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Tribuna VIENTO SUR
La reforma constitucional, Catalunya y Podemos
21/12/2016 | Jaime Pastor

Según contaba el pasado 17 de diciembre el periódico El País, convertido ya en órgano oficial del bipartito PP-PSOE, ambas formaciones habrían llegado a un acuerdo para fijar unos límites muy estrictos a lo que debería abordar una ponencia constitucional en el Congreso antes de conformarse como tal. Se proponen así garantizar desde el principio que la “hipotética” reforma “no se convierta en un proceso constituyente en el que se revisen todos los artículos, tal y como pretenden grupos como Unidos Podemos y los independentistas”. Adelantaba, además, que el documento de referencia para ese consenso previo será el Informe sobre modificaciones de la Constitución española, emitido por el Consejo de Estado el 16 de febrero de 2006. Como era previsible, el partido de Albert Rivera no ha tardado en adherirse a ese acuerdo en nombre de la unidad de los partidos “constitucionalistas”.

No cabe, por tanto, hacerse muchas ilusiones sobre el recorrido que pueda tener este proceso en la actual legislatura. Basta referirse al documento base en el que quieren apoyarse. ¿Cuáles son los aspectos que abordaba el Informe mencionado? En realidad, incluía sólo 5 puntos: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la obligada mención a la participación –y sus implicaciones jurídicas- en el proceso de construcción europea (o sea, la subsunción dentro de la Constitución económica europea), la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y todo lo relativo a criterios sobre reparto de competencias (en donde se sugiere restaurar el recurso previo de inconstitucionalidad ante los Estatutos de Autonomía y una interpretación restrictiva del artículo 150.2 /1), una reforma del Senado basada en la representación territorial y en el establecimiento de un bicameralismo no paritario, junto con una propuesta de clarificación del procedimiento a seguir para la reforma constitucional. Modificaciones que en su versión definitiva deberían ser ratificadas o no en un referéndum de ámbito estatal, dado que, aunque no afectan al núcleo sustantivo duro, sí tienen que ver con partes relevantes de la Constitución de 1978.

Si ya ese Informe se mostraba muy moderado en sus propuestas (aunque parecieran incluso demasiado audaces en algunos puntos para el ex presidente del gobierno José María Aznar, el único por cierto que votó en contra, empeñado en imponer, entre otras cosas, la eliminación del artículo 150.2), más lo parece ahora si tenemos en cuenta que se trata de un documento elaborado años antes del periodo que luego se iría abriendo a partir del giro austeritario iniciado en mayo de 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero y de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut reformado de Catalunya en julio del mismo año. Puntos de inflexión ambos que tuvieron su respuesta en la irrupción del 15M en las calles y plazas y, después, de Podemos en las instituciones, por un lado, y en el ascenso de un movimiento soberanista e independentista en esa Comunidad, por otro.

Ambos procesos han ido poniendo de manifiesto dos líneas de fractura en el seno del régimen que están lejos de cerrarse bajo el nuevo gobierno del PP y que, pese a la resolución temporal de la crisis de gobernabilidad gracias a un PSOE en la UVI, no cesan de profundizarse. La primera tiene que ver con la defensa de los derechos sociales y bienes públicos frente a la deudocracia (simbolizada en la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011 y en el Pacto Fiscal de la eurozona y materializada en los sucesivos recortes y privatizaciones que se han ido adoptando junto con la Ley Montoro, camisa de fuerza contra los “Ayuntamientos del cambio”). La segunda es la que continúa enfrentando la demanda del derecho a decidir (referéndum y proceso constituyente no subordinado al estatal en el caso catalán) con un obstinado fundamentalismo constitucional español que se niega a reconocer la plurinacionalidad del Estado y la búsqueda de una vía legal de ejercicio de ese derecho.

Cabría mencionar también otras cuestiones de calado que, aun no reflejando polarizaciones de similar alcance que las anteriores, deberían abordarse en un debate constituyente: una monarquía con un origen franquista y un papel no solo simbólico en defensa del régimen que siguen cuestionando su legitimidad; la eliminación de los privilegios de la Iglesia, la necesaria regulación generosa de las iniciativas legislativas populares y el referéndum o, en fin, la obligada reforma del sistema electoral vigente. Demanda esta última que, reforzada por el eslogan “no nos representan”, fue una de las primeras que obtuvieron un amplio consenso dentro del 15M y que hoy es reivindicada, aunque con propuestas muy diferentes, tanto por Podemos como por Ciudadanos.

Referéndum, democracia y derechos sociales

Ha sido precisamente en este nuevo periodo, y pese a que no se ha llegado a crear una mayoría social y política a favor de un proceso constituyente democratizador a escala estatal, cuando se ha ido produciendo una evolución de la opinión pública cada vez más favorable (54%) a la necesidad de “reformas y retoques profundos, pues ha quedado desfasada en relación con la realidad actual”, según encuesta reciente de Metroscopia; una convicción que en Catalunya y Euskadi llegaría al 75%, según el mismo estudio. Es cierto que en lo que afecta a la organización territorial del Estado hay propuestas que van en sentido prácticamente opuesto en las Comunidades mencionadas respecto al conjunto del Estado, pero también lo es que sondeos igualmente recientes confirman un aumento de la población española (un 45%, según el Barómetro de La Sexta) que estaría a favor de permitir una consulta en Catalunya.

No sorprende por eso que incluso algunos sectores de opinión del establishment estén cada vez más preocupados de que, en medio de ese escenario cambiante, el inmovilismo del régimen frente a las grietas y fracturas que está sufriendo, agravadas por el panorama de incertidumbre y crisis profunda de la Unión Europea, pueda conducir, como ha recordado Javier Pérez Royo, a lo mismo que le ocurrió a la Constitución de 1876: una “ley de leyes” que finalmente “murió de inanición y a manos de la clase política”, ya que “no se logró integrar con ella a los grupos sociales y políticos emergentes”/2. Con mayor motivo esa hipótesis (“suicidio constitucional”, vaticinaba hace pocos días José Antonio Zarzalejos) se podría producir ahora debido al mayor temor de la actual “clase política” a que Unidos Podemos y las fuerzas soberanistas e independentistas, al contar con el peso parlamentario suficiente para ello, puedan desbordar el marco de consenso inicial que el tripartito “constitucionalista” pretende alcanzar. El debate destituyente-constituyente, por tanto, es ineludible /3 y, por tanto, el impulso del mismo desde abajo y, con él,de nuevas prácticas instituyentes es muy necesario en esta nueva etapa. Quizás a esto quería referirse Pablo Iglesias cuando hablaba recientemente de un “espíritu constituyente” a reivindicar y nuestra tarea sería ir materializándolo en este nuevo ciclo.

Si en lo que afecta a la cuestión social es con el muro del neoliberalismo “punitivo” /4 de la Unión Europea con el que choca cualquier intento de blindaje de los derechos sociales y de bienes públicos y comunes, es ya en la cuestión catalana donde la beligerancia de los tres partidos autodenominados “constitucionalistas” frente a cualquier propuesta de negociación, pacto o incluso creación de una Comisión de estudio en el parlamento español sobre este conflicto, como se ha visto hace pocos días en el Congreso, está contribuyendo a acelerar el camino hacia la confrontación. Ni la “operación diálogo” de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ni su tardía autocrítica por el recurso que presentó su partido contra el Estatut reformado frenan esa dinámica. Por el contrario, ésta se ve agravada con la suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional de la resolución del Parlament catalán sobre las Conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el Proceso Constituyente, así como por la amenaza de inhabilitación a la actual Presidenta de esa institución por haber permitido votar las conclusiones mencionadas /5. En cambio, frente a esas medidas hemos visto al President de la Generalitat reafirmarse en que “indefectiblemente” el referéndum sobre la independencia se celebrará antes de septiembre de 2017.

En medio de esta encrucijada el papel de Unidos Podemos (UP) a escala estatal puede ser clave en esta nueva etapa. Uno de los puntos incluidos en el programa que presentó esa coalición en las elecciones del 26 de junio último, el 24, sigue teniendo enorme actualidad, ya que reclamaba lo siguiente: “Al amparo del artículo 92 de la Constitución española, convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España”. Una propuesta que sigue chocando con el fundamentalismo español antes mencionado pero que no deja de ser la mejor vía democrática de solución del conflicto: la de un referéndum con garantías y pactado, asumida también como la mejor opción por parte del Parlament catalán (ésa fue en realidad la resolución, presentada por Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), que obtuvo más votos favorables en esa institución), con mayor razón tras la suspensión por el Tribunal Constitucional de la resolución antes mencionada.

Una de las grandes incógnitas en este nuevo año va a ser, por tanto, hasta qué punto desde Catalunya se va a lograr generar el protagonismo de una mayoría social dispuesta a avanzar hacia ese referéndum con las alianzas suficientes para forzar su reconocimiento, no sólo legítimo sino también legal, por el Estado español. Si esa aspiración fuera articulándose en los próximos tiempos con el rechazo que tanto en Catalunya como a escala estatal debemos desarrollar contra el despotismo financiero posdemocrático vigente en Europa, como proponen tanto la CUP como CSQP y En Comù Podem, más fácil será lograr no solo apoyos sino también nuevas confluencias en torno a un bloque plurinacional y popular en todo el Estado.

Con todo, Unidos Podemos no puede limitarse a estar a la espera de los pasos adelante… o atrás que se puedan dar desde Catalunya. Debería, al contrario, tomar la iniciativa promoviendo encuentros y foros de diálogo, tanto en el ámbito institucional como en el social, en los que el reconocimiento de la plurinacionalidad y el referéndum sobre la independencia en Catalunya sean asumidos como demandas que han de formar parte de la aspiración común a una “democracia real”.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas:

1/ Recordemos que dice: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

2/ Mariano García Canales, “Los intentos de reforma de la Constitución de 1876”, Revista de Derecho Político, 8, p. 135, 1981.

3/ He escrito más ampliamente sobre esto en “Debates constituyentes ineludibles”, Viento Sur, 3/12/2016, www.vientosur.info/spip.php?article11968

4/ William Davies (“The New Neoliberalism”, New Left Review, 101, pp. 101-134, 2016) propone definir así al tipo de neoliberalismo que emerge a partir de 2008 (asociado a la dictadura de la deuda) ; éste vendría a suceder al “combativo” de la primera etapa (1979-1989) y al “normativo” (1989-2008) que le siguió después hasta el estallido de la crisis sistémica.

5/ Sobre esto último, Martí Caussa “Catalunya: operación diálogo y juicio a Carme Forcadell”, Viento Sur, 18/12/2016, www.vientosur.info/spip.php?article12024





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