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Tribuna VIENTO SUR
Catalunya: operación diálogo y juicio a Carme Forcadell
18/12/2016 | Marti Caussa

La operación diálogo con Catalunya del gobierno Rajoy ha resultado ser pura propaganda sin contenido y, por el momento, ha fracasado. Pero lo juicios políticos han superado otro umbral con el procesamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La razón política de fondo de ambos acontecimientos es el referéndum sobre la independencia.

Después de conseguir la investidura Rajoy anunció una operación diálogo y la concretó en el nombramiento como delegado del gobierno en Catalunya de Enric Millo, un moderado dentro del PP, y en el envío de Soraya Sáenz de Santamaría a abrir despacho en Barcelona. Pero este diálogo no ha servido siquiera para nombrar una comisión de las Cortes para estudiar la posible celebración de un referéndum en Catalunya porque PP, C’s y PSOE han votado en contra.

Al mismo tiempo el Tribunal Constitucional ha suspendido, a petición del gobierno español, el plan sobre el referéndum acordado por Junts pel Sí y la CUP en ocasión de la cuestión de confianza a Puigdemont y aprobado durante el debate de política general de octubre; el Tribunal también ha advertido a los presidentes de la Generalitat y del Parlament, Puigdemont y Forcadell, de las responsabilidades penales a que se exponen si no impiden o paralizan cualquier iniciativa sobre el referéndum. El presidente Puigdemont ha respondido que mantiene la cumbre sobre el referéndum del próximo día 23 y el delegado del gobierno ha respondido que el Estado no se opondrá a la reunión, pero que estará vigilante ante sus conclusiones.

En cambio el proceso a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, sigue su curso. El viernes 16 por la mañana declaraba como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por haber permitido la discusión y la votación de las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente catalán. El día de su declaración frente la sede del tribunal, y la noche anterior en centenares de ayuntamientos, miles de personas expresaron su solidaridad, convocados por las organizaciones independentistas (ANC, Omnium, AMI,…) y un amplio espectro de partidos que iba desde Junts pel Sí a Podemos, pasando por ERC, CUP y los comunes (Ada Colau leyó el manifiesto en la concentración del día 15 en la plaza Sant Jaume).

En esta confrontación entre el Estado y el movimiento soberanista la cuestión de fondo es el referéndum.

Hacia el enfrentamiento

Ya es un lugar común que la reivindicación de un referéndum agrupa a más del 80 % de la sociedad catalana, aunque existe división sobre si debe ser necesariamente pactado con el Estado o, en caso de no ser posible, debe hacerse desde la legalidad catalana (tal como aprobó el Parlament con la fórmula referéndum o referéndum). También es claro que en el Parlamento español la posibilidad de un referéndum pactado está bloqueada por la oposición férrea de PP, C’s y PSOE. Y como la mayoría absoluta del Parlament (Junts pel Sí y la CUP) se ha comprometido a celebrar el referéndum antes de finalizar el mes de septiembre de 2017, la hipótesis más probable es una prueba de fuerzas entre el gobierno y el Parlament de Catalunya por una parte, y el Estado español por otra, lo que se ha llamado un choque de trenes.

Por eso un periodista informado como Joan Tapia prepara a los lectores de El Periódico y aboga por “esforzarse en que la conflagración –si se produce– sea blanda, de la intensidad más baja posible”. Lo cual es un deseo de difícil realización, porque todo el mundo sabe que es muy complicado programar un choque de trenes blando.

Prepararse para ganar…

Para el movimiento independentista la alternativa es clara: rendirse y aceptar una derrota duradera o seguir apostando por el referéndum sí o sí y ganarlo. En la segunda opción hay que intentar agrupar a la gran mayoría del sector soberanista (el 80 % de la sociedad catalana) y convencer a los que desean un referéndum pactado de que hay que convocarlo también si el pacto no es posible y que, además, hay que votar por la independencia. Para ello no sirve repetir el mantra de que lo primero es la independencia y después ya vendrá lo demás: la democracia de calidad y las reivindicaciones sociales. Hay que demostrar en la práctica y desde ahora mismo que se lucha por una República catalana más justa y más democrática:

· aprobar unos presupuestos sociales para 2017 sería un estímulo para ganar nuevos sectores para el referéndum sí o sí. Desgraciadamente no se puede esperar esto del gobierno de Junts pel Sí, debido a la resistencia del PDECat (la antigua Convergencia) y la timidez de ERC. Los diez diputados de la CUP no son una fuerza suficiente para cambiar el rumbo del gobierno en materia económica y social. La ANC sí podría ser una fuerza capaz de presionar efectivamente al gobierno en este terreno, pero no es su orientación: no lo fue el pasado 19 de febrero en la manifestación para exigir unos presupuestos sociales con el lema “Se puede hacer ahora”, donde sólo había una representación de la sectorial Treballadors per la independència; y no parece que lo vaya a ser para exigir la Renta Garantizada de Ciudadanía en los presupuestos de 2017.

· otro estímulo sería iniciar ya la primera fase del proceso constituyente popular aprobado por el Parlament, el llamado proceso participativo previo, convocando el Foro Social Constituyente y el proceso de participación ciudadana, en los cuales están llamados a participar tanto lo que defienden la independencia como los que no. Es un contrasentido haber aprobado unas conclusiones que han llevado al procesamiento de Carme Forcadell y no llevarlas a la práctica para mostrar al pueblo de Catalunya que tiene la posibilidad de participar activamente el diseño de la República catalana: porque las conclusiones del proceso participativo se ha aprobado que sean vinculantes para los integrantes de la futura Asamblea Constituyente.

· en tercer lugar sería necesario convocar movilizaciones a favor del referéndum que agruparan a todas las personas partidarias del mismo. No basta con exhibir encuestas, hay que trasladar al terreno de la movilización la mayoría social que éstas indican.

· por último hay que ejercer la soberanía en el Parlament y las instituciones para aprobar las medidas sociales y democráticas que se necesitan. Y llamar a la movilización unitaria si el Estado las anula o reprime a personas representativas de estas instituciones: ya sea la presidenta del Parlament, una alcaldesa o concejala o el presidente de la Generalitat.

...y superar dificultades internas

Convocar un referéndum sí o sí antes de fines del próximo mes de septiembre exige mucha convicción, decisión y una fuerte movilización social. Cuando se acerque el momento es casi inevitable que surjan dudas en sectores que han acompañado hasta ahora al movimiento independentista, pero que recelan de la movilización y de la dinámica social que se puede abrir. Es conocido que algunos de estos sectores están dentro del PDECat, como ha vuelto a mostrar las declaraciones de la Mercè Conesa, presidenta de su Consell Nacional, en el sentido de que el gobierno podría cambiar el referéndum por unas elecciones. Afortunadamente tanto Puigdemont como Junqueras la han desmentido con rotundidad, pero no deja de ser un síntoma. Y otras fuerzas se están preparando para aprovecharlo si se hace más intenso. Un sector de antiguos militantes de CDC, con Antoni Fernández Teixidó a la cabeza, están preparando ya un movimiento para acoger a los que quieran abandonar el barco de la independencia. Y si llega el momento podrán contar con importante apoyo financiero y mediático (uno de los que lo está preparando es Miquel Roca). En el fondo la operación diálogo pretendía aumentar y atraer a este sector, pero los cantos de sirena de Sáenz de Santamaría han resultado poco convincentes; sin embargo es seguro que se volverá a intentar.

El nerviosismo y la impaciencia de la izquierda del movimiento puede llegar a ser otro obstáculo. El reto inmediato es convocar el referéndum y ganarlo. Esto exigirá actos de soberanía y desobediencia de la legalidad estatal (como ya ha ocurrido), pero estos actos deben ser vistos como necesarios, asumidos por sectores muy amplios y defendidos eficazmente contra la represión. En este contexto existe el riesgo de frivolizar la desobediencia. No cualquier acto de desobediencia es necesariamente bueno; una mala elección puede aislar al sector de vanguardia que los impulsa del grueso del movimiento. Por otro lado es necesario combinar la exigencia de soberanía con la movilización por reivindicaciones sociales. Pero la orientación del gobierno de Junts pel Sí en el terreno social y la necesidad de hacerle frente, puede llevar a algunos sectores de abandonar la exigencia del referéndum o del proceso constituyente popular que ha aprobado el Parlament, cosa que debilitaría la ligazón entre reivindicaciones sociales y nacionales.

Nada hay escrito sobre como neutralizar los cantos de sirena del abandono o los peligros de la impaciencia. Todos debemos aprender; la política se parece más a un arte que a una ciencia.

¿Hay que descartar un referéndum pactado?

Aunque sea un escenario muy poco probable a corto plazo, la prudencia y el realismo aconsejan no hacerlo. Pero los caminos por los que puede llegar a ser realidad son muy distintos de los que preconizan limitarse a reclamar un referéndum solo si puede ser pactado.

Si el movimiento se limitara a reclamar un referéndum pactado, como hizo el PSC durante mucho tiempo, las fuerzas contrarias al mismo (PP. C’s y PSOE) no sentirían ninguna presión para aceptarlo. Pero el temor de un referéndum unilateral con victoria de la opción independentista puede inclinar al Estado a pactar un referéndum, analizando que es la última oportunidad que tiene para tratar de impedir la independencia sin recurrir a una represión dura que, a la larga, agravaría el problema.

Fuera de Catalunya cada vez hay más analistas lúcidos que constatan que la única solución para el problema catalán es un referéndum. Javier Pérez Royo lo ha analizado muy bien en esta entrevista y propone una fórmula realista para llevarlo a cabo.

Por otra parte PP, C’s y PSOE ya no tienen un control cómodo del parlamento español y no les va a resultar fácil lograr acuerdos para reprimir una consulta democrática en Catalunya. Las muestras de solidaridad con Carme Forcadell han sido limitadas pero significativas: Pablo Iglesias, PNV-Bildu-Podemos en el parlamento vasco, Bildu en Nafarroa,... Por otra parte las mismas bases de estos partidos españolistas dudan de la orientación actual de sus direcciones estatales: según una encuesta de El Periódico: “el 41,7 % de electores del PP desobedecen a su partido y respaldarían que Catalunya votase sobre la independencia en una consulta pactada. Y el 52 % de los votantes de Ciutadans también desoirían las consignas. Menos chocante resulta que el 72,2 % de los simpatizantes del PSC apuesten por el derecho a decidir dentro de la ley.”

La misma encuesta registra otra evolución interesante: “El electorado de En Comú Podem también simpatiza bastante con el RUI [referéndum unilateral de independencia]: un 60,6 % de sus votantes lo avalan, aunque un tercio lo condiciona al beneplácito estatal”.

En definitiva las cosas están cambiando fuera de Catalunya, crece modestamente la solidaridad en el Estado español y lo podría hacer más si Raul Romeva y otros representantes de la Generalitat combinaran sus viajes al extranjero con la visita a las nacionalidades y regiones del Estado. Se necesita firmeza y ampliación de la mayoría social en Catalunya y búsqueda de alianzas fuera de ella. Entonces es muy probable que la oferta de un referéndum pactado, que actualmente parece imposible, se haga realidad. Pero para ello hay que mantenerse en la exigencia de referéndum sí o sí.

18/12/2016

Marti Caussa es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR



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