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Tribuna VIENTO SUR
Presos vascos. Denegación de los derechos laborales y sociales: el subsidio de excarcelación
02/11/2016 | Mikel de la Fuente

El padre de un preso político vasco, Jon Fano, explicaba en VIENTO SUR/1 las durísimas condiciones que sufren los presos políticos vascos y cómo han empeorado en relación con el franquismo. La decisión del gobierno español de incumplimiento de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el llamado subsidio de excarcelación, es una buena ocasión para reflexionar sobre la denegación de la formación y sobre su situación laboral y de protección social. En algunos casos las restricciones de derechos resultan de la legislación general y de su interpretación por los tribunales, pero en otros proviene de decisiones explícitas del gobierno español para castigar a los presos vascos más allá de su muy largo tiempo de permanencia en prisión y que no han sido combatidas por la gran mayoría de la representación en el Parlamento español. El proceso de paz en Colombia, en suspenso en la actualidad tras el ajustado voto negativo en el referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016, muestra la importancia de las medidas tendentes a la inserción laboral de las personas presas, exiliadas y excombatientes.

Una buena parte de quienes han estado en prisión y el exilio/2 han permanecido en esa situación durante un porcentaje importante de su vida adulta. Ello implica graves consecuencias para sus posibilidades de inserción laboral dada la ruptura con sus habilidades profesionales anteriores (si es que las tenían).

La asociación Harrera Elkartea (Asociación Acogida) nació en junio de 2012 con el objetivo, en los términos de su página web,“de ayudar a la integración social de las mujeres y hombres de Euskal Herria que han sufrido la cárcel o el exilio para que puedan construir su vida de una manera digna”. Realiza las siguientes funciones:

-Jurídico-Administrativas: acompañamiento y consejo para realizar los trámites de legalización ante la Administración, entre otros, los relacionados con el carnet de identidad, empadronamiento, pasaporte, carnet de conducir, tarjeta médica, subsidios y pensiones a los que puedan tener derecho…

-Sanitarias: la atención médica que se recibe en prisión o que se puede conseguir en el exilio suele ser muy deficiente, lo que da lugar a la existencia de diversas patologías físicas y síquicas. Harrera Elkartea pone a su disposición -al margen de la asistencia que reciben de la Sanidad Pública- la ayuda de equipos de oftalmólogos, dentistas y psicólogos.

-Ayudas económicas: quienes salen de prisión o vuelven del exilio lo hacen sin patrimonio alguno. Además, la decisión del Estado español de negarles el subsidio de excarcelación (ver más adelante), ha agravado su situación. Para hacer frente a ello Harrera Elkartea les proporciona una ayuda con la que afrontar los primeros meses de su vida en libertad.

-Trabajo. Harrera gestiona la consecución de puestos de trabajo para las personas salidas de prisión o vueltas del exilio, especialmente entre las empresas de economía social, muy extendidas en la CAPV.

Denegación del derecho a la educación

Hasta la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) por la Ley 6/2003, de 30 de junio, los presos vascos optaban para realizar sus estudios por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). En 1988 la UPV/EHU suscribió un convenio con un centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que permitía estudiar en la UPV/EHU a las personas presas en el Estado español, que después se amplió al Estado francés. Durante ese período un número importante de presos realizó estudios universitarios, en general en materias no experimentales. En algunos casos esos estudios han sido claves para la inserción profesional de los presos a la salida de prisión.

Pero a partir del año 2000, se orquestó una tremenda campaña en la que participaron el Gobierno Aznar y gran parte de los medios de comunicación, apoyándose en mentirosas declaraciones de una pequeña parte del propio profesorado de la UPV/EHU, encuadrada en la corriente “constitucionalista”, que lanzaba incansablemente acusaciones sobre un trato de favor que habría recibido el alumnado preso, especialmente en lo relativo a la admisión y las calificaciones.

Así que Aznar decretó el final de la atención de la UPV/EHU a personas encarceladas. La reforma de la LOGP de 2003 estableció, en su art. 56.2, que los estudios universitarios de presos en instituciones españolas deben seguir un convenio que se establezca entre la Universidad y la Dirección de Instituciones Penitenciarias. La única universidad con convenio tras esta ley era la UNED. La UPV/EHU se dirigió en repetidas ocasiones a la Dirección de Instituciones Penitenciarias para establecer un convenio propio sin obtener contestación. En ausencia de convenio, la UPV/EHU anuló todas las matrículas de presos en instituciones penitenciarias españolas. La casi totalidad de los presos políticos vascos optó por no matricularse en la UNED, ya que el sistema de exámenes que se les imponía implicaba desplazamientos entre cárceles que podían extenderse durante meses/3. De esta forma, una modificación legal de evidente origen político restringe gravemente o anula el derecho a la educación de los presos vascos en el Estado Español.

El equipo rectoral realizó un exhaustivo informe, presentado en el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en septiembre de 2004, concluyendo que las tasas de aprobado eran netamente inferiores a la media universitaria y que no había ningún motivo para sospechar que hubiera tenido lugar un trato de favor de los presos (file:///C:/Users/usuario/Unibestsitatea/Alumnado%20preso.htm).

El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU aprobó por unanimidad el 28-10-2004 el protocolo “para la atención a personas internas en centros penitenciarios” (http://www.ehu.eus/documents/3026289/3470176/Protocolo+CAST.pdf.). A partir de ello se creó el Centro de Atención al alumnado en centros penitenciarios. El Tribunal Supremo dictó sentencia de nulidad respecto al protocolo y en consecuencia se suspendieron las actividades académicas derivadas del mismo durante los cursos académicos 2008-2011. Posteriormente, la UPV/EHU recurrió al Tribunal Constitucional, el cuál dictó sentencia favorable al protocolo (Sentencia 206/2011 de 19 de diciembre de 2011, BOE nº9 de 11 de enero de 2012). Pese a ello Instituciones Penitencias de España se ha negado a suscribir un acuerdo con la UPV/EHU para permitir la matriculación en dicha institución del alumnado en centros penitenciario. Frente a ello las personas encarceladas en otros países tienen derecho a la matrícula y atención de la UPV/EHU.

A fin de tener en cuenta el nuevo marco europeo de educación superior (el llamado “Proceso de Bolonia”), el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU aprobó el 18-7-2011, también por unanimidad, una actualización del protocolo.

En medio de este proceso, se presentó una denuncia judicial contra dos profesores por ese supuesto trato de favor, que en este caso se concretaba en la supuesta inclusión indebida en el sistema de evaluación de dos miembros de ETA deportados por Francia a Cabo Verde y República Dominicana. Más de mil profesores de la UPV/EHU, entre ellos el rector, suscribieron un manifiesto de apoyo a los profesores Aierdi y Antolín, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El asunto concluyó con la absolución por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Bilbao, desestimando la petición fiscal de ocho años de inhabilitación.

Dificultades para la reinserción laboral

Además de las dificultades derivadas del alejamiento de la actividad profesional durante periodos más o menos amplios y de sus carencias formativas para una economía en rápida mutación y de un nivel tecnológico relativamente elevado, el gobierno español quiere introducir restricciones normativas para el acceso a la función pública.

Durante el tiempo de estancia en prisión los presos políticos vascos no han realizado trabajo remunerado. Ese trabajo de los penados en instituciones penitenciarias constituye una relación laboral de carácter especial prevista en el art. 2.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y se encuentra regulada por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, modificado por el RD 2131/2008, de 26 de diciembre. También existen otras modalidades de trabajo reguladas en la LOGP que no constituyen una relación laboral. El art. 15 del RD 2131/2008 establece que para la fijación del salario se tendrá en cuenta el “rendimiento normal de la actividad de que se trate” y del horario de trabajo cumplido, aplicándose un módulo cuya referencia será el salario mínimo interprofesional. Además de limitarse los empleos a una pequeña proporción de los internos, los salarios efectivamente abonados son muy reducidos (entre 100 y 150 euros mensuales). El acceso a los puestos de trabajo se realiza en base a criterios fijados en el art. 3.2 del Real Decreto. Posiblemente en aplicación del apartado 4 de ese artículo, “La conducta penitenciaria”, a los presos de ETA se les exigía el arrepentimiento para acceder a esos trabajos, por lo que casi ningún preso ha realizado los mismos.

El acceso a los puestos de trabajo en la educación puede limitarse en el próximo futuro para las personas presas que hayan sido condenadas por terrorismo. Al parecer esa grave amenaza está siendo contemplada por el gobierno español. El antiguo gobierno de Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó en el Parlamento de Navarra en enero de 2014 una iniciativa para que “terroristas, pederastas y violadores no puedan ser profesores/4. Al mismo tiempo se hacía público un informe de la Guardia Civil que alertaba sobre una supuesta importante presencia de la izquierda abertzale en la educación.

Restricciones en la protección social

La permanencia en prisión o el exilio supone una seria afectación para alcanzar derechos dignos de protección social, especialmente de pensiones, ya que van a tener dificultades para reunir los períodos de cotización necesarios para acceder a las pensiones (en el caso de la jubilación, 15 años; menores para la incapacidad permanente, en función de la edad, pero que pueden alcanzar hasta 11 años) o para una cuantía decente de las mismas (se requieren 37 años de cotización para el 100% de la pensión de jubilación), especialmente si no consiguen un empleo estable tras la salida de prisión. En el ordenamiento jurídico español no se contempla la atribución de cotizaciones a las personas presas a fin de acceder y/o mejorar su derecho a las prestaciones, por lo que va ser muy frecuente el caso de quienes no accedan a la pensión de jubilación por no acreditar el período de cotización requerido.

Las restricciones generales aprobadas en los últimos años pueden incidir de forma muy negativa sobre las personas presas. Así, el RD Ley 5/2013, cambió la condición de derecho individual del subsidio de desempleo para mayores de 55 años, que además de la prestación económica incluye la cotización a cargo de la Seguridad Social, pasando a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la unidad de convivencia, mientras que anteriormente solo se tenía en cuenta los ingresos de la persona solicitante. De esta forma, se requiere que la los familiares con los que se conviva tengan una situación muy precaria y se asigna a los mismos la responsabilidad del sostenimiento de la otra parte, liberando al sistema de Seguridad Social de su deber de cobertura en situaciones de necesidad.

Además del requisito de la llamada carencia genérica, es decir, de haber cotizado un determinado período a lo largo de la vida laboral, la Ley General de Seguridad Social exige que determinado período del total exigido haya tenido lugar durante un tiempo determinado. Así, para la jubilación se requiere que dos de los quince años requeridos hayan tenido lugar en los quince anteriores al momento de causar el derecho. De esta forma se impide el acceso a las prestaciones a quienes hayan abandonado el mercado de trabajo y no mantengan la cotización.

Para evitar la desprotección, una modificación legal de la LGSS de 1997 introdujo lo que hasta entonces había sido un mero criterio jurisprudencial: la “teoría del paréntesis”, conforme a la cual se considera como no computables los períodos en los que no exista obligación de cotizar, retrotrayendo el cómputo de la carencia específica al momento en que se inicia el período de no cotización.

En relación con las personas presas, hay dos corrientes en la doctrina judicial/5. Una de ellas permite la aplicación de la doctrina del paréntesis en todos los casos en los que la persona presa hubiera permanecido sin prestar actividad laboral por encontrarse presa. La segunda exige para la aplicación de esa doctrina que haya prestado servicios en cualquiera las modalidades retribuidas contempladas en la LOGP, aunque no sean laborales, o, al menos, se haya solicitado trabajar productivamente y no se haya accedido a su petición. De confirmarse, esta orientación jurisprudencial podría traer consigo la denegación de prestaciones a las personas presas que, por edad u otras razones, no realicen un trabajo que suponga la cotización a la Seguridad Social con posterioridad a su salida de prisión o vuelta del exilio.

El subsidio de excarcelación

Además de la prestaciones de desempleo del “nivel contributivo”, que exige una cotización mínima de 360 días en los seis años anteriores a la “situación legal de desempleo”, la LGSS incluye un “nivel asistencial”. Uno de los supuestos de ese nivel asistencial el de las personas liberadas de prisión que no tengan derecho a la prestación de desempleo y la privación de libertad haya sido de duración superior a seis meses/6. Es el llamado subsidio de excarcelación.

La duración del subsidio de excarcelación es de seis meses, prorrogables por períodos semestrales, hasta un máximo de dieciocho meses. La cuantía del subsidio será igual al 80% del llamado “indicador público de rentas de efectos múltiples” (IPREM) mensual vigente en cada momento. Desde 2010 el IPREM mensual se mantiene constante en la cuantía de 532,51 euros, por lo que el subsidio asciende a 426 euros mensuales.

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, acordaba añadir, con efectos al 1-1-2014 y vigencia indefinida, una nueva disposición adicional a la Ley General de Seguridad Social de 1994 (que corresponde al actual art. 274.2 a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido en vigor de esa Ley) que para los/las liberados/as de prisión por los delitos de terrorismo establece dos requisitos adicionales a los ya indicados de no tener derecho a la prestación por desempleo y que la duración de la estancia en prisión haya sido, al menos, de seis meses. Estos nuevos requisitos son 1) el de haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, entendida como la conducta observada para reparar el daño e indemnizar los prejuicios materiales y morales y 2) que formulen una petición expresa de perdón a las víctimas del delito cometido.

Las Instrucciones I-2/14 dictadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior para la aplicación de la citada disposición adicional precisan que el contenido de la misma se aplicará a partir de la entrada en vigor la misma.

En el contexto expuesto se han producido resoluciones judiciales de diferente sentido en relación con el subsidio de excarcelación. Por un lado, la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Donostia-San Sebastián, de 31-10-2014 (nº 441/2014), reconoce el derecho al subsidio, por haberse cumplido el requisito de petición de perdón a las víctimas pero no el de reparación económica y entender que el mismo “es de imposible cumplimiento”, ya que durante su larga estancia en prisión “no ha podido generar ningún tipo de bienes para hacer frente al pago de esa responsabilidad civil”. El Juzgado añade que la denegación del subsidio le impide acceder a un medio de vida normalizado con el que pueda generar recursos para hacer frente al pago de esa responsabilidad, tal como manifestaba el ex-preso en su demanda –añade la sentencia-, cuando expresaba “…su voluntad de hacer frente a esa responsabilidad mediante la aportación de parte de los recursos que pueda generar en el futuro…”. De esta forma, el juez “abroga en la práctica, por su alcance generalizado, un deber legal establecido por Ley de Seguridad Social aplicando una regla civil según la cual las obligaciones de cumplimiento imposible deben “tenerse por no puestas”, tal como establece el art. 1.116 del Código Civil español/7.

Por otro lado, la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Eibar, de 8-7-2014 (nº 136/2014), en un caso en el que, además de la ausencia de reparación económica, no había habido petición de perdón, ratificaba la práctica administrativa del Servicio Público de Empleo Estatal y desestimaba la demanda presentada por los presos Luis Mari Azkargorta y Mikel Zarrabe.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, por Auto de 27-1-2015, planteó una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por considerar dudoso, desde el punto de vista constitucional, el establecimiento de requisitos adicionales a los generales para los presos liberados de prisión por los delitos de “terrorismo”. El Tribunal, tras reconocer que el legislador está facultado para excepcionar la efectividad de la garantía de indemnidad, como de cualquier otro derecho fundamental, “con la finalidad de salvaguardar otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, siempre que su sacrificio resulte justificado en tanto que proporcionado”, planteaba varias cuestiones para dilucidar la proporcionalidad de la norma atendiendo a los cánones de adecuación, indispensabilidad y ponderación:

a)En relación con el artículo 24 de la Constitución (CE), cuyo apartado 1 establece que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El auto judicial recuerda que la norma cuestionada tiene su origen en la interpelación urgente presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y que esa intimación fue una reacción a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21-10-2013, que dejó sin efecto la “doctrina Parot” establecida en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a partir de la sentencia de 28-2-2006. La sentencia del Tribunal Europeo ordenaba la puesta en libertad de una presa militante de ETA condenada a más de tres mil años de prisión por delitos cometidos entre 1981 y 1987. El mencionado auto considera que la disposición cuestionada tendría por función “evitar uno de los efectos secundarios de la excarcelación de los presos de ETA afectados por la doctrina sentada en dicha resolución”: el acceso al subsidio de desempleo al que tendrían derecho tras su liberación de cumplir los requisitos establecidos en la LGSS. El TSJ agrega que esa consideración “no resulta desvirtuada por el hecho de que tal vez para evitar problemas de constitucionalidad (subrayado del autor), el texto definitivo incluyese otro tipo de delitos distintos de los de terrorismo, superando su ámbito primigenio”.

b) En relación con el art. 25.1 CE, que establece la prohibición “non bis in ídem”: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. Ello por cuanto la falta de arrepentimiento ya se tuvo en cuenta para el acceso al tercer grado penitenciario.

c) En relación con el art. 9.3 CE que garantiza, entre otros, el principio de seguridad jurídica, ya que la modificación legislativa se ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, norma cuya función se contrae a la previsión de los ingresos del Estado y a la autorización de gastos (art. 144.2 CE), tal como ha establecido una reiterada doctrina constitucional, a fin de evitar la “incertidumbre que generaría el sometimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto a una dinámica de cambio constante a través de Leyes anuales que tienen un contenido materialmente limitado” (Segundo, 3º). El TSJ desestima la alegación de la Abogacía del Estado sobre el extremo consistente en el impacto sobre el gasto público de la modificación de la LGSS, por considerar que la Ley de Presupuestos no puede utilizarse para un cambio normativo que, aunque pueda dar lugar a una reducción del gasto público, “obedece en exclusiva a una causa, explicitada en el debate parlamentario, completamente alejada de ese objetivo, máxime cuando la reforma operada repercute negativamente en derechos de los ciudadanos, como son el derecho a la reinserción social y el derecho a obtener prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo”.

d) En relación con el art. 25.2 CE, que establece como finalidad de las penas privativas de libertad la reeducación y reinserción social efectivas.

e) En relación con los arts. 14 y 41 CE, que conectan el principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,…., opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y el derecho a “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

A juicio del TSJ, la diferencia de trato que establece la norma cuestionada entre los liberados de prisión en función del tipo de delito por el que han cumplido condena, podría resultar contraria al principio de igualdad, al introducir una diferencia de trato que no resulta objetivamente justificada por una razón vinculada a la función específica que cumple el subsidio de excarcelación y a la necesidad que trata de proteger, y no es proporcionada, al privar a los beneficiarios que carecen de rentas, del acceso a una prestación del régimen público de Seguridad Social. El TSJ recuerda que el estado de necesidad es mucho más acusado cuando se ha estado recluido en prisión durante un largo período de tiempo (18 y 26 años de edad en el caso de los dos casos objeto de la cuestión de constitucionalidad), como ocurre en la mayoría de las presas y presos vascos excarcelados.

El TSJ precisa que aunque el citado art. 41 CE no obliga a mantener un subsidio como el de excarcelación, una vez que los poderes públicos acuerdan establecer esa protección no pueden exigir requisitos más rigurosos a quienes se encuentren en situación de necesidad similar, o incluso más acusada, que los restantes, “por cuanto que la gravedad del delito no es un criterio que el legislador haya tomado en consideración a la hora de articular la protección, obedeciendo su exigencia a motivos ajenos a la finalidad del subsidio.

Por sentencia de23 de junio de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) declaraba que la inclusión de la disposición citada de la Ley General de Seguridad Social sobre el subsidio de excarcelación por la Ley de Presupuestos para 2014 era inconstitucional por considerar que esa regulación no puede formar parte del contenido esencial de las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se debe centrar en la previsión de ingresos y la autorización de gastos del sector público estatal ni tampoco de su “contenido eventual”. La mencionada sentencia no se pronunciaba sobre el fondo de las cuestiones planteadas por el TSJ como tampoco lo hacía la sentencia del mismo TC 135/2016, de 18 de julio, que trata específicamente de la cuestión de constitucionalidad y que se limita a recoger que en base a la sentencia de 23 de junio ha quedado expulsada del ordenamiento jurídico la mencionada disposición de la Ley General de Seguridad Social y que, por lo tanto, la cuestión de constitucionalidad no tiene objeto.

Pues bien, a pesar de las mencionadas sentencias del TC, el Servicio Público de Empleo Estatal no ha aplicado su contenido a los expresos que recurrieron al TSJ y continúa sin pagar el subsidio de excarcelación a otros expresos vascos, muchos de los cuales habían planteado recursos cuya resolución estaba en suspenso hasta que el TC resolviese, hasta un número de sesenta. La asistencia letrada de los mismos ha solicitado a los juzgados que tienen demandas pendientes de resolución la rápida tramitación de las mismas y ha manifestado que las nuevas resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal se enmarcan en una decisión política en la misma línea que Fiscalía y Abogacía del Estado realizaron ante el TC. No se puede más que estar de acuerdo con su afirmación de que esta práctica se corresponde con “Una estrategia… con tintes vengativos buscando hundir en la precariedad a los expresos”/8.

01/11/2016

Mikel de la Fuente es miembro del Consejo de Redacción de VIENTO SUR

Notas:

1/ Jon Fano, “Presos vascos: peor que en el franquismo”, 17-10-2006, http://vientosur.info/spip.php?article11801,

2/ Hay diversidad de situaciones profesionales entre quienes han permanecido en el exilio. Una parte significativa ha permanecido en situación de clandestinidad, sin acceso al trabajo remunerado. Otra parte ha podido trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, especialmente en algunos países de América Latina (sobre todo en Cuba y Venezuela). Incluso en este caso es difícil que esa experiencia laboral les sea útil para la inserción profesional en la economía vasca. Por otra parte, en la mayoría de los casos ese trabajo no ha generado derechos de protección social utilizables en el Estado español.

3/ Por las razones citadas un preso de ETA, Gorka Angulo Basarrate, al que el autor de este artículo le había realizado una visita tutorial en prisión, me comunicó que no iba a seguir estudiando en la UNED y que lamentaba no poder seguir estudiando en condiciones adecuadas. Al cabo de un año, en febrero de 2006, este preso se suicidó en la celda de la cárcel de Cuenca. Siempre he pensado que esa imposibilidad fue una de las razones que determinaron ese trágico desenlace.

4/UPN se mantiene en su propuesta de que terroristas y pederastas no den clase, y la oposición le cuestiona”, Europa press, 23-1-2014, europapress.es

5/ Véase el detalle en Comisión de Asesoramiento Xurídico Penitenciario del Iltre. Colegio de Avogados de Ourente (Blanco Arce, Fernando Xosé y otros), “Seguridad Social y Salud en el ámbito penitenciario”, Cuaderno de Derecho Penitenciario, nº 10, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, disponible en www.icam.es), pp. 20-21

6/ El art. 12.4 del Reglamento de Protección por Desempleo, aprobado por RD 625/1985, de 2 de abril, solo incluye a los “liberados por libertad condicional o cumplimiento de la pena”, pero esa restricción no está contenida en el texto legal, por lo que debe entenderse, conforme a la doctrina judicial mayoritaria, que la situación protegida es la liberación de prisión, sea cual sea la causa de la misma, incluyendo a los liberados de prisión preventiva.

7/ Molina Navarrete, Cristóbal, [“¿Sin perdón no hay paraíso?: subsidio por desempleo y segunda oportunidad para los presos arrepentidos de ‘ETA’”. Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Donostia-San Sebastián, de 31 de octubre de 2014, núm. 441/2014], Revista de Trabajo y Seguridad Social-Centro de Estudios Financieros, p. 220.

8/ Agustín Goikoetxea, “El Gobierno español desobedece al TC para seguir sin pagar el subsidio”, Gara, 11/10/2016.





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