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elcritic.cat | Catalunya, el debate sobre el “proces
Los Comunes, el ‘procesismo’ y la conquista de nuevas soberanías
12/08/2016 | Gerardo Pisarello

Hace unos días, Jordi Muñoz publicaba en CRÍTIC un interesante y argumentado artículo sobre la compleja relación entre los Comunes y el independentismo (ver traducido en http://vientosur.info/spip.php?article11577) . Este texto apareció entre las votaciones a la mesa del Congreso y la polémica generada por el anuncio de una exposición sobre el franquismo en el Born. Desde entonces, las tensiones entre el mundo de los Comunes y ciertos sectores del independentismo han aumentado de manera significativa. Muchas de estas tensiones son parte del juego político y no tienen que ser magnificadas. Pero también es necesario buscar alternativas que desbloqueen el escenario actual y que contribuyan a un cierto entendimiento entre quienes defienden el cambio social y la radicalidad democrática. El objetivo de este artículo es plantear algunas ideas en este sentido, dialogando con las tesis que Muñoz plantea en su texto.

Las razones de las tensiones entre el mundo de los Comunes y una parte del independentismo son variadas. En opinión de Muñoz, hay una parte “ruidosa” del independentismo que siente animadversión por los Comunes, no tanto porque no sean independentistas, sino fundamentalmente “porque son de izquierdas”. Estas voces constituirían el grueso de quienes, desde las redes o desde los medios, “contribuyen, a menudo, a un ambiente irrespirable”. En cambio, habría todo un segmento de independentistas de izquierdas que han mirado con simpatía este espacio, que querrían entenderse, pero que progresivamente se están alejando por los silencios y ambigüedades de los Comunes sobre la cuestión nacional. Esta descripción tiene elementos innegables de verdad, pero admite algunos matices.

El ‘procesismo’ como problema

En principio, son muchas las razones para sostener que las críticas contra los Comunes no tienen que ver estrictamente con su posición sobre la independencia.

Tanto Barcelona En Común como En Común Podemos han defendido siempre el derecho de autodeterminación, que incluye el derecho a la independencia. Así mismo, cuentan entre sus filas con mucha gente no independentista, pero también con gente que sí lo es. El punto de conflicto, por lo tanto, no es exactamente este. No tiene que ver tanto con el supuesto “anti-independentismo intenso e insistente” de los Comunes del que habla Jordi Muñoz, como con su abierta desconfianza hacia el ‘procesismo’. O dicho de un modo menos equívoco: el rechazo de una hoja de ruta política acordada por Junts pel Sí y (en parte) por la CUP que permite a CDC (o al PDC) mantener la dirección del Gobierno de Catalunya y buena parte de su hegemonía cultural y económica, en su momento más delicado como partido político.

Efectivamente, muchas de las invectivas dirigidas a los Comunes en los últimos tiempos son críticas partidistas. Provienen sobre todo de sectores conservadores y derechistas, pero también de una parte creciente de las izquierdas independentistas. Estas críticas obedecen a varios factores, pero están ligadas, como el mismo Jordi Muñoz admite, a “la competencia electoral entre espacios contiguos”.

Muchas de las tensiones entre los Comunes y ciertos sectores del independentismo no se entenderían sin lo que Jordi Muñoz denomina “la mala gestión del post 27-S” y sin los resultados de las elecciones generales del 20-D y del 26-J. Estos comicios hicieron emerger una realidad sociológica y electoral no contemplada por el relato político dominante en Catalunya hasta entonces. Una realidad que, a mi parecer, va más allá “del tradicional voto dual” mencionado por Muñoz. Ciertamente, una parte del voto de En Común Podem procede de electores que se declaran independentistas (entre el 30 y el 40%, según datos publicados en CRÍTIC). Pero esto no quiere decir que estos electores no se sientan parte de los Comunes o que compartan una hoja de ruta que, como que no cuestiona el papel preponderante de CDC, dificulta, no ya obtener la independencia, sino la conquista de espacios concretos de soberanía (habitacional, educativa, energética) y el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación.

Aquí radica, creo, uno de los puntos más discutibles de la argumentación de Jordi Muñoz. No reconocer que el problema de los Comunes no es tanto con el independentismo como con el ‘procesismo’. En el fondo, las discrepancias fuertes de los Comunes no tienen que ver tanto con el “qué” (referéndum no necesariamente acordado, proceso constituyente, república catalana) como con el “cómo” (hacerlo ya, a través de cualquier tipo de gesto, dejando que CDC pueda determinar el sentido del proceso).

En realidad, una hoja de ruta controlada por CDC (más o menos renovada), aparece como una propuesta débil en términos soberanistas, puesto que es incapaz de ser suficientemente transversal, de interpelar a las mayorías sociales del país (las de la Catalunya de comarcas y también las de las ciudades invisibles, metropolitanas, que más han sufrido con la crisis)

Y es una propuesta débil porque la concepción convergente de la nación catalana continúa anclada en muchos de los registros elitistas y excluyentes del novecentismo. Esta concepción está reñida con la que históricamente ha defendido la tradición rica y plural del catalanismo popular y social. La del republicanismo federal de libre adhesión de un Abdò Terrades, de un Roca i Farreras, de un Pi i Margall o de un Companys. La del catalanismo libertario de Seguí o Peirò. La marxista de Maurín o Nin. La socialista de Campalans y Sierra i Moret. La socialista liberal de Rovira i Virgili. La comunista de Comorera. La antifranquista, obrera, vecinal y municipalista de la transición. La feminista de Montserrat Roig o Maria Mercè Marçal.

Una hoja de ruta que mantiene la hegemonía de CDC también es poco soberanista porque sus prioridades programáticas no son simples aspiraciones teóricas. Han marcado de manera efectiva el Gobierno de la Generalitat de los últimos años y han conspirado contra la soberanía fiscal (rebaja fiscal a casinos), contra la soberanía educativa (reforzando el papel de las escuelas de élite), contra la soberanía económica (impulsando activamente proyectos empresariales especulativos o ambientalmente nocivos, como el Barcelona World).

De hecho, la relación del mundo convergente con el PP, a pesar de algunas sonoras batallas mediáticas, dista de ser tan lejana como se afirma en público. No sólo por las votaciones conjuntas que se produjeron en ámbitos clave como las contrarreformas laborales o las políticas de austeridad, sino por algunos intentos recientísimos de entendimiento, como los derivados de la fallida operación Homs, ejecutada sin tapujos en pleno proceso de “desconexión”.

El pacto de Junts pel Sí y los pactos municipales

Jordi Muñoz insiste en que los Comunes no tendrían que despreciar el “giro a la izquierda” y el “progresivo pero ya imparable cambio de hegemonía” que se ha producido dentro del independentismo. Quizás. Sin embargo, el problema es que esta hegemonía está lejos de haberse trasladado al Gobierno de la Generalitat. Y esto es lo que le resta credibilidad a muchos actos de desobediencia que se tendrían que producir bajo la presidencia de CDC (que además, hay que recordarlo, controla el 60% de la lista de Junts pel Sí).

Mucha gente independentista reconoce que este escenario dificulta el acercamiento al “proceso” por parte del mundo de los Comunes. Pero recuerda que también los Comunes han aceptado pactar con el PSC, mostrando con esta decisión su renuncia a cualquier cambio de fondo. También aquí, la discrepancia es inevitable. Podríamos analizar a fondo las causas del actual acuerdo de Gobierno en Barcelona, donde el papel de ERC y de la CUP, como sostiene Jordi Muñoz, no es una cuestión menor. Lo que no es de recibo es tratar los pactos CDC-ERC en la Generalitat y Barcelona En Común-PSC en el Ayuntamiento como si fueran dos acuerdos simétricos.

Las diferencias, de hecho, son notables. Junts pel Sí es una confluencia hegemonizada por CDC, que de este modo se ha asegurado su preeminencia nada más y nada menos que en el Gobierno de la Generalitat. En Barcelona, en cambio, el PSC se encuentra en una posición claramente minoritaria. En realidad, los acuerdos municipales tienen un sentido que no puede extrapolarse a otras escalas. ERC gobierna en minoría con el PSC en Montmeló; participa con el PSC en un gobierno liderado por CDC en Lloret; gobierna con el PSC en Caldes d’Estrac y gobierna en Sants Sant Vicenç dels Horts con el apoyo de un grupo vinculado a Podemos, sin que nadie haya pedido ninguna ruptura.

Incluso la CUP gobierna con CDC a Cerdanyola y en Argentona con el PSC, y es conocida la buena relación existente entre el gobierno de Badalona, encabezado por una mujer independentista de izquierdas como Dolors Sabater, y el gobierno de Santa Coloma encabezado por una socialista como Núria Parlón.

Todas estas afinidades o acuerdos pueden cuestionarse o justificarse. Pero no implican que las fuerzas de izquierdas que los protagonizan hayan renunciado a sus propuestas de cambio, y en ningún caso tienen la misma entidad que el actual pacto de Junts pel Sí en el Gobierno de la Generalitat.

Los límites de un RUI bajo la hegemonía de CDC

El papel predominante de CDC también afecta a la credibilidad de algunas alternativas políticas que últimamente se están poniendo sobre la mesa, como el denominado referéndum unilateral, oficial y vinculante.

Los Comunes siempre han defendido el referéndum como una vía concreta del ejercicio del derecho a decidir y a la libre determinación. Para ser efectivo, este referéndum debe disfrutar de las máximas garantías procesales y ha de conseguir una participación ciudadana amplia. En un Estado democrático, la mejor forma de conseguirlo es mediante un acuerdo con el Gobierno estatal, como pasó en Quebec o en Escocia. Esto es lo defendido hasta ahora por los Comunes y muchas entidades independentistas, mostrando que si hubiera voluntad política una consulta de este tipo sería posible a través de la vía prevista por el artículo 92 de la Constitución española.

Ciertamente, cuando el gobierno del Estado bloquea de manera sistemática esta posibilidad, es totalmente legítimo plantear otras vías, no necesariamente acordadas con el Estado, para ejercer el derecho de autodeterminación. La clave está en que esta iniciativa garantice condiciones justas e imparciales de votación (con funcionarios, observadores, instancias efectivas de control), implique a sectores amplios de la población y obtenga el reconocimiento, cuando menos, de otras fuerzas políticas e instancias estatales y/o Internacionales. En definitiva, tendría que ser un referéndum, no necesariamente acordado, pero sí ampliamente reconocido por aliados internos y externos que refuercen su efectividad.

No está nada claro que CDC quiera o sea capaz de impulsar un referéndum de este tipo u otras medidas de desobediencia masiva capaces de forzar al Estado a negociar. De momento, sólo ha hecho mención a un inconcreto “mecanismo unilateral democrático”, al tiempo que ha apoyado explícitamente leyes antisociales del PP, ha impulsado numerosas medidas conservadoras en el Parlamento de Catalunya (cómo el ya mencionado apoyo a las escuelas concertadas de élite o las pistolas Taser) y no ha dejado de buscar acuerdos con el Gobierno estatal para mantener grupo parlamentario propio.

Es más, incluso si CDC se atreviera a convocar una consulta de este tipo, es dudoso que consiguiera implicar a un sector amplio de las capas populares del país. Unas capas que, por obvias razones –los recortes, los vínculos de CDC con la corrupción– no quieren dar más aire, no ya a la independencia como opción, sino a un gobierno encabezado por la derecha.

Confiarlo todo a la represión estatal, a la lógica del “cuanto peor, mejor”, tampoco parece una buena estrategia. Por un lado, porque el mismo Estado ha aprendido a dosificar sus iniciativas autoritarias. Por otro, porque sin la implicación de una parte sustancial de las clases populares y medias del país, y sin la simpatía de las clases populares y otros sectores progresistas del resto del Estado y de Europa, es muy difícil que una iniciativa legítima como la de un referéndum no acordado pueda provocar el “terremoto político” que desea Jordi Muñoz. En cambio, habría un alto riesgo de convertirla en una reedición degradada y con efectos limitados de la consulta del 9-N.

Las elecciones constituyentes como alternativa

En este punto, Jordi Muñoz (y mucha más gente) tiene derecho a dirigirse al mundo de los Comunes para preguntar: ¿cuál es, pues, la alternativa? ¿No hacer nada? ¿Limitarse a gestionar dentro de los estrechos límites jurídicos y políticos del régimen constitucional vigente?

La respuesta, en mi opinión, tiene que ser claramente negativa, y tendría que incorporarse en las prioridades organizativas y estratégicas de los Comunes. No aceptar la hoja de ruta “procesista” no implica resignarse al bloqueo del PP, mantener el statu quo o, como apunta Muñoz, sentarse a esperar que todo se derrumbe para continuar con las políticas de siempre. Hay alternativas. Preparar el escenario para un futuro entendimiento entre las diferentes fuerzas soberanistas del país, independentistas y no independentistas, con una hegemonía de las izquierdas, que es lo que según las encuestas y los últimos resultados electorales, se ajusta más a la realidad de Catalunya.

Ahora bien, para que esto pueda ocurrir, es fundamental cambiar la actual correlación de fuerzas en la calle y en las instituciones catalanas. Y esto no implica sumarse, sin más, a la hoja de ruta actualmente en marcha. En una democracia representativa, la única manera de cambiar la correlación de fuerzas institucional es a través de unas nuevas elecciones. Las urnas, obviamente, no lo cambian todo. Mucho menos si no hay presión en la calle. Pero sirven para contar y para terminar decidiendo de otro modo. Como ya ha pasado en el 20-D o en el 26-J, unas nuevas elecciones permitirían certificar la pérdida de hegemonía de CDC y establecer las bases para un entendimiento entre diferentes fuerzas de izquierdas.

Para que esto sea posible y tenga un sentido transformador, las próximas elecciones no pueden ser simplemente autonómicas. Tendrían que ser, cómo ha insistido recientemente Xavi Domènech, unas elecciones políticamente constituyentes. Es decir, unas elecciones a un Parlamento que, además de sus funciones legislativas ordinarias, certifique el agotamiento del modelo autonómico y el bloqueo ejercido por el PP y elabore un marco jurídico soberano para Catalunya.

Avanzar hacia una República o un Estado propios, pero desde otra correlación de fuerzas

Para ser realmente constituyentes, unas elecciones de este tipo tendrían que venir precedidas por un debate informado y plural sobre el modelo de país que la ciudadanía de Catalunya desea y necesita.

Pero un debate realmente constituyente no puede ser diseñado, como pasa ahora, exclusivamente para quien quiere un Estado independiente. Tendría que dirigirse a la mayoría social, a las clases trabajadoras y a los sectores medios, independentistas y no independentistas, que creen que el pueblo de Catalunya tiene que poder decidir soberanamente el alcance de su autogobierno y la manera de relacionarse con el Estado.

Ante el bloqueo del PP, esta defensa del autogobierno no puede consistir en el mantenimiento del statu quo o en la simple defensa del actual Estatuto de Autonomía. Al contrario, exige avanzar hacia una propuesta de Constitución para un Estado o una República propia.

Este Estado o República soberano podría plantear, libremente y en condiciones de igualdad, una unión federada o confederada con España o con los diferentes pueblos peninsulares y europeos. La fórmula concreta dependería de los debates y de las movilizaciones constituyentes previas, de la configuración política del nuevo Parlamento y de la ratificación final mediante referéndum del texto resultante. Pero comportaría, sin duda, una impugnación en toda regla del corsé centralizador en que se ha convertido el régimen constitucional español.

Es obvio que la propuesta de un Estado propio, de una “República catalana del 99%” libremente federada o confederada con otros pueblos, difícilmente podría prosperar en una España monárquica, gobernada por fuerzas centralizadoras y autoritarias dispuestas a servirse de las cloacas del Estado para ahogar cualquier iniciativa democratizadora que cuestione su poder.

Por eso, un proceso constituyente no subordinado, o un referéndum de ratificación constitucional, necesitaría, como cualquier iniciativa soberana, aliados. De aquí la importancia de que el proceso constituyente catalán consiga impulsar otros debates y movilizaciones constituyentes complementarios: en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid, y en el conjunto del Estado.

Esto permitiría que el clamor de una República catalana social y democrática pudiera fortalecer y nutrirse de los anhelos republicanos existentes entre las gentes y pueblos peninsulares, o de la aspiración a una República española o ibérica, igualmente social, democrática y respetuosa con la plurinacionalidad y con el derecho a la libre determinación de sus pueblos y de su gente (la misma Ada Colau apuntó en esta dirección cuando afirmó que su ideal sería una República Catalana libremente federada con una República española plurinacional).

La conquista de soberanías libremente compartidas

En un escenario así, el énfasis no se pondría tanto en la unilateralidad como en la no subordinación. Más que en la idea de desconexión, en la ampliación de la idea de soberanía, es decir, en la conquista de espacios de decisión propios que puedan ser libremente compartidos. La insistencia en la conquista de soberanías –laboral, energética, habitacional, tecnológica– que se puedan compartir no se compagina bien con el “nosotros solos”, el “ya se lo harán”, o peor, el “que se jodan”. Más bien al contrario, obliga a plantear abiertamente la necesidad de las alianzas y la fraternidad entre los pueblos y sus gentes, empezando por los que más están sufriendo la crisis, así como el reconocimiento y la coordinación de muchas luchas comunes –contra la corrupción y la precariedad, por las libertades políticas y los derechos sociales y laborales, por la sostenibilidad ecológica, por la igualdad de género, por el fortalecimiento del municipalismo–.

Esta conquista de soberanías podría realizarse ya, en el marco legal vigente (de hecho hay muchas leyes urgentes que el Parlamento de Catalunya podría haber aprobado y no lo ha hecho), pero sin duda exigiría desbordarlo. Esto hace que esta propuesta pueda recibir las mismas objeciones que se dirigen al RUI o a otras iniciativas que se sitúan fuera del marco legal estatal, puesto que también corre el riesgo de ser bloqueada por el gobierno central o el TC y de quedar reducida a un gesto sin consecuencias prácticas.

Es cierto. La diferencia, creo, es que unas elecciones constituyentes, y un eventual entendimiento soberanista amplio, con hegemonía de las izquierdas, estaría en mejores condiciones que el actual “proceso” de generar una fuerza social capaz de modificar efectivamente la realidad y de obligar al Estado, llegado el caso, a negociar.

Y esto, por varias razones. En primer lugar, porque de mantenerse las tendencias electorales actuales, sería muy probable que unas elecciones constituyentes facilitaran el sorpasso de las izquierdas, independentistas y no independentistas, aumentando el apoyo y la fuerza social del soberanismo. En segundo lugar, porque un proceso de este tipo, hegemonizado por posiciones de izquierda, despertaría muchas más simpatías entre las clases populares y las fuerzas progresistas del resto del Estado, de Europa y del mundo. Finalmente, porque un proceso constituyente realmente abierto a independentistas y no independentistas permitiría, a la vez, neutralizar el autoritarismo del PP y del nacionalismo españolista en general y conjurar el tono de superioridad moral que a menudo destilan algunas posiciones nacionalistas en Catalunya.

Las condiciones para una movilización y un debate constituyentes

Esta propuesta, evidentemente, no coincide con la hoja de ruta -de momento excluyente- pactada hace unas semanas por Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento de Catalunya. Pero permite buscar algunos puntos de encuentro y mostrar que la noción de “proceso constituyente no subordinado” puede ser algo más que un “artefacto retórico difícil de descifrar”, como sugiere Jordi Muñoz de manera punzante.

Naturalmente, la apertura de esta vía en Catalunya exigiría una movilización y un debate ciudadano, popular, intenso, que cuestione las prácticas de corrupción y las políticas de austeridad de estos años y que reconozca el papel de las clases populares, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen, en la construcción de un nuevo país, más justo y democrático. Y también reclamaría una rehabilitación de los puentes y del diálogo entre los mundos de los Comunes, de la CUP, de ERC, e incluso de aquellos sectores socialistas (dentro y fuera del PSC) capaces de reaccionar y de sumarse al cambio.

Esta alternativa tampoco implicaría, por supuesto, que otras fuerzas soberanistas, como el nuevo PDC o Demócratas de Catalunya, tengan que desaparecer o ser excluidas. Más bien al contrario, un escenario de este tipo contribuiría a su refundación real y se les daría la oportunidad de mostrar su lealtad a la voluntad del pueblo de Catalunya, incluso en caso de perder su posición hegemónica.

No se trata de un camino sencillo. Pero representa, creo, una de las pocas alternativas realistas, a corto y medio plazo, en el programa antisocial y centralista del PP y de C’s, al inviable reformismo de mínimos del PSOE y a la limitada hoja de ruta impulsada por el procesismo actual en Catalunya.

Ciertamente, articular una nueva estrategia soberanista exige una coordinación adecuada de los tempos de todos los actores concernidos. Ir demasiado lento o querer acelerarlo todo a cualquier precio, puede tener consecuencias contraproducentes y tal vez irreversibles. Tampoco es fácil pensar la coordinación entre las diferentes fuerzas implicadas en estos cambios. De hecho, muchas de ellas se están constituyendo o refundando, tanto en Catalunya como el ámbito estatal. Los propios “Comunes” son, ahora mismo, una realidad en construcción, presente en Barcelona y en el Congreso y en el Senado españoles, pero pendiente de constituirse en el conjunto de Catalunya.

Como el mismo Jordi Muñoz admite, algunas de las tensiones que hemos visto en los últimos días no facilitan el entendimiento amplio aquí propuesto. Pero estas reacciones, lejos de recluirnos en la resignación o en la parálisis, nos tendrían que hacer reaccionar. Y sobre todo, nos tendrían que empujar a tender todos los puentes que sean necesarios, una y otra vez. Los mismos a los que apelaba Lluís Companys cuando invocaba “el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una república libre y magnífica”.

09/08/2016

Gerardo Pisarello es primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y uno de los impulsores de Barcelona en Comú

http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2016/08/09/els-comuns-el-processisme-i-la-conquesta-de-noves-sobiranies/

Traducción: Àngels Varó



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