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naiz.eus | Brasil, un año de la tragedia de Samarco
Metales de sangre en Europa. El caso de Mariana
15/11/2016 | Xabier Benito

El pasado 5 de noviembre se cumplió un año del crimen de Mariana. Una de las 3 represas de la mina de hierro de Samarco reventó, arrastrando al paso de una ola de lodo tóxico pueblos enteros como el de Bento Rodrigues, desbordando otra de las represas kilómetros más abajo y terminando por desembocar al mar. Hace un año la desembocadura del río Doce albergaba comunidades de pescadores, hoy la pesca y los pescadores han desaparecido. Algunos de los pueblos que sobrevivieron ahora no tienen agua potable, en algunos casos ni para cocinar o limpiar la ropa. En la región nadie dudaba del mal estado en el que se encontraba la represa, diversos colectivos ya lo habían denunciado, era la crónica de una muerte anunciada, que escondía un seguro de 1 millón de dólares que la empresa Samarco cobraría.

En la marcha y actos de memoria organizados por el Movimento de Atingidos por Barragens (Movimiento de afectados por las represas) de Brasil a lo largo de esta semana no sólo se recordaba a las 19 personas asesinadas por esta catástrofe, sino que también se denunciaba la situación de desamparo en las que muchas personas aún viven. La lucha por que los responsables sean juzgados y por unas indemnizaciones justas y para todas las personas afectadas se hacen bajo la amenaza de la empresa Samarco de despido de trabajadores (enfrentando a la sociedad en la lucha del último contra el penúltimo) o del “es esto o nada”.

A principios del 2016, se inició una investigación que culminó en la petición de prisión preventiva de seis funcionarios de la empresa Samarco (incluyendo al presidente Ricardo Vescoci y el ingeniero de la empresa VOGBR, encargada de la seguridad de la represa en cuestión). La investigación fue suspendida por el Supremo Tribunal de Justicia, que se justificó alegando la superposición y el conflicto de las esferas judiciales –regional o federal– que deben avanzar sobre el proceso criminal. Como resultado, el proceso judicial vuelve a empezar, cumpliéndose el año sin ningún condenado.

Samarco llegó a un acuerdo con las autoridades brasileñas el 5 de Mayo de 2016. El acuerdo ha sido declarado nulo por no haber contado en ningún momento con la participación de las personas afectadas, las personas que han perdido su vivienda o, en el peor de los casos, un familiar. Sin embargo, Samarco sigue aplicando su plan, creando una fundación privada que gestiona los fondos, en un intento de tapar su culpa y limpiar su mala imagen. El pueblo de Bento Rodrigues, donde ahora solo quedan las ruinas de las casas y la escuela manchadas de lodo planea ser cubierto por una nueva represa donde acumular los lodos tóxicos. “Estoy en contra de este nuevo dique porque Samarco no resuelve nuestros problemas, sólo atiende sus intereses y quiere seguir con la actividad minera. Enterrar el municipio de Bento Rodrigues es una manera de la empresa de esconder la escena del crimen”, dijo Marquinhos Muniz, residente de Bento Rodrigues antes del desastre.

Tan descabellado es el plan de indemnizaciones que la empresa está auto-indemnizándose por una hidroeléctrica de su propiedad que también sufrió daños. Desde el MAB-Brasil, el grupo que coordina a las miles de personas afectadas por la vorágine minera e hidroeléctrica en Brasil, rechazan la ratificación del acuerdo y exigen una solución que sea construida con la participación efectiva de las personas afectadas y de los fiscales de justicia y procuradores de la República directamente involucrados con la demanda en los territorios. Las empresas responsables del crimen no pueden decidir por sí solas sobre la recuperación de los daños difusos y colectivos, así como la compensación de las familias, siendo imprescindible la participación directa de las víctimas, ya que el caso es determinante para la reconstrucción de sus vidas y del medio ambiente a través de la cuenca del río Doce, en la región más minera de Brasil, Minas Gerais.

La impunidad de la minería y las represas donde se acumula el agua contaminada por lodo y metales pesados durante la extracción del mineral, así como las hidroeléctricas de un modelo más interesado en la construcción de infraestructuras que en garantizar una verdadera sostenibilidad de la producción de energía, es una cuestión mayormente europea. En primer lugar, por la propiedad de la empresa Samarco, participada por Vale y la anglo-australiana BHP-Billiton. En segundo lugar, por el destino de este mineral de hierro: el 21% de la extracción de hierro de Samarco va a parar a Europa e incluso si va a otro destino, como China, acaba mayormente en Europa en forma de producto final manufacturado, a un precio económicamente competitivo pero ecológica y socialmente aberrante e insostenible.

Históricamente, la economía europea es de las que más materias primas importa y consume en el mundo. Lo que habitualmente se llaman economías avanzadas son en realidad pobres en recursos y dependientes de un modelo desigual de acceso a los recursos. Por ejemplo, en el caso del metal, Alemania depende en un 100% de las importaciones, a pesar de ser el séptimo país del mundo en producción de acero, un total de 42,6 millones de toneladas en 2013. En otras palabras: sin la sobre-exportación de materias primas de Brasil y otros 50 países a Europa, su economía capitalista sería inviable. Tenemos una deuda histórica con los pueblos del mundo donde hemos externalizado y deslocalizado nuestra industria más contaminante y la más necesitada de mano de obra que por cuestiones de mera competitividad de precios ha sido mano de obra precarizada. Esta realidad se ha venido dando de manera especial también con los pueblos de América Latina.

La realidad es tan fría como el metal: cuanto más hierro importamos a Europa, más crímenes como el de Mariana se van a seguir cometiendo a lo largo de todo el mundo. Con la globalización capitalista, la Unión Europea ha deslocalizado una parte de sus industrias más contaminantes a países como Brasil. Por ejemplo: los residuos procedentes de operaciones extractivas son uno de los mayores flujos de residuos de Europa, para disminuir los impactos sobre la salud y el medioambiente se han trasladado de países como Francia y Alemania a Asia, África y Latinoamérica.

En la última década estamos atendiendo también a una nueva tendencia: ahora, las multinacionales están creando «alianzas para las materias primas». Grupos del sector automotriz, químico, metales y de la industria pesada participan directamente en la extracción de materias primas y minerales. Estas macro alianzas de transnacionales se benefician de los marcos legales a nivel internacional que los gobiernos de corte neoliberal (como el de España, la propia Comisión Europea, el nuevo gobierno golpista de Temer en Brasil o el de Macri en Argentina) para blindar la impunidad de los crímenes de las empresas transnacionales como Vale y BHP Billiton.

La Unión Europea ha reforzado el modelo económico extractivista en América Latina, donde la exportación de materias primas causa cada vez más destrucción y violencia. Un ejemplo de ello son los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con Perú y Colombia, que aseguran la exportación de materias primas a Europa. El acuerdo de libre comercio que ahora se negocia con el Mercosur apunta en la misma dirección: terminar con los aranceles de materias primas para abastecer el insaciable horno de recursos del consumo capitalista. Son, en última instancia, acuerdos comerciales que no contienen mecanismos vinculantes que no garantizan la aplicación de normas ambientales, de los derechos humanos y de los derechos laborales. El objetivo de «desarrollo sostenible y cooperación al desarrollo» únicamente mantiene su imagen limpia.

Es por ello que tejer redes de solidaridad internacional es imprescindible. Por eso me desplacé esta semana al homenaje por el crimen de Mariana, para ofrecer nuestro reconocimiento y solidaridad y para reforzar el trabajo con organizaciones sociales de todo el mundo. El crimen de Mariana, al igual que el de Hungría en 2010 o el de Aznalcóllar en Doñana en 1998, responden a una misma dinámica que debemos detener: la dinámica de la economía capitalista que avanza firmemente hacía el colapso climático y medio ambiental en La Tierra. El asalto a las instituciones es sólo un medio para un fin: el reparto justo de los recursos y la riqueza, la reparación de los daños causados a lo largo de la historia y la promoción de un modelo sostenible de economía circular y planificación y priorización de la producción en relación con las necesidades de las personas y no de las necesidades de los mercados, guiados por la acumulación de la máxima riqueza en el corto plazo. La lucha es hoy internacionalista.

15/11/2016

* Xabier Benito es eurodiputado de Podemos

http://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/metales-de-sangre-en-europa-el-caso-de-mariana



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