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correiocidadania.com.br | Brasil tras las Olimpiadas. Entrevista a Renata Neder
"Una oportunidad perdida para dejar un legado positivo"
24/08/2016 | Raphael Sanz

Correio da Cidadania: A falta de 20 días para la apertura de los Juegos Olímpicos, Amnistía Internacional denunció que 2651 personas habían sido muertas por las policías en Río de Janeiro desde 2009, cuando la ciudad fue anunciada como sede de los Juegos Olímpicos. ¿Qué dice ese número sobre la realidad de la ciudad?

Renata Neder: Los datos muestran el aumento de la violencia policial en el Estado de Rio de Janeiro en la medida en que las Olimpíadas se aproximaban. Revelan que los Juegos fueron una gran oportunidad perdida de dejar algún legado positivo para la ciudad y una parte de tal legado tenía que ver con la seguridad pública. Se prometió una ciudad más segura para sus moradores, pero, los organizadores y autoridades fallaron dramáticamente con la promesa.

Por otro lado, además de haber fallado en entregar un legado de seguridad pública, vimos también que la propia realización de los Juegos resultó en violaciones de los derechos humanos en diversas áreas, incluyendo la seguridad pública. Uno de esos ejemplos es el aumento de las personas muertas por la policía.

Es claro que Río de Janeiro tiene un problema histórico de alta letalidad en las operaciones policiales. La policía de Río de Janeiro mata mucho. Pero la realización de megaeventos deportivos tiende a profundizar este tipo de violación que ya acontece en la ciudad o en el país sede. En el caso de Río, como tuvimos la experiencia, con la secuencia de tres megaeventos deportivos -Juegos Panamericanos en 2007, Copa del Mundo en 2014 y ahora los Juegos Olímpicos- podemos identificar un padrón de violaciones que se repite. Uno de ellos es justamente el aumento de personas muertas por la policía. O sea, si ya hay una policía que mata mucho, cuando recibe un evento de ese tamaño la tendencia es que aumente el número de operaciones policiales. Y si aumentan las operaciones, con una policía que mata mucho, va a aumentar también el número de personas muertas.

Eso fue documentado y denunciado en 2007 y en 2014, pero parece que las autoridades y el Comité organizador local no aprendieron con las experiencias anteriores, no implantaron ninguna medida preventiva para evitar que ocurriera y ahora vemos, en los meses previos a las Olimpíadas, el número dramático de personas muertas por la policía. Si miramos los meses de abril, mayo y junio de este año, en comparación con los mismos meses del año pasado, hubo un aumento de más de 100 % en el número de personas muertas por la policía. Es un escándalo.

Y además del número de personas muertas por la policía por causa del megaevento deportivo, también hay violaciones que ocurren directamente relacionadas a las acciones de seguridad pública específicamente volcadas al evento.

Siempre que Río recibe un megaevento deportivo, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Nacional de Seguridad son desplegadas en la ciudad. Y hay muchas violaciones documentadas relacionadas al uso de las Fuerzas Armadas para hacer tareas policiales, además del uso de la Fuerza Nacional. En 2007, hubo una carnicería que llevó el nombre del evento. La Carnicería del Pan (en alusión al Panamericano) fue una megaoperación de la Fuerza Nacional que resultó en 19 personas muertas en el Complejo Alemán. Y las investigaciones hechas sobre el caso revelaron que la mayor parte de las muertes fueron ejecuciones a quema ropa.

En la Copa del Mundo, nuevamente hubo despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad. Vinieron a actuar específicamente en la favela de la Maré. A pesar de que la Copa del Mundo se terminó, las Fuerzas Armadas permanecieron en la favela de la Maré por más de un año y una cantidad enorme de abusos fueron cometidos en la Maré, inclusive el caso de Vitor Santiago, que baleado por los militares, fue amputado de una pierna y quedó en una silla de ruedas/1.

Nuevamente, las autoridades anunciaron el mismo modelo de seguridad pública para las Olimpíadas. Estamos viendo un aumento de las operaciones policiales y de muertes causadas por la policía. Vemos a las Fuerzas Amadas nuevamente actuando en la ciudad, así como la Fuerza Nacional.

Correio da Cidadania: Sobre las muertes causadas por el Estado, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones, vienen denunciando desde hace años una política de exclusión que ahora alcanzaría su auge con la implantación de las UPPs (Unidad de Policía Pacificadora). ¿Cómo analiza el cuadro?

Renata Neder: Amnistía Internacional no tiene una encuesta específica sobre las UPPs, pero creo que hay algunos elementos importantes que precisan ser destacados. En primer lugar, las UPPs fueron presentadas como un proyecto de implantar otra forma de actuación policial, que llamaban de policía comunitaria o policía de proximidad. Reclutaron nuevos policías que, en teoría, darían otro tipo de entrenamiento a esas personas. Pero, sabemos que intervenciones puntuales no van a cambiar una estructura. Con el tiempo, obviamente los nuevos policías serían insertados en la estructura de la policía y en la estructura de seguridad pública. Y aunque tales estructuras hayan pasado por reformas, ellas van a operar en la misma lógica.

Hoy, pasados casi ochos de la implantación de la primera UPP, ya tenemos muchos relatos de uso excesivo de la fuerza, abusos, ejecuciones, torturas, violencia sexual, desapariciones cometidos por policías de UPP.

Está el caso de Amarildo en la Rocinha, donde el Comandante de la UPP estaba involucrado. En Manguinhos, por ejemplo, ocho niños fueron ejecutados por policías desde que la UPP fue implantada. En el Complejo Alemán, además de las ejecuciones hay innumerables abusos relatados por moradores por parte de policías y ninguna política de seguridad pública puede violar derechos humanos. No podemos aceptar el discurso de que las violaciones son necesarias para combatir el crimen organizado. O sea, combatir el crimen organizado no es incompatible con la garantía de derechos. Toda la sociedad se beneficiaría de una policía actuando dentro de la ley, que respeta los derechos humanos, que tiene un mínimo protocolo para usar la fuerza. Pero, infelizmente, no es lo que vemos.

La realidad es una policía que comete innumerables violaciones de derechos humanos, hace uso excesivo de la fuerza, tortura, perpetra malos tratos, abusos sexuales y, más allá de todo, todavía opera en la misma lógica que la policía siempre operó. La lógica de guerra, de confrontación, que mira el territorio de la favela como un lugar de ausencia de derechos, como si el Estado de Derecho no valiese e imperase un eterno Estado de Excepción. Eso es inaceptable.

Correio da Cidadania: En 2012 una recomendación de la ONU pidió el fin de la Policía Militar, o sea, la desmilitarización de las policías brasileras. ¿Amnistía Internacional concuerda con la recomendación?

Renata Neder: La recomendación no es directamente de la ONU, hace parte de un proceso que se llama Revisión Periódica Universal. Es un momento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en que los otros países pueden hacer recomendaciones para el país que está en revisión. Esa es una recomendación hecha por otros países a Brasil.

Amnistía Internacional ya se posicionó públicamente a favor de la desmilitarización de la policía brasilera. Inclusive, cuando el secretario general de Amnistía Internacional estuvo aquí en Río, en agosto de 2013, uno de los puntos colocados por él fue justamente la necesidad de desmilitarizar la Policía Militar.

Ocurre que desmilitarizar la policía no es la solución para todo. Es una pieza de un gran rompecabezas que precisa ser montado: la reforma de las instituciones de seguridad pública y policiales. La desmilitarización apenas es un elemento dentro de otras reformas. Una de ellas es el cambio cuasi simbólico de como la policía se ve, como el Estado la ve y como la sociedad ve el papel de la policía.

La policía en Brasil, por motivos históricos que remontan a su propio origen, se ve y se comprende como una fuerza de represión, de control social y percibe el número de muertos como un indicio de productividad, cuando en verdad debería percibirse como un instrumento de garantía de derechos y protección de la vida. El problema es que ella no se percibe de esa forma y el Estado mucho menos. Se precisa un cambio fundamental. Un cambio cultural, de percepción, de entender el lugar de la seguridad pública en el país.

Eso tiene varias implicaciones si pensamos que Brasil es el país con el mayor número de homicidios del mundo. Llegamos a 60 mil homicidios por año. En un país con tales números, se imagina que la política prioritaria de seguridad pública debería ser la reducción de homicidios. Sin embargo, basta ver lo que están haciendo las policías y los programas de seguridad pública de los estados brasileros para ver si esa es la prioridad.

En Rio de Janeiro, toda política de seguridad pública es basada en operaciones de “guerra a las drogas” y no de reducción y prevención de homicidios. O sea, de un lado vemos que las políticas de seguridad pública están fallando en proteger a todos, porque en el país con el mayor índice de homicidios del mundo claramente las instituciones están fallando en proteger el derecho a la vida, uno de los derechos más básicos. Por otro lado, los agentes de seguridad pública son los propios agentes de violaciones de derechos, inclusive del derecho a la vida.

Un porcentaje significativo de los homicidios son cometidos por policías. El año pasado, en ciudad de Río de Janeiro la policía fue responsable de uno de cada cinco homicidios, o sea, el 20 % de los homicidios cometidos en la ciudad. Es un dato totalmente chocante.

Correio da Cidadania: ¿Cómo percibe el advenimiento de la ley antiterrorismo recién engendrada en Brasil? ¿Al servicio de qué cree que estará?

Renata Neder: Amnistía Internacional, desde antes de la Copa de Mundo, hizo varias movilizaciones contra la Ley Antiterrorismo. La discusión no es necesariamente si el país debe o no tener una ley antiterrorismo. La discusión es sobre la forma y el tipo de ley que intentaron aprobar antes de la Copa del Mundo, claramente en un contexto de criminalización de las manifestaciones y protestas sociales. En un 2013 de grandes manifestaciones, varias leyes surgieron en el Congreso Nacional restringiendo el derecho a la manifestación o incluso criminalizando ese derecho. Una de esas leyes que surgieron en tal contexto fue justamente la primera propuesta de ley antiterrorismo.

La forma como la ley estaba escrita en aquella época claramente favorecía un uso de la ley con vistas a criminalizar manifestaciones. Inclusive había colocado en las propuestas el “crimen contra la cosa”, o sea, un daño a la propiedad iría a volverse un acto terrorista. La movilización de la sociedad por entonces hizo que la ley no fuese aprobada antes de la Copa del Mundo y la Copa se desarrolló sin precisar de Ley Antiterrorismo. Pero en se mismo tiempo tuvimos elecciones presidenciales, fue electo el Congreso más conservador de la historia de la democracia brasilera, según varios analistas políticos, y ellos consiguieron, finalmente, aprobar la ley en 2016, antes de las Olimpíadas/2.

La ley que fue aprobada no sigue le padrón mínimo de una ley penal, que al ser específica describe el tipo penal que la ley está creando. O sea, para acusar un crimen es necesario ser muy preciso al describir que crimen es ese, para no dejar márgenes a la arbitrariedad del sistema de justicia en su aplicación. Esta ley fue ampliamente criticada, por ejemplo, por el relator especial de la OEA (Organización de Estados Americanos) sobre la libertad de expresión. También fue criticada por cuatro relatores especiales de la ONU, en cuestiones de libertad de expresión y derechos humanos, y también Amnistía Internacional se posicionó contra la ley porque ella puede ser utilizada para criminalizar a manifestantes y a la protesta social. Además de eso, ella no tipifica ningún crimen nuevo. Lo que describe son crímenes ya existentes en la ley penal brasilera. Así, queda el cuestionamiento: ¿Por qué precisamos esta ley si lo que está escrito allí ya está previsto en nuestra legislación?

Además de eso, no podemos quedarnos apenas en el análisis técnico, precisamos atenernos al contexto de como se ha dado el proceso de criminalización de la protesta en Brasil. En 2013 y 2014, vimos que centenares de personas fueron arbitrariamente detenidas durante las protestas. Después, había legislaciones inadecuadas para el contexto de las mismas protestas, usadas para criminalizar a manifestantes. En San Pablo, por ejemplo, aplicaron la Ley de Seguridad Nacional, de la época de la dictadura militar. En Río de Janeiro y en otras sedes de la Copa usaron la Ley de Organizaciones Criminales para acusar a manifestantes, siendo que esta ley fue pensada para combatir bandas y crimen organizado internacional, y no para delitos cometidos en manifestaciones. Ya vimos esa película, ya vimos a la Ley de Seguridad Nacional y a la de Organizaciones Criminales siendo usadas para criminalizar manifestaciones y manifestantes. Por tanto, el riesgo de que la Ley Antiterrorismo sea usada en el contexto aquí descrito es muy grande.

Correio da Cidadania: ¿Qué decir del caso de Rafael Braga, morador de calle, preso desde 2013 bajo una acusación, en lo mínimo, infundada?

Renata Neder: El caso Rafael Braga es muy emblemático de violaciones y sobre-posiciones de violaciones, además de la selectividad del sistema de justicia criminal en Brasil. Así como cuando se mira a la principal víctima del homicidio, ¿quién es la víctima? Un joven negro de sexo masculino morador de favelas y periferias. ¿Quién la principal víctima de la policía? También el joven negro de sexo masculino morador de las favelas y periferias. Cuando se mira a quien está preso, también es el joven negro de sexo masculino morador de las favelas y periferias. ¿Y quién es el único preso y condenado en el contexto de las manifestaciones de 2013? Es Rafael Braga. Eso revela una vez más el padrón de selectividad del sistema de justicia criminal en Brasil.

Rafael Braga todavía es el símbolo de otras violaciones. Él fue preso el día de la mayor manifestación, ocurrida en 20 de junio de 2013, en Río de Janeiro, víctima de lo absurdo que es el sistema de justicia criminal que rechaza evidencias. Rafael portaba dos botellas de plástico de productos de limpieza y la pericia indicó que aquello no tenía potencial explosivo, no obstante, él fue condenado a cinco años de prisión por porte de material explosivo.

¿Cómo es que el sistema judicial puede ignorar su propia pericia? Es muy grave eso ocurra. Rafael quedó preso de junio a diciembre, cuando en diciembre vio estuvo por primera vez ante un juez. Es chocante que alguien esté preso tanto tiempo, inclusive preventivamente, pero refleja lo que acontece en el sistema carcelario brasilero, donde casi la mitad de los presos todavía aguardan juzgamiento.

Después, Rafael consiguió la progresión del régimen, salió y pasó a sufrir una persecución que muchos ex presos del sistema carcelario sufren en Brasil, inclusive en áreas de UPPs. Existen muchos relatos en áreas de UPPs de policías que persiguen a ex presos para extorsionarlos, por ser un blanco fácil, ya que están en libertad condicional y cualquier palabra del policía puede llevarlos nuevamente a la cárcel. Así, Rafael fue preso nuevamente con un flagrante prontuario y acusado de tráfico de drogas. Ahora está enfrentando el segundo juicio injusto de su vida por un crimen que no cometió.

Correio da Cidadania: ¿Qué opina de las manifestaciones que acontecen en Copacabana y en la Tijuca/3 contrarias a las Olimpíadas, entre otras que pueden explotar?

Renata Neder: Es siempre difícil saber cómo las manifestaciones van a ocurrir. Si será grande o pequeña. No esperábamos el tamaño de las manifestaciones que se dieron en junio y julio de 2013, después vimos que, en un primer momento, la violencia policial sirvió de combustible para las manifestaciones, las personas fueron a las calles a protestar inclusive contra la violencia policial. Pero después de un tiempo la estrategia del Estado represión directa con uso de la fuerza, de detenciones arbitrarias y de criminalización de los manifestantes acabó haciendo funcionar la política del miedo de la policía. Por tanto, es muy difícil prever lo que pueda acontecer. Lo que observamos es la probabilidad de una represión policial muy fuerte.

Podemos ver que las manifestaciones disminuyeron en relación a 2013, pero la represión policial continúa igual, como se vio con los estudiantes que ocuparon la Secretaría de Educación aquí. La policía invadió la Secretaría, de noche, con los estudiantes durmiendo y el lanzó bombas de gas lacrimógeno en aquel lugar cerrado. Fue una represión brutal a la ocupación.

También vimos escenas muy chocantes de la policía actuando en el pasaje de la antorcha olímpica en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense. La policía disparando balas de goma muy cerca de las personas, manifestante o no: bombas de efecto mortal siendo lanzadas en medio del público, en fin, indignante la forma como la policía brasilera actúa. Y las personas no necesariamente estaban protestando contra la antorcha, sino aprovechando la oportunidad para manifestarse a favor de salud y educación, derechos básicos, y acabaron reprimidas brutalmente.

La policía no sólo no sabe cómo lidiar de forma democrática con manifestaciones, sino que no entiende y no reconoce que la manifestación es un derecho humano, no reconoce el derecho a la libertad de expresión y de manifestación y se desplaza hacia los lugares de protesta creyendo que su papel es exclusivamente reprimir y dispersar, y no el de garantir que la protesta se realice.

Correio da Cidadania: ¿Es posible afirmar que tanto el proyecto de ciudad de Río de Janeiro en general, como el de recibir a los Juegos Olímpicos, fracasaron? ¿Cree en la prevalencia de la tesis de la ciudad-negocio, como la definieron algunos críticos en los últimos años?

Renata Neder: De un lado lo que vimos es que el legado prometido no fue entregado. En ese caso particular el legado de la seguridad pública, de una ciudad segura para todos. Por tanto, bajo ese aspecto las Olimpíadas fueron una oportunidad perdida para dejar tal legado a la población. Por otro lado, ya vimos que los Juegos, por si solos, causaron impactos negativos en lo que se refiere a las violaciones a los derechos humanos. En el pasado ya documentamos casos de remoción de comunidades y ahora recientemente la represión a las protestas, la restricción a la libertad de expresión y también el aumento de personas muertes por la policía.

La pregunta que resta es: ¿Al final de cuentas, para quién fueron las Olimpíadas? ¿Así como la Copa del Mundo, para quién fue positiva? Si usted conversa con la familia de Vitor Santiago ellos van a decirle que el legado que quedó no fue positivo. Si fuese a conversar con la Vila Autódromo, con el caso de 600 familias desalojadas, también le dirán que no fue nada positivo. Si habla con los moradores de Manguinhos o Acari, que están sufriendo dos o tres operaciones policiales muy violentas por semana, van a decirle que el legado no es positivo.

22/08/2016

Renata Neder, investigadora y asesora de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Rio de Janeiro

Notas

1/ El caso de O caso de Vitor Santiago Borges será contado por Correio da Cidadania esta semana.

2/ La Ley Antiterrorismo fue sancionada por la presidenta Dilma Rousseff el 16 de marzo de 2016 (NdT).

3/ En el transcurso de los Juegos Olímpicos se realizaron diversas manifestaciones. En Copacabana, se organizó una “Favela Olímpica” como demostración de protesta (NdT)..

Traducción: Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa



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