aA+
aA-
Grabar en formato PDF

Catalunya
"Ahora toca": sin educación pública, democrática y popular, no habrá soberanía posible
11/11/2016 | Joan Giner, Marc Casanovas

Desde hace unas décadas estamos asistiendo a un auténtico cambio de paradigma global en las políticas de gestión de los servicios públicos. Una concepción que emula los modelos de gestión de la empresa privada y concibe los servicios públicos, ya no como unos derechos fundamentales que hay que preservar de la lógica depredadora del mercado, sino que, por el contrario, entiende que la obligación de las administraciones es ir descentralizando y poniendo paulatinamente los recursos públicos en manos de la iniciativa privada. Por lo que el rol de la administración se adapta cada vez más al papel de un simple supervisor y distribuidor de recursos públicos que, a través de incentivos y evaluaciones, debe fomentar esta misma iniciativa privada.

De esta manera las administraciones van confiando progresivamente los recursos y la gestión de necesidades y derechos tan básicos como la sanidad y la educación a las "virtudes reguladoras" del mercado: competitividad, productividad, rentabilidad y eficacia devienen así los nuevos "mantras "que permiten someter los derechos sociales a la lógica del beneficio y adaptar los contenidos educativos a las necesidades del mercado. Con todas las consecuencias que esto siempre conlleva: acceso desigual a los servicios, polarización y segregación social, precarización laboral, externalización, mercantilización y finalmente privatización.

Una triste paradoja que explica la bancarrota de la socialdemocracia europea y la crisis de legitimidad de muchos sistemas políticos nacionales así como de las instituciones europeas, es que esta concepción, que sale de la nueva derecha de los años 80 contra las conquistas históricas de los estados sociales que emergen de la posguerra, ha tenido sus máximos garantes y sus más entusiastas impulsores precisamente en los partidos que se reclaman de esta tradición de izquierdas. No es extraño pues que la misma Margaret Thatcher pudiera decir sin rubor que su mejor creación había sido Toni Blair y la "tercera vía".

Tampoco es tan extraño, por tanto, que una de las leyes pioneras en el ámbito educativo de esta nueva concepción de gestión pública aterrizara en el Estado español de manos del tripartito de izquierdas a través de la Ley de Educación Catalana (LEC) y después encontrara su emulación más desacomplejada y en clave españolista de la mano del PP con la LOMCE: direcciones profesionalizadas, incentivos y evaluaciones por resultados y una concepción gerencial de la autonomía de centros. Estas son las medidas básicas que encontramos en ambas leyes y que responden por igual a esta voluntad de introducir la filosofía empresarial en el ámbito de la educación pública.

Desde el actual gobierno de JuntsPelsí ante cualquier reivindicación de la comunidad educativa se ha repetido hasta la saciedad que la LEC es la "ley de consenso" de educación en Catalunya y que mientras nos movamos en un marco autonómico ésta debe permanecer inviolable (“¡ahora no toca!" se repite con insistencia como si el proceso soberanista nada tuviera que ver con un proceso de recuperación de derechos sociales). Pero lo cierto es que ni la LEC está esculpida en mármol ni tampoco es una ley de consenso más allá del arco parlamentario que la aprobó en su momento. De hecho, nunca una ley educativa (ni siquiera la LOMCE) había sido tan contestada desde la comunidad educativa y la ciudadanía de este país. Antes de aprobarse en el 2009, disfrutó del "consenso" de 5 huelgas educativas de seguimiento masivo y las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan contra una ley educativa desde la transición; con madres, padres, alumnos, maestros y maestras y ciudadanía en general llenando las calles de todo el Principado.

Y esto fue así, porque la LEC, tal como explicábamos, aterrizó en Catalunya como un OVNNI (objeto volador Neoliberal No Identificado) con la misión inconfesa de apuntalar la red concertada y desmantelar y hacer violencia a las mejores tradiciones y valores que han informado la escuela pública Catalana desde "las conversaciones pedagógicas" de los maestros ampurdaneses a principios del siglo XX, pasando por la Segunda república o la Escuela Nueva Unificada (CENU) hasta los movimientos de renovación pedagógica y de Rosa Sensat de la transición: la reivindicación histórica de una única red pública, laica, democrática, popular, coeducadora, inclusiva y en catalán.

Ahora que se habla tanto de innovación pedagógica, habría que tener presente que los momentos de mayor innovación pedagógica surgieron en nuestro país a partir de una ciudadanía movilizada y unos movimientos pedagógicos que se esforzaban por construir otra sociedad más justa y solidaria, no para "adaptar la escuela a las necesidades de la sociedad del siglo XXI" (que no se sabe cómo, siempre acaban siendo las necesidades "competenciales" que marca PISA para un mercado laboral cada vez más flexible y precarizado).
Los movimientos por la escuela pública de los 70 no esperaron a que llegara la "democracia" (“primero la democracia y luego ya veremos ...”) para hacer su proceso constituyente, sino que desde el minuto 0 y desde la calle y la autoorganización fueron levantando de facto y a través de la lucha, una nueva realidad constituyente en el ámbito educativo que permitió abolir los antiguos cuerpos de direcciones franquistas y levantar una nueva institucionalidad democrática (claustros de profesores y consejos escolares vinculantes ) sin la cual la participación real (no como consumidores, no como "usuarios", sino como ciudadanos de pleno derecho) de toda la comunidad educativa no hubiera sido posible. No es casualidad que uno de los momentos de innovación pedagógica más ricos y fértiles que ha habido en nuestro país surja de estas luchas (la inmersión lingüística entre muchas otras experiencias innovadoras) y se despliegue dentro del marco de esta nueva institucionalidad donde los actores educativos se movían en un clima de igualdad, democracia, autonomía pedagógica y colaboración mutua.

Lo primero que hace la LEC cuando aterriza en Catalunya (de la mano de las "recomendaciones" de la patronal europea, de la OCDE de los "libros blancos" la Comisión Europea y de la OCDE) es empezar a desmantelar esta institucionalidad democrática conquistada por las clases populares que hizo posible esta renovación pedagógica. Vuelve a restablecer los cuerpos de directores y una gestión piramidal y jerárquica que emula la privada-concertada donde los directores hacen las funciones de jefes de personal, abriendo de nuevo la educación pública al control ideológico, a las viejas redes clientelares y la arbitrariedad. Externaliza servicios y entierra a profesores, alumnos (¡y direcciones!) en una morralla burocrática de evaluaciones estandarizadas para confeccionar rankings de centros e incentivos económicos y, eso sí, a cambio nos ofrece la zanahoria del "sello de prestigio" de las fundaciones privadas : "la educación del siglo XXI", la solución mágica para que, centros, docentes y Ampas, en un contexto de desinversión estructural y de precarización docente, compitamos entre nosotros por las matrículas y por unos recursos cada vez más escasos ...

Afortunadamente la comunidad educativa no permanece pasiva ante esta agresión permanente a la escuela pública catalana. Sólo hace unos meses, en el mes de mayo, una iniciativa legislativa popular para la Educación Pública (ILPEducació) avalada por más de 95 000 firmas, 170 entidades de la sociedad civil adheridas y 26 mociones aprobadas en diferentes ayuntamientos del territorio, desde pequeños pueblos como Bordills hasta grandes metrópolis como Barcelona, entró en el Parlamento con la propuesta de aumentar la inversión en educación a la media europea, acabar con la doble red en un plazo de 10 años, recuperar la democracia en los centros y universalizar la acceso gratuito a la educación de 0-3 a universidades.

"Ahora no toca debatir el modelo educativo" dijo el Gobierno de JuntsPelSí y con los votos del PP hizo una enmienda a la totalidad que impidió que se pudiera abrir un debate parlamentario y social sobre qué modelo educativo queremos en Catalunya. rechazando así el diálogo con la iniciativa más importante que ha habido desde la sociedad civil en materia educativa en los últimos tiempos, y eso lo hacía un Gobierno que pocos meses antes había declarado solemnemente desde ese mismo Parlamento "la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo ... "

Pero los debates no se pueden cerrar en falso y desde arriba, y son muchas las iniciativas de la comunidad educativa (Sindicatos, Ampas, Assemblea Groga ...) que en los últimos tiempos han dejado patente a través de diferentes movilizaciones y acciones (ayunos, acampadas, concentraciones y encierros en el Departamento, manifestaciones, boicots ..) que "ahora sí toca" hablar de los derechos de los niños y del derecho a la educación pública:

La campaña y el ayuno organizado por DIAE (plataforma por el derecho de los niños en el ámbito educativo) para denunciar que el Gobierno desobedece las resoluciones del propio Parlamento de Catalunya en materia de becas comedor y actualmente el 30,02 % de los menores de 16 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya cuando sólo hay 98 000 becas de las 351 500 que serían necesarias.

O los movimientos contra los barracones y los cierres de líneas de P3 públicas que denunciaron el curso pasado a lo largo de muchos pueblos y barrios de Catalunya la parcialidad evidente de la administración a la hora de cerrar líneas. Priorizando el cierre de públicas por encima de líneas concertadas. El propio Síndic de Greuges ha pedido explicaciones y denunciado el sesgo de la administración en favor de la concertada indicando en su informe que uno de los factores principales de la segregación escolar es la doble red (ahora con la política de incentivos ¡triple!) en Catalunya. Hay que tener en cuenta que la media Europea está en el 7 % mientras que aquí estamos a un 40 %.

Y la XEI (Red de escuelas insumisas a la LOMCE) que ha promovido la desobediencia a las pruebas externas de tercero y sexto de primaria y ha denunciado reiteradamente a la administración catalana y a la actual Consejera de enseñanza por aplicar la LOMCE a pesar del compromiso público no hacerlo.

O la campaña del PLEEC (Plataforma por una educación en economía crítica) para acabar con el actual convenio entre Ensenyament y el Instituto de Estudios Financieros que promueve la presencia de entidades financieras como Bankia, la Caja, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Santander (algunas de ellas rescatadas con dinero público) en las aulas a la vez que legitima su relato sobre las causas de la crisis, liberándolas de toda responsabilidad y culpabilizando a las familias desahuciadas.

Y el movimiento estudiantil que desde institutos y universidades se ha movilizado masivamente contra la subida de tasas, las reválidas y la mercantilización creciente de la educación. Hace meses se aprobó una bajada del 30 % de las matrículas para este curso en el Parlamento y el gobierno como en tantas otras resoluciones sigue desobedeciendo a su propio parlamento. No sin motivos, este 17 de noviembre los estudiantes saldrán de nuevo a la calle para reclamar una Universidad pública para todos.

En resumen, la comunidad educativa quiere hablar del derecho a la educación pública aquí y ahora y no en un futuro indeterminado. Por eso el próximo 12 de noviembre la Assemblea Groga ha convocado a toda la ciudadanía y todos los movimientos por la educación pública a una manifestación en Plaza Universidad de Barcelona. Para detener el actual proceso de desinversión, privatización y mercantilización de la educación pública en Catalunya. Bajo el lema "queremos el 6% para la educación pública", la Assemblea Groga denuncia la actual infrafinanciación de la educación: 2’8 % del PIB que nos sitúa a la cola de Europa y de España y a mucha distancia del 6% que marca la Ley.

Por otro lado, los sindicatos de la educación también están promoviendo una consulta por todos los centros de Catalunya sobre la necesidad de impulsar una huelga general de la educación que permita poner esta situación de precariedad y de involución que está sufriendo la educación pública en primer plano y hacer impactar esta huelga en el actual debate presupuestario del Parlamento de Catalunya. Tal como señala la USTEC, si hubiera voluntad política con una partida que revertiera los recortes de 2011 (aunque muy lejos de los 9 000 millones que faltan para cumplir la ley) el impacto que tendría sobre la calidad educativa sería importantísimo. Si tenemos en cuenta que se sigue presupuestando 30 millones de euros cada año para 16 escuelas de élite del OPUS que segregan por sexo, cuesta creer que los "presupuestos más sociales de la historia" no puedan contemplar una partida realmente significativa para todos los centros públicos de Catalunya…

En cualquier caso, nos encontramos ante una comunidad educativa y unos movimientos sociales que se empiezan a movilizar y organizar para definir qué educación quieren y no sólo qué educación, también qué sanidad, qué servicios sociales, qué relaciones laborales ... cualquier marco de soberanía que no constituyamos desde abajo y desde la movilización social será constituido por arriba y al servicio de los intereses de los de arriba. Los derechos sociales no esperan y la soberanía se construye cada día. Ahora toca educación pública, pero también sanidad pública, trabajo digno, pan, techo y, ¿por qué no? una gran asamblea de movimientos sociales constituyentes que independientemente del marco de relación que finalmente decidamos tener con el Estado español, sea capaz de constituir soberanía real y compartida entre las clases populares de aquí, de los pueblos del Estado y de toda Europa.

11/09/2016

Joan Giner, diputado en el Parlamento de Catalunya y miembro de Podem Catalunya.

Marc Casanovas, activista a favor la educación pública y redactor de la revista VIENTO SUR.





Boletín semanal
Recibe en tu correo electrónico los últimos artículos de nuestra revista digital, así como las novedades y eventos
Agenda
foro viento sur
Madrid. 18 de octubre de 2017, 19:00h
Madrid. Miércoles, 18 de octubre de 2017. 19h La cuestión catalana y el problema español Sandra Ezquerra, Jaime Pastor, Maria E. Rodríguez Palop, Antonio Maestre
Librería Traficantes de Sueños c/Duque de Alba 13 Metros: Tirso de Molina y La Latina







Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons