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Tribuna VIENTO SUR
Crisis en el sistema de partidos
03/09/2016 | José Errejón

El procedimiento constitucional para la designación de un candidato a la presidencia del Gobierno se inicia bajo los mismos auspicios de bloqueo que terminó el de la anterior legislatura. De nuevo se quiere activar un procedimiento de espaldas a los graves problemas que tiene planteados la sociedad española. De nuevo el potencial candidato por número de escaños obtenido afronta el procedimiento como una cuestión de su exclusiva conveniencia y la de su partido, olvidando que su actuación debe estar regida por el imperativo de los intereses generales.

La perversa confusión entre el parlamentarismo y la democracia permite que el jefe de una asociación política afronte este procedimiento como si de un negocio privado se tratase, cuidando de sus intereses y los de sus accionistas.

Nada impide que un candidato pueda declinar la invitación real para intentar su investidura. Pero lo lógico es aprovechar al máximo el plazo de los dos meses previsto en el artículo 99.5 para intentar sucesivas investiduras, de acuerdo a las gestiones y consultas que durante ese período puedan realizar los distintos candidatos.

Más allá de estas consideraciones generales sobre la pulcritud procedimental de acuerdo al tenor del artículo 99 de la Constitución, interesa aquí analizar cuál es el estado de situación de la política española, tomar el pulso a nuestras instituciones empezando por los partidos políticos. Las funciones que les encomienda el artículo 6 de la Constitución (expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento para la participación política) se cumplen, digamos que de manera poco satisfactoria.

La hipótesis de que se parte es que los cambios sobrevenidos en la escena política española tienen en el comportamiento de los partidos políticos una de sus principales explicaciones, en la forma que procuraré resumir todo lo que pueda.

Diseñados para coexistir en un entorno de paz social hecho posible por el pacto social subyacente al entramado institucional, los partidos “solo” deberían preocuparse de disponer de maquinarias más o menos engrasadas para competir por las mayorías parlamentarias. Ni siquiera la recluta del personal ha constituido un problema para los partidos del régimen que, operando como una agencia de colocación para los distintos niveles del Estado y las administraciones públicas, han visto afluir a sus sedes ese tipo antropológico que es hoy el “nervio” de nuestra democracia. En estas condiciones los partidos, todos los partidos, han funcionado como aparatos del Estado, instancias de reclutamiento para proveer el personal de dirección de las administraciones públicas. Una condición tan desideologizada tenía que hacerles presa fácil de los múltiples instrumentos de corrupción (en el sentido de primar los intereses privados sobre los públicos) que son habituales en el mundo de los negocios.

Ha sido en lo que se relaciona con el mundo del negocio inmobiliario en donde la corrupción ha sido más frecuente, llegando a establecer verdaderos canales paralelos para la adopción de las decisiones que correspondían a las administraciones públicas competentes. La situación de permanente insuficiencia financiera de estas administraciones, especialmente las locales, y el incremento de las expectativas entre la población derivados del incremento de la “oferta política” ha hecho que el desarrollo urbanístico se convirtiera en el recurso al que se dirigían todos los proyectos políticos necesitados de financiación. Los efectos sobre el sistema de partidos y especialmente sobre los dos que se han turnado en el gobierno del Estado y de la mayoría de las comunidades autónomas (CC AA) y comunidades locales (CC LL), se han dejado sentir de forma muy notable en la que el fenómeno de la corrupción es solo el indicador más espectacular.

Se han reiterado las referencias a la corrupción hablando de los partidos políticos. Las funciones que antes hemos visto les atribuye la Constitución les configuran como el espacio privilegiado de relación ente la sociedad civil y el Estado; de esa condición se supone que el constituyente esperaba solo resultados virtuosos, resumidos en el objetivo de la profundización de la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía. Los resultados efectivos lamentablemente han sido bien distintos, especialmente, insisto, en el caso de los dos partidos gobernantes. Han sido los sectores económica y socialmente dominantes los que han puesto a trabajar a los partidos políticos a través de dos vías principales y estrechamente relacionadas, de modo que una potenciaba los efectos de la otra y viceversa.

La primera ha sido la financiera: Una vez que los partidos gobernantes abandonaron el viejo modelo de partidos de masas que sus homónimos europeos habían desarrollado después de 1945 y en la carrera por captar el voto del electorado y, por ende, las ayudas públicas con las que realmente se financian, los partidos se han convertido en demandantes netos de recursos para financiar los elevados y crecientes costes de las estrategias de comunicación permanentes. En efecto, no es solo con ocasión de las campañas electorales que estos partidos invierten grandes sumas en atraer la atención del electorado. En muy buena medida, la actividad de estos partidos, fuera del ámbito parlamentario, se circunscribe cada vez más al despliegue de campañas de comunicación contrastadas con agencias especializadas que se terminan convirtiendo, de facto, en las auténticas productoras del discurso partidario.

La segunda tiene que ver, más que con los reclamos mercadotécnicos, con los contenidos esenciales de las propuestas partidarias. Prácticamente desde los años 80, poderosos grupos industriales y financieros han cultivado un tejido de relaciones con los partidos políticos gobernantes, tanto cuando están en el gobierno como cuando están en la oposición, en ámbitos e instancias más o menos institucionalizados pero destinados todos ellos a influir en las políticas prácticas que de una u otra manera se terminan implementando como políticas públicas. Esa tarea programática se complementa, en todo caso, con la que de forma aún mucho más estructural y permanente se desarrolla con los altos funcionarios públicos de distintos Departamentos, cuya capacidad de influencia en los políticos electos es muy elevada y cuyas opiniones suelen presentarse como el indispensable contraste “técnico” de las propuestas que traen los políticos partidarios. Esto vale sobre todo para la relación del PSOE con el alto funcionariado que suele actuar de contrapeso a las veleidades políticas de los electos/1. No es posible explicar la deriva actual del PSOE sin tomar en consideración estas influencias que han terminado convirtiendo la ideología socialdemócrata en un vulgar remedo del neoliberalismo con tintes tecnocráticos y adornos de políticas sociales compasivas.

Del lado del PP las manifestaciones de esta confluencia de intereses privados con posiciones políticas son más naturales, más “orgánicas”. Los cuadros del PP tienen una tendencia elemental a entender las razones y objetivos de los dueños de las grandes corporaciones aunque no se puede desdeñar la importancia que tiene la representación de intereses de sectores de pequeñas y medianas empresas en el interior del partido. La jerarquía de promotores inmobiliarios existentes en todo el país conecta con las tres administraciones públicas y con frecuencia es a través de estas y de sus partidos gobernantes que se alcanzan acuerdos imprescindibles para el reparto del suculento botín de las rentas del suelo. Citamos la industria inmobiliaria pero vale para la totalidad de los sectores económicos: los aparatos de los partidos operan con frecuencia como transmisores de recomendaciones a favor de esta o aquella empresa o corporación a la hora de hacer una adjudicación, de autorizar un establecimiento industrial o de avalar la financiación de alguna gran inversión privada.

El funcionamiento del sistema de partidos venía siendo lubricado por el espectacular flujo de recursos procedentes del negocio inmobiliario y sus aledaños. Con la burbuja inmobiliaria “pincha” también un modelo de financiación de los partidos políticos y de la política misma y se abre una profunda crisis que se manifiesta en la reducción de los cuadros disponibles por estos partidos. Como es obvio el golpe lo acusa más el partido que goza de menos “cuota” de gobiernos y administraciones públicas (el PSOE en este caso) y, como hemos visto, en él se ceban los problemas. Pero también se resiente la cohesión al interior del PP, esta vez como expresión de las contradicciones entre los sectores del pequeño y mediano y el gran empresariado y sus sectores vasallos entre los primeros. Contradicciones que se resuelven de forma invariable de la misma manera: aumentando el trozo del pastel a repartir sin tocar los trozos del mismo ni los criterios de reparto

Crisis del sistema

El sistema de partidos ha entrado en una fase crítica de su evolución. Es verdad que ha sido rejuvenecido con la entrada en escena de nuevos actores que han renovado y mejorado, siquiera sea relativamente, su grado de aceptación por al menos una parte de la ciudadanía. Especialmente en el caso de Podemos que, más allá de sus errores y/o aciertos, opera como el albacea político del legado del movimiento ciudadano 15M. Pero, terminado el largo ciclo electoral iniciado en mayo del 2014, no parece que eso sea suficiente para modificar sustancialmente los modos de funcionamiento del sistema en sus relaciones con el Estado y con la sociedad civil.

El problema central del sistema político español es que el partido que lo ha vertebrado/2 y, con él, al resto de las instituciones y al conjunto de la sociedad española, ha perdido esa función por causas que sería complejo analizar aquí y no ha sido capaz de reinventarse, permaneciendo apegado a sus viejas funciones cuando las condiciones de todo tipo que las demandaban han desaparecido o lo están haciendo.

Como el resto de los partidos socialdemócratas, con las especificidades propias de tiempo y lugar, el PSOE reconstituido después del franquismo ha aportado, sobre todo, un proyecto de paz entre clases sociales perfectamente funcional al modelo de desarrollo capitalista ensayado desde los años 70 en nuestro país. No es que este modelo de paz social a través de la concertación funcionara siempre a favor de la acumulación de capital, pero operaba como un referente imaginario que, más allá de las declaraciones políticas, inspiraba confianza, sobre todo al interior de la clase trabajadora, en que había un sitio para una vida digna en el orden del capitalismo español consagrado por la Constitución del 78. Está ya suficientemente difundida la teoría de la denuncia del contrato social subyacente a la Constitución por las élites del sistema y por efecto de la prevalencia del Derecho comunitario expresando el proyecto neoliberal europeo comandado por el capital financiero alemán. Cuando ese pacto social denunciado ha coincidido con la crisis del modelo de prosperidad español, las fuentes de legitimidad del sistema han quebrado y el PSOE no ha podido seguir ejerciendo las funciones de amortiguación del conflicto social que había venido desarrollando durante lustros.

Pero el personal del PSOE no quiere ni puede entender lo que le ha pasado al país y al propio PSOE. Entrenado y formado para ejercer desde las administraciones públicas las tareas de gestión del pacto social a través de las políticas que lo iban implementando a través de las distintas etapas del capitalismo español y sus necesidades, ha vivido la emergencia del 15M, primero, y de Podemos después, como la irrupción de unos intrusos y demagogos a los que había que expulsar de la escena lo más pronto posible en beneficio de la “defensa de la democracia”.

Contemplan a los jóvenes dirigentes de Podemos como sus peores enemigos, que les disputan el favor de los grupos sociales a los que pretenden seguir representando delante de los señores del dinero. Representan y han representado a los de abajo para apuntalar las estructuras del régimen pero la evolución de este ha hecho perder importancia esta función legitimadora. Ahora están desorientados, en un mundo que no comprenden y ya no es el suyo, cuando hacían de mediadores entre un capital siempre necesitado de la proximidad de las administraciones y un pueblo trabajador domesticado a base del terror generado durante cuarenta años por la dictadura y por el disfrute de una prosperidad entonces aún funcional a la acumulación capitalista. Se adormecieron con la dulzura de la gestión estatal de las reconversiones y el maná de los fondos comunitarios y pensaron que eso duraría eternamente. De poco les sirvió la advertencia del 96 cuando una derecha comandada por el fascista Aznar les arrebató el Gobierno; pensaron que era un mero accidente que podía arreglarse con “mejor comunicación”. Cuando la indignación contra los embustes de Aznar y la guerra en la que nos había metido le desalojaron de la Moncloa, pensaron que estaban reanudando la historia de los 80 y a las ansias de democracia de la gente/3 pretendieron responder con “republicanismo cívico”. Pero, entre tanto, el país había cambiado sustancialmente.

Este fue otro de los grandes errores del PSOE, del que ninguna dirección de las habidas hasta la fecha parece haber sido capaz de salir, la idea de que la gente (una sociedad de clases medias, como decían teóricos del partido como Maravall) podía aceptar los crecientes niveles de desigualdad y pérdida de derechos, claramente observable en la primera década del siglo, a cambio de avances significativos en el campo de los derechos civiles, presentados como mejoras en la “calidad de la democracia”. Esta idea, que era tributaria a su vez de la otra según la cual en esta sociedad de clases medias, los conflictos de clase habían dejado su lugar a reivindicaciones y cleavages más ligados a valores postmaterialistas y exigencia de reconocimiento de identidades nuevas (neociudadanismo), les hizo no percibir la ofensiva de las grupos poderosos en pos de la continuidad y el aseguramiento de cuotas de reparto de la riqueza nacional más ventajosas, después de los reiterados avisos que las sucesivas crisis financieras y períodos recesivos habían venido desarrollándose desde los años 70.

Tampoco fueron capaces de reducir la expansión de la burbuja inmobiliaria claramente perceptible cuando volvieron al Gobierno en 2004. Presos de la ideología social-liberal (una adaptación del neoliberalismo hegemónico) y de los mitos aledaños como el de la tan mentada “sociedad de clases medias” y el “capitalismo popular” (este menos citado por pudor residual), no encontraron la senda de la economía sostenible, a pesar de la postrera ley con tan pomposo nombre aprobada al final de la segunda legislatura de Zapatero (ZP).

Cuando estalló la burbuja en el contexto de la crisis global financiera, los dictados austeritarios de la troika se llevaron por delante el ya muy debilitado gobierno ZP. Antes tuvieron ocasión de un oprobio adicional: el desconocimiento del 15M y sus potencialidades de regeneración democrática, absolutamente ignoradas y hostilizadas por el entonces ministro de gobernación, luego secretario general del PSOE.

A partir de ahí se inicia un inexorable descenso en el apoyo popular al PSOE que alcanza su punto más bajo en las recientes elecciones del 26J. La situación y las expectativas ahora han cambiado pero, como ya se ha dicho, parece como si les costara admitirlo.

Que personas de la probada sagacidad del anterior secretario general del PSOE no hayan sido capaces o no hayan querido percibir que se iniciaba un proceso destituyente de la normalidad del 78, es muestra de hasta qué punto las instituciones habían colonizado su imaginario político que les impedía percibir las inequívocas señales de su declive.

Pueden intentar recobrar cierto talante de oposición pero precisan advertir el cambio de ciclo y no caer en la tentación de matar al mensajero del mismo, Podemos. Y en lo que concierne al sistema de partidos, deben asumir que se ha terminado el tiempo en el que carecían de competencia en cuanto a la representación de un cuadro de valores (los asociados a los contenidos sociales y democráticos de la Constitución) frente al cuadro de valores del “otro lado”. No solo por la competencia de Podemos, sino porque es este mismo cuadro de valores el que está en trance de modificación y porque los grupos sociales que los tenían como referente de sus preferencias políticas están asimismo cambiando.

Que estos cambios se reflejen en la Constitución, la del 78 reformada u otra surgida de un proceso formalmente constituyente, no me parece que sea en estos momentos lo sustantivo. Lo importante es que los actores políticos actuales, especialmente los que postulan proyectos políticos democráticos/4, comprendan el carácter constituyente del período, de ruptura del tiempo pasado y sus instituciones; los de la derecha del tablero ya trabajan en su propio proceso destituyente.

Para un partido como el PSOE, construido sobre la posibilidad de compatibilizar el desarrollo del capitalismo con la extensión y profundización de los derechos civiles, políticos y sociales, tal asunción no será tarea fácil y precisará de la mejor disposición con aquellas formaciones que comparten la esencia del proyecto democrático.

Pero más temprano que tarde sus dirigentes, militantes y, sobre todo, sus electores, la gente que se siente parte de lo que se llamó en tiempos el movimiento socialista, tendrán que escoger campo, el del capitalismo o el de la democracia.

1/08/2016

José Errejón es miembro del Círculo sectorial 3E (Economía, Ecología, Energía) de Podemos

Notas:

1/ Aunque bien es verdad que con el paso del tiempo y su conversión en un partido de Estado, los políticos del PSOE que llegan a puestos de responsabilidad política lo hacen con diferencias cada vez menos marcadas con las opiniones convertidas en “sentido común técnico” que atesoran los altos cuerpos de funcionarios, mayoritariamente de tendencia neoliberal conservadora.

2/ Vertebrar, aquí, tiene una acepción alusiva, nada valorativa. Que su sistema de valores, incluso cuando no era explicitado, contribuía a garantizar cierto clima de entendimiento y de orden entre los distintos grupos sociales, porque los de arriba veían asegurada su dominación y los de abajo porque, a pesar de esta, tenían confianza en recibir un sistema de compensaciones a su inferior participación en la distribución de la riqueza y el poder.

3/ Los gritos “lo llaman democracia y no lo es” y “que no nos representan” tuvieron su origen en las grandes manifestaciones contra la guerra donde ya estaban algunos de los dirigentes de Podemos.

4/ No quiero eludir la expresión “de izquierdas” por algún genero de moda actual. Creo firmemente que el conflicto central de nuestras sociedades, y de la española en particular, se da entre un proyecto inequívocamente oligárquico y autoritario y un proyecto histórico de democracia integral, entendido como un proyecto de autoinstitución permanente para el gobierno de la vida colectiva. Y todo ello teniendo en cuenta que lo que conocemos como “democracia”, la democracia representativa, está siendo ampliamente derrotada por el capitalismo, que propone de forma cada vez más directa las sociedades su lógica interna, la ley del valor, como la más eficaz para gobernarlas. Que la ley del valor presente síntomas desde hace cuarenta años de profunda crisis y sea la causa última de los colapsos que padecen estas sociedades solo muestra el abismo al que se aproximan y la urgencia de acometer su superación



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