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Tribuna VIENTO SUR
Ausencias del debate de investidura
06/10/2016 | José Errejón

El debate político habido en la pasada campaña electoral y en la frustrada investidura del candidato Rajoy ha puesto de manifiesto varios fenómenos que deben ser resaltados, aunque hoy estemos en otro escenario muy determinado por la crisis del PSOE. Sea cual sea la salida de la actual situación, los rasgos que a continuación se describen seguirán teniendo efectos pertinentes en las futuras y parece conveniente, por ello, prestarles alguna atención

Antes que otra cosa creo que habría que señalar el bajo nivel del debate. Ninguno de los actores políticos ha llegado a estar en ningún momento a la altura de las necesidades de la mayoría social. En las condiciones en que se hallan España y la UE, un debate así debe cumplir, entre otras, la función de señalar los escenarios en los que se va a desenvolver la vida colectiva en los próximos años. Ninguno de los contendientes fue capaz siquiera de esbozar los rasgos esenciales de estos posibles escenarios y es comprensible que cunda cierta perplejidad entre el electorado, como se refleja en el alto porcentaje de indecisos. Tal incapacidad no es privativa de los políticos españoles, afecta a la totalidad de la clase política de nuestro entorno; pero, en nuestro caso, llama más la atención por la convicción cada vez más generalizada de que las instituciones del régimen languidecen a pasos agigantados. No se trata de exagerar la excepcionalidad pero es llamativo que no hubiera un espacio para discutir la revisión de las reglas del juego constitucional, a todas luces desvaídas por el paso del tiempo y por el uso.

El debate sí permitió entender lo que realmente estaba en juego, aunque los actores no pusieran mucho de su parte. De un lado estaban los partidos del régimen, disputándose las modalidades para su prolongación pero con una clara ventaja de quienes impulsan su mutación sustancial dentro de su conservación formal; del otro está Podemos con su proyecto nunca explicitado, siempre insinuado, de proceso constituyente, procurando, además, su compatibilidad con la mejora inmediata de las condiciones de vida de los de abajo. Pero las formulaciones a un lado y otro de la barrera son imprecisas, se tiene miedo de asustar al electorado y provocar una reacción y movilización en su contra del electorado más militante del campo contario. Porque todas las direcciones políticas coinciden en una máxima de hierro: no hay que despertar las efusiones militantes del adversario político.

Las políticas económicas que se enfrentan no son, en modo alguno, lo antagónicas que quisieran sus mentores. Es verdad que la situación actual se caracteriza por la enorme perplejidad de los actores económicos e institucionales ante lo que algunos llaman “estancamiento secular” y muchos vaticinan como el preludio de una nueva recesión. Los repertorios convencionales de políticas económicas ensayados hasta ahora desde 2008 no parecen haber aportado resultados inequívocos, si bien es cierto que los resultados parecen más favorables allí donde, desde el principio de la crisis, se adoptaron de forma más decidida medidas de estímulo a la economía. Es común, en todo caso y para todos los partidos concurrentes, una notable perplejidad ante la evolución económica global y sus efectos en la economía española; destaca en particular el silencio ante la prolongación de la situación deflacionaria que obliga a los bancos centrales a seguir inyectando dinero para intentar impulsar la actividad económica de empresas y hogares. Ante la falta de salidas de la economía capitalista global, agravada además por los signos cada vez más evidentes de la crisis ecológica y el recrecido peligro de guerra en distintos puntos del planeta, la práctica totalidad de fuerzas políticas que operan al interior del sistema prefieren centrar su atención en los problemas más inmediatos, en la confianza un poco irracional que los problemas de fondo podrían irse diluyendo por el simple paso del tiempo. Esta actitud, que con tanta razón se le ha reprochado a Rajoy en diversos temas, parece orientada a mantener un clima de confianza entre el electorado que haga posible el funcionamiento de los mecanismos de mercado y las obligaciones cívicas correspondientes (fundamentalmente las relacionadas con las tributarias, sin las cuales se vendría abajo el sistema de confianza que permite financiar los gastos públicos).

Los límites de la recuperación se han puesto de manifiesto pero no se vislumbra proyecto alternativo alguno para salir de la crisis. Ninguno de los contendientes con Rajoy fue capaz siquiera de enunciar los fundamentos de una política económica alternativa a la desplegada hasta ahora por los gobiernos que se han sucedido en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Hay una aceptación implícita del marco y las reglas del juego que han encorsetado y reducido la política económica al mero cumplimiento de las reglas dictadas por la troika; consciente en el caso de Cs y aceptada como una fatalidad en el caso del PSOE y de Podemos. En los dos últimos casos ante la sospecha de que la ritual invocación de la necesidad de estimular la demanda por la vía del crecimiento de los salarios pudiera estrellarse con la lógica de la economía globalizada que terminaría penalizando tal decisión como contraria a la, al parecer, única senda de recuperación por la vía de la contracción de los salarios directos e indirectos, púdicamente calificada de “reformas estructurales”.

En ausencia de un proyecto claro y alternativo para salir de la crisis y sus secuelas para la gente de abajo, un sector no pequeño de los más damnificados por las políticas austeritarias es posible que prefiera apostar por la continuidad del régimen expresada en el gobierno del PP o en alguna modalidad de participación del PSOE. Los primeros en la esperanza, tan arraigada entre las capas subalternas, de poderse beneficiar de la prosperidad de los sectores pudientes que con la misma se verían estimulados a invertir y crear empleos. Los segundos, confiados en que la presencia del PSOE fuera garantía de que se activaran las instituciones y mecanismos compensatorios y compasivos de la Constitución del 78. Es este un hecho que debe ser afrontado con serenidad por las fuerzas del cambio para encarar el diseño de una estrategia orientada a conseguir el apoyo de esta importante franja del electorado. Pero conviene prevenirse contra la suposición de que las fueras del cambio y el cambio mismo son su opción natural. Sin un nuevo imaginario colectivo que se vaya construyendo por el impulso de los sectores sociales que sostiene el cambio y complementado por la acción gubernamental de sus representantes, no será posible la deseada migración de la lealtad de estos grupos subalternos.

El representante de los sectores populares y su apoderado para llevar a cabo estas tareas “compensatorias” ha sido el PSOE, pero en la situación de descomposición en la que está, apenas si puede desempeñarlas y ello hace posible que una parte al menos de estos sectores pudiera mirar a Podemos si este muestra posibilidades ciertas de “sorpassar” a los partidos del régimen y cierta solvencia para gobernar. Esta migración de lealtades electorales resulta imprescindible para fortalecer el impulso del cambio pero no podrá consolidarse sobre la mera devastación de la cultura que durante décadas ha anudado la relación de estos sectores con el que ha sido su referente político. La parte más vulnerable de estos sectores puede albergar lógicos temores acerca de la sostenibilidad de las prestaciones sociales que sostienen sus condiciones de vida. Un auténtico contrato social para garantizar la sostenibilidad de las mismas constituye, sin duda, una de las condiciones indispensables parta consolidar el bloque social para el cambio.

Complementando la mutación del régimen del 78 que viene desarrollando el PP desde el Gobierno, Ciudadanos postula una política recentralizadora de las competencias esenciales que constituyen el núcleo del Estado social, en la convicción de que el despilfarro de gasto público percibido en los años de la falsa bonanza es posible cargárselo a las CCAA. Sintonizan así con el fondo de centralismo tan caro a la derecha española pero también a los sectores más jacobinos del PSOE, siempre añorantes del mito del “Estado fuerte y redistributivo”. Un jacobinismo instrumentalizado al servicio de la causa histórica del neoliberalismo contra las conquistas del Estado del Bienestar. En esta tarea Cs está destacando por su belicosidad contra Podemos con acusaciones de “comunista”, pretendiendo descalificarlo como “vieja política”; el encargo recibido por esta agrupación de oportunistas y logreros es evitar la confluencia histórica de los sectores populares más dañados por la crisis y las políticas austeritarias con los sectores más jóvenes hastiados con la corrupción y la degeneración de las instituciones políticas y empeñados en la regeneración de la democracia. Cuando han coincidido estas dos exigencias, la de una mayor y mejor distribución de la riqueza y la de una mejora de la calidad de las instituciones, la participación y la democracia, el tiempo histórico se ha acelerado y ha llegado el momento del cambio. Ese es el momento que las minorías privilegiadas pretenden detener y si es posible revertir. Y ese es el encargo que le han hecho al partido Cs.

En el debate no se explicitó el conflicto entre Podemos y las instituciones del régimen. Los dirigentes de Podemos vacilan a la hora de plantear el reto frontal al régimen porque su proyecto de hegemonía está pendiente de ser completado; no sólo le faltan hitos importantes en su hoja de ruta, tiene asimismo déficits en el diseño del bloque histórico llamado a protagonizar el proceso constituyente. La agregación de los grupos sociales de apoyo no se va a producir por su simple convocatoria sino por su configuración en los conflictos por la distribución de la riqueza, el poder y el acceso a los bienes y servicios públicos. No serán los grupos sociales procedentes de la estructura social existente los que integren el bloque histórico. En el curso de los conflictos antes mencionados, los sectores sociales participantes experimentarán modificaciones fragmentándose, ampliándose o despareciendo como tales, adquiriendo nuevas formas y expresiones. Los cambios por venir tendrán como característica, como los que les han precedido, mutaciones sustanciales en la estructura social y cultural de las sociedades. Y estarán afectados por la evolución económica europea y global, sin que pueda predecirse con exactitud el alcance de estos efectos

El saldo del ciclo electoral iniciado en mayo del 2014 no tiene rasgos constituyentes; más bien parece que la dinámica electoral hubiera asfixiado el impulso constituyente. No es este el lugar para desarrollar como se merecería la propuesta constituyente pero al menos habría que dejar apuntado la dimensión objetiva de este momento constituyente. No es solo la voluntad constituyente, al fin y al cabo subjetiva por legítima que fuere, la que está operando, sino una dimensión objetiva que se compone a su vez de dos factores de la mayor importancia .El primero tiene que ver con el agotamiento de algunas instituciones del régimen del 78; el segundo tiene que ver con los sustanciales cambios operados en los entornos europeo y global, que están poniendo de manifiesto la inadecuación de estas instituciones tanto como las de la propia UE. La interrelación de ambos factores plantea un cuadro de dificultades para los que no parecen especialmente preparadas las instituciones del 78. A título de ilustración podríamos considerar las instituciones de concertación social. Desde el comienzo de la crisis las hemos visto languidecer ante la falta de funcionalidad, toda vez que las decisiones fundamentales en materia de política económica venían determinadas por las orientaciones de Bruselas y estas, a su vez, por las exigencias de los mercados financieros.

Subrayar esta condición objetivamente constituyente sirve para recordar la naturaleza de las tareas políticas que esperan a las fuerzas políticas comprometidas con las aspiraciones de mayor democracia, igualdad y justicia social. Tales aspiraciones ya no podrán esperar ser alcanzadas en el marco de un régimen político cuyas instituciones, dejadas a la inercia de su evolución espontánea (es decir, determinadas por los imperativos de los mercados financieros y la apropiación de una parte creciente de la riqueza por las minorías oligárquicas) evolucionan en un sentido inequívocamente regresivo. O, dicho de otra manera, para recuperar y si es posible mejorar los contenidos democráticos y sociales que contenía la Constitución del 78 y que han sido vaciados por obra de las políticas aplicadas por los gobiernos desde la década de los 90 del pasado siglo, es necesario superar su marco e instaurar otro inspirado de una forma explícita por los valores antes reseñados y por la primacía del Derecho emanado dela voluntad popular por encima de los mercados.

Nada de ello parece posible a la vista del bloqueo de la situación política derivado de los sucesivos fracasos de Sánchez y Rajoy en obtener el apoyo a su investidura. Todo apunta a que las terceras elecciones pudieran arrojar una mayoría suficiente al PP para poder gobernar, lo que podría suponer el fin, al menos temporal de las expectativas de cambio por vía electoral. ¿Cuál sería el saldo que quedaría entonces de este ciclo electoral? Innegable el peso de los 71 escaños del cambio y las oportunidades que de ahí se derivan a poco que se intente pasar de una posición identitaria a hacer política /1. Pero hay otro tipo de efectos; los menciono brevemente bajo el rótulo de “externalidades

Externalidades del proceso electoral

Mientras los políticos se preocupaban de formar gobierno, ardía la isla de La Palma y con ella una muestra única de la biodiversidad de las islas Canarias.

Preocupados por cumplir el déficit, preocupados por mantener la solvencia y la confianza de los mercados financieros, por conseguir la recuperación. Mientras tanto, el verano más cálido de la historia, con cifras record de consumo energético por los aparatos de aire acondicionado. ¿Qué parte de su tiempo dedica la clase política al estudio, el diseño de políticas y su implementación, en relación con el calentamiento global?

Hace no muchos años, el actual presidente del Gobierno en funciones, restando gravedad al problema del cambio climático, se atrevió a dudar de la solvencia de las predicciones del IPCC atribuyendo mejor información a “un primo mío que de eso está enterado” (sic). No es lo peor la ignorancia paleta y su exhibición sino que después de eso no pasara nada, que ningún partido de oposición (ni, todo hay que decirlo, ninguna institución científica o académica) haya exigido al señor Rajoy la rectificación de tamaño disparate. Los efectos que Rajoy desdeñaba ya son perceptibles por cualquiera de nosotros. Este verano será al parecer el más cálido de los que se tienen registros de temperaturas. Y los efectos de este calentamiento (¡felices los días en que se vaticinaban incrementos de “solo” 1,5-2ºC!) ya se deja sentir a escala global: el derretimiento de los casquetes polares, que está animando una intensificación del comercio marítimo y del petróleo en particular, está elevando peligrosamente el nivel de las aguas de los océanos y con ello amenazando actividades económicas y asentamientos humanos en el litoral.

Porque viene a cuento y para contrastar, el TSJ de la UE se preocupa por la automaticidad en las prórrogas de las concesiones en costas y puertos españoles. ¡Los sistemas litorales en peligro y la UE cuidando de la competencia! El ejemplo no puede ser más oportuno para ilustrar el proceder de las “instituciones zombis”. ¿Que está en peligro la continuidad de asentamientos humanos a lo largo del litoral mediterráneo por los efectos del calentamiento de los océanos? Pues la UE se ocupa de preservar el derecho de las empresas a la competencia por las concesiones en el dominio público. Poco importa que al paso que vamos, en pocos años los beneficiarios de estas concesiones no sepan qué hacer con ellas porque no habrá posibilidad alguna de ponerlas en valor. ¡Ah! Pero es seguro que entonces reclamarán al Estado y a la UE por el lucro cesante derivado del calentamiento y la subida del nivel del mar.

Fascinados por las cifras de turistas. La economía española vuelve por dónde solía. La sociedad española sufre de las heridas causadas por los efectos de una crisis a la que no se la ve final y los grupos dominantes vuelven a proponer como (improbable) salida de la misma el recurso a dos viejos conocidos: el turismo y el negocio inmobiliario. Ha durado poco la ilusión exportadora como locomotora de la recuperación económica: ni los costes salariales se podían bajar hasta hacerlos competitivos con algunos de los países emergentes (a pesar de la Reforma Laboral), ni la oferta de bienes y servicios de las empresas españolas tiene la potencia suficiente para abrir nuevos mercados. Y, sin embargo, los factores que empujan al alza nuestra oferta turística (básicamente, la inestabilidad en el Mediterráneo que afecta a las principales economías que compiten por el mismo segmento de demanda) se mantienen y no parece que puedan cambiar en el corto plazo.

Y, por lo que concierne al negocio inmobiliario, sin haber terminado su saneamiento, vuelve a ofrecerse como una oportunidad de inversión para capitales en busca de rentabilidades garantizadas, después de que la crisis de deuda y financieras hayan acabado con las expectativas de negocio en el sector financiero en el corto plazo.

Así que volveremos a una historia antigua pero en el camino nos habremos dejado instituciones que nos acompañaron en la historia que ahora se repite.

En primer lugar, los sindicatos de trabajadores que fueron inconscientes a esta deriva del modelo económico y en la misma perdieron buena parte de sus efectivos y, lo que es más importante, lo esencial de su funcionalidad para el sistema. De modo que ahora no tendrán, o la tendrán muy escasa, participación en este nuevo ciclo económico. El negocio de la hostelería y el inmobiliario volverán a cobrar auge pero esta vez no habrá contraparte que pueda defender los derechos de los trabajadores de los que se extraiga la nueva riqueza.

También los ayuntamientos verán el nuevo auge en situación de desventaja respecto de la etapa anterior. La política fiscal aplicada por el gobierno del PP -y no seriamente contestada por el PSOE- ha debilitado gravemente la capacidad de intervención de estas administraciones en el ámbito de la reproducción social, en el que eran y debían ser protagonistas privilegiados. En el esquema constitucional de la derecha española (PP y Cs) los ayuntamientos apenas si tienen función relevante. El territorio es entregado en los proyectos políticos a las grandes corporaciones para su puesta en valor y, por tanto, huelgan las antiguas competencias municipales como expresión democrática del poder local. Porque lo esencial es terminar con cualquier asomo, por residual que fuese, de democracia en el territorio. La convicción dominante entre los tecnócratas que deciden la suerte de los espacios territoriales, es que la mejor forma de ordenar su uso es someterlos a la racionalidad económica de su puesta en valor.

De forma que mientras la clase política y los medios de comunicación se enfrascaban en una febril actividad en pos de la formación del gobierno, estaban ocurriendo hechos de consecuencias incalculables pero graves en todo caso.

La respuesta de los políticos

Es difícil no caer en la tentación de descalificación de la “clase política” como si fuera un todo homogéneo. La “lógica de camarilla” y la demostrada poca talla de la clase política/2 contribuyen a intensificar este descredito sin que, por el momento, se traduzca en desafección institucional.

Sin proyecto estratégico de bloque histórico, buena parte de la clase política se dedica a la corrupción y el pillaje, intuyendo que no le queda mucho tiempo al régimen del 78.

Los demás políticos parecen un grupo de mujeres y hombres atemorizados ante la complejidad de los problemas a los que teóricamente deberían enfrentarse. Como no son capaces, no disponen de la información ni los conocimientos precisos para hacerlos frente, los aplazan con subterfugios diversos/3 para prestar atención a asuntos que sean más de su incumbencia, preferiblemente los que tienen que ver con el ejercicio mismo del poder, con la forma de repartirse la gestión de los asuntos públicos

Algunos de ellos, los más informados, saben o barruntan que los verdaderos problemas a los que (no) se enfrentan no tienen solución en el actual marco económico, tecnológico, político. Incluso los hay, en el colmo de la sagacidad, que intuyen que es el propio marco el que tiene mucho que ver con la gravedad de dichos problemas. Estos sagaces han comprendido que su campo de actuación- la política, el Estado- es una realidad virtual, delegada, y que su capacidad de aportar soluciones a los llamados problemas sociales es nula porque la causa de tales problemas está ligada al orden social que ellos gestionan, esto es, reproducen y defienden.

Entonces la salida más frecuente es el cinismo: los políticos hacen como si se ocuparan de resolver problemas con unas herramientas que ellos saben son inútiles si no perjudiciales. Sólo una ínfima minoría se atreve a denunciar la superchería en la que se sostiene el tinglado de la política sistémica pero su frágil situación, tanto en las instituciones como al interior de su propio partido, generalmente marginal, les hace presa fácil del ninguneo de los medios de comunicación, artífices principales de la relevancia política. Es este el verdadero drama de la política, la forma en la que, una veces por ignorancia y desidia, otras por complicidad con los responsables de los males públicos, su papel no pasa de ser un mero adorno, un acompañamiento en el mejor de los casos inocuo, de los verdaderos procesos de decisión sobre los asuntos colectivos en ámbitos ultrarrestringidos y protegidos del menor conocimiento social.

Así que en vano esperaríamos algún cambio, siquiera fuera “solo” en el ámbito político, si no prestáramos una especial atención a la forma y procedimientos de “producción” de las políticas públicas, empezando por la identificación misma de los problemas que constituyen su objeto, el diseño de la agenda.

No es esta una tarea técnica, como desde ciertos think tanks se quiere presentar sino, al contrario, el resultado del equilibrio de fuerzas entre los distintos agentes sociales y actores políticos. Qué necesidades, problemas y aspiraciones sociales integren la agenda política, aquello que por definición va a constituir la atención de las instituciones públicas y merecer su respuesta en forma de políticas públicas, es algo que los distintos agentes y grupos sociales verán de forma bien distinta en una sociedad que ha alcanzado los niveles de injusticia y desigualdad de la española. Lo que hemos visto en los últimos años es un proceso de exclusión de determinados problemas o su formulación en términos que excluyeran su potencial conflictivo o impugnatorio del orden social. Así, la reforma laboral se presenta solo en su dimensión de flexibilidad del mercado laboral, sin atender la que la debiera subordinar, la garantía de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Y las prestaciones educativas y sanitarias, como variables dependientes de los imperativos de déficit, deuda y regla de gasto. Bajo el disfraz de una pretendida tecnificación de la agenda política, se silencian las razones y hasta las aspiraciones de una parte significativa de la sociedad. Excluidas estas aspiraciones, el universal al que debe atender el poder político es, en realidad, los intereses de una parte muy minoritaria de la sociedad, la parte más poderosa de la misma.

No hay otra forma de remediar estos defectos ó asimetrías de información/4 que radicalizando y profundizando el proceso de toma de decisiones. Empezando por la identificación de los problemas que van a ser objeto de la atención pública, continuando con la participación en la implementación de las correspondientes políticas públicas y culminando con la evaluación de sus resultados.

Una práctica de la democracia ésta bien alejada del triste y rutinario procedimentalismo del actual parlamento español. La democracia, para serlo, debe vivir en la vida cotidiana de la gente, no enclaustrada en el palacio de la carrera de San Jerónimo.

José Errejón es miembro del Círculo 3E (Economía, Energía, Ecología) de Podemos

NOTAS

1/ Buscar por vía de los acuerdos con otras fuerzas políticas el peso que por el momento no nos han deparado las urnas.

2/ Ya se ha hecho proverbial el bajo nivel intelectual de la actual clase política, manifestado con ocasión de los recientes debates de investidura

3/ Es conocida la expresión, atribuida a Franco, de que cuando no se sabe qué hacer con un problema se crea una comisión de estudio.

4/ Entendiendo por tal el que a las instancias donde se elabora la agenda pública solo lleguen los problemas que lo son para una parte minoritaria y poderosa de la sociedad.

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