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38 aniversario de la Constitución española
Debates constituyentes ineludibles
03/12/2016 | Jaime Pastor

La sesión celebrada este jueves 1 de diciembre en la Comisión Constitucional del parlamento español ha vuelto a introducir en la agenda política el debate sobre la Constitución de 1978 justo cuando este 6 de diciembre se conmemora el 38 aniversario de su aprobación en referéndum. En esta ocasión hemos podido escuchar de nuevo propuestas sobre su reforma o revisión sustancial, e incluso sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente. Sin embargo, la respuesta de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a emplazamientos como el que ha venido de Xavier Domènech, de En Comú Podem, no ha podido ser más rotunda: según la número 2 del gobierno, para crear simplemente una subcomisión de expertos sobre el tema habría primero que pactar entre las fuerzas políticas parlamentarias “el consenso de entrada y de salida”.

Una exigencia que sabe que es imposible conociendo los distintos puntos de partida entre, por un lado, PP y Ciudadanos y, por otro, Unidos Podemos y las fuerzas soberanistas catalanas y vascas, mientras la cúpula actual del PSOE se limita a pedir simplemente que se abra el debate. Por tanto, dada la relación de fuerzas parlamentaria, no cabe, esperar mucho de esta legislatura al respecto, pese a que incluso el presidente del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, se ha atrevido a alertar de que “si no hay reformas políticas, el sistema no prevalece y no sobrevive”.

Con todo y casualmente, esta sesión se ha celebrado poco tiempo después de que salieran a la luz unas declaraciones hechas en 1995 por Adolfo Suárez, en las que éste reconocía que en 1976 el designado como sucesor por Franco, Juan Carlos I, y él mismo como presidente del gobierno decidieron evitar toda posibilidad de un referéndum sobre la monarquía por temor a que, como apuntaban las encuestas de entonces, triunfara la opción republicana. También, este mismo jueves 1 de diciembre la vicepresidenta del gobierno confirmaba en sede parlamentaria que la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución fue adoptada a finales de agosto de 2011 en plena nocturnidad (en la madrugada del 26 de agosto), reconociendo que tenían que obedecer al ultimátum de Ángela Merkel y la eurocracia, hurtando así a la ciudadanía la exigencia (corroborada por las encuestas de entonces) de un referéndum sobre lo que suponía un vaciamiento de la parte “social” todavía presente en el texto constitucional. Con ambos ejemplos, y por si quedaba alguna duda, se ha evidenciado una vez más que la Constitución de 1978 no fue obra de un Poder Constituyente libre del legado franquista y que en 2011 se produjo un verdadero proceso desconstituyente en beneficio del despotismo oligárquico-financiero, ya definitivamente instalado en la UE.

Porque, en efecto, en lo que afecta a la “integración europea”, no hace falta argumentar mucho para demostrar que la UE se encuentra en una profunda crisis de legitimidad desde 2008, agravada este año con el Brexit y con un desarrollo mayor de tendencias hacia el repliegue nacional-estatal que, abanderadas por fuerzas de extrema derecha y xenófobas y seguidas por la derecha tradicional y parte de la izquierda convencional, se están manifestando en países clave como Francia y Alemania. El referéndum que se celebrará en Italia el domingo 4 de diciembre, país convertido ahora en el principal eslabón débil de la eurozona, en torno a reformas constitucionales de envergadura viene a poner en duda, aún más si cabe, el futuro de la UE.

Por eso parece oportuno reanudar la discusión en torno al significado de los procesos constituyentes mediante un recordatorio de los orígenes de su irrupción y evolución en la historia contemporánea. Ése será el marco que nos permitirá luego pasar a abordar su actualidad, al menos como horizonte político en torno al cual proyectar otros futuros posibles.

I - Algunas enseñanzas de la historia/1

Existe un amplio acuerdo en que fueron las Revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII las primeras que en la historia sentaron las bases de nuevos Poderes Constituyentes cuya legitimidad se basaba en la soberanía de un demos (no universal, como sabemos, sobre todo en el caso norteamericano), capaz de derribar a los poderes establecidos y de proceder así a la instauración de nuevos Poderes Instituidos (Martínez Dalmau, 2014; Pisarello, 2014). Posteriormente, han sido muchas las experiencias transcurridas en distintas partes del mundo (con hitos importantes como México y Rusia en 1917 o Portugal en 1974-75) hasta llegar a las vividas en el tránsito del siglo XX al siglo XXI en América latina: son éstas últimas las que han contribuido a reabrir nuevas perspectivas, yendo más allá del marco limitado a las reformas constitucionales en que se desarrollaba el debate hasta entonces. Incluso en Islandia (aunque con un proceso condicionado desde el principio, pero ya con el uso de las nuevas tecnologías que ha facilitado la participación ciudadana) hemos visto una experiencia inédita que también merece ser tomada en consideración. Asimismo, podríamos referirnos al proceso vivido en la “primavera árabe” en Túnez y su debate constituyente. Conviene, pues, resaltar algunos rasgos comunes en todos esos procesos.

Generalmente, las condiciones previas que han solido concurrir en muchas de ellas han sido:

1- La existencia de una agresión económica, política o cultural, provocada por un poder establecido determinado externo o interno.

2- La pérdida de legitimidad creciente de quienes están a la cabeza de ese poder en el conjunto de la sociedad afectada.

3- La percepción, entre los grupos subalternos, de que dicha situación es injusta e insoportable y de que parece posible emprender con éxito algún tipo de acción colectiva para acabar con ella.

4- La irrupción de un “Acontecimiento” que se convierte en el detonante del proceso y, con él, la llegada a un “momento jacobino-popular”, entendido en términos gramscianos, claramente diferente de lo que pueda significar una “revolución pasiva” o del “transformismo” de las contraelites emergentes.

En resumen, tiene que darse una “coyuntura crítica”, a partir de la cual se pueda abrir un proceso de deslegitimación del régimen o/y del Estado (en este caso, se trataría de una “crisis orgánica”, también en definición gramsciana) y, con él, la progresiva emergencia de un demos con vocación de soberanía, basada en una legitimidad institucional alternativa, que llegue a manifestarse en lo que se puede ya definir como el “momento constituyente”. Puede surgir así un Poder Constituyente que, para ser tal, ha de ser original, democratizador, fundador de un nuevo régimen o de un nuevo Estado (Cabo, 2014) y basado en la soberanía popular.

Es preciso partir, por tanto, de que tiene que surgir un poder destituyente-constituyente que consiga configurarse como contrapoder social, es decir, como una fuerza capaz de redefinir las relaciones reales de poder más allá de las instituciones.

Así pues, no nos estamos refiriéndo a un simple pacto entre partidos presentes en el arco parlamentario sino a algo muy superior y previo. En efecto, un proceso constituyente democrático no se basa en un “pacto” porque el pueblo “no pacta, puesto que (además) no hay con quién pactar. La propia existencia de esta posibilidad negaría la capacidad democrática de decisión del poder constituyente”; por eso mismo “el consenso no puede sustituir a la legitimidad democrática porque es un mecanismo procedimental, no legitimador” (Martínez Dalmau, 2014: 110-111).

Una concepción democrática del proceso constituyente exige, por tanto, que la elaboración del nuevo marco jurídico refleje un intercambio constante de ideas y reivindicaciones entre las convenciones y/o asambleas constituyentes que puedan surgir, los poderes institucionales, provisionales o no, y la sociedad. Este intercambio no tiene por qué reflejarse solo en la elaboración de la Constitución. Puede aparecer luego en distintas decisiones legislativas -reformas tributarias, condonación de deudas, expansión de ciertos derechos sociales- adoptadas para que el propio proceso resulte viable. No hay que tener, por tanto, la obsesión del cierre constitucional, sino mantener el proceso abierto: por eso mismo hay que pensar en que sean “Constituciones de transición” hacia nuevos modelos de sociedad y de democracia.

En ese sentido apuntan las conclusiones que extraen Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau de las experiencias latinoamericanas cuando sostienen que “el poder constituyente no se agota con el surgimiento de la Constitución, sino que permanece”, lo cual “implica una progresiva imposición de la Constitución alternativa sobre la convencional” (Viciano y Martínez, 2015: 1240-1242) y, por tanto, la prevalencia del Poder constituyente sobre el Poder constituido.

En cualquier caso, frente a la “ilusión constitucional”, es necesario mantener la distinción entre un proceso constituyente formal y un proceso constituyente material. Para que los cambios sean duraderos hacen falta muchos elementos que escapan a una Constitución escrita: otras leyes, otra administración, la continua gestación de contrapoderes populares y todo lo que pueda surgir de la creatividad popular que se expresa en momentos de efervescencia colectiva y participativa.

Otra distinción fundamental es la que hay que hacer entre reforma constitucional (que significa respetar el marco del régimen) y proceso constituyente (que implica un nuevo poder constituyente que pueda sentar las bases de un nuevo régimen), si bien pueden darse reformas rupturistas desde fuera del Poder de Reforma procedente del viejo régimen o Estado en crisis. En los casos de Bolivia y Ecuador se establece, por ejemplo, la modificación de los procedimientos de reforma constitucional para permitir así la activación ciudadana de una Asamblea Constituyente, con el fin de no dejarla en manos de la representación parlamentaria.

El sentido profundo es, en fin, el de propiciar reformas y rupturas al servicio de una democratización sin fin. Desde nuestra perspectiva implicaría insertar ese horizonte constituyente dentro de una estrategia contrahegemónica y un conjunto de demandas que apuntaran hacia una transición a un nuevo régimen, un nuevo Estado y un nuevo proyecto de sociedad justa.

II - El caso español: de la Constitución de 1978 a la Constitución económica europea

No parece imprescindible hacer un recordatorio exhaustivo del contexto y de las particularidades que se dieron en el proceso que finalmente acabó siendo constituyente en 1978. Lo importante es precisar que no se partió de un nuevo Poder Constituyente sino de un Poder de Reforma que acabó abriendo un proceso constituyente tras un proceso electoral no convocado para tal fin. Fue un tránsito de una legalidad a otra legalidad, sin ruptura. La Constitución española de 1978 devino así resultado de un proceso constituyente tutelado (y, por tanto, con déficit de legitimidad de origen) que, además, se situaba en un momento de transición entre el constitucionalismo social de posguerra y el que iniciaba ya una nueva etapa en un camino contrario.

Esa Constitución escrita (con reconocimiento de libertades y derechos básicos pero a la vez con particularidades especialmente restrictivas/2 y su desarrollo a través de los Estatutos autonómicos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional fueron sentando las bases de un nuevo régimen. Empero, a la vez y de forma creciente y superpuesta a partir de 1986, este bloque de constitucionalidad fue insertándose dentro de la Constitución material de la que fueron dotándose la Comunidad Europea, luego su sucesora la Unión Europea y, particularmente, la eurozona, en el contexto de la onda larga neoliberal iniciada a mediados de los años 70 y de la nueva “lex mercatoria” que se ha ido consolidando a escala mundial. Mega-Tratados ahora en proceso de negociación/3 -como el TTIP, el CETA o el TISA- marcan un nuevo salto adelante en el proceso de liberalización del movimiento de capitales y mercancías mientras que, simultáneamente, se erigen nuevas barreras frente a la libre circulación de personas, incluso las que reclaman asilo y refugio a las puertas de la Unión Europea.

De ese modo, nos hemos ido encontrando ante lo que se ha podido denominar deriva oligárquica de un constitucionalismo occidental que ha ido entrando en conflicto con el anterior constitucionalismo social de postguerra hasta llegar a la nueva fase histórica abierta a partir de 2008 (Pastor, 2013).

Desde entonces, ese proceso desconstituyente ha dado un nuevo salto con las “reformas” que se han ido introduciendo en nombre de la “estabilidad presupuestaria” y de la prioridad a la satisfacción de la creciente deuda pública por parte de los diferentes Estados, especialmente los del sur de Europa. Ése fue el sentido de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en agosto de 2011 con la aprobación de la denominada “regla de oro” del cumplimiento del déficit por encima de otras obligaciones presupuestarias, como las relacionadas con el gasto social.

Como ha comentado Carlos de Cabo (2014: 18), con esa reforma se procedió a “un real, aunque encubierto, proceso constituyente protagonizado por el Poder de Reforma”, llegando a promover así una verdadera ruptura constitucional. En efecto, con la introducción de esa “regla de oro” y de las nuevas normas que se han ido aprobando en el marco de la eurozona, se ha producido una verdadera mutación de las Constituciones de los Estados miembros sustituyendo al Estado social por un modelo de “Estado de mercado” que ya no está sujeto a los “valores constitucionales” sino, más bien, a “valores económicos” (Martínez Sierra y Ferrer, 2015: 583).

Nos hallamos, por tanto, ante una Constitución material que va más allá de la Constitución formal original y que supone una verdadera “camisa de fuerza” frente a cualquier intento de cuestionamiento por parte de un país miembro de las reglas establecidas dentro de la Unión Europea y, más concretamente, de la eurozona, aun si se hace por vía democrática/4. Ésta es la lección que cabe sacar de la experiencia griega a la vista del comportamiento del eurogrupo (formado, por cierto, por representantes de los gobiernos de los Estados miembros) y, en particular, del Banco Central Europeo ante el gobierno presidido por Alexis Tsipras, incluso después de que en un referéndum una mayoría de votantes de ese país se pronunciara en contra de nuevas medidas de recortes sociales (Ramírez, 2015).

Es en ese marco europeo en el que se desarrolla la crisis del régimen vigente en el Estado español a partir del estallido de la crisis financiera e inmobiliaria y del giro austeritario que adopta el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Un cambio de ciclo “por arriba” que se ve luego replicado a partir del 15 de mayo de 2011 por otro de protestas en las plazas y en las calles frente a lo que se va percibiendo como una ruptura definitiva del “pacto social” menguante mantenido, aun con limitaciones crecientes, hasta entonces.

Esa percepción ciudadana, reflejada en las encuestas mediante una desafección también creciente hacia una elite política cuyos escándalos de corrupción no dejan de sucederse desde entonces, ha ido poniendo de manifiesto una crisis de representación política, especialmente centrada en la de los dos grandes partidos –Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español- que hasta ahora se alternaban en el gobierno. A ella se suma la que tiene que ver con otros pilares del régimen, como la monarquía y el Tribunal Constitucional, y sobre todo la especialmente aguda en el plano nacional-territorial, como se ha ido comprobando en el caso de Catalunya.

Estamos asistiendo, en suma, al vaciamiento creciente de la fórmula del Estado social y democrático de derecho establecida en la Constitución de 1978, como se comprueba con los sucesivos recortes laborales y sociales pero también de libertades básicas, como la conocida como “ley mordaza” o la que afecta al Código Penal, así como con las leyes de recentralización política y presupuestaria de un Estado autonómico que, ya definitivamente tras la sentencia sobre el nuevo Estatut catalán del Tribunal Constitucional en julio de 2010, se ha mostrado incapaz de “encajar” las demandas de mayor soberanía que desde Catalunya se han ido expresando y confirmando así el carácter antifederal de la Constitución (Pérez Royo, 2015).

Crisis -desigual pero incontestable- de un régimen (aunque no del “Estado integral” y, por tanto, todavía (?) no orgánica) que a su vez se ve desafiado tanto por los nuevos actores que han ido emergiendo al calor del ciclo inaugurado por el 15M (y que han desarrollado ya prácticas que, como en el caso de la PAH, pueden considerarse incluso “prefigurativas” o “instituyentes” frente a “lo instituido” (Aparicio Wilhelmi, 2014: 363)) como por un movimiento soberanista catalán que aspira al reconocimiento del derecho a decidir su futuro, incluida la independencia. Tanto en los primeros como en el demos catalán la idea fuerza de “proceso constituyente” ha ido ganando eco en los últimos años, si bien en el primer caso más como horizonte que como algo factible a corto o medio plazo. En cambio, en el caso catalán se puede encontrar ya diferentes iniciativas a nivel tanto ciudadano como parlamentario a los que interesa prestar atención para lo que estamos tratando.

Entre los nuevos actores en el ámbito estatal, Podemos ha aparecido como la nueva fuerza política que ha ido ganando una creciente presencia institucional con un discurso que ha defendido tanto un diagnóstico de que nos encontramos ante una crisis de régimen como una propuesta de apertura futura de un proceso constituyente, si bien no ha llegado a darle un contenido concreto. Se ha ido introduciendo así en la agenda política esta cuestión hasta el punto que, frente a la misma, el resto de los partidos políticos de ámbito también estatal están asumiendo la necesidad de reformas constitucionales de mayor o menor calado, compartiendo todos ellos la necesidad de promover una “Nueva Transición”, aunque en sentidos muy diferentes.

Con todo, es evidente que las elecciones generales del 26 de junio de 2016 establecieron una relación de fuerzas parlamentaria que no permite pensar en que existan condiciones para llamar a la apertura de un proceso constituyente, si bien tampoco parece que vaya a ser fácil un consenso interpartidario a favor de abrir el camino de la Reforma constitucional. Nos encontramos, en fin, en una situación de incertidumbre y de crisis de gobernabilidad que finalmente ha podido resolverse con la formación de un gobierno del PP en minoría gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, pero sin que por ello parezca que vaya a verse garantizada la estabilidad política y parlamentaria.

Hay que tener en cuenta, además, que la Constitución española es especialmente “rígida” en cuanto al procedimiento de revisión total o parcial de apartados clave de la misma (Título Preliminar, Capítulo Segundo, Sección 1ª del Título I, o Título II), ya que exige “la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara” (artículo 168.1). Esto implica que, con la actual composición del Congreso y sobre todo del Senado, esa revisión o reforma debería contar con el acuerdo del Partido Popular, formación que se ha pronunciado claramente en contra de modificar varios de esos apartados, especialmente los que pudieran abrir la puerta a la posibilidad de reconocer la convocatoria de un referéndum en Catalunya sobre la independencia.

Parece, por tanto, que el debate en torno a la necesidad de un proceso constituyente de ámbito estatal va a seguir abierto, pero sin que haya perspectivas de que se vea desbloqueado en los próximos tiempos, salvo que: 1, en unas nuevas elecciones se conforme una nueva mayoría que apueste por el mismo; 2, surja una potente presión social extrainstitucional –a través de Asambleas o Convenciones ciudadanas a distintas escalas territoriales que llegaran a confluir en el ámbito estatal- a favor de la apertura de ese proceso mediante una iniciativa legislativa popular o un referéndum convocando a la ciudadanía a pronunciarse al respecto/5; 3, se abra ese proceso en Catalunya, si bien esto implicaría una ruptura con la legalidad que probablemente, a falta de legitimación internacional, se vería bruscamente frustrada mediante algún tipo de represión por parte del Estado; y 4, por último, cabría también valorar qué papel podría jugar en esa presión social un alianza de ayuntamientos del cambio presentes en grandes y medianas ciudades.

En todo caso, sí están surgiendo ya propuestas desde distintas plataformas ciudadanas y partidos sobre las materias o temas que deberían ser objeto de un proceso participativo, rupturista y democratizador que culminara en la elaboración y aprobación de una nueva Constitución:

· el blindaje constitucional de los derechos sociales es sin duda uno de los primeros objetivos ampliamente compartido, pero obviamente tendría que ir unido a la modificación del actual artículo 135, así como al reconocimiento de un conjunto de derechos y libertades, acorde con los avances logrados en el Derecho Internacional, en un sentido anti-heteropatriarcal, ecologista y pluricultural;

· la socialización de aquellos bienes comunes garantes de ese conjunto de derechos y a favor de la sostenibilidad de la vida;

· la laicidad del Estado, con sus implicaciones en relación con el Concordato y los privilegios que mantiene la Iglesia católica, especialmente en ámbitos como la enseñanza, la política fiscal y la actividad institucional, es otra;

· la defensa de una democracia participativa, directa, paritaria, pluralista y comunitaria, con todos los mecanismos de desprofesionalización de la política necesarios (limitación de permanencia en los cargos públicos, control y revocabilidad de los mismos y reducción salarial, transparencia y rendición de cuentas, etc.), junto con la ampliación de los derechos de iniciativa legislativa popular (artículo 87.3) y de referéndum (artículo 92) también formaría parte de esa reforma, así como la del sistema electoral, con la sustitución de la circunscripción provincial por la de la Comunidad Autónoma junto con listas desbloqueadas y proporcionalidad pura.

Otra cuestión controvertida es la de qué sistema de poderes promover, ya que manteniendo los principios básicos de un Estado de Derecho y apostando por un régimen parlamentario y no presidencialista, habría que reconsiderar, por ejemplo, la necesidad o no de un Tribunal Constitucional o incluso de una Jefatura del Estado unipersonal, con mayor razón si el horizonte es el de un modelo federal abierto.

Sin embargo, en todas estas cuestiones y en coherencia con lo que se ha recordado más arriba, no se trataría de pensar en términos de lo que debería hacer una Asamblea Constituyente, o de fetichizar lo que acabaría siendo la Constitución escrita sino de insistir en su carácter de proceso participativo y popular, así como en que la misma debería tener un carácter “débil”, “de Transición".

En efecto, como bien argumenta Albert Noguera (2012: 175), “cuando, en la actualidad, hablamos de Poder Constituyente emancipatorio no podemos entenderlo como la simple convocatoria de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, sino que hay que entenderlo como un ‘proceso’ a iniciar con una reforma (cultural) en el sentido weberiano del término, hecha desde la autogestión y fuera de la esfera estatal, para sólo después, poder conformar una nueva forma de organización política”. Debería basarse, por tanto, en “el empoderamiento de los sujetos, lo que no puede hacerse meramente a través del reconocimiento o blindaje de derechos, sino a través de la garantía de permanentes condiciones de participación y de negociación” (Aparicio Wilhelmi, 2016: 28).

La experiencia desarrollada en los años recientes en Islandia, a pesar de tratarse de un país pequeño y de no formar parte de la Unión Europea, aun sus resultados limitados, también está llena de enseñanzas, en especial sobre la importancia clave de que a todo proceso constituyente le acompañe un movimiento de “reforma intelectual y moral” contrahegemónico si se aspira a que culmine en un sentido democratizador y rupturista (González Cadenas, 2016).

III - (Con)federalismo, forma de Estado, plurinacionalidad y Catalunya

Dos cuestiones serían especialmente controvertidas en ese proceso: la que tiene que ver con la búsqueda de una solución democrática a la realidad plurinacional dentro del Estado y la vía de adopción o no de una forma de Estado republicana.

La primera exigiría el reconocimiento previo del derecho a decidir/6de aquellos demoi que en su ámbito autonómico correspondiente lo reclamen para, en función del resultado derivado del referéndum respectivo, establecer un nuevo tipo de relación o/y pacto entre los distintos demoi, ya sea en un sentido federal o confederal. Ésta es una cuestión fundamental, ya que de ella dependería cuáles y cuántos sujetos constituyentes se vayan configurando en el futuro en función de la opción elegida/7.

Sea cual sea el devenir en ese camino, es evidente que el reconocimiento de la plurinacionalidad dentro de un nuevo Estado federal o/y un Tratado confederal tendría enormes implicaciones rupturistas con el actual tipo de Estado basado en una sola identidad nacional -la española- dominante sobre las otras y reflejada de forma dogmática en la Constitución de 1978. Serán necesarias reformas de envergadura en el plano simbólico, el institucional, el financiero, el cultural y el lingüístico, principalmente, de manera que se vaya generando una nueva cultura política basada en “pensar en (con)federal y en plurinacional y pluricultural” el ejercicio de nuevas formas de soberanía compartida entre pueblos iguales y diversos (Pastor, 2014: 211-215).

La segunda cuestión estaría muy vinculada a la anterior, ya que en el caso de que se optara por un modelo federal -o, con mayor razón, confederal- habría que recordar que si bien existen Estados federales con monarquía (como Bélgica, por ejemplo), en ese tipo de organización territorial, al carecer de un “centro”, tiene menor justificación democrática si cabe que exista una Jefatura de Estado y que además tenga un carácter hereditario.

Sin embargo, como ya se ha indicado, nos encontramos con una diferencia notable entre las dinámicas a escala estatal e incluso vasco o gallego, por un lado, y la catalana, por otro. En efecto, si bien en las primeras, dada la correlación de fuerzas no solo parlamentaria sino también de construcción de un demos común o diferenciado, no se dan condiciones para la apertura de un proceso constituyente, en la segunda en cambio sí está suficiente demostrada la existencia de una voluntad de un muy amplio sector de la población residente en esa Comunidad con una representación parlamentaria de, al menos, el 48 % que está dando pasos en ese camino. En esa dirección ha trabajado la Comisión de estudio dependiente del Parlament catalán, cuyas conclusiones aprobadas por la mayoría de esa institución el pasado 19 de julio de 2016 sostienen “la legitimidad para empezar un Proceso Constituyente propio” y consideran que el órgano principal participativo ha de ser “un Foro Social Constituyente, formado por representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos” (Caussa, 2016 a)).

Posteriormente a esa resolución, el debate dentro de Catalunya ha girado en torno a la propuesta de un Referéndum Unilateral de Independencia o Pactado, sin que haya visos de su resolución teniendo en cuenta que sigue encontrándose con un bloqueo por parte del gobierno y la mayoría del parlamento español (Caussa, 2016 b)).

Junto al proceso en el ámbito parlamentario es importante recordar que existen otras iniciativas surgidas de la sociedad civil catalana que merecen también interés. Ése es el caso, por ejemplo, de la plataforma Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat), en la que participa un buen número de asociaciones y organizaciones ciudadanas del ámbito catalán.

Empero, sabemos que el llamado “desafío soberanista e independentista catalán” choca con el rechazo por parte de los partidos actualmente mayoritarios en el parlamento español al reconocimiento del “derecho a decidir” y, en concreto, a un referéndum sobre la independencia. Una actitud que, sin embargo, contrasta con argumentos jurídicos fundamentados que permitirían su ejercicio incluso en el marco de la Constitución española vigente a través de una interpretación abierta de varios de sus artículos, como el 92 o el 150.2, siempre que hubiera voluntad política de hacer compatibles el principio democrático y el principio de legalidad.

Podemos considerar, por tanto, que mientras no se supere este conflicto entre la voluntad de una mayoría parlamentaria en Catalunya y otra también mayoritaria en el parlamento español, nos encontraremos ante un riesgo de choque no solo entre legitimidades sino también entre dos legalidades, siendo la española la que tiene preeminencia frente a la catalana desde el punto de vista jurídico.

En cuanto al ámbito de la Unión Europea, es bien sabido que dentro de la misma el respeto a “la integridad territorial de los Estados miembros” es un pilar básico de su existencia. Por tanto, mientras no hubiera un reconocimiento legal por parte del Estado español de lo que finalmente fuera aprobado en Catalunya no cabe pensar que ese reconocimiento se pueda dar en el futuro por parte de otros Estados miembros. Cabe, no obstante, la hipótesis de que algunos de esos Estados, a la vista del apoyo mayoritario a emprender un proceso constituyente no subordinado al español y/o a una declaración unilateral de independencia, llegasen a jugar el papel de mediadores con el fin de buscar un marco de negociación entre ambas partes.

En todo caso, como ya hemos recordado más arriba, si efectivamente se apuesta por procesos constituyentes democratizadores y rupturistas frente a la deriva oligárquica dominante en el constitucionalismo occidental, la opción por ese camino debería implicar también un cuestionamiento de la Constitución económica actualmente vigente dentro de la Unión Europea y de la eurozona por parte del nuevo Poder Constituyente.

Obviamente, en la hipótesis de que se llegara a ese estadio de conflicto, nos hallaríamos con otro choque de legalidades, cuyo desenlace dependería también del efecto que podría tener en otros países de la eurozona en un sentido u otro: podría significar una expulsión de la misma en el peor de los casos, pero también podría contribuir a abrir el debate sobre la necesidad de reforma y/o refundación de la actual Unión Europea, como ya se está proponiendo desde el todavía incipiente movimiento por un Plan B para Europa. Se abriría así un camino alternativo al que se quiere promover a partir del conocido como Informe de los cinco presidentes y que apunta hacia un “federalismo autoritario” (Albarracín, 2016), al menos dentro de la eurozona; o, también, frente a la creciente renacionalización de las políticas y, con ella, a la tendencia a la des-integración europea bajo los efectos no solo de la crisis de la deuda pública sino también de la práctica suspensión de los Acuerdos de Schengen, la posibilidad del “Brexit” y el reciente y vergonzoso Acuerdo de la UE con el régimen turco.

Concluyendo ya, podemos considerar que nos encontramos ante el retorno de una idea fuerza, la de procesos constituyentes, que parecía haber quedado expulsada junto con la idea de revolución y transformación radical de nuestras sociedades, si bien no es asimilable a éstas últimas. La mejor demostración de ese regreso al primer plano se encuentra en nuestro caso en que empiezan a proliferar las propuestas de reforma constitucional, ya que “solo cuando en el horizonte aparece la posibilidad de una ruptura constitucional, de un proceso constituyente, es cuando se activan los procesos de Reforma” (Cabo, 2014: 28).

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas:

1/ A partir de aquí me apoyo en la versión actualizada de una ponencia presentada en las Jornadas sobre “Democracia y procesos constituyentes”, celebradas en Las Palmas en marzo de 2016. El texto definitivo aparecerá dentro de la obra colectiva que con el mismo título de las Jornadas será publicado en febrero próximo por la Fundación Mapfre y Guanarteme y en la que colaboran también Marco Aparicio, Ernesto Garzón, Pablo Ródenas y Javier Pérez Royo.

2/ Entre ellas, las de ser una Constitución “monárquica, bipartidista y antifederal” (Pérez Royo, 2015).

3/ Un proceso que se desarrolla, además, en medio de gran secretismo y opacidad y de una “neolengua” que no hacen más que confirmar la creciente “encriptación del Poder” en el marco del capitalismo financiarizado global (Méndez y Sanín, 2012).

4/ Ya lo declaró con sorprendente sinceridad el Presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, a finales de enero de 2015: “No puede haber opción democrática contra los Tratados europeos” (Le Figaro, 29/01/15).

5/ Para unas consideraciones más detalladas sobre las distintas vías posibles y los obstáculos constitucionales a superar: Viciano Pastor (2012); también, la propuesta aprobada en el parlamento asturiano (González, 2016: 168; también, “Perspectivas y vías de actuación de un proceso constituyente en el Estado español”; Sebas Martín, Rafael Escudero y Albert Noguera, http://gruporuptura.org/wp-content/uploads/2015/06/dossier-no.1.pdf

6/ No es objeto de este trabajo tratar con cierto rigor este concepto, puesto de actualidad en el marco del conflicto abierto en torno a la exigencia de un referéndum en Catalunya. Para una argumentación politológica en torno al mismo que en líneas generales comparto: Zubiaga (2014).

7/ Aun no compartiendo la tesis de “Nación de naciones o nacionalidades”, es evidente que, como sostiene Bartolomé Clavero (2015), “si las nacionalidades son previas a la Nación, un proceso constituyente único e indistinto resulta problemático”.

Referencias

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-(2016) “Respuestas constituyentes en los tiempos neoliberales”, Diagonal, 263, 28, 4 al 17 de febrero

Cabo, Carlos de (2014) “Capitalismo, democracia y poder constituyente”, en R. Martínez Dalmau, op. cit., 13-29

Caussa, M. (2016a)) “El Parlament de Catalunya desobedece al Constitucional”, Viento Sur, 30/07/2016, http://www.vientosur.info/spip.php?article11564

-(2016b)) “Catalunya: referéndum o referéndum”, Viento Sur, 05/10/2016, http://www.vientosur.info/spip.php?article11753

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