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Ecuador
Feminismo liberal y feminismo popular: aportaciones y límites
17/08/2016 | María Isabel Altamirano, Tania de la Torre y Alba Aguinaga

Este artículo hace un breve recorrido de los últimos 17 años del feminismo en el Ecuador, tomando como eje las dos corrientes que han estado presente en este tiempo, el feminismo liberal y el feminismo popular, resaltando sus aportes y límites para la construcción de un proceso emancipador para las mujeres.

En el gobierno de Lucio Gutiérrez hay un momento de crisis del feminismo liberal que se construye en Ecuador desde la década de los 80 y alcanzó una fuerte presencia en la institución del estado en los años 90 con la inclusión de derechos: 1993, el Código contra la violencia hacia la mujer; 1994, se aprueba la Ley de Maternidad Gratuita; 1997, se crea la primera Ley de Cuotas; y en la Asamblea Constitucional de 1998 se alcanza inclusión de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos; luego se incluirían los grupos GLBT.

A finales de los 90 e inicios de la primera década de siglo XXI hay una crisis institucional y del proyecto neoliberal que tiene su máximo en la crisis bancaria del año 1999 y la incautación de los ahorros de miles de ecuatorianas/os, que trajo como consecuencia una ola de migración a países de Europa y EE UU, con fuerte presencia femenina.

En estas condiciones, a inicios de la primera década del nuevo siglo crece el feminismo popular, vinculado a la lucha de los movimientos sociales que venía desde los 90, pero que a finales del 2000 recibe gran influencia del Foro Social Mundial (FSM) y la Marcha de Mundial de Mujeres (MMM), que coloca el contexto internacional de lucha de las mujeres imaginando “Otro mundo posible”. Las organizaciones de mujeres que vienen de las luchas con el movimiento indígena y las organizaciones antineoliberales, crecen en cuanto a participación política.

Hay tres aspectos que debilitan al feminismo institucional en 2003-2005: el fuerte machismo del gobierno de Lucio Gutiérrez; la crisis de representación política; y la dificultad del feminismo institucional de aplicar los derechos de las mujeres más allá de su aprobación. Por su parte el feminismo popular experimenta un crecimiento social a nivel de todo el país, pero con una dificultad de asumir la dirección política del movimiento de mujeres y generar una propuesta que vaya más allá de la institucionalidad.

Con el gobierno de Correa, desde el año 2007 aparece un recambio del feminismo liberal a feminismo liberal progresista, y la presencia de un feminismo popular que cuestiona algunas políticas del gobierno como el impulso del extractivismo, y al mismo tiempo otro sector que ve favorable las políticas sociales como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que se entrega a mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad en condiciones de pobreza.

En el 2008, la Asamblea Constituyente (AC), expresa intereses diversos de las organizaciones de mujeres que llevan propuestas de derechos económicos, políticos, sexuales, sociales, culturales y ambientales. La AC logra ampliar derechos para las mujeres excepto los derechos sexuales, en los que hay un retroceso. Si el feminismo de los 90 hizo un énfasis en el género, en el 2008 se hace un énfasis en los derechos económicos y pierden peso los derechos sexuales y reproductivos. También las normas constitucionales progresistas que se redactaron en la Constitución perdieron su radicalidad cuando se elaboran las leyes secundarias. Se debilitan temas fundamentales como la redistribución de la tierra, desprivatización del agua, derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria y economía social y solidaria.

El feminismo popular, entonces hace un énfasis en los derechos económicos y tiene un nivel de crecimiento, pero desde 2008 a 2014 cada vez es mayor la dificultad de compromiso y apoyo del estado. Se produce: 1) la cooptación de las organizaciones populares de mujeres; 2) la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no recogió la propuesta de despenalización del aborto por violación y lo penalizó, esto constituyó un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos; y 3) la represión y penalización a las luchadoras sociales.

Cada vez más las políticas del gobierno de Correa al parecer buscan:

  • El control del cuerpo de las mujeres y su sexualidad, por ejemplo con el COIP se penaliza las prácticas de aborto desde 2 a 6 años de cárcel, tanto a las mujeres como a los servidores de salud que lo practiquen, aunque saben que las mujeres incluso mueren por practicarse abortos en condiciones no seguras. El otro elemento fue cambiar la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENIPLA), por el Plan Familia Ecuador que es dirigido por una vocera de Opus Dei que propone una visión conservadora de la educación sexual.
  • Dejar que las mujeres, principalmente de sectores populares, sean quienes sostengan la mayor parte de la crisis económica, con el aumento e intensificación del trabajo, actualmente hay aumento del empleo en condiciones no adecuadas, empleo informal o subempleo, sin seguridad social e inestable. Se creó el seguro social para trabajadoras no remuneradas del hogar, pero sin todos los derechos de ley, y el aporte lo hacen miembros de la familia que trabajan con remuneración y no por el estado, a pesar de que el trabajo no remunerado aporta con el 15% al PIB nacional (INEC, 2014). La ampliación del permiso de maternidad de tres meses pagados, a nueve meses pero sin pago. Eliminación del Contrato Colectivo en las entidades públicas. Estas y otras medidas que aparecen como de buena fe no son sino una forma de buscar por un lado la adhesión de las mujeres a la política de Correa y por otro lado buscar mejores condiciones para el capital en detrimento de los derechos de las/os trabajadoras/es.
  • La criminalización de la protesta social, llevando incluso a la cárcel a mujeres jóvenes acusadas de terroristas por tener reuniones políticas o enjuiciar a mujeres campesinas por protestar en contra de la minería, el extractivismo y defensa de la pachamama. O ciudadanas y activistas sociales que expresen sus críticas son tachadas de malcriadas e infantiles.

El estado aprendió a utilizar el feminismo como acción política pública en medio de contradicciones patriarcales, como una forma de otorgar libertades mínimas para las mujeres, pero a la vez para debilitar su voz de protesta, lo que es muestra de una forma de sujeción de las mujeres a la estructura social dominante. Así como es innegable que hay un crecimiento de una igualdad formal para las mujeres en cuanto a representación política y en ciertos programas de gobierno, la mayor parte de las mujeres ecuatorianas viven el efecto negativo del modelo de desarrollo productivista impuesto por el gobierno.

El feminismo popular, permitió la cercanía entre las mujeres afroecuatorianas, indígenas y mestizas en torno a la construcción de demandas conjuntas. El aparecimiento de este sujeto político reivindicando la soberanía alimentaria, la economía para la vida, los derechos integrales de las mujeres, el derecho a la participación plena, la soberanía del cuerpo y la despenalización del aborto, y el reivindicar la revolución feminista como una alternativa a la sociedad. Pero en estos años el embate del estado ha sido sumamente fuerte y hay dificultad de las organizaciones de mujeres de construirse o fuera o dentro de los movimientos sociales, el pacto con las organizaciones sociales también tiene sus propias complejidades irresueltas para las mujeres feministas.
Hay una derrota momentánea del feminismo popular por la dificultad para dar otra respuesta a las demandas de las mujeres que sobrepasen lo institucional, el avance de la reinstitucionalización de las formas de hacer participación política y la cooptación de diferentes organizaciones. Se priorizaron los derechos económicos y los derechos sexuales se desplazaron, el género paso a segunda instancia, algo similar a lo ocurrido en la década de los 90.

Sin embargo hay organizaciones de mujeres y feministas que continúan el proceso de crítica y de lucha frente al estado, apoyando la lucha de las mujeres indígenas, incorporando luchas ecológicas, en contra del femicidio, por la defensa de una ley integral en contra de la violencia y realizando acciones de confrontación con el estado. El escenario de crisis económica se presenta como una oportunidad importante para el refortalecimiento del feminismo popular.

A modo de conclusiones

El movimiento de mujeres y demás grupos sociales atraviesan una crisis que se expresa en la fragmentación e institucionalización de sus demandas. En general hay desmovilización, desmoralización. Al mismo tiempo hay un proceso desde abajo que debe pasar por procesos diferentes para alcanzar a ser alternativa.
Mientras no encontremos una forma distinta a la institucionalización de las demandas de las mujeres no se puede encontrar una manera de avanzar. No alcanzamos a incluir un feminismo emancipador.
Ahora en medio de la crisis puede emerger un feminismo crítico, que es globalizado porque es una corriente dentro del feminismo y dentro del estado para ejercer política. Y a la vez este feminismo debe ser capaz de construirse en medio de una crisis que todavía parece de largo plazo.

María Isabel Altamirano, Tania de la Torre y Alba Aguinaga forman parte de la Asamblea Nacional de Mujeres Populares y Diversas de Ecuador.

8/2016



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