían para ilustrarlo las diferentes leyes laborales que se aprobaron una tras otra, y a cual peor, en su violación de los derechos económicos y sociales reconocidos en la Constitución a la ciudadanía. Pero sirva como claro botón de muestra de esa regresión la mal llamada “Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana”. Aprobada en el verano de 2015 y mejor conocida como “ley mordaza” o “ley antiprotesta”, consta de un articulado que se elaboró para la restricción de las libertades y el endurecimiento de la represión, precisamente contra uno de los elementos de más valía democrática de la Constitución, el Título I sobre derechos y libertades. Tan autoritaria es que mereció un editorial del The New York Times. Terminaba éste afirmando lo siguiente:

“La nueva ley mordaza de España nos devuelve inquietantemente a los oscuros días del Régimen de Franco. No hay lugar para ella en una nación democrática en la que los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen derecho a que la protesta pacifica colectiva no sea un mero derecho virtual”.[58]

En segundo lugar, me parece indiscutible que de facto el Régimen democrático del 78 se desarrolló ganando inicialmente una suficiente legitimación socio-política, que se extendió de forma progresiva hasta mediados los ochenta. Todo lo más hasta el Referéndum de permanencia en la OTAN, del 86, y la huelga general del 88, acontecimientos a los que se sumó el debate público sobre el terrorismo de Estado y los GAL, que duró más de diez años y terminó con un ministro, un general y varios políticos y agentes policiales en la cárcel. Desde entonces la erosión no dejó de producirse, con la corta excepción de los años del primer Gobierno de José María Aznar en 1996, que le llevaron a la mayoría absoluta en el 2000, o los del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, gobiernos ambos que —no se puede olvidar— terminaron en medio de un gran descrédito.

Esa lenta deslegitimación ha continuado hasta el presente. En febrero de 2016, por ejemplo, el Barómetro del CIS señalaba que los problemas que más preocupan eran el paro (78%), la corrupción y el fraude (47,5%), los problemas económicos (25,1%), y los políticos (y sus partidos (22,2%). Es decir, problemas todos de ineficiencia de las políticas en los espacios de la economía, la justicia y la gubernamentalidad. La partitocracia responsable de las políticas antisociales está siendo sometida a un paulatino y evidente cuestionamiento. En las elecciones de 2016, por ejemplo, aún ganándolas, el PP perdió más de un 25 % de su electorado, además de la mayoría absoluta, en comparación con las de 2011, y el PSOE más de un 20 %, después de haber perdido en 2011 más de un tercio respecto a las de 2008.

Y por último, en consecuencia, se ha desarrollado el Régimen del 78 con una deficitaria legitimidad ético-política. Un déficit de legitimidad de origen, en ejercicio y —sobre todo— a término, en el que destaca la nociva reforma del artículo 135 de la Constitución (un 23 de agosto de 2011, también en verano, ya es casualidad parlamentaria) y la subsiguiente involución general en materias referidas a la Unión Europea y la recentralización, a la economía, la moneda y las finanzas, al trabajo, la vivienda, la educación y la justicia, a la inmigración y los refugiados y a un largo etcétera.[59]

Pero quizá los más incontestables ejemplos de este déficit de legitimidad sean precisamente las poco democráticas leyes electorales. Su ilegitimidad de origen, revalidada en ejercicio a lo largo de los años, ha quedado ratificada a término al cerrase el ciclo del monopolio partitocrático entre 1978 y 2014 con la aparición de nuevos partidos estatales (y, desgraciadamente, también estatalistas) como Podemos y C’s. Porque se suele olvidar que la Ley electoral española se ha mantenido incólume desde el primer decreto preconstitucional de 1977 hasta ahora, a pesar de las sucesivas y mínimas reformas realizadas, bajo la ilegítima voluntad de distorsionar el principio de igualdad en el derecho al sufragio y de beneficiar así al bipartidismo alternante (ya que sólo ha habido Gobiernos del PSOE y de UCD-PP).[60]

Pero más claro aún es el ejemplo de la Ley electoral canaria, redactada según la desproporcionada Disposición Transitoria Primera del Estatuto de autonomía de 1982, mantenida y empeorada aún más hasta el presente. Se trata de la menos democrática de las leyes electorales españolas, e ilustra bastante bien al bloqueo y parálisis a la que ha sido conducida gran parte de la política interna del Archipiélago. Porque en el Estatuto se fija en sesenta el número de Diputados del Parlamento canario, conforme a la siguiente distribución: quince por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho por La Palma; ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura; cuatro por La Gomera y tres por El Hierro. Esto hace que el 83% de la población tenga sólo el 50% de la representación y mientras que el 17% restante cuenta con el otro 50%. Igualmente, se establecen abusivos topes del 30 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción insular y del 6 por 100 de la totalidad de la Comunidad Autónoma.[61]

¿Puede considerarse legítima semejante distorsión de la representación política? Sin embargo, salvas al aire al margen, el bloque hegemónico de poder canario-español se niega tajantemente a modificarla en su aspecto sustancial: la creación de una circunscripción nacional canaria, que habría que combinar con alguna representación de los territorios insulares de modo que la desproporcionalidad sea en todo caso reducida (y no desmedida como en la actualidad). Y mientras tanto, más de tres décadas después, nadie se responsabiliza de esta tan extraordinaria y distorsionadora restricción democrática que repercute en el sistema institucional canario por entero (lo mismo que ocurre en el plano estatal).

Los autonomismos y sus límites

17. Hay que plantearse, entonces, si está agotado el actual autonomismo constitucional, incluso en nacionalidades como la vasca y la catalana, que disponen de marcos autonómicos de máximos. Desde luego el autonomismo conformista que realmente existe en Canarias hay que decir que no sólo está agotado, sino que ha fracasado. Deficiencias democráticas como las que he señalado afectan a una parte fundamental de la legalidad jurídico-política de los regímenes español y canario del 78 y del 82. Y permiten cuestionar las políticas estatales del liberal-conservadurismo españolista, y de quienes lo apoyan, que se sirven de esa legalidad de forma reaccionaria en toda España. No sólo ponen en evidencia la escasa legitimidad ético-política del Régimen, sino que están debilitando cada vez más su legitimación socio-política, especialmente entre los sectores más jóvenes de las poblaciones. También de Canarias.

Sin embargo, el pseudopacto oligárquico canario —ese que a la salida del franquismo fijó el marco de integración de la nacionalidad canaria en el Estado español, bajo el formato autonómico de mínimos (por la vía del artículo 143, luego varias veces reformado)— sigue en la actualidad vigente, con todos sus claroscuros. No ocurre exactamente lo mismo en algunas nacionalidades con los mismos derechos potenciales, como Euskadi y Cataluña y sus respectivos autonomismos de máximos. ¿Cuál es la razón? Una reflexión comparativa permite hacer tres observaciones de mucho interés: una, sobre las potencialidades desaprovechadas por el autonomismo canario de mínimos; otra, sobre las insuperables restricciones del autonomismo de máximos para quienes disponen de él; y una tercera, sobre algunos errores a evitar de los independentismos. Veamos estos rasgos para facilitar la obtención de algunas conclusiones.

Primero, “potencialidades autonomistas desaprovechadas”. Porque si Euskadi y Cataluña están en una indiscutible mejor situación político-económica y político-cultural es a causa de que su autonomismo de máximos no fue impuesto. Fue acordado por las élites dirigentes de la época, en muy tensas negociaciones, y luego ratificado por las mayorías sociales vasca y catalana, en consulta refrendaria tras un intenso debate público. Toda la vida social de estas dos nacionalidades se ha visto así favorablemente afectada: su bienestar es, especialmente en Euskadi, mucho más confortable.

Para entender el diferencial entre el autonomismo de mínimos y el de máximos conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿tienen algo que ver las diferencias entre las competencias políticas de las que disponen y aplican los Gobiernos canario y vasco —por poner el ejemplo comparativo con la Comunidad Autónoma más avanzada con una de las más retrasadas— con la obtención de resultados sociales tan diferentes, de penuria en un caso y de prosperidad en el otro? La respuesta es, a mi juicio, obvia.[62] Porque el sistema foral vasco, que es casi federal o incluso confederal, ha tenido la virtud de llevar al autonomismo constitucional casi hasta su techo más alto, comprometiendo y responsabilizando a la propia sociedad del País Vasco —para lo bueno y para lo malo— en el autogobierno de gran parte de su economía, de su cultura, de su bienestar. En Canarias, para infortunio de la mayoría de sus ciudadanos, no ocurre nada parecido, precisamente a causa de su autonomismo de mínimos, convertido en instrumento de subordinación y el armazón de la permanente dependencia, desposesión y extraversión.

Segundo, “restricciones autonomistas insuperables”. Porque, no obstante, buena parte de estas dos sociedades más avanzadas —la vasca y la catalana— está cuestionando con perseverancia sus autonomismo de máximos, porque les resultan insuficientes. El autonomismo se ha convertido en un obstáculo que necesitan vencer si quieren mantener y seguir aumentando su legítimo bienestar. La mejor prueba de ello es la constatación de que el pacto autonomista vasco-español, sigue en el presente en un proceso de rechazo, aunque sea de baja intensidad, y el pacto catalano-español, en un proceso de acalorada ruptura por ambas partes. Por el contrario, en el Archipiélago no ha podido acontecer nada similar, dado que el autonomismo resignado que caracteriza tanto a las élites como las mayorías sociales carece de reivindicaciones similares.

Una precisión se hace necesaria respecto a la actual baja intensidad del proceso de rechazo vasco del autonomismo, ya que como es harto sabido no fue así hasta hace poco más de un lustro. Porque, en efecto, en los primeros años dos mil, el nacionalismo vasquista intentó desbordar el corsé autonomista con el llamado “Plan Ibarretxe”, que fue rechazado sin contemplaciones por el nacionalismo españolista. La propuesta de nuevo Estatuto para Euskadi, de 2004, en un contexto en el que continuaba la violencia terrorista, ni siquiera definía a la nacionalidad vasca como “nación”, sino como “pueblo”. Eso sí, se le reconocía el “derecho a decidir”, en tanto que concreción del derecho de autodeterminación. Era, además, una propuesta que no pretendía la separación, dado que después de manifestar la “voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia”, el texto añadía: “Este pacto político se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico”.[63] Sin embargo, tenía un aspecto extraordinariamente débil: ni antes ni después de 2004 se consultó a la ciudadanía vasca, por lo que el choque de las dos mayorías parlamentarias y de los dos gobiernos, de Euskadi y España, no sólo no fue evitado, sino que puede pensarse que fue desatinadamente buscado por ambas partes.[64]

Y tercero, “errores independentistas a evitar”. Porque aunque en los últimos cinco años la alta tensión se haya ido desplazando de Euskadi a Cataluña, el bloqueo político continúa en ambas nacionalidades (desde el punto de vista democrático, que es el que aquí importa), en la medida en que sus gobiernos traten (o trataron en el pasado inmediato) de avanzar hacia la independencia estatal sin recurrir al único instrumento legítimamente válido para lograrlo, la vía democrática (material y formal) de la autodeterminación nacional. No se puede olvidar que el bloqueo político ha sido causado por las políticas antidemocráticas de la oligarquía centralista española, en sus intentos —del pasado y del presente— de subordinar a las nacionalidades del Estado. Pero esa “causalidad” no justificará nunca el abandono de los caminos democráticos con el pretexto de querer avanzar hacia sociedades menos injustas y más soberanas, sustituyéndolos por caminos oligocráticos.

Se estanca la situación cuando se pugna por un Estado propio sin gestar un previo y amplio acuerdo democrático, en Euskadi,[65] en Cataluña[66], o en cualquier nacionalidad del Estado. En concreto, la ruptura casi completa del pacto catalano-español está servida. A partir de 2012, el rechazo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de la demanda de un nuevo “pacto fiscal” (semejante al Concierto económico vasco), junto a un carrusel de decisiones y acciones políticas de alto voltaje y mucha conflictividad, han llevado al vínculo Cataluña-España a una situación de ruptura, estancamiento y pugna política explícita, de evolución difícil de prever.[67] El malestar político y la insatisfactoria situación social de Cataluña es en el presente el principal factor de inestabilidad en España y, de forma paradójica, el de mayor dinamización. Es una realidad instrumentalizada por la oligarquía centralista del Estado y rentabilizado electoralmente por las derechas españolistas. Y, al tiempo, es una pugna fundamental para el rejuvenecimiento y la democratización del Estado español, dado que trasciende a la sociedad catalana. Es, por tanto, una pugna a la que deberían sumarse el resto de nacionalidades que aspiren a un mayor bienestar y justicia.[68]

Una política del amplio acuerdo democrático sobre las relaciones entre nacionalidades y Estado debe incluir (1) el reconocimiento formal del derecho a decidir, (2) los contenidos plurales sobre qué hay que decidir y (3) los procedimientos sobre cómo hay que decidirlo. Este es el objetivo-guía estratégico a seguir, la llave de entrada a las sociedades del autogobierno, el bienestar y la equidad. Lo repito: la opción más razonable y decente, más viable y deseable, es avanzar hacia Ítaca, entre Escila y Caribdis. Esto es, avanzar democráticamente hacia las tierras autodeterministas de equidad, sin estancarse o buscar atajos en tierras de baja o nula calidad democrática como son las tierras autonomistas de integración y las tierras independentistas de apocalipsis. La lucha democrática de las nacionalidades del Estado debe pues continuar y el Régimen constitucional-autonomista debe ser deconstituido y reconstituido de forma democrática, reconociendo el derecho de autodeterminación y la soberanía de las nacionalidades.

18. A partir de esas reflexiones sobre los autonomismos vasco y catalán, ya se puede hacer balance del Régimen autonomista canario. La situación política de Canarias se encuentra a años luz de la de Euskadi o de Cataluña, como es evidente, no sólo en lo jurídico y gubernamental, sino también en lo económico y en lo cultural. Constriñendo al Archipiélago, el pseudopacto oligárquico o pacto de sumisión canario de los primeros ochenta del siglo pasado se mantiene vigente por dos motivos muy diferentes: uno, porque la élite económico-política canaria lo aceptó con diligencia y lo sigue defendiendo con uñas y dientes; y dos, porque al mismo tiempo la mayoría de la sociedad canaria no lo cuestiona.

Hay que admitir que si al inicio de la Transición canaria, en 1982, el pseudopacto autonomista que gestionó UCD (hoy convertida en PP y CC) tuvo —como dije— el visto bueno final del PSC y la aceptación resignada del PCC (aunque no de UPC, en su corta vida), treinta y cinco años después poco ha cambiado. Ahora hay que constatar que el pacto de sumisión canario no está siendo impugnado en la práctica por los partidos de la oposición institucional a los Gobiernos de CC (en alianza con el PSC o PP, o en minoría). Al menos hasta el momento, aun siendo en conjunto opciones electorales más fuertes desde 2014 de lo que ninguna oposición institucional pudo serlo en el pasado.[69] No disponen de alternativa alguna al autonomismo, es decir, no disponen de alternativa propia y diferenciada al trilema nacional canario por la que luchar y con la que orientar sus actividades.[70]

Esta es la principal razón explicativa de por qué la nacionalidad canaria se aleja políticamente cada vez más de los logros de nacionalidades de máximos autonomistas, que son en el caso vasco y catalán nacionalidades que además muestran una voluntad política de ejercer sus derechos cívico-democráticos y de debatir en público sus propios marcos estatal-autonómicos. En Canarias, por el contrario, no existe una voluntad general —ni consolidada, ni en proceso de consolidación— de asumir un destino común democrático, nacional burgués o nacional popular.[71] Estando las Islas hegemonizadas por una burguesía dependiente entregada al Régimen autonómico de mínimos que he analizado, se da la paradoja de que no encuentra apenas contestación popular. Desde luego, no una contestación política suficiente. Pues no hay en la sociedad canaria, a día de hoy, ni tampoco en perspectiva, alternativa estratégica ni resistencia nacional popular significativa.

En medio de una amplia indiferencia, de forma inercial e impotente, sus minorías activistas se ven limitadas a poco más que poner bienintencionadas tiritas en la profunda herida canaria (por muy necesaria y encomiable que sea su labor activista, por ejemplo, en comedores sociales, asistencia a refugiados, y un variado y largo etcétera). Se trata de minorías cuyo activismo se encuentra, además, escindido y separado en dos nítidas tendencias, que no se complementan como sería necesario: el restringido y poco operativo activismo hiperpolitizado de los partidos de oposición, con tendencia narcisista a encerrarse en las instituciones, y el activismo poco politizado del voluntariado solidario de las ONGs, comprometido con campañas sectoriales en ciudades, barrios y pueblos. A día de hoy, la ciudadanía canaria como movimiento nacional popular apenas si exige sus derechos, y menos aún su ampliación, de una manera colectiva firme.

Si se le preguntase, por el contrario, si desea un futuro de subordinación neocolonialista en la era del antropoceno y de la globalización, en correspondencia con la subordinación colonial vivida en los pasados siglos, la respuesta de la ciudadanía sería —sin ningún género de dudas— negativa. Sin embargo, en la pasividad, esa subordinación neocolonialista será la que de forma ineludible seguirá acompañando al pueblo canario y a la entera sociedad de las Islas…


[1] Nota de JS: Una síntesis del trabajo fue inicialmente expuesta por el profesor Pablo Ródenas, otro de mis heterónimos, en una conferencia con el título de “Canarias en la reconstitución del Estado plurinacional español”, en el marco del V Encuentro de Canarias sobre “Democracia y procesos constituyentes”, en Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2016. La primera parte del trabajo (en formato de entrevista) fue publicada por él en AA.VV., Democracia y procesos constituyentes, Fundación Mapfre Guanarteme, Las Palmas, 2017, pp. 109-158. Y ahora, actualizada y sin las preguntas, se publica en Viento Sur.

[2] Las creencias, actitudes y acciones antidemocráticas no son una abstracción, sino una realidad creciente en el presente del mundo. El triunfo electoral de Donald Trump en las elecciones USA de noviembre de 2016 ilustró bien la paradoja de cómo la democracia puede ponerse al servicio de la oligocracia, es decir, contra sí misma, al servicio —obligado es señalarlo— del capitalismo imperial más salvaje, desde valores retrógrados y tradicionalistas, empezando por los de la xenofobia, el racismo y el sexismo. La tercera fase de la “revolución conservadora” modulará la globalización ultraliberal con más neoconservadurismo en todo el mundo.

[3] Para evitar entrar en la cuestión de si se debe usar el término “nación”, el de “nacionalidad” o ambos, me atengo ahora por motivos operativos al que se utiliza en el artículo 2 de la Constitución Española y el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pero sin aceptar por ello el absurdo teórico-político de que España entera sea como pretenden algunas interpretaciones de esos códigos una “nación de nacionalidades” (y menos aún una “nación única”) como se ha sostenido en tantas ocasiones a lo largo de la historia.

[4] En consonancia con lo dicho en la nota anterior, España es contemplada aquí como un Estado plurinacional. Porque el Estado español tiene un substrato histórico-político de diversidad antes que de homogeneidad nacional. La llamada “nación española”, extendida a todas las nacionalidades del estado español. es una delirio antidemocrático construido con la fatal pretensión de imponer una identidad nacional concreta sobre las otras que realmente han existido y/o existen, negándoles a la vez el reconocimiento del derecho a la autodeterminación en tanto que nacionalidades. ¿No debería ser suficiente el reconocimiento de que los ciudadanos españoles tienen una identidad estatal compartida, más o menos aceptada, según las voluntades nacionales que se expresen de forma democrática en cada momento histórico?

[5] A mi juicio, la relación entre la nacionalidad canaria y el Estado español tiene un interés especial para el estudio de las sociedades complejas de reducidas dimensiones geográficas y demográficas, más allá de la contingencia de que las jornadas en las que se presentó inicialmente este trabajo se celebrasen en Canarias. Dado mi acuerdo en muchos aspectos con los puntos de vista del resto de conferenciantes del Encuentro citado al inicio, tuve especialmente en cuenta los siguientes textos: La reforma constitucional inviable (Javier Pérez Royo, Catarata, Madrid, 2015), Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda (Jaime Pastor, La Oveja Roja, Madrid, 2012), “¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana?” y “Restricciones de la democracia representativa” (Ernesto Garzón Valdés, en Propuestas, Trotta, Madrid, 2011) y “Nuevos avances del poder constituyente democrático: aprendiendo del sur” (Marco Aparicio Wilhelmi, en AA.VV., Por una asamblea constituyente, Sequitur, Madrid, 2012). Y también Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática y Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático (Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2014 y 2011, autor que no pudo asistir al Encuentro).

[6] Considero que, en su generalidad, el trilema nacional es válido para el resto de nacionalidades del Estado español, de las que Euskadi y sobre todo Cataluña son el ejemplo más avanzado. Pero son casos que se estudiarán aquí de forma indirecta y comparativa (aunque también inevitablemente evaluativa).

[7] Las crisis mundiales del petróleo, la retirada española del Sahara, las decisiones de la Unión Europea, las guerras en los países mediterráneos, etcétera, han influido de manera inmediata en la vida de las Islas en las últimas décadas. Pero por evidentes motivos de espacio no podré más que presuponer este marco, sin abordarlo. Mi visión de la actual red mundial de sociedades puede encontrarse en “Una perspectiva geopoli(é)tica de la violencia belicista”: considero ahí que Europa, África y Latinoamérica son conjuntos específicos de sociedades que conforman nodos asimétricamente interrelacionados en la red glocal del mundo del siglo XXI, red que es caracterizada desde su nodo principal, la hiperpotencia imperial dominante, que se apoya por su parte en su incuestionada supremacía militarista y en su triple y disputada hegemonía en lo ámbitos informacional, capitalista y consumista (en E. Garzón Valdés, J. Muguerza y T. R. Murphy (eds.), Democracia y violencia, Fundación Mapfre Guanarteme, Las Palmas, 2015, pp. 85-136).

[8] Subrayo que sólo me voy a referir a las respuestas prácticas que de hecho han sido defendidas en nuestro tiempo y no a aquellas otras que en teoría también cabía respaldar. Es el caso —por ejemplo— del centralismo en sentido estricto, cuyos defensores enmudecieron en los años ochenta. Y también es el caso del federalismo y del confederalismo cuyos partidarios parecería que fueron tragados por la tierra en la historia reciente de Canarias. No es que ambas respuestas potenciales hayan sido defendidas y luego rechazadas: es que —de modo incomprensible— no han sido reivindicadas en los últimos decenios. En la segunda parte de este trabajo las tendré en cuenta, pero no formando parte del trilema nacional canario sino como una de sus posibles consecuencias, es decir, como opciones que se derivan —como cualesquiera otras— de la tercera de las respuestas a las que me referiré, la autodeterminista.

[9] Para la articulación de todos esos elementos véase P. Ródenas Utray, “El filosofar iuspoli(é)tico equitativista (Una tentativa de filosofía política de la moral y el derecho)”, en Laguna. Revista de Filosofía, 2012, 30: 109-139. La incompatibilidad entre las respuestas al trilema no imposibilita que sea factible en cada situación establecer y realizar —matizo— ideas y acciones políticas concretas que de forma circunstancial surjan de acuerdos transaccionales entre los defensores de dos de las respuestas, o incluso de las tres, como es obvio. Pues la “buena política” de la que tanto se ha hablado en los últimos años consiste en esto, en establecer y realizar objetivos de corto y medio alcance que esté correlacionados con los objetivos de largo alcance.

[10] J. Rawls, El liberalismo político, Crítica, Barcelona, 1996, p. 43. El llamado segundo Rawls distinguió las “concepciones comprehensivas”, podría decirse amplias, de las “concepciones políticas”, no metafísicas, restringidas al espacio público. En la segunda mitad de este trabajo recuperaré algunas de sus ideas al respecto, cruzándolas con la de razonabilidad en relación a las tres respuestas al trilema nacional canario.

[11] G. Lakoff, No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, Editorial Complutense, Madrid, 2004, p. 4. “Los marcos de referencia —continúa— no pueden verse ni oírse. Forman parte de lo que los científicos cognitivos llaman el «inconsciente cognitivo» —estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos por sus consecuencias: nuestro modo de razonar y lo que se entiende por sentido común”. Del mismo autor puede verse también Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores, (1996), Capitán Swing, Madrid, 2016, y Puntos de reflexión. Manual del progresista, Península, Barcelona, 2008. En este último libro se cuestiona con acierto la idea de “centro” ideológico, negando que en ese supuesto espacio haya marcos intermedios a partir de la idea de “biconceptualismo”, que viene a evidenciar que los centristas lo que hacen es dar bandazos, inclinándose de forma ecléctica unas veces hacia un marco y otras hacia otro.

[12] Ese periodismo pretendió, por ejemplo, que la cuestión se plantease en los años dos mil como un tramposo —por ocultador— dilema entre “constitucionalismo o soberanismo”, después de importar este último término de la disputa democrática sobre Quebec, para evitar así el uso de la palabra “independentismo”, sobre todo en relación al debate vasco (aunque “soberanismo” e “independentismo” no sean para nada voces sinónimas y que incluso pueda defenderse un “soberanismo constitucional”). Luego, desde los años diez en adelante, ante el evidente descalabro de ese dilema, se ha pretendido que la cuestión se reduzca a otro dilema igualmente tramposo —por reduccionista— entre “independentismo sí o independentismo no”, cuando ya el uso de la palabra “independencia”, sobre todo en el debate catalán, era inocultable. Así, una vez más se comprueba que la demonización y el miedo en las neolenguas suele conducir no sólo a la mistificación de las palabras, sino también a su mitificación.

[13] Desde un punto de vista filosófico conceptual los tres términos en uso —autonomía, independencia y autodeterminación— están emparentados, pese a sus diferencias, y son de gran importancia teórica en múltiples ámbitos de lo individual y lo societal. Autonomía puede significar independencia relativa y también autodeterminación teórica; independencia, autonomía absoluta y asimismo autodeterminación realizada; y autodeterminación, autonomía práctica e independencia posible. Aquí me limitaré, sin embargo, a los usos habituales en los ámbitos político-jurídicos y político-mediáticos, vinculándolos a las tres respuestas-marcos que en su incompatibilidad conforman el trilema nacional, aunque sin olvidar la cercanía de esos otros significados filosóficos.

[14] Quede dicho de forma explícita que mi defensa argumentada de la tercera respuesta no niega la legitimidad —en principio— de que las otras dos, u otras más, puedan ser a su vez defendidas (como de hecho ocurre y con no pocos abogados defensores en el caso del autonomismo canario). Mi justificación de la opción autodeterminista la hago desde una concepción pluralista y democrática de la reflexión y de la interpretación. Es en la confrontación argumental donde espero poner en duda la validez teórico-política y la eficacia práctico-política del autonomismo y el independentismo contemplados en su mondo y lirondo meollo.

[15] Conviene señalar que la actual confrontación de ideas entre ambas opciones es muy desigual. El autonomismo, como caballo ganador de las últimas décadas, tiene a muchos de sus partidarios instalados en el poder y en sus proximidades, que a la vez son adversarios netos del independentismo. Los adeptos del autonomismo tratan de que su opción sea percibida como el “mejor mundo posible” al tiempo que procuran que el independentismo sea percibido como una especie de llegada del “fin del mundo”. De ahí que en el imaginario dominante el autonomismo tienda a ser convertido en un orden de integración y el independentismo en un caos apocalíptico. Esta percepción amenazante de la segunda opción se traslada también a la tercera, reduciendo el autodeterminismo a mero independentismo de manera igualmente distorsionada.

[16] Los autonomismos e independentismos son, en tanto que tales, indiferentes a la “cuestión social”. Incluso, en paralelo, pueden hacer (y de hecho hacen) un uso instrumental de los conflictos nacionales y territoriales para ocultar los conflictos sociales (y, por supuesto, también pueden hacer lo contrario, evidenciarlos, aunque no sea lo habitual). La tesis positiva que defiendo entiende el autodeterminismo como el derecho democrático de los sujetos a ejercer su soberana capacidad de decidir en todos los ámbitos y a todas las escalas, derecho que por tanto debe ser regulado democráticamente de forma político-jurídica en su funcionalidad competencial. En particular, dado que lo social en las nacionalidades se ha de “expresar” políticamente casi siempre a través de lo nacional, el reconocimiento y ejercicio del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades exige de suyo que los problemas sociales encuentren “expresión” política y “resolución” democrática en todas las escalas del ámbito de lo nacional. Lo veremos en la otra mitad de este trabajo.

[17] Porque no es cierto que en democracia sólo se pueda optar por la integración en el statu quo o por la utopía apocalíptica. Siempre hay que abrir un espacio político democrático, por muy precario e inestable que haya de ser y parecer, entre los espacios integrados y apocalípticos, pues las suyas son tierras heladas o tierras ardientes, tierras que congelan o abrasan cualquier vida social que aspire a ser razonable y decente. La alternativa autodeterminista trata de construir un espacio diferenciado, el de una tierra más equitativa, de la que sólo se autoexcluya, si lo desea, aquella ínfima minoría que busca su bien particular como privilegio, pretendiendo someter de forma antidemocrática a los demás, hurtándoles su incuestionable derecho nacional a decidir.

[18] De esta manera se puede decir que la cuestión canaria es tan problema español (una parte del “problema español”) como problema canario. Y esto pese a que en España se conozca más, si es que se conoce, como el “problema canario”. Y también pese a que en Canarias se debería conocer, aunque no se así, como parte del problema español. Precisamente este desconocimiento de la problematicidad del vínculo Canarias-España es el principal obstáculo que impide que germine el debate público sobre las opciones que realmente tienen a su alcance la nacionalidad canaria y el Estado español, que son las que en síntesis conforman el trilema nacional canario, con su tan distinto valor.

[19] En efecto, la narrativa autodeterminista democrática fue asumida en 1979 por el 11% del electorado de Canarias (porcentaje que en España sólo fue superado entonces en Euskadi, en condiciones muy diferentes, como es sabido). Trataré de ofrecer en estas páginas una somera explicación del porqué del posterior desvanecimiento de esta narrativa, que tiene mucho que ver con el esplendor y miseria del autonomismo.

[20] A. Morales (presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria), “Una desigualdad alarmante”, 22-2-2016, eldiario.es/canariasahora/canariasopina/desigualdad-alarmante_6_487211299.html.

[21] F. Pomares, “Los ricos no lloran (ni pagan impuestos)”, eldia.es/2016-09-19/ultima/ultima3.htm. “Otro dato sorprendente —añade— es que los ricos de Canarias, una de las regiones más pobres de España, acumulan más riqueza que los ricos del resto de las regiones españolas, con las únicas excepciones de Madrid y Galicia. De media, los ricos de Canarias poseen patrimonios que superan los tres millones de euros, pero sólo tributan por ello una media de 3.700 euros, muy por debajo de los casi 6.000 euros de media que tributan el total de los ricos españoles”. Véanse también el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias (2014), de Cáritas, y el informe Desigualdad, pobreza y cohesión social. Análisis de su incidencia y distribución entre la población canaria (2016), del Gobierno de Cana­rias, ambos en Internet.

[22] Véanse los informes oficiales Juventud y crisis en Canarias (2007-2013), Gobierno de Canarias, 2014, y Consecuencias económicas y sociales de la situación de la juventud en Canarias, Consejo de la Juventud de España, 2015, ambos de fácil consulta en Internet.

[23] Quede dicho que la crítica de la actitud embellecedora no necesariamente ha de conducir a la actitud contraria y simétrica: la de emborronar la realidad al completo, negando los indiscutibles avances político-sociales que se han dado, difuminando las dificultades que tendría una Canarias independiente. Esa exagerada tendencia a negar todo el pan y la sal al autonomismo canario lastra los argumentos de base de la respuesta independentista y hace que (al igual que ocurre con la respuesta autonomista, aunque por razones opuestas) tampoco pueda ser compartida si de buscar una salida más razonable y equitativa a la cuestión canaria se trata.

[24] Para una crítica vigorosa, y a contracorriente, de la actitud de autoengaño y maquillaje de la realidad en nombre de un realismo integrador puede verse I. Sánchez-Cuenca, La desfachatez intelectual. Escritores e intelectuales ante la política, Catarata, Madrid, 2016.

[25] AA.VV., Historia contemporánea de Canarias, La Caja de Canarias, Las Palmas, 2011, p. 489.

[26] Por introducir un elemento comparativo con el caso de Canarias, se puede aludir al caso de Euskadi (al que más adelante me volveré a referir), que es similar pero contrapuesto al canario. Con una extensión territorial y una demografía parecida a la de Canarias, dispone de una economía capitalista más autocentrada, al frente de la cual se sitúa una élite de poder nacional, que apoyada por la mayoría social, ha sabido mantener y renovar un potente sector industrial (cuatro veces mayor que el canario). Pueden compararse las cifras del párrafo anterior, referidas a Canarias, con estas otras, referidas a Euskadi, para observar las desfavorables diferencias en contra de Canarias: “el 60,7% del PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2007 está originado por el sector servicios, el 29,4% por la industria, el 9,1% por la construcción y el 0,8% por el sector agropesquero” (Anuario Estadístico Vasco 2009). No en vano en 2015 la renta per cápita vasca era un 34% mayor que la canaria.

[27] El Gobierno Canario a principios de 2017 hacia afirmaciones de este tenor: (1) Canarias es una “región especializada en turismo”, (2) turismo para el que prevé un “elevado dinamismo que sigue trasladándose positivamente a la demanda interna y, en último extremo, al mercado de trabajo", aunque (3) este “mercado proseguirá en unas cifras de paro históricamente elevadas y seguirá limitando una mayor expansión del consumo y de la inversión de los hogares" (www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/80594/gobierno-canarias-preve-mantener -ano-crecimiento-dinamico-economia). Así, pues, no hay rastro de cambio de modelo productivo y sí en cambio reiteración en el embellecimiento de la realidad e hipocresía respecto al desempleo.

[28] Información de la Plataforma Pobreza Cero de Canarias a fínales de 2013 (en P. Ródenas Utray, “Una perspectiva geopoli(é)tica de la violencia belicista”, op. cit., p. 91).

[29] Baste recordar tan sólo la incidencia en España y Canarias de la crisis del petróleo de 1973, el asesinato de Carrero Blanco (presidente del Gobierno), el enfrentamiento del cardenal Tarancón (presidente de la Conferencia Episcopal con Franco) y del precipitado abandono del Sahara Occidental por parte del descabezado ejercito español. Gobierno, economía, iglesia y sobre todo milicia, baluartes del Régimen franquista, se tambaleaban. En Canarias en particular tuvieron mucha incidencia las emisiones de Antonio Cubillo desde la emisora “La voz de Canarias libre” instalada en Argel.

[30] Un nítido ejemplo de esta involución democrática, entre decenas más, fue la negativa del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy durante todo el año 2016 a someterse a algo tan elemental en una democracia como es el control del Parlamento, tratando además de vetar todas las proposiciones de ley de la mayoría parlamentaria opositora, sin que en ningún momento se oyese la voz jurídica del poder judicial o del Tribunal Constitucional. Son prácticas más propias de una democracia sitiada y en regresión oligocrática que de una democracia auténticamente representativa.

[31] Después de décadas de despolitización, en España en general y en Canarias en particular, se dio una cierta recuperación del interés por la política durante el paréntesis electoral de 2014 a 2016 (ciclo de elecciones europeas, municipales, autonómicas y generales), a raíz del hartazgo y consiguiente cuestionamiento del Régimen del 78 y del bipartidismo que lo ha sustentado. Pero es una recuperación de incierto calado y dudosa continuidad, pues el año 2016 finalizó con un nuevo desafecto hacia la política: lo viejo no termina de morir mientras que lo nuevo no termina de nacer.

[32] Hay que decir que los intelectuales orgánicos del Régimen democrático del 78 (contando entre ellos a políticos, periodistas, profesores, etcétera, muchos de ellos progresistas en pleno proceso transformista de abducción por las élites de poder) participaron activamente en la creación de un nuevo pensamiento hegemónico indiscutible y ocultaron o maquillaron casi todo lo malo heredado. Véase, por ejemplo, “Cultura en transición, 1974-1982”, de G. Morán, en El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados), Crítica, Barcelona, 2014, pp. 467-654, revelador ensayo, deslucido sin embargo por las incontinencias verbales de su autor.

[33] Otro tanto se puede decir de la continuidad del terrorismo en ambos Regímenes, del “terrorismo de nación” y también del “terrorismo de Estado”, encabezados por ETA y los GAL, respectivamente, pero que no se redujo a sólo estos grupos. Procede recordar que el atentado contra el político independentista canario Antonio Cubillo se produjo en abril de 1978, organizado desde las cloacas del Estado, con Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa ocupando la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior, respectivamente.

[34] El pseudopacto autonómico canario tuvo su antecedente más inmediato en los primeros setenta. La dictadura “ensayó” una caricatura de “negociación” con parte de la oposición política antes de aprobar la Ley del Régimen Económico Fiscal Canario de 1972. Aquellos escarceos, en parte cómicos y en parte trágicos, sirvieron para conformar la transformista primera élite dirigente con la que PSC y PCC encararon la Transición. La revista legal Sansofé y el que dieron en llamar “Estatuto del IUDE” fueron el banco de pruebas para su adhesión a las concepciones puertofranquistas y autonomistas. No en vano algunos de sus miembros jugaron papeles políticos relevantes desde entonces (entre otros, Jerónimo Saavedra, Oscar Bergasa, Antonio González Vieitez y José Carlos Mauricio, especialmente el primero y el último de los citados, con controvertidas “carreras” en la política profesional e institucional de varias décadas de duración).

[35] J. Pastor, Op. cit., p. 123.

[36] G. Pisarello, Op. cit., p. 135. En otro libro, Pisarello ha estudiado el asalto oligocrático a las constituciones democráticas a lo largo de la historia (véase Un largo termidor, op. cit.).

[37] Véase E. Garzón Valdés, “Restricciones de la democracia representativa”, en Op. cit., pp. 267-286.

[38] Como acertadamente plantea Luigi Ferrajoli, la actual crisis de las democracias es “el producto de una inversión de la tradicional relación entre política y economía, entre Estado y mercado, entre público y privado” Así, tal como escribe, “ya no tenemos el gobierno público y político de la economía, sino el gobierno privado y económico de la política” (véase “La actual crisis de la democracia constitucional”, cap. IV de La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, Trotta, Madrid, 2014, p. 137).

[39] Me refiero al modelo garantista de constitucionalismo democrático defendido precisamente por Luigi Ferrajoli, que frente a los paradigmas positivista y iusnaturalista del constitucionalismo, exige que la validez de las leyes y la legitimidad de la política estén condicionadas al respeto con garantías de los derechos estipulados en las constituciones (véase Op. cit., pp. 17-95, y Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Vol. I y II, Trotta, Madrid, 2011).

[40] La confusión entre “legitimación” y “legitimidad” es bastante usual (incluso en la investigación académica) y conduce al error de reducir lo que debe ser a lo que es. He aquí un ejemplo extraído de uno de los textos que se debatieron en la primera asamblea de Podemos de Vistalegre, en el otoño de 2014, en el que la mera legitimación socio-política se confunde con la legitimidad ético-política: “El momento es ahora, antes de que los grandes actores y el entramado mediático-financiero y de los aparatos del Estado recompongan parte de la legitimidad [por legitimación] perdida, al tiempo que despliegan una campaña articulada y previsiblemente brutal contra Podemos” (citado en E. del Rio, “Podemos en la encrucijada. Disyuntivas”, pensamientocritico.org/eugrio1116.pdf, cursivas mías). La legitimación puede perderse y recuperarse incluso para procesos ilegítimos (por ejemplo, para justificar socio-políticamente la pena de muerte o una dictadura). Pero la legitimidad no, pues no cabe justificar ético-políticamente lo ilegítimo, ni en el presente, ni en el pasado.

[41] La lucha por la democracia no se limita a la lucha contra la ilegalidad como pretende el conservadurismo político. Incluye también la lucha contra la legalidad injusta y contra las interpretaciones antidemocráticas de la legalidad vigente. En la elitista democracia española y canaria estos frentes cobran cada vez más relevancia. En lo que sigue profundizamos en ello.

[42] Al contrario que la Constitución, el Estatuto canario ni siquiera fue refrendado, ya que se aprobó en las Cortes estatales casi a escondidas, en un mes de agosto de 1982, al contrario de lo ocurrido en algunas otras nacionalidades.

[43] Por su importancia y complejidad, la cuestión de la partitocracia española y canaria merece un tratamiento aparte. Tan sólo diré que la corrupción destapada en muchos partidos (como PP, PSOE, CiU, CC…) es consecuencia directa de su escasísima democracia interna. La penúltima expresión pública de esta larvada y grave insuficiencia fue la apertura de los juicios públicos de las tramas Gürtel, Púnica, Taula y tarjetas black (tramas que durante muchos años convivieron principalmente con el PP) así como la feroz lucha por el poder que estalló en la cúpula del PSOE en el último trimestre de 2016 (cuya primera consecuencia fue la renuncia a gobernar y la entrega al PP del Gobierno español). Pero las insuficiencias de la democracia de los partidos afecta a todos y va más allá de las crisis episódicas que constantemente han de remendar (también C’s, NC, IU y Podemos comparten en diferentes escalas y grados un verticalismo escasamente democrático y poco atractivo para las ciudadanías).

[44] J. Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, Catarata, Madrid, 2015, p. 21, cursivas mías. Más adelante incorpora esta valoración más matizada: “El impulso constitucional de la Transición ha sido, sin duda, desde la perspectiva democrática, el impulso más fecundo de nuestra historia. El proceso constituyente de 1931 fue mucho más genuinamente democrático que el de 1975-1978, pero las condiciones en que tuvo que expresarse le impidieron estabilizar una democracia operativa el tiempo mínimo imprescindible para que echara raíces” (p. 27).

[45] La participación en Euskadi se quedó en el 44,6% y en el 62,9% en Canarias frente al 67,1% de la media española (con un 91,8 de síes). Un día después, el 7 de diciembre de 1978, El País mostraba su decepción en un titular: “La Constitución, aprobada, aunque con mayor índice de abstención de lo previsto”. En efecto, la abstención fue del 32,3% en el conjunto del Estado y hay que estimar que en su mayor parte fue abstención pasiva, lo que indica a las claras que la Constitución fue ratificada en toda España, incluida Canarias (con la duda de la sociedad vasca, donde los síes alcanzaron una cifra parecida a suma de los noes y de lo que se consideró abstención activa). Sin embargo, esta legalización y legitimación no niega que hubo una significativa abstención política en Canarias, orientada hacia la perspectiva autodeterminista. Ya incluso en las elecciones de 1977, anteriores a la Constitución, esa tendencia había empezado a salir a la luz, como se confirmó luego en las elecciones de 1979, como señalé en la nota 19 de la primera parte.

[46] No hace mucho salieron a la luz (La Sexta Columna, noviembre de 2016) unas declaraciones off the record del expresidente Suárez, ocultadas desde 1995, en las que reconocía que en la segunda mitad de los setenta no fue convocado un referéndum sobre la cuestión monarquía o república porque todos los datos apuntaban a que ganaría la segunda opción. Sobre la trayectoria de la monarquía española después de Franco véase R. Quintans, Juan Carlos I. La biografía sin silencios, Akal, Madrid, 2016.

[47] J. Pérez Royo, Op. cit., p. 132 y 110.

[48] Como ha escrito Pérez Royo, “Un sistema electoral provisional pensado, en principio, para una única convocatoria electoral se convertiría en un sistema de vigencia indefinida, con el que se han acabado celebrando todas las elecciones constitucionales desde entonces” (Op. cit., p. 107).

[49] J. Pérez Royo, Op. cit., p. 58.

[50] G. Pisarello, Op. cit., p. 176.

[51] P. Ródenas, “Del presente al pasado: recordando al PUCC-MIRAC”, extracto en Canarias Ahora (eldia­rio.es/ canaria­sahora/premium_en_abierto/izquierda-Canarias-PUCC-Podemos-Union_del_ Pueblo_Canario), y en Viento Sur (vientosur.info/spip.php?Article11099) y Pensamiento Crítico (pensamientocritico.org/delpre 0316.pdf).

[52] El Estatuto de Sau fue aprobado en Referéndum del pueblo catalán el 25 de octubre de 1979 y el mismo día se refrendó también el Estatuto de Gernika en Euskadi. El Estatuto gallego fue refrendado el 21 de diciembre de 1980, después de fuertes tensiones políticas y sociales. El Estatuto andaluz, inicialmente excluido de la vía especial, se elaboró a partir de un meritorio Referéndum previo (28 de febrero de 1980) para el acceso por la vía del artículo 151 y fue ratificado luego en otro Referéndum, el 20 de octubre de 1980.

[53] Los defensores del Título VIII siempre han negado la existencia de esos “privilegios”. Por ejemplo, Gregorio Peces-Barba, uno de los redactores de la Constitución. Sin embargo, contradiciéndose en parte, él mismo los llamó así: “En efecto, la disposición transitoria segunda —escribió— es un ius singulare, un privilegio para Cataluña, el País Vasco y Galicia, que les exime del cumplimiento de los requisitos del artículo 143, por considerar que la voluntad autonómica de esas comunidades está acreditada históricamente, siempre que la iniciación de la autonomía, que será la de la vía del artículo 151, sin los requisitos de éste en su número primero, la acuerden así, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores. Esta excepción está justificada por razones políticas y es un privilegio en el camino y en el procedimiento, pero no desmiente la posibilidad que hemos señalado al principio de que todas las comunidades autónomas puedan alcanzar el mismo techo autonómico que Cataluña, el País Vasco y Galicia” (G. Peces-Barba, “El acceso a la autonomía: la vía del artículo 143”, El País, 17-1-1980, de fácil acceso digital, cursivas nuestras).

[54] Se hizo por Ley Orgánica de finales de 1996, Ley que se tardó más de un lustro en elaborar y consensuar. Así, en el artículo 1 del Estatuto canario reformado se pasó a decir: “Canarias, como expresión de su identidad singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la Nación española, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. En cursiva aparecen los tímidos términos introducidos: que se dispone de una identidad “singular”, que “en el ejercicio del derecho” al autogobierno que Canarias tiene como “toda nacionalidad reconocida por la Constitución” se constituye en Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera.

[55] Las dos primeras Disposiciones Adicionales de la Constitución se refieren a los “derechos históricos de los territorios forales” y la siguiente, la Tercera, al singular régimen económico-fiscal existente en Canarias, que con sus sucesivos cambios se puede remontar hasta el siglo XVI.

[56] Esta Disposición Tercera dice así: “La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico”.

[57] Los representantes de la Generalitat catalana, con Jordi Pujol y Ramón Trias Fargas al frente, renunciaron a la posibilidad de un concierto económico-fiscal para Cataluña. Según ha contado el negociador vasco de entonces, Pedro Luis Uriarte: “El Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, realizó un ofrecimiento explícito a Ramón Trias Fargas para que Catalunya pudiera tener un régimen de financiación diferenciado, similar al del Concierto del País Vasco que entonces se encontraba en plena negociación”, ofrecimiento que fue rechazado por Trias y que Uriarte califica de “error histórico” (P. L. Uriarte, El concierto económico vasco: una visión personal, edición digital, 2015, pp. 91-108).

[58] “La ominosa ley mordaza de España”, editorial de The New York Times (22-4-2015) recogida por Ctxt (23-5-2015).

[59] Véase al respecto G. Pisarello, Op. cit., pp. 151-164.

[60] Véase J. Pérez Royo, Op. cit., p. 47 y ss.

[61] Véase la web Demócratas para el cambio, y también V. Mujica, “El sistema electoral canario: la excep­ción de la democracia española”, en la web politikon, y J. Oliver Araujo, Los sistemas electorales autonómicos, en la web gencat. Es más que dudoso que la actual Comisión parlamentaria para la reforma del sistema electoral proponga ningún cambio que vaya más allá del mero parcheo —que no dejaría ser más que otro más— de la Ley.

[62] Las diferencias en la renta per cápita y en el desempleo entre Canarias y Euskadi no pueden ser más elocuentes: en 2015 la renta de los canarios era de unos 19.900€ y la de los vascos de unos 30.459€, y el paro de un 26,8% frente a un 12,9%, respectivamente. Es decir, la renta per cápita canaria es mucho menor que la vasca (un 33%) y el desempleo mucho mayor (más del doble).

[63] La propuesta de Estatuto fue aprobada en el Parlamento vasco (a finales de 2004) por una ajustada mayoría parlamentaria de 39 votos frente a 35 y fue desechada en el Parlamento del Estado (en febrero de 2005). Significativo fue que votaron en contra no sólo PSOE y PP, sino también IU y CC, todos en bloque (estos dos partidos ni siquiera contemplaron la abstención, como hizo la catalana ICV en Madrid, pese a que sus votos eran innecesarios para la desaprobación de la propuesta). Es decir, tanto la mayor fuerza de la izquierda española (mientras gobernaba el PSOE) como la mayor fuerza nacionalista canaria (que gobernaba en las Islas junto al PP y poco después junto al PSC) exhibieron una vez más una posición no sólo táctica, sino estratégica e ideológica, de apoyo al núcleo político del Régimen constitucional y autonómico.

[64] Bien es verdad que más de tres años después el Parlamento vasco aprobó por un voto una Ley de consulta (el 27 de junio de 2008), ley que el Tribunal Constitucional se apresuró a declarar inconstitucional a instancias del Gobierno de Zapatero. Sobre la postura de las izquierdas en relación a los problemas nacionales de España puede verse de J. Pastor, “Transición política, nacionalismo español y las izquierdas de ámbito estatal”, Op. cit., cap. 3, pp. 123-167.

[65] En Euskadi, después de digerir el fracaso del Plan Ibarretxe en las Cortes Generales, y ya en un escenario libre de violencia terrorista directa, se busca la estabilidad social y política, por encima de todo. En los límites del autonomismo de máximos, con relativo sosiego, siguen creciendo poco a poco las expectativas electorales de las opciones que aspiran a desbordar el Régimen del 78 (mientras van decreciendo —como lo evidenciaron las elecciones de septiembre de 2016— las del viejo bipartidismo estatalista), pero sin que los Gobiernos vascos del PNV aspiren de momento a dar ningún paso soberanista más.

[66] En Cataluña se vive en la actualidad un momento político completamente distinto. La ruptura del pacto catalano-español se empezó a producir después de que el nuevo Estatuto catalán —aprobado en 2005 por una aplastante mayoría de casi el 92% en el Parlamento catalán— fuese recortado por el Parlamento español (en 2006) y pese a ello refrendado. Aún así fue inmediatamente recurrido por el PP (y por cinco instituciones más, instrumentalizadas por este partido) ante el Tribunal Constitucional. Los recortes impuestos por la sentencia del Constitucional (en 2010) produjeron, como era de esperar, un rechazo masivo y dieron lugar de inmediato a la convocatoria de una manifestación que reunió a centenares de miles de catalanes (bajo el lema de “Som una nació. Nosaltres decidim”).

[67] En corto espacio de tiempo se produjeron acciones políticas como las Diadas del 11 de septiembre y las manifestaciones multitudinarias (bajo lemas como “Catalunya, nou estat d’Europa”), las proclamas múltiples (como, por ejemplo, la “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya” del Parlamento catalán de enero de 2013), las consultas populares de voluntad refrendaria (como la del 9 de noviembre de 2014 en la que participaron más de dos millones trescientas mil personas de las que el 80% votó de forma favorable a la creación de un Estado independiente) y las elecciones con mayoría parlamentaria independentista (JpS y CUP) en septiembre de 2015. Estas y muchas otras acciones más han sido censuradas y/o suspendidas por el Gobierno central, el Parlamento español y/o diferentes iniciativas o sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo.

[68] Esto no quita que la mayoría de las fuerzas políticas catalanas no españolistas estén cometiendo errores estratégicos y tácticos de diverso calado. Unos son incapaces de desbordar el autonomismo realmente existente, negando la vía democrática autodeterminista; y otros se equivocan al supeditarla a la opción independentista. Ambas tendencias resultan así poco democráticas: desean imponer a amplios y contrapuestos sectores de la población su propia opción, negando (en el primer caso) o desfigurando de hecho (en el segundo) el libre derecho a decidir. Al respecto puede verse J. Cagiao y G. Ferraiuolo (coords.), El encaje constitucional del derecho a decidir. Un enfoque polémico, Catarata, Madrid, 2016.

[69] Esta oposición incluye no sólo a C’s, que apoya abiertamente el “pacto” oligárquico, sino también a NC, IUC y Podemos, que se ciñen al cuestionamiento de aspectos concretos del Estatuto o de las leyes que lo desarrollan: ley electoral, reforma del REF o de la ZEC, etcétera.

[70] Tampoco la intelectualidad canaria —hay que decirlo— cuestiona el pseudopacto en sus labores de conocimiento, si es que tal intelectualidad, entendida en sentido crítico y comprometido, existe.

[71] Conviene no olvidar que la mini reforma del Estatuto canario que acaba de ser aceptada a trámite en el Parlamento español (con el voto favorable de PP, CC, PSOE y NC) es la misma que fue pactada por CC con el PSOE, y luego retirada, hace más de diez años, cuando varios estatutos más fueron reformados. Ni que decir tiene que ni entonces ni ahora ha sido sometida a debate público en el Archipiélago, ni es conocida por la ciudadanía canaria, en fuerte contraste con lo que sucede en Euskadi y Cataluña. Es una muestra más de la voluntad del autonomismo isleño en perseverar y perdurar durante décadas manteniendo el statu quo con “actualizaciones” que no permiten avanzar en el cuestionamiento democrático del modelo de dependencia, desposesión y extraversión. A finales de 2016, ninguno de los partidos institucionales se ha planteado iniciar el debate del trilema nacional canario (incluyendo a Podemos-Canarias y a NC).



Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons