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Brexit
El relato contra una democracia más participativa
14/07/2016 | José Segovia Martín

Surgen como setas en las últimas semanas artículos y reportajes que sitúan en el centro de su análisis una suerte de locura democrática que aparentemente recorre Europa, relacionando el caos económico y político del momento con un exceso de interpelación democrática al pueblo. Los movimientos asamblearios recientes, las pretensiones independentistas en Catalunya y Escocia, la tendencia actual de algunos partidos políticos a consultar a sus bases militantes y, sobre todo, el Brexit, constituyen sin duda ejemplos de un cambio incipiente de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, conviene reflexionar con detenimiento sobre estos asuntos para, por lo menos, permanecer protegidos y no caer en la denostación automática de dichos procesos, servida en bandeja por la prensa del establishment para la preservación de sus intereses privados.

Pareciera que, sin decirlo expresamente, los analistas de algunos medios quisieran encontrar un culpable rápidamente, por lo que buscan en sus columnas o artículos dominicales respuesta rauda a la primera y más automática pregunta que cualquier sofista plantearía: democracia directa, ¿sí o no? No deja de resultar sorprendente y cuando menos cuestionable que aquellos mismos que se señalan como detractores, quizá con razón, del referéndum británico por su simpleza interpretativa, respondan ahora pontificando con falacias lógicas, e ideológicas, a la histórica cuestión de los límites de la democracia directa. Que el resultado no haya gustado o que el argumentario de la derecha xenófoba haya prevalecido, no deberían ser considerados motivos válidos para poner en tela de juicio la eficacia de una alternativa electoral participativa, sino la manifestación concreta que ha tomado en este caso en Reino Unido. Que la cuestión mediática esté de actualidad no implica de ninguna manera que sea más relevante para establecer una causa efecto entre el Brexit y la validez de la democracia directa, ni que se pueda concluir a partir de un referéndum, mejor o peor planteado, que un determinado sistema electoral es bueno o malo. Y esto es porque la materialización de un proceso concreto, en este caso el referéndum británico, no siempre responde al planteamiento teórico ─adecuadamente ejecutado─ de un concepto, en este caso la democracia participativa, sino muy probablemente a otros intereses, ya sean económicos o políticos, con sus diferentes extensiones propagandísticas y/o coercitivas.

Aunque algunos de estos analistas siempre terminan afirmando de una manera u otra que los sistemas electorales no son buenos o malos en sí, cosa absolutamente cierta, resulta evidente que destilan una oposición frontal a los mecanismos de democracia participativa, al menos cuando el resultado no es el esperado. Sin embargo, si deseamos plantear el debate con seriedad, no deberíamos trampearlo con aseveraciones grandilocuentes sobre qué sistema de participación política es mejor, sino intentar dar respuestas concretas a hechos concretos para constatar qué ha fallado y qué es susceptible de mejora, cosa infinitamente más útil que especular sobre el bien y el mal, o lo que es lo mismo, sobre si el referéndum británico ha sido un ejemplo paradigmático de democracia participativa o simplemente una chapuza.

Por ejemplo, cabe preguntarse si es cierto que nos hayamos vuelto locos últimamente con la convocatoria de referendos y si por consiguiente esto va asociado, como afirman algunos –sin entrar a definirlo─, a la emergencia de populismos. Para contestar, no hay más que echar un vistazo al historial de consultas que se han producido en Europa desde los años 1970 y comprobaremos que no es cierto que se haya producido un incremento en los últimos años. En España, sirvan como ejemplo a nivel estatal el referéndum de 1986 sobre la permanencia en la OTAN o el referéndum no vinculante de 2005 sobre la aprobación del Tratado por el que se establecía una Constitución Europea. Además, otros 7 referendos sobre diversos Estatutos de Autonomía se han producido en España en época democrática. En Reino Unido, el 8 de marzo de 1973 Irlanda del Norte votó en un referéndum sobre su soberanía. Desde entonces, otros 11 referendos se han llevado a cabo en el país según datos de la página web del parlamento/1. En Francia, según datos del Conseil Constitutionnel/2, 10 referendos a nivel nacional se han producido desde 1958, ocho de los cuales se produjeron antes del año 2000.

Pero además de estos ejemplos, que vienen a ilustrar someramente una tradición de consultas relativamente limitada pero constante que no permite dar el mínimo crédito a la teoría ─más mediática que académica─ de la explosión alocada de democracia participativa en los últimos años, se han producido no pocas consultas que han resultado antidemocráticas no precisamente por el hecho de realizarse sino más bien por el hecho de haber obviado el resultado. Por eso cabe preguntarse en estos casos si la fuente del déficit democrático está en la consulta en sí o en otras causas como por ejemplo la inexistencia previa de un marco de salida tras la consulta. Baste con recordar que en los referendos islandeses de 2010 y 2011 los ciudadanos votaron en contra de pagar la deuda externa de los bancos en quiebra del país, y los resultados fueron total o parcialmente desoídos por las instituciones. También a la postre fueron sorteados políticamente en el año 2005 los“noes” de Francia y Países Bajos al Tratado de establecimiento de la Constitución Europea. Curioso que unos años después, la ratificación del Tratado de Lisboa de 2007 -reforma institucional de la Unión Europea-, no pasara por consulta popular más que en Irlanda del Norte, donde el “no” se impuso en primera instancia en 2008, antes de una segunda consulta en 2009 en la que finalmente el “sí” obtuvo mayoría. Nuevamente, cabe preguntarse en estos casos dónde estriba el déficit democrático, si en la consulta o en la ejecución de la misma. ¿Qué determina que una consulta pueda repetirse? ¿Cuándo es definitiva? ¿Cuál es el marco de salida de una decisión de tal calado? ¿Quién dirige las campañas electorales?

Pocos analistas de los principales medios parecen haberse quejado de que tras el referéndum griego de 2015 en que el pueblo griego votó ─en medio de una tormenta de presiones mediáticas y económicas sin precedentes─ contra el paquete de medidas de austeridad de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, el resultado fuera soslayado por los propios gobernantes griegos y por las instituciones europeas. ¿Dónde situar aquí el déficit democrático?

Parece quedar desmentida por lo tanto la idea de que estamos atravesando un momento histórico definido por el aumento de consultas populares por parte de las instituciones, al tiempo que parece evidente también que los déficits democráticos no provienen tanto de las consultas en sí mismas como de la ejecución concreta de dichas consultas, muchas veces dirigidas por intereses económicos y/o políticos.

Cuando echamos la vista atrás, además, enseguida se revelan contradicciones en este tipo de análisis mediáticos. ¿Han sido las consultas al pueblo criticadas con la misma fuerza y por los mismos motivos cuando los resultados fueron los esperados o deseados por las instituciones? También aquí parece claro que no. Poca gente dudaría hoy de lo beneficiosos que resultaron los referendos del 22 de mayo de 1998, cuando el acuerdo de Belfast entre los gobiernos británico e irlandés fue refrendado mediante sendas consultas populares, poniendo fin al conflicto armado en Irlanda del Norte.

Un caso mucho más revelador, si acaso, de las contradicciones intrínsecas de este tipo de análisis lo encontramos en el referéndum francés para la aprobación del Tratado de Maastricht, más conocido como el “petitoui”. Un 51% de franceses votó a favor, y un 41% en contra. Sin embargo, aun cuando el resultado fue extremadamente ajustado, ¿hubo entonces una oleada de artículos poniendo en duda la necesidad de consultar al pueblo? No hay más que revisar la hemeroteca para comprobar que no, lo que evidencia una vez más el sesgo que introduce el agrado por el resultado en el análisis periodístico de este tipo de procesos.

Así pues, todo indica que en el análisis generalista de las votaciones cobra más importancia la identificación institucional con el resultado inmediato que la crítica coherente partiendo de un conjunto de ideas y definiciones. En otras palabras, cuando el resultado es el deseado el referéndum es visto como un mecanismo legitimador más, cuando el resultado no es el deseado el referéndum no solo se convierte en un mecanismo ineficaz sino que constituye un ejemplo peligroso de democracia directa. Salta a la vista que el problema, además de en los análisis incoherentes, está en la forma concreta que tomen en cada momento los procesos democráticos. Si el resultado del Brexit no nos gusta, no deberíamos descargar nuestras ínfulas contra la democracia directa, que nada tiene que ver, sino contra las formas y los fondos que llevaron a una situación de ruptura política y económica con el resto de Europa.

A pesar de todo, aun asumiendo la hipótesis de que no existe inflación democrática, de que no hay nada de nuevo en un referéndum y de que un proceso concreto como el Brexit no tiene nada que ver con un conjunto de ideas y procedimientos ejecutados con sensatez en favor de una mayor representación democrática, es necesario señalar las carencias y limitaciones que sin duda van inevitablemente ligadas a los intentos de profundización democrática mediante procesos de participación ciudadana y/o consulta popular.

Porque no cabe duda de que el referéndum del 23 de junio se levantó sobre pilares precarios. Por una parte, una campaña mediática nada objetiva, propia de nuestros tiempos, guiada por el sensacionalismo y fiscalizada por opuestos intereses económicos e institucionales. Por otra, un pueblo dividido por una crisis económica que es atribuida a diferentes causas, entre las cuales pocas veces se señala la dinámica propia del capitalismo más allá de un euro disfuncional. No había tampoco un marco de salida a la consulta, pues no se habían establecido márgenes concretos de voto a partir de los cuales se tomasen decisiones rotundas o se abriesen procesos de negociación determinados, por lo que los ciudadanos votaron a ciegas, sin conocer exactamente las consecuencias de la votación, lo que en el escenario actual puede ser leído tanto por los ciudadanos a favor como por los ciudadanos en contra del Brexit como una limitación a sus aspiraciones democráticas, ahondando en el ya de por sí deteriorado estado de desconfianza en las instituciones. Si a esto añadimos la alta abstención, sobre todo entre los jóvenes, queda retratada la imagen de un pueblo confuso, dividido, donde el conflicto muestra en todo su esplendor la incapacidad de las instituciones para controlar las tensiones generadas entre ciudadanos, gobernantes, trabajadores, grandes capitales, jóvenes, mayores, norte, sur, zonas rurales y zonas urbanas. Todas estas razones, y seguramente otras más, exhiben defectos atribuibles a la forma material que adoptó el referéndum británico y, sobre todo, a las consecuencias dramáticas de la crisis económica, no a un supuesto exceso de consulta popular.

Luego parece sensato poner en cuarentena este tipo de análisis categóricos de la realidad política, que pueden llevarnos a la justificación irracional de las carencias democráticas actuales y al aborto de alternativas verdaderamente oportunas –si son bien ejecutadas─ para intentar resolver esas mismas carencias. Cuando, como en el caso que nos ocupa, no se ha analizado la causa original del problema, a saber, una mala ejecución de un referéndum, se argumenta que la crisis ha hecho resurgir el populismo. ¿Acaso podría haber sido de otra manera? Y sin embargo, aunque diéramos por cierta esta asunción, aún quedan por definir todos los adjetivos que han sido utilizados como arma arrojadiza contra las alternativas, sin ahondar en lo populista o radical que ya de por sí pudiera estar siendo la propaganda de las instituciones y el capital. En definitiva, se está escribiendo un relato no a favor de mejorar la praxis del modelo político o electoral que vendrá, sino a favor de mantener el statu quo, en defensa de salvaguardar los intereses del capital. De lo contrario, su análisis partiría de hechos concretos, no de la atribución de propiedades tóxicas a modelos electorales que, al menos en el caso de Reino Unido, no han sido puestos en práctica de manera adecuada.

José Segovia Martín es profesor e investigador

Notas

1/ Parlamento del Reino Unido (2016). Referendumsheld in UK. Edición digital consultada el 10 de julio de 2016.http://www.parliament.uk/get-involved/elections/referendums-held-in-the-uk/

2/Conseil Constitutionnel (2016). Tableau récapitulatif des référendums de la Vème République. Edición digital consultada el 11 de julio de 2016. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/2000-referendum-sur-le-quinquennat/tableau-recapitulatif-des-referendums-de-la-veme-republique.16351.html



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