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Una perspectiva socialista y feminista
La venta de servicios sexuales
06/09/2016 | Johanna Brenner

Introducción/1

El debate actual sobre el trabajo sexual entre las feministas genera más tensión que luz. Se lanzan acusaciones recíprocas de mala fe, se usan los descubrimientos en investigaciones para socavar al otro bando, incluso cuando la propia investigación tiene límites por sus métodos y alcance, las voces de diferentes trabajadoras sexuales son declaradas, según el bando, como genuinas o manipuladas dependiendo de a quién parezcan apoyar. Las feministas que quieren defender el derecho de las trabajadoras sexuales a vender servicios sexuales afirman que no es tan distinto de otros trabajos en servicios con un alto componente de género. Agradezco que esto aleje la prostitución del morbo y del sensacionalismo y la acerque a la rutina diaria del trabajo cotidiano/2. Sin embargo, para justificar este desplazamiento, sus proponentes tienden a menospreciar los aspectos particularmente arriesgados y peligrosos del trabajo. E ignoran o rechazan el argumento feminista de que la prostitución es una expresión extrema de sexismo. Por otro lado, las feministas que afirman que la venta de servicios sexuales es inherentemente dañina y debería ser eliminada, menosprecian la resistencia y las habilidades para la supervivencia de prostitutas que pueden no contemplar sus trabajos solamente como difíciles o peligrosos o que se enorgullecen de su capacidad para gestionar estos riesgos.

Durante la pasada década más o menos, las posiciones en este debate han surgido sustancialmente de los intentos de legislar el trabajo sexual en nombre de los objetivos feministas. Por una parte, hay feministas que apoyan el modelo nórdico en el que la ley penaliza al cliente pero no a las que venden servicios sexuales y pone fuera de la ley a las “terceras partes” que se benefician, y que apoyan la ampliación de leyes contra el tráfico sexual. Por otro lado, hay feministas que piden la despenalización (y regulación) del trabajo sexual y que creen que las leyes contra el tráfico sexual son excesivamente amplias y que penalizan más que protegen a las mujeres que emigran para ejercer un trabajo sexual.

Cuando tiene lugar una batalla política, hay enormes presiones para simplificar en exceso para “ganar” la batalla. No quiero adoptar una posición “removed” como si estuviera por encima de la contienda. Pero creo que al feminismo no le ha ayudado el que cada bando de este debate haya abordado un tema tan multi-variado (especialmente como fenómeno global), complejo y difícil de investigar (por su naturaleza ilícita) como la prostitución con tal injustificada certeza. Creo también que es un error plantear la cuestión del trabajo sexual en términos de una cosa o la otra, p. ej., ¿es el trabajo sexual opresivo o empoderador?

Me encuentro dividida entre descripciones contrapuestas de la prostitución, todas las cuales parecen ser precisas. Hay una amplia gama dentro del trabajo de venta de servicios sexuales y grandes diferencias en la experiencia de las trabajadoras sexuales dependiendo de sus localizaciones, organizaciones y condiciones en las que se ejerce el trabajo. Este es también un negocio estratificado por clase y raza. En el sector (relativamente pequeño) de “clase media” de la industria estadounidense, las mujeres blancas, el 90% con algo de educación universitaria, cobran 500 dólares la hora y más si trabajan independientemente como acompañantes. Las mujeres de color están sobrerrepresentadas en el trabajo en la calle, recibiendo a sus clientes en coches o habitaciones de motel. Las mujeres de Europa del este emigran a occidente para trabajar en salas de masaje, burdeles y clubs, las mujeres filipinas van a Japón, las adolescentes de la India rural son objeto de trata hacia los burdeles de Calcuta. Las mujeres migrantes que no son directamente coaccionadas, dependen de redes de desplazamiento, legales e ilegales, y una vez en el trabajo experimentan varios grados de explotación y coerción, desde trabajo excesivo e impago de salarios hasta la virtual esclavitud. Trato de tener en cuenta esta variante, pero de forma limitada, considerando los límites de espacio.

Siempre he sido una “construccionista social” en lo que respecta a la comprensión de la sexualidad y por tanto me encuentro incómoda con las afirmaciones universales sobre cómo las mujeres experimentamos nuestros cuerpos e identidades sexuales. Pero me pregunto si, dadas las condiciones bajo las que trabajan muchas prostitutas, incluyendo el fuerte estigma, la explotación económica, además de la criminalización, la venta de servicios sexuales no supone serios riesgos para su salud física y mental; riesgos que son más altos que muchos trabajos en servicios feminizados (no exentos de riesgos, ciertamente).

Como socialista feminista, me opongo a la intrusión, cada vez mayor, de la mercantilización en cada área de la experiencia humana, incluyendo las relaciones sexuales. Pero también entiendo los peligros que para las feministas tiene caer en dualismos categóricos —privado vs. público, familia vs. mercado, lo natural vs. lo manufacturado— que han sido fundamentales en las construcciones patriarcales de la femineidad y la opresión de las mujeres.

Me siento atraída por el argumento feminista de que hay algo inherentemente sexista en la pretensión y capacidad de los hombres de comprar satisfacción sexual, ya sea por medio de una cita de lujo con una acompañante o una felación rápida en un coche aparcado. Sin embargo, lucho también por cómo llevar esa crítica al terreno de la política social o la legislación sin reproducir el estigma de la gente que vende servicios sexuales.

En este ensayo, trato de revisar varias afirmaciones sobre el trabajo de venta de servicios sexuales. Después examino los argumentos y los datos respecto de los diferentes regímenes legales, concluyendo que es difícil sobre la base de las pruebas existentes, hacer un balance de sus costes y beneficios. Sin embargo, concluyo que hay que apoyar la despenalización y la regulación del negocio, porque creo que ofrece mayores posibilidades para que las trabajadoras se auto-organicen. Incluso bajo condiciones de penalización, las trabajadoras sexuales de países tan distintos como la India y Nueva Zelanda han construido impresionantes organizaciones de base. La despenalización haría que esto fuera más fácil.

Sin embargo, lo que se puede cumplir con la despenalización (o con cualquier régimen legal) es extremadamente limitado puesto que no toca las fuerzas que crean la demanda y las reservas de trabajo en esta industria. La prostitución contemporánea está vinculada al capitalismo neoliberal y a los órdenes patriarcales, sociales, culturales y políticos a él asociados. Es importante, por tanto, que las feministas que se preocupan por las prostitutas, se unan a las luchas de las mujeres de todo el mundo que luchan por la reforma agraria, por las cambios en las leyes de la familia, por los derechos laborales, por el fin de la austeridad, por el aumento salarial, para que el valor del trabajo de cuidados sea reconocido, por acabar con la pobreza.

¿Es la prostitución un trabajo de servicios como otro cualquiera? /3

La afirmación de que la prostitución es especialmente difícil y peligrosa gira en torno a tres ideas. Primero, que aunque muchos trabajos de servicios necesitan trabajadores que usen su cuerpo, sus emociones o ambos para satisfacer las necesidades de los clientes (o pacientes o niños o personas mayores), la prostitución implica un nivel de intrusión corporal por parte de los clientes que es exclusivo e inherentemente dañino. Segundo, que las trabajadoras experimentan altos niveles de violencia, graves daños a su salud y trauma emocional. Tercero, que precisamente porque es un trabajo tan horrible, nadie podría elegir ejercerlo voluntariamente. El corolario es que las prostitutas son casi siempre coaccionadas (o engañadas o seducidas) para trabajar y que son retenidas por otros/4.

Es difícil reunir pruebas creíbles que confirmen o desmientan tales afirmaciones, puesto que gran parte del trabajo se ejerce ilícitamente. Algunas prostitutas, probablemente un número no insignificante de ellas, trabajan en condiciones de semi-esclavitud y son especialmente difíciles de encontrar o estudiar. Las prostitutas que están dispuestas a ser entrevistadas pueden ser aquellas que se hallan en mejores condiciones o menos atemorizadas para hablar con la investigadora. Los informantes “con conocimiento” (p.ej., policía, trabajadoras sociales o de la salud, ONG o trabajadoras sexuales) tienen habitualmente sus propias agendas e información muy parcial, lo que lleva a apreciaciones muy diferentes acerca de cualquier tema sobre el trabajo sexual/5. Aunque no veo razones para negar que la venta de servicios sexuales expone a las trabajadoras a la violencia física, daños para su salud y sufrimiento emocional en mucho mayor grado que los riegos presentes en la mayoría del trabajo de servicios feminizados, creo que las condiciones bajo las que se ejerce puede aumentar o minimizar esos riesgos.

¿Coerción o elección?

Todas las posiciones de este debate coinciden en que la coerción directa (por parte de los proxenetas, dueños de burdeles o traficantes) es mala y apoyan su ilegalización/6. Las diferencias surgen en torno a la cuestión de la elección. Algunas prostitutas no tienen alternativas reales a causa de la adicción a las drogas, su edad o la extrema discriminación en la economía legítima (p. ej., las personas transgénero). Pero para muchas, los beneficios de la prostitución compensan los riesgos dadas las muy limitadas posibilidades que les son accesibles en los mercados capitalistas con un alto componente de género. No es principalmente la coerción dramática por medio la seducción o la reclusión sino la simple compulsión del mercado lo que lleva a las mujeres a este trabajo; trabajo en el que habitualmente se cobra más y se tiene un horario más flexible que otros (para un análisis en profundidad sobre la cuestión de la elección y el trabajo en el capitalismo, véase el ensayo de Nancy Holmstrom sobre el particular).

Aquellas que mantienen que la prostitución es un trabajo, señalan que raramente cuestionamos si una mujer realmente “elige” ser camarera en un restaurante o enfermera auxiliar. ¿Por qué lo hacemos en el caso de las prostitutas? Entiendo este argumento. Pero, a continuación preguntaría, ¿realmente no hay diferencia entre hacer una felación y servir un trozo de empanada? o ¿cambiar pañales en una enfermería? Esta es la pregunta que ahora considero.

Riesgos para la salud emocional

En esta discusión es difícil, aunque necesario, reconocer nuestros sentimientos, complicados y moldeados culturalmente, sobre la sexualidad, la intimidad y los cuerpos. Los significados que se le dan a los límites corporales y a los intercambios sexuales varían en las culturas humanas. En la posición social de la mayoría de las protagonistas del debate feminista (y de muchas sociedades contemporáneas) nuestros límites corporales son construidos como lugar inviolable de la personalidad. Además, las partes del cuerpo más estrechamente asociadas con la excitación sexual son centrales al sentido psicológico del yo privado. Muchas trabajadoras en servicios feminizados tienen contacto íntimo con el cuerpo de otras personas y con los aspectos “sucios” de la vida. Pero, sus propios límites corporales permanecen intactos por lo general. No así en la prostitución. Aquí las partes “íntimas” se usan en el servicio para el placer de otra persona y no para el propio. Esto supone riesgos psicológicos reales, de alienación del propio de deseo, de disociación del propio cuerpo, apatía, depresión, etc.

Las prostitutas usan una serie de estrategias para protegerse de los riesgos emocionales. Una es redefinir las partes del cuerpo y las actividades sexuales como aquellas que se “quedan” para una misma y para su pareja sentimental y las que se usan para el trabajo, p. ej., no permitir besarse o practicar sexo oral a un cliente. En varios estudios, los condones son señales de las fronteras entre el sexo en el trabajo y el sexo por placer, cuando las prostitutas insisten en usar condones con los clientes pero no con sus parejas sentimentales/7.

En buena medida, la prostitución requiere de la trabajadora que haga más que poner a disposición su cuerpo para ser usado. Melissa Gira Grant afirma que el trabajo sexual es una actuación/8. Pero ¿qué fantasías con alto componente de género son actuación y qué arriesgan las mujeres cuando actúan?

La habilidad de la actuación se centra en la pretensión de deseo. Extendería el análisis de Susan Bordo sobre la mujer en la pornografía a la prostitución. “En la pornografía las mujeres son sujetos, pero sujetos cuya cuyo papel se expresa sólo como deseo de complacer al espectador masculino proyectado. […] Hay una mente en el cuerpo pornográfico femenino, pero sólo comunica una serie limitada de deseos inofensivos y por ello existe como un yo truncado”/9.

El núcleo de la fantasía desplegada en la prostitución expresa el insistente narcisismo masculino de guiones sexuales autorizados culturalmente. Los hombres que adquieren servicios sexuales generalmente se parecen a los que no lo hacen: no necesariamente son más solitarios, menos atractivos, menos seguros sexualmente, solteros, aunque algunos lo son/10. Al adquirir servicios sexuales se expresan construcciones patriarcales de la sexualidad más amplias que autorizan el derecho masculino al placer/liberación sexual a partir de las mujeres y a la afirmación de las mujeres de su potencia masculina/11.

Al margen del encuentro más limitado, la simulación del placer es central en la prostitución. Muchos estudios sobre la prostitución como trabajo recurren al análisis de Arlie Hochschild del trabajo en servicios que hace en The Managed Heart. Hochschild afirma que actuar con arreglo a las “reglas del sentimiento” son parte de las relaciones humanas. Podemos recurrir a un repertorio de las experiencias pasadas del sentimiento para expresar emociones que queremos sentir. En este sentido, “gestionamos” nuestras emociones/12.

Pero al igual que Marx afirmaba que el trabajo alienado no tiene que ver con el hacer en sí mismo sino con el contexto de las relaciones de poder en el que uno actúa, Hochschild afirma que una vez que las emociones se dirigen a un poder externo —por medio de su gestión— entonces la trabajadora corre el peligro de enajenarse de sí misma. Esta no es una cuestión de contraponer algún tipo de yo “esencial” o “auténtico” al yo que se produce en el transcurso del trabajo. Se trata más bien de preguntase si las demandas de gestión emocional en ciertos empleos y ciertos trabajos interfieren con la capacidad de un individuo para gestionar sus sentimientos en sus propios intereses y para sus propios fines cuando no está trabajando o no/13.

Hochschild estudió a asistentes de vuelo no sindicadas que trabajaban en una compañía aérea del sur. Ello la permitió, según cuenta, concentrarse en un sector profesional en el que las demandas de gestión emocional serían mayores. Con la divulgación del feminismo, la aceleración de la industrialización y la sindicación, el rol de asistente de vuelo ha cambiado. Ya no vemos más los anuncios “I’m Sara Fly me” de las aerolíneas. Este tipo de cambio es sencillamente imposible en la prostitución.

Hochschild desarrolla los conceptos de “actuación superficial” y “actuación profunda” para distinguir entre trabajos que requieren menores o mayores grados de inversión emocional en el desempeño del trabajo emocional, produciendo la “actuación profunda” formas de enajenación más destructivas. Como afirma Elizabeth Bernstein, en la terreno postindustrial de la prostitución en las ciudades globales, las demandas de “actuación profunda” se amplían cuando las prostitutas compiten por ofrecer “autenticidad delimitada”: la venta de una auténtica conexión emocional y física/14. Mantener una actitud cínica y una distancia emocional en el proceso de producción de la “experiencia de novia” puede ser emocionalmente agotador.

Finalmente, tenemos que considerar las consecuencias negativas de ejercer un trabajo muy estigmatizado que es tan exigente psicológicamente. Más allá incluso de la ansiedad provocada por la criminalidad, el estigma social arroja su sombra sobre las vidas laborales de las prostitutas.

En cualquier caso, es difícil calibrar los riesgos para la salud emocional de las prostitutas. Parece que las mujeres que se dedican a la prostitución callejera tienen peor salud mental que las mujeres de su misma edad y orígenes que no se dedican a la prostitución. Es difícil discernir las múltiples razones de esta diferencia. Algunas investigaciones señalan factores en sus vidas, asociados habitualmente con su entrada en el trabajo sexual (p. ej., consumo de drogas, traumas infantiles de varios tipos, entrada en la prostitución a edad temprana), en vez de ser el trabajo mismo el que explica la diferencia/15.

La prueba para la “prostitución de interior” es variada (“de interior” cubre una gama de localizaciones, como saunas y salas de masaje, trabajadoras a domicilio, como acompañantes, mujeres que trabajan por cuenta propia o con otras en un apartamento y el trabajo en burdeles que pueden ser legales o ilegales). Un estudio en Holanda que compara las trabajadoras en salas interiores legales con mujeres que trabajan en la asistencia médica, fundamentalmente enfermeras, y con gente en tratamiento por fatiga laboral, descubrió que en dos de tres indicadores, las enfermeras y las prostitutas puntuaban de forma similar y mucho más bajo que el grupo bajo tratamiento. Las prostitutas puntuaban más alto que las enfermeras en un indicador: la “despersonalización” con respecto a sus clientes, lo que, entre las enfermeras, se ha asociado a la fatiga. Las puntuaciones más altas en la “despersonalización” pueden ser una adaptación saludable en vez de un signo de fatiga/16. Desde la perspectiva de Hochschild, este distanciamiento puede ser una forma de actuación superficial que protege contra las pérdidas más graves del sentido del yo. Pero, “no hay pruebas de la relación entre cinismo y buena salud, como la alta autoestima y la competencia personal y los síntomas de estrés bajo”. La investigadora concluía que la despersonalización de los clientes puede ser un mecanismo de copiado con la consecuencia negativa de agotamiento emocional/17. Un pequeño estudio sobre mujeres realizado en Nueva Zelanda antes de la despenalización, descubrió que las trabajadoras sexuales no tenían más probabilidades de experimentar una autoestima menor o dificultades en las relaciones sociales que las mujeres en general/18.

Por otra parte, un estudio transnacional frecuentemente citado (Melissa Farley et al.) descubrió grados extremadamente altos de PTSD [Trastorno por estrés postraumático], según los resultados de un breve cuestionario. Aunque la mayoría de las participantes del estudio eran trabajadoras sexuales, en México los niveles de PTSD eran igualmente altos para las trabajadoras de burdeles y de la calle/19. En su defensa de la ley sueca, Max Waltman se refiere a dos estudios, uno basado en entrevistas a profesionales de la salud mental que tratan a antiguas prostitutas y a otras 46 antiguas prostitutas en Corea (que trabajaban de interior) que también indicaban altos niveles de PTSD entre antiguas prostitutas/20.

Riesgos de violencia física/sexual

Las trabajadoras de la calle, al menos en Europa y Norteamérica, se hallan en una posición distinta a las trabajadoras “de interior”. Muchos estudios muestran que las prostitutas callejeras tienen más probabilidades que las que trabajan “de interior” para experimentar violencia por parte de sus clientes. Church et al. descubrieron que, en su muestra de prostitutas de tres ciudades británicas, el 50% de las trabajadoras de la calle y el 26% de las trabajadores “de interior” habían sufrido violencia de sus clientes durante los últimos seis meses. En términos de toda su trayectoria laboral, el 47% de las prostitutas callejeras y el 14% de las trabajadoras “de interior”, habían sufrido manotazos, puñetazos o patadas; el 28% de las trabajadoras de la calle y el 17% de las trabajadoras “de interior”, habían sufrido intentos de violación vaginal y el 22% de las trabajadoras de la calle y el 2% de las trabajadoras “de interior” habían sido violadas por vía vaginal/21. Puesto que las trabajadoras de la calle son una minoría (10-20%), su experiencia no puede ser usada para caracterizar la prostitución en su totalidad. Pero, considerando los niveles de violencia sufridos por las trabajadoras “de interior”, es difícil identificar una profesión feminizada de servicios en la que el 17% de las trabajadoras sufran intentos de violación como parte de su trabajo (hay un gran debate en torno a si en la prostitución es necesario un alto grado de violencia. Lo discuto en la última sección de este artículo).

Riesgos para la salud física

Después de la epidemia del SIDA, las instituciones internacionales y los estados han intensificado las iniciativas de fomento del uso del preservativo y parece que, en muchos pero ni mucho menos en todos los países, el uso del condón ha reducido sustancialmente la tasa de infección entre las mujeres que venden sexo/22. Pero la capacidad de usar el condón depende del poder negociador de la mujer/23. Puesto que los hombres están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero adicional por sexo sin condón, como lo muestra la citada investigación de The Economist, si las mujeres necesitan el dinero, pueden valorar perfectamente que no tienen otra elección más que aceptarlo/24. Algunas prostitutas tienen acceso a servicios de salud ordinarios y pueden tratar infecciones de transmisión sexual y otros problemas de salud comunes en su trabajo y que no se conviertan en riesgos graves para su salud. A nivel mundial, sin embargo, las mueres de clases trabajadoras carecen de acceso a los servicios de salud y, dada la mayor exposición de las prostitutas a infecciones y otros males, esta carencia hace descender especialmente su bienestar físico.

Intervenciones feministas

La prostitución contemporánea está íntimamente ligada a las profundas desigualdades económicas del capitalismo global neoliberal, a la expansión de las industrias del turismo y la hostelería, hacia la tendencia a la gentrificación en las ciudades globales, a los regímenes de austeridad, a las repuestas del estado al endeudamiento por medio tanto del fomento del turismo sexual como de la migración femenina para el envío de dinero, etc. Está también ligada a las construcciones patriarcales de la sexualidad masculina y los amplios y pequeño poderes patriarcales que dan forma a las experiencias de las mujeres como hijas, madres, mujeres y trabajadoras.

Estos contextos estructurales/políticos limitan lo que cualquier programa social concreto o régimen legal puede alcanzar en lo que respecta a la prostitución. Quizá la intervención más efectiva sería la de revolucionar la economía global capitalista, elevando, por ejemplo, los salarios en general y los salarios de las mujeres en particular y proporcionando viviendas asequibles, servicios de cuidados asequibles para niños y otros servicios que sirven de apoyo a las madres solteras, en especial porque muchas prostitutas tienen hijos e hijas. Mientras luchamos por hacer estos cambios, estamos llamadas también a identificar aquellas intervenciones que maximizarán los beneficios y minimizarán los daños a las trabajadoras de este negocio.

Me concentro en dos terrenos de acción: 1) proporcionar servicios sociales y otros programas que no juzguen a las mujeres, para que las trabajadoras sexuales que lo deseen puedan abandonarlo si tienen la oportunidad; 2) regulación legal.

Reformas sociales

Farley y otros descubrieron, tras una encuesta a 854 prostitutas en 9 países, que el 89% quería abandonar el negocio. Es difícil saber qué significa esto, sin embargo. Las prostitutas de muchos países calculan cuánto ganarían en otros trabajos accesibles para ellas (trabajos que por cierto las exponen habitualmente a agresiones sexuales por parte de sus jefes y superiores)/25. Parece bastante plausible que muchas quieren abandonar pero no lo harían más que por un trabajo en el que cobraran al menos lo mismo y donde las condiciones fueran mejores que las existentes en otros trabajos disponibles. Los programas contra la trata que enseñan a las antiguas prostitutas a usar máquinas de coser, por ejemplo, habitualmente no logran evitar que las mujeres vuelvan a vender sus servicios sexuales. Algunas trabajadoras del sexo en el sur global, igual que en el norte global, no quieren abandonar sus trabajos/26.

Todas las feministas pueden estar de acuerdo en que independientemente del número de personas que quieran abandonar, debería haber servicios amplios y efectivos que apoyaran a las prostitutas de una manera que no las juzgue, desarrollar su confianza y satisfacer sus necesidades. A nivel mundial, la prevención contra el VIH/SIDA ha conducido a enfoques de “reducción de daños” en la prostitución, como un mayor uso del condón. Como afirma Farley, las necesidades de reducción de daños tienen que ser ampliadas para incluir servicios que las ayuden a abandonar la industria.

Las críticas a los programas contra la trata y de rescate afirman que los programas sociales que se centran de forma estrecha en el abandono del negocio no sólo son contraproducentes sino incompatibles con los valores feministas. Como feministas, debemos ser conscientes de las relaciones de poder entre «proveedor» y «cliente» que, históricamente y hoy en día, atraviesan los proyectos gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a las mujeres de clases trabajadoras/27. Los servicios han de proporcionarse tanto si las prostitutas quieren quedarse o abandonar.

Las mejores prácticas para ayudar a que las prostitutas abandonen el negocio incluyen: reconocer que abandonar no es una decisión o evento puntual, proporcionar espacios (alojamiento de emergencia, centros de reinserción social y viviendas estables a largo plazo), servicios para el alcohol y las drogas, asistencia para niños y niñas, asesoramiento profesional y formación profesional (aunque muchas prostitutas comentan que los salarios altos y el horario flexible de su actual trabajo dificultan que lo abandonen por otros trabajos disponibles)/28.

Intervenciones legales

Las normas legales son increíblemente complejas/29. Aunque el debate sobre la racionalidad y efectividad de las leyes no está limitado a la prostitución, las afirmaciones sobre los diferentes regímenes legales con respecto a su impacto sobre la gente que vende servicios sexuales son especialmente difíciles de evaluar. Los estudios de la actividad ilícita están limitados a aquellas personas a las que se puede acceder y lo que están dispuestas a contar. No estoy de acuerdo con los que afirman que sólo los “supervivientes” están libres de coacciones y están excepcionalmente cualificados para comentar los efectos de las diferentes leyes/30. Por otra parte, puesto que la esclavitud y la coerción son una parte de este negocio, hay que reconocer que las prostitutas que participan en la investigación representan una proporción desconocida de todas las trabajadoras/31.

Con respecto a la venta de servicios sexuales, hay aproximadamente tres modelos de régimen legal (con una serie de variantes entre ellos): criminalización, legalización, despenalización/32. Aunque hablaré un poco sobre las pruebas en favor de la legalización, me centro en dos regímenes legales contrapuestos que tratan ambos de implantar una reforma legal desde los valores feministas: el régimen legal de Suecia, habitualmente denominado el modelo nórdico, que penaliza todos los aspectos de la prostitución excepto la venta de servicios sexuales de un individuo, y las leyes de Nueva Zelanda que han despenalizado todos los aspectos del negocio pero que también, a diferencia de la mayoría de regímenes de legalización (p. ej., Alemania), instituyeron un sistema de regulación y refuerzo dirigido a mejorar las condiciones de trabajo de las prostitutas.

Legalización

El propósito de la legalización es, en general, más bien proteger el orden social (p. ej., reducir los aspectos criminales, sacar el sexo de la calle) que a las trabajadoras sexuales. La legalización puede tener consecuencias perversas. La legalización para algunos trabajos sexuales, p. ej., sólo en burdeles con licencia, o para algunas trabajadoras sexuales, p. ej., sólo aquellas con papeles para trabajar, pueden producir condiciones aún peores para otras, p. ej., aquellas que trabajan en burdeles sin licencia, en la calle o inmigrantes.

Como ejemplo ilustrativo, en Queensland, Australia, el tamaño de los burdeles con licencia está limitado, no pueden ofrecer servicios de acompañantes (a domicilio) o servir alcohol. La publicidad está restringida y controlada. En 2010, sólo 25 burdeles tenían licencia en Queensland, un estado con una población de cuatro millones y medio de habitantes y una próspera industria turística. Los investigadores estiman que sólo el 10% del negocio tuvo lugar en burdeles con licencia y el 75% en el sector de servicios a domicilio. Los particulares pueden ofrecer legalmente servicios a domicilio, pero no pueden trabajar con otra trabajadora sexual o contratar a una recepcionista. Pueden contratar a un guardia de seguridad y (desde 2009) pueden mejorar su seguridad llamando a otra persona antes y después del trabajo. Los propietarios pueden ser procesados como “terceras partes en la prostitución” cuando dos o más trabajadoras trabajan en el mismo espacio. Ello desincentiva los acuerdos colectivos entre prostitutas con los que pueden compartir sus ganancias en vez de ser explotadas por un jefe.

Como hay tan pocos burdeles legales, muchas prostitutas trabajan en burdeles ilegales donde son más vulnerables. Los gerentes de los burdeles legales no tienen que proporcionar condiciones de trabajo especialmente buenas por el gran volumen de trabajadoras que hay/33. No está claro si las prostitutas en su conjunto están mejor o peor en este tipo de régimen legalizado.

Uno de los argumentos en favor de la legalización es que la prostitución se convierte con ello en un trabajo como cualquier otro, las prostitutas tendrán acceso a la misma serie de beneficios (p. ej., seguro de salud y pensiones, ¡al menos en la UE!) que otros trabajadores. Sin embargo, la mayoría de trabajadoras de los burdeles no son tratadas como empleadas sino como “contratistas” que “alquilan” habitaciones del burdel y pagan cuotas por los distintos servicios que el burdel ofrece. Están, por tanto, excluidas de los beneficios que tiene un empleado en una situación normal. A las que hemos seguido el ascenso del empleo «irregular» y «precario» por todo el norte global no nos debería sorprender que esto es normalmente una ficción y que su trabajo está fuertemente controlado y regulado por los propietarios/gerentes de forma no muy diferente a la de los empleados normales/34. Puede ocurrir perfectamente que la legalización de los burdeles incremente las posibilidades de que las trabajadoras se organicen. Pero también puede ser el caso que otorgando a los propietarios de burdeles el monopolio legal se socave el potencial del poder colectivo. Muchas feministas creen es que particularmente detestable que los propietarios de burdeles (o los proxenetas) pueden ganarse la vida a partir de mujeres que venden servicios sexuales. La pregunta que surge del modelo nórdico es si es posible o no poner fuera de la ley esta forma de explotación.

Penalizando al cliente, el proxeneta y al dueño del burdel

El modelo nórdico es atractivo para algunas feministas porque criminaliza al comprador pero no al vendedor de servicios sexuales. Aprobada en 1999, la ley sueca penaliza también el trabajo sexual organizado de cualquier forma (en burdeles, saunas, servicios de acompañantes, etc.) declarando ilegal que cualquiera, excepto la propia prostituta, se beneficie de su trabajo. La ley pretende reducir la demanda de servicios sexuales, animar a las prostitutas a abandonar el trabajo, darle poder a las prostitutas en relación con sus clientes (por ejemplo, denunciando a la policía violencia o robo por parte de los clientes) y limitar el tráfico sexual.

No hay espacio para entrar en los muy debatidos detalles en torno a los efectos de esta ley/35. En general, es justo decir que no hay una respuesta clara a si el mercado de servicios sexuales se ha reducido sustancialmente a consecuencia de esa ley. La prostitución callejera se ha reducido; pero el propio informe del gobierno no puede afirmar con certeza que sea la ley la haya hecho que se reduzca el número total de mujeres en la prostitución, porque no conoce la parte del negocio que se ha desplazado al interior, sirviéndose de Internet. No había estudios de confianza de trabajadores “de interior” anteriores a la ley de tal forma que no es posible juzgar. Se hicieron varias estimaciones. Sin embargo, el informe sólo concluía diciendo que: “En general, esto significa que podemos sentirnos seguros concluyendo que la prostitución en su conjunto al menos no ha aumentado en Suecia desde 1999/36.

Otra prueba citada recurrentemente sobre la efectividad de la ley son dos encuestas, una de 1996 y otra de 2008 que muestran que, desde la aprobación de la ley, el número de hombres que afirman haber comprado sexo ha disminuido «cerca de la mitad» (del 13.6% al 8%)/37. Se desconoce si esto refleja un descenso real o refleja que los hombres no quieren admitir haber estado involucrados en actividades criminales o un mayor sentimiento de vergüenza producido por la ley. Los defensores de la ley afirman que el apoyo social a la igualdad de género es incompatible con que el estado autorice a los hombres a adquirir servicios sexuales. Puede ser que la ley haya aumentado las actitudes sociales negativas hacia los hombres que pagan por sexo/38.

Pero, por el contrario, los que se oponen a la ley afirman que sean cuales sean sus beneficios a la hora de cambiar las actitudes sociales o reducir el mercado, ha aumentado los riesgos que afrontan las prostitutas. En general, la policía se fija como objetivo las trabajadoras de la calle porque la actividad policial en el trabajo sexual de interior exige mucho tiempo y dinero (otra razón principal es que la prostitución callejera es más visible). Este es el caso todavía en Suecia/39. Aunque las propias trabajadoras de la calle no pueden ser arrestadas, la presencia policial hace más difícil su trabajo. Las que se oponen a la ley afirman que ha llevado a los clientes a exigir más secretismo, llevando el negocio a lugares más apartados, dejando menos tiempo a las prostitutas para evaluar al cliente, haciéndolas más vulnerables que antes. En favor de esta afirmación hay algunas pruebas pero no un estudio sistemático en Suecia/40. Sin embargo, un estudio realizado en Vancouver, B. C. en el que se entrevistaba a trabajadoras de la calle antes y después de que la acción de la policía de Vancouver pasara a arrestar clientes en vez de prostitutas descubrió que considerar a los clientes como el objetivo no mejoró los niveles de violencia experimentados. Además, las prostitutas denunciaron que la nueva política era un obstáculo para su capacidad negociadora con los clientes y aumentaba los riesgos de que los clientes rechazaran usar el condón/41.

Las que se oponen a la ley afirman también que puesto que los clientes temen contratar los servicios en público, se ha abierto la puerta para que los “intermediarios”, incluyendo los proxenetas, tengan un mayor papel. Sobre este asunto no conozco ninguna prueba fiable que muestre que la ley ha hecho incrementar o disminuir el proxenetismo/42.

Las partidarias de la ley afirman que incrementarán las denuncias a la policía sobre robo y agresión sexual y física por parte de los clientes, puesto que las prostitutas ya no pueden ser arrestadas. No hay pruebas de que la ley haya aumentado las denuncias a la policía en ningún informe del gobierno sobre los efectos de la ley disponibles en inglés/43. Esto no debe sorprendernos. Las prostitutas son reacias a presentar denuncias por violencia y robo, por toda un aserie de razones, como su propio consumo de drogas, miedo de las represalias de los clientes, deseo de preservar su anonimato porque su familia y amigos no saben que ejerce la prostitución, escepticismo sobre el proceso legal ya que los casos son difíciles de probar y las dificultades que conlleva la denuncia no compensan las probabilidades de reparación.

Las que se oponen a la ley afirman que penalizar a las terceras partes no disminuye la explotación a las prostitutas y aumenta su vulnerabilidad a sufrir daños. Reconocen que los burdeles no son necesariamente el mejor de los ambientes de trabajo pero afirman que forzar a las prostitutas a trabajar de forma ilícita hace que sean aún más vulnerables. Afirman además que si la ley disuade a los proxenetas, impide también que las prostitutas hagan tratos con terceras partes para su propia seguridad. Por ejemplo, la ley prohíbe que una tercera parte gane dinero por medio de pagos por proporcionar seguridad. Los propietarios que permiten que una mujer trabaje desde su apartamento o que varias mujeres trabajen desde un inmueble que posee el dueño pueden ser arrestados como “tercera parte”. Varias prostitutas han sido desalojadas por los propietarios por esta razón. Cualquier adulto que viva bajo el mismo techo con una prostituta y comparta sus ingresos puede ser procesado.

Creo que este es un tema espinoso. Parece absurdo permitir que las mujeres proporcionen servicios sexuales y luego penalizar al propietario que las alquila un apartamento/44. Y parece que no siempre es fácil, como en el caso del proxenetismo, discernir la verdadera relación de poder entre una prostituta y las “terceras partes” involucradas/45. Por otra parte, las defensoras de la ley afirman que no hay pruebas de que las parejas reales o maridos hayan sido arrestados —excepto cuando estaban estrechamente involucrados en el trabajo de la prostituta—, esto es, hayan ejercido de proxenetas/46. Incluso cuando esto ocurriera, creo que es importante distinguir entre la ley y su aplicación. Los problemas de aplicación no son un argumento definitivo contra una ley determinada. Por ejemplo, está probado que la política de arresto obligatorio cuando se avisa a la policía por un incidente de violencia doméstica es contraproducente. Esto implica hacer algo al respecto de las políticas de aplicación, pero no debería llevarnos a la conclusión de que la ley que penaliza la violencia doméstica es negativa para las mujeres por sí misma.

La cuestión sigue siendo, sin embargo, si la penalización de la mayoría de aspectos de la venta de servicios sexuales es positiva o negativa para las mujeres que hacen el trabajo. Esta preocupación es la que subyace bajo la reforma legal de Nueva Zelanda.

Despenalización

Nueva Zelanda ha avanzado hacia la despenalización con la aprobación de la Prostitution Reform Act en 2003. En el sistema neozelandés, los burdeles han de tener licencia, es ilegal que los dueños de los burdeles obliguen a las trabajadoras a aceptar clientes que ellas no quieran, se exige a los dueños que promuevan el uso del condón (es ilegal el sexo oral, anal o vaginal sin el uso de un profiláctico), deben tener disponibles sus instalaciones para la inspección y no pueden contratar a nadie menor de 18 años. Es ilegal inducir o coaccionar a cualquier persona a vender servicios sexuales, de modo que el proxenetismo es una actividad ilegal. Sin embargo, es legal ser «tercera parte», esto es, vivir de los “beneficios” de la prostitución/47. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, muy activo durante los años de las negociaciones que dieron paso a la aprobación de la ley, se posicionaban en contra de imponer grandes obstáculos a la concesión de licencias porque temían crear un sistema dual como el de Queensland.

Defendieron con éxito que lo más importante era que la ley fomentara negocios en propiedad de y administrados por prostitutas. Hasta cuatro personas pueden trabajar juntas en una residencia o en un espacio alquilado sin tener que solicitar una “licencia de administración” (si más de cuatro personas trabajan juntas, una de ellas tiene que solicitar la licencia). Pueden hacer publicidad con los mismos límites que los burdeles. Pueden contratar sin restricciones a quien quieran para que ayude (p. ej., no tienen que ser profesionales de seguridad con licencia como en Queensland). La ley permite también a las prostitutas recibir prestaciones sociales de forma inmediata, incluso si dejan el trabajo voluntariamente/48.

Las que se oponen a la despenalización afirman que hace que aumente la prostitución. Un estudio de los efectos de la reforma en el tamaño del mercado de servicios sexuales en Christchurch es bastante creíble. Se realizó un estudio metodológicamente solvente antes y luego tres años después de la aprobación de la PRA. El estudio descubrió, al menos en esta localidad —la segunda región urbana más grande de Nueva Zelanda—, un pequeño incremento de 17 personas (de 375 a 392) que vendían servicios sexuales/49.

Se ha afirmado también que la legalización y la despenalización aumentan la trata. Sin embargo, el estudio habitualmente citado que pretende mostrar que la legalización hace aumentar la trata tiene muchos defectos/50. Los datos que miden los flujos de trata en distintos países se extrajeron de un estudio de la ONU, cuyos autores advirtieron que era poco fiable puesto que la definición de trata a lo largo de los países y la fiabilidad de las fuentes de información en los distintos países variaban drásticamente. Además este estudio medía toda la trata, no sólo el tráfico sexual, por lo que su aplicación al tráfico sexual no es legítimo/51. En Nueva Zelanda, tras la reforma no hubo casos de procesamiento por trata por el servicio de inmigración neozelandés (que vigila a las trabajadoras «de interior»). El comité de revisión de la reforma legal concluye que la “prohibición a las no-residentes de trabajar en la industria sexual unida al aislamiento geográfico y al robusto sistema legal de Nueva Zelanda facilita que Nueva Zelanda esté protegida de convertirse en el destino de traficantes humanos/52.

Uno de los objetivos del PRA era mejorar las condiciones de trabajo de las prostitutas. La reforma parecer haber abierto oportunidades para que las prostitutas trabajen para sí mismas. De nuevo, tomando como referencia el estudio de Christchurch, en 1999, el 62% de las prostitutas estaban en sectores bajo gestión, mientras que el 10% eran independientes. En 2006, las trabajadoras bajo gestión ajena se redujeron al 51% mientras que las trabajadoras independientes ascendieron al 23%/53.

Además de reducir el sector “bajo gestión” del negocio, la PRA pretendía mejorar las condiciones de trabajo de las prostitutas bajo gestión ajena. De acuerdo con un estudio, los administradores de burdel que habían tratado con trabajadoras mucho antes de la legalización continuaron haciéndolo, pero aquellos con prácticas injustas habían continuado. Como otras muchas leyes de profesiones de la salud y seguridad, la aplicación es complicada y depende menos de la regulación que de la capacidad de las propias trabajadoras de desafiar a los jefes/54. Sin embargo porque comprendemos los límites de las reglas de salud y seguridad, no me parece que sean un argumento definitivo contra ellas. Si el poder de negociación del trabajador es crucial, es razonable pensar que la penalización es problemática porque reduce aún más el poder de negociación del trabajador y las oportunidades de compensación.

Violencia y denuncia

Las prostitutas encuestadas sentían que desde la ley tenían más capacidad para rechazar clientes y desde entonces lo habían hecho más habitualmente. Por otra parte, como las que se oponen a la despenalización han señalado, aunque las prostitutas dijeron que se sentían que podían denunciar la violencia, la mayoría no lo hizo y cuando lo hacían eran reacias a llevar la queja hasta el final. Los mismos factores que disuaden a llevar hasta el final las denuncias por violencia en otros países parecen operar aquí también/55. Puede ser que, con el tiempo, la educación de los agentes y cambios en las prácticas de aplicación abran más espacio a la denuncia y a llevarlas hasta el final. Por otra parte, el estigma social de la prostitución es una gran barrera para las denuncias. Las prostitutas temen perder el anonimato y quedar expuestas a familia y amigos. Quizás con el tiempo, la despenalización reduzca el estigma, pero hay buenas razones para pensar que no lo hará.

El régimen de Nueva Zelanda expresa valores feministas. Acepta la realidad actual de que hay una gran demanda de servicios sexuales mercantilizados y se concentra en minimizar los riesgos de un negocio potencialmente arriesgado. Pero lo que más me atrae del modelo de Nueva Zelanda es que fomenta la auto-organización de las prostitutas tanto como trabajadoras y como sujetos políticos. Mientras que la acción colectiva quizás puede mejorar las condiciones de trabajo en el sector bajo gestión, esperaría ver también una mayor apoyo del gobierno y del NGO (¿un programa de incubadoras de cooperativas, quizás?) para los centros de trabajo administrados colectivamente.

Otras intervenciones

Prahba Kotiswaran concluye su examen sobre el trabajo sexual en la India observando que las intervenciones más efectivas para las trabajadoras han llegado de la mano de las organizaciones de miembros dirigidas por el Comité Durbar Mahila Samanwaya (DMSC), una organización de seis mil trabajadoras del sexo con sede en Calcuta. El DMSC “ofrece planes de crédito y ahorro, instalaciones educativas para las trabajadoras del sexo y sus hijos, salud básica y posibilidades de expresión cultural, a la vez que fomenta una cultura política activa de protesta contra los clientes que abusan, propietarios y dueños de burdeles. […] A pesar de una ley abusiva contra el trabajo sexual, ha echado raíces una organización de trabajadoras sexuales […] para alcanzar los mismos resultados de las leyes laborales que el DMSC está tan empeñado en que sean aplicados formalmente a la industria sexual/56.

Continúa diciendo que la auto-regulación, aunque tiene problemas como la reproducción de estereotipos conservadores sobres mujeres “buenas” y “malas”, debe considerarse como una alternativa a la policía y a los juzgados: “Las trabajadoras sexuales de Calcuta entrevistadas preferían que las disputas se resolvieran localmente o por las instituciones auto-reguladas dirigidas por el DMSC antes que por los juzgados estatales. El DMSC organiza marchas de protesta contra los dueños de burdeles agresivos físicamente y se conoce a las trabajadoras sexuales de la comunidad por perseguir a los clientes violentos o abordar a los que la han robado o engañado. La policía normalmente llega demasiado tarde/57.

Las leyes son importantes. Pero como queda claro por lo dicho más arriba, quizá sea más importante que las feministas inviertan el mismo tiempo, dinero y pasión en la auto-organización de las prostitutas que ahora se dedica a fomentar y defender distintos regímenes legales.

El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda es otro modelo de auto-organización. Como el DMSC, el NZPC se creó como respuesta a la epidemia de SIDA/VIH. Las miembros fundadoras de la organización se asociaron por el enfado y frustración causada su estigmatización social, el acoso policial y las prácticas injustas y arbitrarias en sus centros de trabajo, frente a las que no tenían derecho legal de reparación, y la marginación de las trabajadoras sexuales en la elaboración de políticas. Querían también auto-organizarse para evitar la extensión del VIH en la industria sexual. En 1988, el grupo recibió financiación del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda y abrió un centro de acogida en Wellington. El NZPC se dedica a la promoción y prestación servicios, incluyendo asesoramiento y ayuda para abandonar (y también para entrar) en la industria. Fue decisivo para la reforma legal y ha seguido muy implicado en implementar y evaluar las reformas. La extensión y consolidación del NZPC en la industria ha sido decisiva para facilitar el acceso de las investigadoras y ha contribuido a aumentar la calidad de la información recogida. (Lo que no quiere decir que estos estudios no estén sesgados).

Tanto el DMSC como el NZPC son proyectos inspiradores que valen la pena estudiar para ver cómo pueden ser desarrollados en otros países. Ciertamente, las enormes diferencias entre Nueva Zelanda y la India indican que en muchos lugares la auto-organización de las prostitutas no es imposible (aunque reconozco muchas dificultades desalentadoras). Como con otras cuestiones de las mujeres, la auto-organización de las prostitutas (no la organización de defensores de las prostitutas) es la clave.

En Nueva Zelanda, el NZPC fue, y es, la voz dominante que representa a las trabajadoras del sexo. En otros países, hay organizaciones feministas en competencia que representan a las prostitutas con diferentes enfoques en torno a lo que hay que hacer. Reconozco que hay defectos en cualquier régimen legal. Hago mío también el argumento de Kotiswaran de que los mercados sexuales difieren entre sí y que los enfoque legales que pueden funcionar en un área pueden no ser los mejores en otra. De todos modos, apoyo el régimen legal de Nueva Zelanda (que permite que se impliquen “terceras partes” pero penaliza la coerción). Estoy especialmente interesada en ver las sucesivas políticas que pueden ayudar a cambiar la balanza aún más en perjuicio de la organización de la industria “bajo gestión” y “semi-gestionada”.

Sea cual sea el juicio que hagamos sobre este asunto, es fundamental que las feministas asumamos la enorme complejidad del asunto, encontrando, donde podamos, un terreno común y respetando la validez de las múltiples perspectivas que animan nuestro diálogo. Lo más importante es que necesitamos dirigir nuestras energías colectivas para revolucionar la economía global capitalista y desafiar a los poderes patriarcales como y donde podamos.

NOTAS:

1/ Nota de Johanna Brenner:Este artículo fue realizado en colaboración con Nancy Holmstrom. En un principio teníamos intención de escribirlo las dos juntas, pero al final hicimos dos artículos independientes. Jan Haaken ofreció perpectivas-clave que he tomado en gran consideración. Gracias también a Meena Dhanda, Bill Resnick y Liz Rappaport por sus valiosos comentarios.

2/ Incluso el lenguaje está aquí en disputa. No uso el término “mujeres/personas prostituidas” porque disuelve el papel activo de las que se dedican a la prostitución. Por otra parte, no quiero usar el término “trabajadoras sexuales” en vez de prostitutas porque el término elude la particularidad de vender servicios sexuales como forma de trabajo (véase sobre este asunto Nancy Holmstrom). Al menos algunas de las que venden servicios sexuales continúan usando “prostitutas” para describirse a sí mismas como trabajadoras, reclamando la palabra igual que Melissa Gira Grant quiere reclamar el nombre de puta.

3/ Este ensayo se centra en las mujeres que venden servicios sexuales. Es imposible hacer justicia a las experiencias particulares de los hombres y personas transgénero en este trabajo por las límites de espacio del artículo.

4/ Malissa Farley, “Prostitution, Liberalism, and Slavery” en Logos: A Journal of Modern Society and Culture, vol. 12, nº3, 2013.

5/ Para ver un ejemplo ilustrativo, cfr. Swedish Government National Board of Health and Welfare, Prostitution in Sweden 2007 (Noviembre de 2008). www.socialstyrelsen.se

6/ Sin embargo, hay un duro debate sobre el movimiento contra el tráfico sexual, sobre si son necesarias leyes dirigidas específicamente contra el tráfico sexual en vez de contra la trata en general, cómo debe ser escrita las leyes (p. ej., qué debería constituir una prueba de coacción) y prácticas las prácticas de aplicación de la ley. Compárese, p. ej., Swedish Institue Report, Targeting the Sex Buyer: stopping prostitution and trafficking where it all begins (2010) y Lara Maria Augustin, Sex at the Margins: Migration, Labour Markets and the Rescue Industry (Londres: Zed Books, 2007). Por motivos de espacio no trato estas cuestiones.

7/ Las mujeres que trabajan en sus propios hogares distinguen áreas de trabajo y áreas personales, p. ej., no usan su propia cama para el trabajo sexual. Gillian M. Abel, “Different stage, different performance: The Protective strategy of role play on emotional health in sex work”, en: Social Science & Medicine, 72 (2011), 1177-1184; Teela Sanders, «’It’s just acting’: Sex Workers’ Strategies for Capitalizing on Sexuality», en: Gender, Work and Organization, vol. 12, nº4 (julio de 2005), pp. 319-342.

8/ Playing The Whore (Londres: Verso, 2014), p. 90.

9/ Laurie Shrage “Feminist Perspectives for Capitalizing on Sexuality”, The Standford Encyclopedia of Philosophy (Edición de invierno de 2012), Edward N. Zalta (ed.), URL: <plato.standford.edu/archives/win2012/entries/feminist-sex-markets/>

10/ Sven-Axel Månsson, Men’s Practices in Prostitution and Their Implications for Social Work; Martin A. Monto, “Prostitutes’ Costumers: Motives and Misconceptions”, en: Roland Weitzer (ed.), Sex for Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry, (Hoboken, N. J.: Taylor and Francis, 2009). Para un examen de la gama de ideas en torno a esta cuestión, cfr. Nikolas Westerhoff, “Why Do Men Buy Sex”, en: Scientific American Mind, Junio de 2009, Número especial, Vol. 20, Issue 3, pp. 70-75. Las encuestas en la India mostraron que 45’5-64% de los clientes estaban casados y la mayoría vivía con sus esposas. Prahba Kotiswaran, Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in India (Princeton: Princeton University Press, 2011), p. 241.

11/ Hay mucho más por decir sobre esto de lo que se dirá aquí. Las investigaciones basadas en intercambios en internet y las entrevistas con prostitutas sobre los servicios que ofrecen, indican que en buena medida la demanda es de sexo oral y vaginal. Sin embargo, hay nichos de mercado de otras prácticas sexuales. Entran en juego fantasías raciales culturalmente autorizadas. Además, la naturaleza de las fantasías representadas pueden ser diferentes cuando hombres contratan los servicios de otros hombres. Cfr., por ejemplo: Juline Koken, David S. Bimbi, and Jeffrey T. Parsons, “Male and Female Escorts: A Comparative Analysis”, en: Weitzer, R. (ed.), Sex for Sale, pp. 205-232.

12/ Arlie Russell Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (Berkeley: University of California Press, 1983) Capítulo 3.

13/ Hochschild, pp. 181-184

14/ Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex (Chicago: University of Chicago Press, 2007), pp. 103-104; Janet Lever and Deanne Dolick, «Call Girls and Street Prostitutes: Selling Sex and Intimacy», in Weitzer, ed., pp. 187-203.

15/ Ine Vanwesenbeeck, “Burnout Among Female Indoor Sex Workers”, Archives of Sexual Behavior, Vol. 34, No. 6, Diciembre de 2005, pp. 627–639, esp. p. 627-628. Cfr. también: Teela Sanders, «A continuum of risk? The management of health, physical and emotional risks by female sex workers», Sociology of Health & Illness Vol. 26 No. 5, 2004, pp. 557–574. Hay algunas pruebas de que las prostitutas de la calle tienen más probabilidades de consumir drogas para mentalizarse para trabajar que las prostitutas “de interior”.

16/ Vanwesenbeeckk, pp. 635-636

17/ Vanwesenbeeck, pp. 638.

18/ Gillian Abel and Lisa Fitzgerald, “Risk and Risk Management in Sex Work post-Prostitution Reform Act: a public health perspective”, en: Gilian Abel, Lisa Fitzgerald, Catherine Healy with Aline Taylor, eds., Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization (Bristol: The Policy Press, 2010), pp. 217-238, p. 231.

19/ Melissa Farley et.al., “Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder”, Journal of trauma practice, 2 (3/4), 2003 pp. 33-74. La validez de estos resultados ha sido puesta en cuestión tanto por lo inadecuado de evaluar el PTSD en base a una encuesta de 10 preguntas y por la sobrerrepresentación de las prostitutas callejeras entre las que respondían. John Lowman, “Crown Expert-Witness Testimony in Bedford v. Canada: Evidence-Based Argument of Victim-Paradigm Hyperbole?”, en: Emilv van der Meulen, Elya M. Durisin y Victoria Love (eds.), Selling Sex: Experience, Advocacy, and Research on Sex Work in Canada (Vancouver-Toronto: UBC Press, 2013), pp. 230-250, esp. Pp, 234-235.

20/ Max Waltman, “Sweden’s prohibition of purchase of sex: The law’s reasons, impact, and potential”,Women’s Studies International Forum 34 (2011) 449–474. Un estudio de 201 trabajadoras sexuales (incluyendo tanto bailarinas exóticas como prostitutas) en Vitoria, B.C., descubrió que el 50% notificaron depresión, actualmente o en el pasado, en comparación con el 6% de las mujeres y el 3% de los hombres en la población general. Cecilia Benoit y Alison Millar, Dispelling Myths and Understanding Realities: Working Conditions, Health Status, and Exiting Experiences of Sex Workers, informe financiado por el BC Health Research Foundation, Capital Health District, BC Centre of Excellence on Women’s Health (Octubre de 2001), p. 68.

21/ Stephanie Church, Marion Henderson, Marina Barnard, Graham Hart, “Violence by clients towards female prostitutes in different work settings: questionnaire survey”, The BMJ Volumen 322 nº3, marzo de 2001, pp. 524-525. Una encuesta hecha a casi 700 prostitutas en Nueva Zelanda cinco años después de la despenalización de la prostitución descubrió que en los últimos 12 meses que el 13% de las trabajadoras de la calle y el 7-10% de las trabajadoras de interior habían sido agredidas físicamente; el 39% de las trabajadoras de la calle y el 9-16% de kas trabajadoras de interior habían sido amenazadas con violencia física. Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, Wellington, Nueva Zealanda, mayo de 2008, p. 56.

22/ AVERT, Sex Workers and HIV/AIDS, http://www.avert.org/sex-workers-and-hivaids.htm

23/ En algunos países donde la prostitución está semi-legalizada o despenalizada, no usar el condón es un delito sancionable. Abel y Fitzgerald descubrieron que las prostitutas que utilizaban la ley que negociar sexo seguro con los clientes, p. 219-221.

24/ “More Bang for Your Buck; Prostitution and the Internet”, The Economist August 9, 2014. En Nueva Zelanda, donde es ilegal el sexo sin condón, el 12% de las trabajadoras de la calle y el 4-5% de las trabajadoras de interior tuvieron sexo vaginal sin protección en los últimos doce meses, mientras que el 20% de las trabajadoras de la calle y el 16% de las prostitutas “de interior” que trabajaban de forma independiente dijeron haber hecho felaciones sin protección. Sobre los incentivos económicos para el sexo sin protección, cfr. también Kotiswaran, p. 202.

25/ Kotiswaran, p. 216. Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, Ministry of Justice, Wellington, New Zealand, mayo de 2008, pp. 66-69.

26/ Por ejemplo, Christine B.N. Chin, Cosmopolitan Sex Workers: Women and Migration in a Global City (Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 98.

27/ Steven Bittle, “Still Punishing to ‘Protect’: Youth Prostitution Law and Policy Reform”, Emilv van der Meulen et. al., pp. 279-296.

28/ Pat Mayhew y Elaine Mossman, Exiting Prostitution: Models of Best Practice. Crime and Justice Research Centre, Victoria University of Wellington, Octubre de 2007.

29/ Como aclara Kotiswaran, los mercados sexuales no sólo difieren entre los distintos países sino también dentro de cada uno de ellos. Aunque se pueden articular principios generales, las estrategias para traducir estos principios a normal legales dependerán de las condiciones locales. Cfr. Cap. 6.

30/ “[...] puede haber problemas de validez cuando entrevistamos a personas que ejercen prostitución, a diferencia de cuando entrevistamos a supervivientes que abandonaron la industria. Éstas últimas no están bajo la influencia de terceras partes ni tienen que continuar en la industria y, por ello, es menos probable que den respuestas sesgadas en favor de la industria sexual”. Max Waltman, “Assessing Evidence, Arguments, and Inequality in Bedford v. Canada”, en: Harvard Journal of Law & Gender, Vol. 37, (2014), pp. 459-544 (2014).

31/ Para una discusión de problemas de muestreo, cfr. Elaine Mossman, “Brothel Operators’ and support agencies’ experiences of decriminalization”, Abel et. al., pp. 121-122.

32/ Elaine Mossman, International Approaches to Decriminalising or Legalising Prostitution, New Zealand Ministry of Justice, Octubre de 2007.

33/ Barbara Sullivan, “When (Some) Prostitution is Illegal”, Journal of Law and Society, vol. 37, nº1 (Marzo de 2010), pp. 85-104. Cfr. también: Barbara G. Brents y Kathryn Hausbeck, “Violence and Legalized Brothel Prostitution in Nevada: Examining Safety, Risk, and Prostitution Policy”, Journal of Interpersonal Violence, vol. 20, nº3, Marzo de 2005, pp. 270-295.

34/ Report by the Federal Government on the Impact of the Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes (Prostitution Act) Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Berlin (2007), p. 17. Tales arreglos son también típicos en Nevada (Brents & Hausbeck, op. cit.), Holanda (Vanwesenbeeck, op. cit.), y la India (Kotiswaran, op. cit.). El informe también señala que las nuevas restricciones en seguridad social y programas de desempleo han reducido las oportunidades de que las prostitutas abandonen el negocio, pp. 37-38.

35/ Compárese Max Waltman, op. cit., 2011 con Ann Jordan, The Swedish Law to Criminalize Clients:A Failed Experiment in Social Engineering, Program on Human Trafficking and Forced Labor. Center for Human Rights & Humanitarian Law, nº4 (2012).

36/ Selected extracts of the Swedish government report SOU 2010:49: The Ban against the Purchase of Sexual Services. An evaluation 1999-2008, (normalmente se hace referencia a él como The Skarhed Report) p. 28. El Swedish Board of Health and Welfare Report (op. Cit) es mucho más circunspecto que el Skarhed Report a la hora de sacar conclusiones sobre el efecto de la ley, dadas las distintas y en ocasiones contradictorias valoraciones que reciben de diferentes informadores como la policía, trabajadores sociales, académicos y trabajadoras sexuales. Un estudio hecho para calibrar los efectos de la reforma de la ley de Noruega (que seguí el modelo sueco) en 2009 tuvo dificultades similares, puesto que tampoco en Noruega no había datos fiables relativos a la prostitución antes o después de la ley. La “mejor suposición” de los investigadores, basada en las observaciones de los informadores, era que la prostitución callejera había descendido sustancialmente y que el mercado de interior era un 10-20% más bajo. Reconociendo que la recesión ha reducido la demanda, el informe afirma sin embargo que la ley también ha contribuido en una proporción desconocida a reducir los precios. Comentaban que las trabajadoras de interior tenían que trabajar más duro para ganar el mismo nivel de ingresos que anteriormente. Evaluation of Norwegian legislation criminalising the buying of sexual services (summary). Para una crítica de esta investigación: Anette Brunovskis y May-Len Skilbrei,«The Evaluation of the Sex Purchase Act Brings Us no Closer to a Conclusion» (August de 2014), Fafo Institute. http://fafo.no/prostitution/

37/ Skarhed Report, p. 23.

38/ Niklas Jakobsson y Andreas Kotsadam, What explains attitudes toward prostitution?, Working Papers in Economics, nº349, Goteborg University, abril de 2009.

39/ Bernstein, pp. 151-153

40/ Board of Health and Welfare Report, pp. 47-48. El Skarhed report sencillamente niega esta afirmación sin dar pruebas que lo demuestren.

41/ A. Krüsi, K. Pacey, L. Bird, C. Taylor, J. Chettiar, S. Allan, D. Bennett, J. S. Montaner, T. Kerr, K. Shannon, «Criminalisation of clients: reproducing vulnerabilities for violence and poor health among street-based sex workers in Canada—a qualitative study», BMJ Open, 2014, nº4.

42/ Esto fue lo que afirmaron algunos informadores consultados por el National Board of Health and Welfare Report, pp. 47-48.

43/ Algunos informadores pensaron que la ley había reducido realmente las posibilidades de que las prostitutas denunciaran robo o violencia. Susanne Dodillet y Petra Östergren, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects” texto de la conferencia presentado en el International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges. La Haya, 3 y 4 de marzo, 2011 pp. 21-22.

44/ Esto es también cierto en el Reino Unido donde tanto la compra como la venta son legales pero solicitar, anunciar o alquilar una habitación con la intención de prostituirse allí es ilegal.

45/ Por ejemplo, Bernstein, p. 90; también Kara Gillies, “A Wolf in Sheep’s Clothing: Canadian Anti-Pimping Law and How It Harms Sex Workers”, van der Meulen et. al., pp. 269-278.

46/ “Being and Being Bought: An interview with Kajsa Ekis Ekman”, Meghan Murphey, Feminist Current (enero de 2014). http://feministcurrent.com/8514/being-and-being-bought-an-interview-with-kajsa-ekis-ekman/

47/ Esta disposición tiene el problema opuesto al del modelo nórdico. Allí gente inocente puede ser penalizada; aquí, los explotadores pueden evitar el castigo.

48/ La web del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda: http://www.nzpc.org.nz/index.php?page=Law. El NZPC se encuentra incómodo con la disposición del PRA que excluye a las inmigrantes del trabajo sexual, creando un sector ilegal profundamente oculto y sin duda muy explotado. Abel et al., p. 262-3.

49/ Report of the Prostitution Law Review Committee, p. 35.

50/ Seo-Young Cho, Axel Dreher y Eric Neumayer, “Does legalized prostitution increase human trafficking?”, World Development, 41, 2012, pp. 67-82.

51/ Ronald Weitzer, “New Directions in Research on Human Trafficking”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 653, nº6 (mayo de 2014), pp. 6-24.

52/ Report of the Prostitution Law Review Committee, p. 167. Los miedos por un incremento del tráfico sexual han dado forma a la reforma de la ley, llevando a la inclusión de la disposición que penaliza a las no residentes que venden servicios sexuales.

53/ Gillian M. Abel, Lisa J. Fitzgerald, Cheryl Brunton, “The Impact of Decriminalization on the Number of Sex Workers in New Zealand”, Journal of Social Policy, vol. 38 nº3 (July 209), pp. 515-531, p. 523.

54/ Varios estudios del sector managed legalizado concluyen que la seguridad aumenta por controles formales e informales como la proximidad de otras trabajadoras, alarmas, cámaras de seguridad. Cfr., p. ej., Sullivan, Brents & Hausbeck, Abel et al.

55/ Abel y Fitzgerald, pp. 227-229.

56/ Kotiswaran, p. 248

57/ Kotiswaran, p. 203

*Johanna Brenner es profesora emérita de Sociología en la Universidad Estatal de Portland. Ha ejercido también como directora en el Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad. Entre otros lugares, ha escrito en la New Left Review y en la Monthly Review. Entre sus libros se incluyen Women and the Politics of Class (Monthly Review Press, 2000) y Rethinking the Political: Women, Resistance, and the State (University Chicago Press, 1995).

http://logosjournal.com/2014/brenner/



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