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Tribuna VIENTO SUR
La “ingobernabilidad” vino para quedarse… bajo la tutela de la UE. ¿Y Catalunya?
30/07/2016 | Jaime Pastor

Después de haberse librado a última hora de la multa europea, gracias al esfuerzo de alguien que se ha ensañado tanto con el pueblo griego -el ministro alemán Schäuble-, Rajoy acaba de manifestar que “acepta el encargo” de formar gobierno por parte de Felipe VI pero, al parecer, sin poner fecha y sin mucha confianza en poder contar con los votos necesarios para ser investido como presidente del gobierno. La concesión de la UE, como han declarado sus portavoces, no puede ocultar que se hace porque “después de los sacrificios que han hecho…, los ciudadanos dudan de Europa”; o sea, reconociendo la creciente crisis de legitimidad que sufre esta UE austeritaria. Pero ya le han dejado claro a Rajoy que sigue pendiente el recorte presupuestario de 10 000 millones de euros en los próximos dos años y que la decisión sobre la congelación o no de los fondos estructurales se tomará en otoño. Así pues, si recordamos la vieja máxima de que la política es “la expresión más concentrada de la economía”, ya sabemos bajo qué mando va a estar el nuevo gobierno durante el próximo bienio.

La buena noticia de la ausencia de multa se producía casualmente después de que se supiera que una jueza había decidido procesar al PP por el escándalo de la destrucción de los discos duros con información sobre la caja B de ese partido durante la etapa de Luis Bárcenas como tesorero. Decisión que confirma una vez más la naturaleza corrupta y criminal de ese partido, pese a que, por desgracia, siga habiendo alrededor de 8 millones de votantes que, sin pretender generalizar pero tampoco ignorar los estragos producidos por la cultura del cinismo político y los contravalores del neoliberalismo, le han “perdonado” ese “pecado” por considerar que sigue siendo la única alternativa frente a “los malos” (ya se sabe, Podemos) o, simplemente, porque garantiza la tan cacareada “estabilidad”. Una “estabilidad” que amenaza con no serlo precisamente para las pensiones de las que dependen muchas y muchos de quienes forman parte de su electorado más fiel, a la vista del saqueo que el PP está haciendo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En un momento de crisis de la UE post Brexit, en vísperas de una probable crisis bancaria y política en Italia –el referéndum en ese país en octubre en torno a una contrarreforma constitucional puede convertirse en un boomerang contra Renzi- y ante la presión de ser cómplice de nuevos recortes sociales, no sorprende que incluso el partido más afín al PP, Ciudadanos (C’s), se resista a dar el voto favorable a Rajoy. Algo comprensible puesto que el partido de Albert Rivera es consciente de que, pese a su relativa juventud fuera de Catalunya, se encuentra ya amenazado por un estrechamiento creciente de su espacio político en medio de una polarización que puede acentuarse en el futuro. El riesgo de seguir el camino que en el pasado reciente sufrió UPyD sería muy real si, una vez frustrada su aspiración a ser el relevo de la vieja derecha, pone por delante su contribución a la “gobernabilidad” en detrimento de la “regeneración” que le sirvió como plataforma de lanzamiento para un “populismo de derechas”.

Nos encontramos así, utilizando la clasificación empleada recientemente por Marcos Sanz/1, con que C’s quiere mantenerse en la posición de limitarse a ejercer el “poder de legitimar” el derecho del PP a formar gobierno, pero sin dar el paso de “reforzarle” mediante un voto a favor que podría significar un desgaste enorme –con mayor razón si es bajo la presidencia de Rajoy- y le podría convertir definitivamente en “muleta” de ese partido. Una posición que desde un espacio relativamente distinto y por razones diferentes –evitar dejar a Podemos el liderazgo de la oposición al PP una vez frenado el “sorpasso”- también desea mantener Pedro Sánchez, pese a las declaraciones públicas de Felipe González y compañía emplazándole a anteponer la “responsabilidad de Estado” a los intereses de partido.

Sin embargo, en las próximas semanas ambas formaciones políticas se van a encontrar con la fuerte presión de los grupos vinculados al Ibex 35 y la troika para que cambien de actitud y lleguen a algún tipo de pacto de investidura que permita la formación de un gobierno y evitar así unas terceras elecciones. Con todo, no va a ser fácil que ese pacto garantice que todas las fuerzas políticas ganen con él, dada la relación de fuerzas asimétrica entre ellas. Además, posiblemente tendría que incluir algún compromiso de moción de confianza a medio plazo (¿cumplidos los dos años de mandato de la troika?), ya que en caso contrario difícilmente se podrá echar al nuevo gobierno mediante una moción de censura constructiva que exigiría una candidatura alternativa. En todo caso, un paso del PSOE a la abstención ante la investidura de Rajoy (aunque fuera solo con una parte de su grupo parlamentario para impedir que salga el No) podría tener un coste nada despreciable en un sector de su electorado.

La alternativa propuesta recientemente en un Manifiesto “Por un gobierno de progreso. Por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos” ( www.gobiernodeprogreso.es ), al margen de la buena voluntad pero también de la lamentable evolución política que se refleja en algunas de las personas firmantes, no tiene, como ya hemos visto, ninguna posibilidad de convertirse en realidad. Caben, por supuesto, otras hipótesis, incluida una nueva oferta de Podemos al PSOE pero, como ha reconocido Pablo Iglesias, no parece que pueda tener mucho recorrido.

A la espera de cómo evolucionan los acontecimientos en este verano lleno de especulaciones y, en particular, de cuál sea el comportamiento final del PSOE, parece evidente que solo Podemos y las confluencias, junto con ERC y Bildu, ofrecen garantías de mantener su “poder de rechazar” al PP y a sus políticas en el nuevo parlamento.

En medio de este panorama de incertidumbre gubernamental y ante una legislatura que se anuncia inestable y tensa, irrumpe de nuevo la cuestión catalana. Se podrá disentir o no de la decisión –y de los motivos y su oportunidad- de llevar al pleno del Parlament las conclusiones de la Comisión que acordó proponer el inicio de un proceso de “desconexión” con el Estado español que deberá ser sometido a ratificación o no de la sociedad catalana. Con todo, quien esto escribe no duda de la legitimidad del paso dado tras la repetida constatación del bloqueo tanto del gobierno como del Tribunal Constitucional/2 a la petición reiterada del traslado de la competencia para poder convocar un referéndum sobre la independencia al Parlament.

Rasgarse las vestiduras una vez más frente al “desafío independentista”, poco después además de que el partido candidato a formar gobierno en el Estado no haya tenido rubor alguno en contar con los votos de la antigua Convergència para la conformación de la Mesa del Congreso, supone de nuevo volver al viejo discurso de “se rompe España”, justamente cuando está archicomprobado que el mismo contribuye al aumento del independentismo en esa Comunidad. Porque si bien es discutible que esa opción cuente hoy con el apoyo de una mayoría de la sociedad catalana (aunque un reciente sondeo confirma su ascenso frente a otras opciones), no nos cansaremos de repetir que la mejor forma de verificarlo sería mediante un referéndum que fuera resultado de un pacto entre el Estado y el Parlament, como propone En Comù-Podem. El problema está en que esa vía aparece hoy y en esta nueva legislatura como una vía muerta. En esas condiciones, ¿qué otra vía queda que no sea la de la desobediencia civil e institucional para forzar al Estado y a la UE a cambiar de actitud? ¿Hace falta recordar otra vez que tanto en el caso de Quebec como en el de Escocia se llegó a un acuerdo sobre la convocatoria de referendos similares al que se reclama desde Catalunya sin que en los parlamentos respectivos fueran mayoría los partidos independentistas/3?

Estamos, por tanto, ante un escenario que confirma que la crisis de régimen no se ha cerrado y que la inestabilidad sociopolítica que genera mantiene abierta la ventana de oportunidad para seguir apostando por el “Cambio”. Una ventana por la que, de manera difusa desde las movilizaciones del 15M y luego en el ámbito mediático, electoral e institucional con herramientas como Podemos y las confluencias, hemos ido entrando durante estos años pero sin haber llegado hasta el punto de poder “ganar” las elecciones generales del 20D y, después, del 26J.

En esta nueva fase no se trata de renunciar a aspirar a ser alternativa de gobierno, pero sí de ser conscientes de que actualmente no existe la relación de fuerzas necesaria –no solo electoral- para poder serlo. Por eso sería un error continuar dejándose llevar por la lógica electoralista que ha predominado en el equipo dirigente de Podemos y que algunos de sus miembros pretenden reforzar ahora afirmando que esta formación “tiene que cambiar… para gobernar”. Una propuesta que además parece ignorar que, como hemos visto entre el 20D y el 26J, este joven partido no tiene todavía un electorado fiel y corre el riesgo de nuevo de aparecer como un partido más de la “vieja política”, por querer aplicar una transversalidad sin “líneas rojas” y con “ambigüedad calculada” permanente,. Una orientación, en suma, en la que el programa se seguiría adaptando a un discurso cambiante en función de la presión mediática y de las encuestas, con lo que probablemente acabaría perdiendo apoyos en distintos segmentos de su electorado potencial.

Podemos tiene que cambiar, pero para refundarse como partido no convencional (alejado, por tanto, del “modelo” de Vistalegre), siendo capaz de caminar hacia una “construcción colaborativa” de alternativas creíbles, viables y factibles que a su vez no se limiten a ofrecer programas de mera gestión de lo “realmente existente”. Porque ése es el riesgo que existe ya en el ámbito municipal y que debemos esforzarnos por superarlo, a la vez que evitemos que se extienda a escala autonómica negándonos a participar en gobiernos encabezados por el PSOE. Nuestra tarea está en mirar más allá del “realismo capitalista” (Mark Fisher), de ese sentido común neoliberal que insiste en que “el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable”: tenemos que ir construyendo frente al mismo “utopías reales”, como las llama Erik Olin Wright o, con el viejo lenguaje que recientemente empleaba Manolo Monereo, programas de transición que superen la también vieja oposición entre el programa mínimo y el programa máximo. Y esto afecta directamente, por ejemplo, a cuestiones clave como la Unión Europea, el Pacto Fiscal o la deuda, respecto a las cuales las principales portavocías de Podemos fueron conscientemente ambiguas o simplemente mudas durante la campaña electoral.

No se trata, por tanto, de construir un nuevo proyecto “socialdemócrata”: el bloque histórico contrahegemónico no puede ser pensado y llevado a la práctica en esta etapa de “guerra de posiciones” como un problema dependiente de las relaciones con el PSOE o con la autodenominada socialdemocracia europea. Tiene que ir construyéndose mediante un trabajo en la sociedad civil y desde las instituciones que busque la reactivación de los movimientos sociales y el aprendizaje y extensión de experiencias de sindicalismo social, como la PAH y las mareas, contribuyendo así a la emergencia de nuevos actores y actrices sociales, políticos y culturales a favor del “Cambio”. Será a medida que avancemos por ese camino como el PSOE y los principales sindicatos deberán replantearse unas estrategias que siguen presas de la nostalgia por un neocorporativismo y unos “consensos” de Estado que ya no volverán.

Ese bloque histórico, además, debe ser repensado también en el marco de nuestra realidad plurinacional. No se debería concebir en términos de la construcción de “un pueblo” sino de varios pueblos, entendidos como distintos demoi, o sea, como sujetos políticos propios voluntariamente (con)federados pero no superpuestos ni subalternos unos de otros. Junto con la necesaria removilización social que esperemos se desarrolle en otoño contra las políticas austeritarias y por la democracia, las próximas elecciones gallegas y vascas pueden ser una oportunidad para ir madurando ese proyecto en común reivindicando con claridad y firmeza la soberanía de ambos pueblos, y con ella la de todos los pueblos con o sin Estado, frente a un despotismo oligárquico cada vez más omnipresente. O sea, democracia frente a un estado de excepción, financiero y securitario, que se puede ir convirtiendo en permanente.

28/07/2016

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política y editor de VIENTO SUR

Notas

1/ “Gobiernos compartidos”, El País, 14/07/2016

2/ Un Tribunal Constitucional que se está reafirmando como una verdadera “tercera cámara”, declarando inconstitucionales algunas leyes sociales aprobadas por el parlamento catalán y avalando en cambio la exclusión por el gobierno del PP del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras con residencia estable pero en el limbo legal (Sebastián Martín, “Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social”, cuartopoder.es, 28/07/2016, http://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/07/28/tribunal-constitucional-desmantelamiento-del-estado-social

3/ Martí Caussa, “La desobediencia, sus alternativas y sus desafíos”, Viento Sur, 15/11/2015, http://www.vientosur.info/spip.php?article10691



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