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Un fantasma del horror en nuestras vidas
La tortura
05/07/2016 | Gonzalo Tejerina Lobo

Todavía está reciente el eco suscitado por la enésima condena de la Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo) contra España en mayo y las declaraciones de Joaquim Bosch portavoz de Jueces para la Democracia manifestando que dichas sentencias son un motivo de vergüenza para nuestro país. Y un mes antes el ministro de Interior se defendía atacando al solicitar sanciones para el juez de Castro de la Audiencia Nacional, que resaltó la existencia de torturas y la poca diligencia de las instituciones que debieran combatirla. En este contexto irrumpe en plena campaña electoral el informe anual 2015 de la CPDT (Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura)

No obstante el hecho cierto es que este asunto queda fuera de la campaña y no se aborda en ningún debate, ningún acto electoral, ni figura en ningún programa que conozcamos de ninguna de las principales fuerzas que concurren el próximo 26J a la interminable prorroga de las últimas elecciones; esa flagrante omisión me parece suficiente para justificar el titulo que encabeza este artículo y la constatación de que un muro de silencio rodea a la tortura.

En ello trataremos profundizar al interpretar los datos que sugiere dicho informe de la CPDT

Resumiendo sus contenidos, hay que destacar:

Un descenso sensible de los casos y situaciones recogidos (de unos 900 en 2014, a 230 este año). Este descenso no se debe a una causa única y menos a un cambio positivo en la sensibilidad institucional, como explicaremos más adelante, sino a una concatenación de hechos y circunstancias que voy a enumerar:

· Reducción drástica de los episodios dramáticos y de gran repercusión pública ocurridos en la Frontera Sur (vallas de Ceuta y Melilla), debido a los acuerdos con las autoridades marroquíes para contener con su Guardia Fronteriza los intentos de saltar dichas vallas, actividad disuasoria que se lleva a cabo con suma violencia por su parte, y de legalizar las devoluciones en caliente por parte española, a pesar de que implican situaciones de malos tratos y tortura generalizados, hechos que se pueden constatar con datos concretos del informe y sumados constituyen la situación actual del problema, más grave para los derechos humanos si cabe que la anterior

· Reducción de las movilizaciones en número e intensidad respecto del año precedente. Junto a factores como puedan ser las expectativas institucionales generadas en los diversos movimientos sociales, hay que destacar la enorme capacidad de amedrentar y la fuerza disuasoria que supuso la llamada Ley Mordaza, mediante la cual en los primeros 7 meses de vigencia se impusieron 38 000 sanciones administrativas, con cuantías económicas muy importantes y que ha sido aplicada a muchos casos de poquísima relevancia como una simple discrepancia con las fuerzas del orden pero que se convierten, con dicha ley en la mano, en desconsideración y/o desobediencia cuando no resistencia o atentado a la autoridad

· Aumento de la desconfianza en la Justicia, que lleva a desistir de realizar denuncias, y de inseguridad jurídica de las personas que lo hacen puesto que en el 38 % de los casos estas denuncias se vieron acompañadas de contradenuncias por parte de las fuerzas de seguridad -atentado y resistencia- además de la criminalización mediática de las víctimas y su entorno

· Otra razón no desdeñable es que nuestros efectivos son bastante limitados y no podemos documentar de forma suficiente todos los casos que conocemos, ni llegamos a todos; otras veces nos piden las víctimas no publicar su caso por temor a represalias y que se repitan las vejaciones. Las limitaciones se comprueban observando cómo es mayor el número de casos registrados allí donde llegan las asociaciones los colectivos de la CPDT que donde no tenemos ninguna implantación. Casos como el de Asturias que debieran tener solución en el corto plazo. Para ilustrarlo recordaré que en el curso del conflicto minero astur-leonés de 2012 hubo centenares de detenidos y 200 procesados, violencia extrema en la represión de las duras movilizaciones y sin embargo casi ninguna denuncia ni sentencia por tortura o malos tratos. Muchos de los "apaleados” consideraban la contundencia como algo "normal” (no te van a repartir caramelos…, nos explicaban) pero además no hay aún una organización específica adscrita a la CPDT

· Es de reseñar el hecho de que desde 2011 tampoco se registran casos de tortura y malos tratos en las situaciones de aislamiento e incomunicación hecho que consideramos relacionado sobre todo con la dificultad de obtener los datos ya que el régimen de aislamiento propicia la comisión impune de esta práctica, además de que podemos considerar al aislamiento una forma de tortura en sí mismo, ya que se priva a la persona de una parte esencial de su ser, el de la relación social con otros, y con sus iguales, que no incluyen, lógicamente, a los funcionarios que le custodian. El suicidio de Raquel, ocurrido recientemente en situación de aislamiento dentro de la cárcel de Brians, creemos que ilustra esta consideración.

· Finalmente señalar con rotundidad que el descenso de los casos documentados por la CPDT nunca podría atribuirse a un cambio en positivo de la sensibilidad de las autoridades hacia el tema o una mayor diligencia en la obligación de perseguir estas prácticas, ya que venimos percibiendo justamente lo contrario: La vehemencia con que el ministro Fernández Diez se manifiesta en “negar la mayor” insistiendo en el cumplimiento escrupuloso de las leyes y los compromisos firmados por nuestro país en materia de derechos humanos, en contraste con hechos tan humillantes como la condecoración a los responsables de palizas en la valla de Melilla, y a su jefe, procesados por las devoluciones en caliente, hechos que trascendieron a los medios y a las redes sociales por su especial ensañamiento. Pero el tema va mucho más allá tanto por el gran endurecimiento de las penas judiciales(prisión perpetua por ej.) como por la inserción en el propio Código Penal de la filosofía y las normas punitivas que conocemos como Código Penal del enemigo ,en el sentido de que los servicios de la Seguridad estigmatizan previamente a determinadas personas o grupos, lo que añadido a la presunción de veracidad que se otorga a su versión de los supuestos punibles, se actúa contra ellos de forma preventiva y con el máximo rigor. Paradójicamente ha sido tras la desaparición del terrorismo en el País Vasco, cuando se han implementado este tipo de “laboratorios de medidas preventivas” de las que las operaciones Pandora I y II, la operación Piñata son el ejemplo más conocido y también la violencia desmedida que se ha empleado en desalojos de los Centros Sociales en Barcelona o Madrid.

Un caso especial: los pacientes relacionados con problemas de salud mental. Los psiquiatrizados.

Hasta ahora el problema los abusos físicos o psíquicos practicados en relación con la asistencia de salud no se había abordado por la CPDT, pero a raíz de la asamblea que siguió a la presentación del informe 2015 se planteó a través de OTEANDO la solicitud formal de ingreso en la Coordinadora por parte del colectivo LOCOMÚN y su justificación en la necesidad de prevenir y combatir el uso de prácticas médicas abusivas que van desde el Tratamiento Eléctro-Convulsivante TEC a las contenciones mecánicas (correas) o psicofarmacológicas (combinaciones de neurolépticos, antipsicóticos y antidepresivos) y que en muchos casos rozan con lo que entendemos por tortura y/o malos tratos y otros crueles, inhumanos o degradantes. Las victimas de tales abusos, han comenzado a organizarse y apoyarse juntos y de manera horizontal buscando por un lado las mejores alternativas a las diversas manifestaciones que toma el sufrimiento psíquico de cada uno tratando de compartirlo entre ellos y con los sanitarios que conocen y apoyan esta forma de terapia, y de otra parte para dar réplica a los planteamientos de la psiquiatría convencional y sus instituciones. El colectivo LOCOMÚN apoya su petición en el informe del relator de Naciones Unidas para la Tortura a la Asamblea General de 2013. Como la reivindicaciones se cursaron a través de OTEANDO, La CPDT dejó en sus manos la coordinación con estos colectivos y se planteó responder a la propuesta y a estas reivindicaciones, en lo que toca a su responsabilidad en la prevención y denuncia.

· El tema de las muertes bajo custodia en centros de detención o prisiones es un tema muy difícil de abordar por la gran opacidad del sistema penitenciario y seguimos acusando los mismos déficits de información que en anteriores informes

· La prisión como entorno de riesgo para la salud:

· Es un tema de la entidad suficiente como para ser tratado de forma exhaustiva en otro trabajo y en ello estamos. Pero cabe decir lo relevante de los proyectos promovidos por el Comité Europeo contra la Tortura (CPT) como es el monitoreo de los derechos humanos en prisión, y que están en posición privilegiada para hacerlo con las enfermedades que actualmente tienen un tratamiento inadecuado y deficiente como son VIH, Hepatitis C y Tuberculosis/1

¿Tolerancia y aceptación de la tortura?

Al escuchar las declaraciones de Fernández Diez, defendiendo supuestamente el honor mancillado de las fuerzas que dirige, uno piensa que este hombre no tiene siquiera conciencia del ridículo. Pero al margen de su más que demostrada torpeza, debemos señalar que no hace nada diferente que sus predecesores en el cargo, desde Alonso, Acebes, Mayor Oreja a el propio Rajoy, Corcuera, Barrionuevo, hasta el gran maestro González quien señaló un camino que nunca fue abandonado: Golpear y esconder la mano Esa es la verdad. En el fondo de la cuestión está la existencia de ese muro de silencio al que ya hemos hecho alusión. Un muro que hemos levantado la inmensa mayoría de la población, pues concita la participación de las motivaciones más diversas e incluso antagónicas como son las de las víctimas, los verdugos y sus entornos respectivos. Las víctimas por lo que se llama miedo al miedo, el temor a ver repetido el dolor, sea por evitar secuelas psíquicas o por temor a verse envuelto de nuevo en las causas que le llevaron hasta él. Y hacen cuanto es posible por olvidar Su entorno, por miedo a las represalias y la criminalización. Los verdugos por eludir su propia imagen y mantener las rutinas de un funcionario más: su entorno por la posibilidad de ver comprometida la fama ,si se conoce públicamente su oficio. Los que tienen responsabilidad jerárquica directa con el fin de evitar fracturas en el grupo bajo sus órdenes, mantener su cohesión y seguir funcionando y quien no esté conforme, pues a la calle. Los médicos, forenses o médicos de los Servicios de Urgencias, son testigos indirectos, y podrían serlo de cargo, de anteponer su ética y la obligación de denunciar un delito, a otras servidumbres, temores o incomodidades, pero optan de modo generalizado por la postura de mirar hacia otro lado. Quienes deben perseguir y sancionar los delitos de tortura, malos tratos y otros como son los jueces y fiscales tienen muy en consideración la presunción de verosimilitud de los funcionarios. Los responsables políticos se apuntan a la” tesis del mal menor” (no nos gusta pero alguien tiene que hacerlo, por el bienestar de todos…), siguiendo un guión previo que les sirve a todos y está dictado a los medios de comunicación… Y así vamos recorriendo escalas sociales, conciencias y valoraciones interesadas que prefieren creer que en España no hay tortura y la acaban justificando. Así ocurre también a las clases trabajadoras, las más propensas a padecer episodios de violencia institucional o tortura, dándose aquí la gran paradoja de que un más de un 70 % participa del criterio oficial de que esta no se produce o solo en casos extremos pero a la vez un 40 % teme la posibilidad de sufrir tortura en algún momento

Para terminar esta aproximación a los temas que rodean esta lacra, plantearé una consideración que me parece importante después de dibujar un panorama ciertamente sombrío en el terreno de los derechos sociales: en la lucha por ellos y también en el caso de la tortura, la batalla principal, aunque no la única, es la de defender la dignidad en riesgo o recuperarla ante quienes nos la están arrebatando. No se trata de sobrevivir a la séptima fosa del infierno, ni de asaltar los cielos sin disponer de los medios necesarios. Se trata de partir de luchar con todas nuestras fuerzas por mantener esa dignidad y practicar la solidaridad con nuestro iguales. Así estimo que se sentarán las bases para que las clases trabajadoras pierdan el miedo y redescubran su potencial transformador. Entonces la tortura tendrá el reproche social que se merece y será posible el lema de la CPDT: Nunca más contra nadie en ninguna parte.

28/06/2016

http://ultimocero.com/opinion/2016/06/28/la-tortura-un-fantasma-del-horror-que-acompana-nuestras-vidas/

Notas:

1/ Los avances en este campo son lentos pues dependen de organismos gubernamentales como El Mecanismo de Prevención (de la tortura aunque no lo explicite),que está integrado en la Oficina de Defensor del Pueblo, pero la CPDT está tratando de tomar iniciativas y pronto esperamos algún resultado.

El informe 2015 completo puede encontrarse en la página de la CPDT: www.prevenciontortura.org



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