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Reducción del tiempo de trabajo
Una propuesta post-marxista y de economía radical
28/06/2016 | Pedro María Rey Araújo

El colapso definitivo del modelo de crecimiento español durante el período 1995-2007 se revela no como una crisis estrictamente de su modelo productivo, sino que afecta a la práctica totalidad de las instituciones económicas, políticas y sociales que habían regulado la convivencia social durante el período en cuestión. La amplitud de sus efectos dislocadores no se corresponde pues con una interrupción coyuntural de sus mecanismos reguladores, sino con la quiebra definitiva de sus elementos institucionales constitutivos, es decir, asistimos en la actualidad a una crisis orgánica de la formación social española, en la cual el retorno al modelo anterior se muestra imposible, y el cariz de su futura rearticulación apenas se puede vislumbrar. Las dinámicas estructurales del modo de producción capitalista no pueden ser estudiadas en abstracto sin atender al contexto en el cual se presentan. Es necesario atender a su manifestación concreta en cada instancia particular para aprehender cómo sus componentes se relacionan entre sí, así como cuales son las tendencias contradictorias que alberga en su seno.

El presente artículo hará uso de la teoría de las Estructuras Sociales de Acumulación (ESA) para aprehender el carácter estructural de las tendencias que irrevocablemente dirigían al antaño aclamado modelo de crecimiento español hacia su eventual disolución. Uno de los postulados fundamentales de la teoría reza que, una vez la ulterior contención de sus contradicciones internas se demuestra imposible, un período de reconfiguración institucional dará comienzo para sentar las bases institucionales del próximo período de estabilidad. Sin embargo, entendemos que los términos de la resolución política de la crisis están relativamente poco desarrollados en la literatura correspondiente. Con tal motivo, proponemos combinar la atención a las dinámicas estructurales del proceso de acumulación propia de la teoría de las ESA con las teorías de la hegemonía y el populismo del pensador argentino Ernesto Laclau.

La particularidad de la crisis sistémica en España permite asimilarla a lo que Laclau denomina ‘situaciones populistas’, esto es, situaciones marcadas por un alto grado de des-institucionalización debido a la proliferación de una gran variedad de demandas heterogéneas que la institucionalidad vigente es incapaz de satisfacer, siendo susceptibles de ser rearticuladas en un movimiento político con voluntad transformadora. Para ello, es estrictamente necesario que una nueva demanda se constituya como representante de la coalición resultante. El último apartado justificará por qué la demanda por la reducción de la jornada laboral puede cumplir esa función. Es necesario remarcar que el presente trabajo no pretende ofrecer un propuesta de su aplicación efectiva en términos de política económica, pese a ser ésta una cuestión de extrema importancia. En su lugar se hará hincapié, desde la perspectiva de la economía política, en las posibilidades que ofrece para superar la alta fragmentación actual de la clase trabajadora, así como en el carácter marcadamente progresista o emancipatorio del movimiento resultante.

Las estructuras sociales de acumulación

La teoría de las Estructuras Sociales de Acumulación (ESA), desarrollada inicialmente por David Gordon, Richard Edwards y Michael Reich (1982), constituye un intento de integrar en un mismo cuerpo teórico la teoría Marxista de la acumulación con la teoría de las ondas largas del capitalismo, con el objetivo de analizar la evolución diacrónica del modo de producción capitalista en base a la sucesión de períodos de estabilidad institucional y su ulterior desintegración. Al definir una ESA como ‘todas las instituciones que influyen en el proceso de acumulación’ (Gordon et al. 1982:42), afirman la necesidad de un entorno institucional que satisfaga los requisitos de estabilidad y predictibilidad necesarios para un correcto funcionamiento del proceso de acumulación, más allá de los meros cálculos de rentabilidad implícitos en toda inversión. De esta forma, un conjunto estable de instituciones permitiría, durante un cierto tiempo, un comportamiento favorable de la acumulación de capital, y del crecimiento económico por extensión. Sin embargo, toda estructura institucional estable alberga en su seno una serie de contradicciones que, llegado el momento, desbordan el andamiaje institucional que las contiene y fuerzan su reconstrucción. De esta forma, se da lugar a un período de intensa disputa política por definir las bases sobre las cuales la actividad económica se fundamentará durante las décadas venideras.

La literatura inicial sobre las ESA postula una relación directa entre estabilidad institucional, vigorosa acumulación y rápido crecimiento, no cabe duda, debido al momento histórico en el cual emerge. La etapa de posguerra, caracterizada por una coexistencia relativamente pacífica entre capital y trabajo fundamentada en altas y constantes tasas de crecimiento del producto agregado, constituye una excepción en términos históricos. Sin embargo, una vez que los efectos dislocadores de aquellas reformas institucionales que propician el inicio del neoliberalismo como etapa histórica diferenciada son finalmente estabilizados, la arquitectura institucional resultante obliga a una reformulación profunda de la teoría. La coexistencia de un alto grado de estabilidad y complementariedad institucional con tasas de crecimiento del producto agregado y de la productividad del factor trabajo relativamente inferiores a las obtenidas en el período anterior obliga a considerar como contingente la relación entre estabilidad y crecimiento económico, postulada como constitutiva en su formulación inicial.

Tras la emergencia de diversas voces en la década de 1990 respecto de la caracterización del neoliberalismo como una ESA exitosa (e.g. Lippit, 1997; Reich, 1997), Kotz (2003) y Wolfson (2003) ), respectivamente, proceden a reformular el concepto de ESA como:

"Un conjunto coherente de instituciones económicas, políticas y cultural-ideológicas que proporciona una estructura para la actividad económica capitalista. [Dicha estructura] favorece la apropiación de plusvalía, cuya búsqueda da forma al circuito del capital. La plusvalía tiene varios usos, uno de los cuales es la acumulación de capital (Kotz, 2003: 264)".

Ambos denuncian, de forma correcta, la existencia de un ilegítimo salto conceptual en Gordon et al. (1982) al pasar de una discusión sobre el apoyo cualitativo que las instituciones confieren a las diversas fases del circuito del capital, a consideraciones cuantitativas sobre el ritmo del proceso de acumulación (Kotz and Wolfson, 2010). El capitalista individual estará interesado en la obtención sostenida de plusvalía, siendo el ritmo de la acumulación estructural un resultado implícito, mas no perseguido, de las respectivas decisiones individuales.

La clase capitalista estará interesada en unas instituciones estables que favorezcan un funcionamiento correcto a lo largo del circuito del capital [M-C-C’-M’], pero las condiciones que permitan la reinversión del término final, M’, en el circuito del capital de nuevo, de forma que la acumulación de capital tenga lugar, dependerán de la estructura concreta de dichas instituciones. Kotz y Wolfson (2010) distinguirán entre dos tipos ideales de ESA empleando como criterio rector las condiciones que permitan tal reinversión en el circuito productivo. Por un lado se encuentran las ESA Liberales, caracterizadas por una clara dominación del capital sobre el trabajo, una competencia agresiva entre los capitalistas individuales, moderada intervención del Estado en la economía, y una ideología generalmente individualista. Por otro lado, las ESA Reguladas estarán marcadas por un cierto acuerdo entre capital y trabajo, una coexistencia pacífica entre los grandes capitales, activa intervención por parte del Estado en la regulación económica, y una ideología dominante que favorece la regulación ‘mixta’ de la economía. De esta forma, siendo los dos tipos de ESA ensamblajes institucionales potencialmente exitosos desde el punto de vista del capitalista individual, en tanto que permiten una extracción de plusvalía sostenida en el tiempo, solamente las ESA Reguladas serán susceptibles de proporcionar un entorno favorable para la acumulación de capital. El carácter anárquico de la competencia intra-capitalista junto con el deterioro paralelo de las relaciones laborales, ambos fenómenos constitutivos de las ESA Liberales, de las que la institucionalidad neoliberal constituiría un ejemplo, incentivan la reinversión de la plusvalía en actividades de carácter especulativo en lugar de en el aparato productivo. Con esta distinción en mente, las particularidades y contradicciones de la ESA Neoliberal son susceptibles de ser identificadas con mayor facilidad/1.

Ciertamente, la reformulación teórica introducida por Kotz y Wolfson (2010) constituye un avance significativo respecto a anteriores versiones, al cambiar el enfoque del proceso de acumulación al apoyo que presta el entramado institucional al circuito del capital. Sin embargo, el privilegio teórico-ontológico otorgado a la pacificación de la contradicción capital-trabajo corre el peligro de introducir ciertos vicios reduccionistas y esencialistas en su intento por aprehender la naturaleza heterogénea de las estructuras institucionales capitalistas/2. En su lugar, resulta más provechoso concebir cada estructura institucional no como un intento satisfactorio de estabilizar la contradicción central de toda sociedad capitalista, sino como un complejo conformado por instituciones cuyos efectos son potencialmente contradictorios, de forma que cada una está sobre-determinada por todas las restantes, esto es, cada esfera refleja y contiene el carácter contradictorio de las restantes/3. De esta forma, se evita postular una de ellas como la ‘verdad oculta’ de la totalidad, relegando las restantes al status de meros epifenómenos. El rechazo a garantizar un estatus ontológico diferenciado a una esfera concreta permite aprehender la heterogeneidad constitutiva de lo social con un mayor grado de precisión.

En resumen, una ESA exitosa no será aquella que se encuentre libre de contradicciones internas, sino precisamente aquélla en la cual las contradicciones que la constituyen se refuercen mutuamente, proporcionando así estabilidad al conjunto como resultado de su mutuo equilibrio. El modelo de crecimiento de la economía española en el período 1995-2007 ofrece un ejemplo paradigmático de una ESA Liberal, cuya propia supervivencia depende no de la ausencia de tendencias contradictorias en su seno, sino de cómo un conjunto heterogéneo de tendencias potencialmente explosivas encuentran acomodo en su integración complementaria con las restantes. En particular, la fuerte contracción salarial favorecida por la integración española en el Sistema Monetario Europeo; la emergencia de burbujas especulativas en el sector de la construcción, junto con la desproporción sectorial aparejada a la misma; o el excesivo grado de apalancamiento de los hogares, bastarían por sí solas para poner en jaque a la estructura institucional en su conjunto. Paradójicamente, el mutuo apoyo que dichas tendencias se han conferido entre sí permite explicar tanto la duración como la intensidad del modelo de crecimiento español. Sin embargo, la necesaria implosión interna del modelo revela finalmente, más allá de ciertas ilusiones emergidas al amparo de la burbuja inmobiliaria, el carácter extremadamente precario de dicha articulación.

El neoliberalismo en España: 1995-2007

La inclusión del modelo español 1995-2007 dentro del grupo más amplio de ESA Liberales implica reconocer un cierto elemento de similitud con respecto a otros períodos históricos, fundamentado en un grado alto de coherencia entre aquellas esferas constitutivas de toda formación social capitalista, tales como la regulación de la competencia intra-capitalista o el conflicto capital-trabajo/4. Sin embargo, reconocer un cierto isomorfismo en lo tocante a la organización del circuito del capital no implica en absoluto postular una mera repetición histórica.

El ciclo expansivo 1995-2007 de la economía española comienza fundamentado sobre dos pilares ya establecidos en el momento de comienzo de la expansión. Por un lado, la herencia del desarrollismo Franquista perdura en la especialización relativa en los sectores turismo y construcción, pilares a su vez del anterior boom del período 1986-1991, y exacerbada por los procesos de desindustrialización acaecidos durante la década de 1980. Por otro lado, los ‘criterios de convergencia’ resultantes del Tratado de Maastricht (contención de la inflación, gasto público y tipos de interés) institucionalizan un modelo de crecimiento en el cual los tipos de cambio fijos sitúan a los salarios como única variable de ajuste en términos de competitividad exterior, en un contexto en el cual el sector industrial carece de relevancia para convertirse en fuente significativa de incrementos de productividad.

GRÁFICO 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE (1995=100).

Considerando la paralela reducción del gasto público en relación al PIB, acotado estructuralmente por los criterios de convergencia relativos al déficit y deuda públicos, cabría esperar la inminente ocurrencia de un ‘problema de realización’ debido a la resultante relación contradictoria entre las condiciones necesarias para la producción de plusvalía y aquellas requeridas para su ulterior realización (ver Gráfico 1). Cabría esperar, quizás, que tal problema fuese pospuesto temporalmente mediante un incremento de las exportaciones al resto de países integrantes del Sistema Monetario Europeo. Sin embargo, es paradójicamente la demanda interna el componente que ejerce de locomotora última del proceso de crecimiento, en aparente contradicción con las explicaciones ortodoxas al respecto (López y Rodríguez, 2011).

La explicación ha de ser buscada en la peculiar combinación de, por un lado, un masivo endeudamiento privado (familias y empresas) que permite compensar las nuevas restricciones que operan sobre los niveles permisibles de gasto público y las posibilidades de endeudamiento estatal y, por otro, el papel desempeñado por un sector de la construcción constituido alrededor de una masiva burbuja especulativa en torno a los precios de la vivienda. Resulta evidente que tanto un exceso de apalancamiento por parte de los agentes privados, como la existencia de un mercado cuyos precios divergen crecientemente respecto de sus condicionantes fundamentales, son tendencias cuya perpetuación indefinida es a todas luces imposible. Sin embargo, la forma en la cual estas tendencias inherentemente explosivas encuentran apoyo en las restantes, posibilitando así su extensión en el tiempo, constituirá la idiosincrasia propia del modelo español, y la razón última de su coherencia interna.

López y Rodríguez (2010) señalan cómo al inicio del ciclo expansivo ya se encontraban en pie los elementos constitutivos del ciclo inmobiliario español. A la herencia recibida del modelo franquista en términos de especialización productiva, exacerbada a su vez por el breve ciclo expansivo 1986-1991, habrá que añadir la drástica bajada de los tipos de interés tras la introducción de los programas de convergencia derivados de Maastricht, los cuales significan unos menores costes de endeudamiento tanto para una clase trabajadora en situación de estancamiento salarial, como para una clase de promotores

ávidos de ganancias; la fuerte caída en la provisión pública de viviendas de protección oficial, generando un masa ingente de potenciales compradores; junto con la funcionalidad de una amplia red de aeropuertos, autopistas y trenes de alta velocidad que continuará su expansión a lo largo de la década siguiente.

GRÁFICO 2

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE (1995=100).

La particularidad de la burbuja inmobiliaria reside en el hecho de haberse constituido como fundamento último de las espectaculares trayectorias tanto del consumo como de la inversión en el período en cuestión (ver Gráfico 2). En lo relativo a la inversión, unos niveles de Formación Bruta de Capital Fijo (del 21,5 % del PIB en 1995, al 30,7 % en 2008) superiores a la media europea en el mismo período encubren un marcado desajuste sectorial que explica los muy pobres resultados en términos de productividad laboral en relación al resto de países del entorno europeo (Recio y Banyuls, 2004). En el periodo 95-07, el 67 % del total de la inversión se relaciona, directa o indirectamente, con el auge de la construcción (Mateo y Montanyà, 2014). Sin embargo, la creación de más de 7 millones de puestos de trabajo en la economía en su conjunto explican que la dotación de capital por trabajador no se haya incrementado sustancialmente en el período, explicando así la progresiva pérdida de competitividad relativa de la economía española, de forma que ‘los sectores con una tasa de acumulación más intensa se han caracterizado por ser muy intensivos en la creación de empleo pero con importantes descensos de la productividad laboral’ (Mateo, 2014:89). Las interpretaciones ortodoxas del comportamiento de la inversión hubieran predicho que tal evolución de la productividad laboral habría puesto freno por sí sola al comportamiento expansivo de la inversión. Un análisis holístico de los determinantes de la inversión, en cambio, permite aprehender la funcionalidad de cada componente del complejo institucional, en lugar de cancelar tales explicaciones en base a su supuesta irracionalidad. De hecho, como apuntan López y Rodríguez (2010:206), a pesar de las ‘lamentaciones acerca del problema de la baja productividad española, lo cierto es que la laxitud de este índice parece haber servido más de empuje al ciclo económico que de obstáculo al mismo’.

En lo referente al consumo, el crecimiento de los precios de los activos inmobiliarios por encima de sus valores fundamentales, en un país con un masivo predominio de la vivienda en propiedad, constituye el pilar fundamental sobre el cual se sustenta el consumo interno en un contexto de intensa contención salarial, mediante la operación de un marcado ‘efecto-riqueza’. Más allá de una mayor propensión al consumo resultado de un cierto clima de euforia colectiva al abrigo de unas expectativas de crecimiento del valor de los activos inmobiliarios en propiedad, resulta fundamental el masivo recurso al endeudamiento por parte de los hogares mediante el uso de sus activos inmobiliarios como colateral de los mismos (López y Rodríguez, 2010) hasta el punto de convertirse en 2004 en demandantes netos de financiación (ver Gráfico 3):

GRÁFICO 3

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional, INE, y Cuentas Financieras, Banco de España (1995=100).

Por último, este desarrollo no hubiese tenido lugar de no ser por el papel activo jugado por el sector financiero en cada una de las partes del proceso, desde proporcionar líneas de crédito a los hogares con garantía hipotecaria, a suministrarlo masivamente a promotores y constructoras para acometer sucesivas rondas de construcción inmobiliaria (Gráfico 4). Sin un sistema financiero dispuesto a prestar su apoyo a todos los elementos del ciclo de capital inmobiliario, la prolongación del modelo durante más de una década habría sido una quimera.

GRÁFICO 4

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Financieras, Banco de España (1995=100).

En definitiva, cada uno de los principales componentes del antaño aclamado modelo de crecimiento español contenía dinámicas potencialmente explosivas en su seno. La intención de este análisis no es la de ofrecer una explicación exhaustiva de cómo el neoliberalismo ha logrado perpetuarse durante prácticamente tres lustros, sino el de destacar cómo la estabilidad institucional a nivel agregado es posibilitada por los efectos recíprocos de co-implicación y mutuo re-equilibrio entre esferas institucionales que, cuando son analizadas separadamente, revelan una naturaleza inherentemente contradictoria/5. Por ejemplo la burbuja inmobiliaria no habría sido posible sin un sector financiero dispuesto a proporcionar la necesaria financiación a promotores, constructoras y administraciones públicas, ni unos hogares dispuestos a endeudarse para poder realizar el valor de las sucesivas promociones inmobiliaria. A su vez, la necesidad de éstos de endeudarse se deriva parcialmente de un estancamiento salarial generalizado que constituye una de las razones últimas de la pujanza del turismo hispano, elemento capital para comprender la magnitud de la explosión de activos inmobiliarios. En definitiva, la racionalidad del modelo de crecimiento español sólo puede ser aprehendida mediante un análisis holístico de sus equilibrios internos

La teoría de las ESA concluye que una vez que las contradicciones internas al modelo no pueden ser ya postergadas, se sucede un período de reestructuración institucional en el cual diversos actores participarán en una contienda de naturaleza política por sentar las bases institucionales del siguiente período de estabilidad, es decir, emerge una situación de crisis orgánica. Los dos siguientes apartados explorarán la naturaleza de la presente crisis orgánica española y las potenciales vías de recomposición. La teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau será empleada para iluminar ciertos aspectos, insuficientemente teorizados en nuestra opinión, dentro de la literatura de las ESA/6.

La disputa política en la teoría de las esa

Uno de los postulados fundamentales de la teoría de las ESA es que todo período de estabilidad institucional porta dinámicas contradictorias que, una vez su ulterior contención se muestra imposible, abren un período de disputa política por redefinir las bases institucionales sobre las cuales la actividad económica, y la vida social en su conjunto por extensión, se asentarán durante las décadas venideras. Sin embargo, pese a reconocer desde sus inicios la naturaleza eminentemente política de tal reconfiguración, un gran número de sus interpretaciones principales introducen subrepticiamente un cierto economicismo en lo referente a su resolución. Por ejemplo, cuando Gordon et al. (1982:58) afirman que ‘la construcción de una ESA requiere acciones conscientes y explícitas por parte de líderes políticos’, muestran implícitamente un enfoque considerablemente reduccionista al otorgar prioridad a las modificaciones introducidas por el capital, de forma auto-consciente, en la organización del proceso de trabajo.

Posteriormente, Kotz (1994) postula que en tiempos de crisis orgánica no es necesario que la siguiente ESA al completo sea instituida para que la actividad económica se recupere, sino que será suficiente con establecer un conjunto de instituciones ‘centrales’, aquellas que pacifiquen la relación capital-trabajo. Kotz y Wolfson (2010:80) seguirán esta intuición hasta el punto de afirmar que ‘todas las instituciones que constituyen una ESA, incluidas las correspondientes al neoliberalismo, reflejan la estabilización (temporal) de las contradicciones del capitalismo [las internas a cada clase junto con aquélla entre capital-trabajo]’. Establecer la neutralización de la contradicción capital-trabajo como momento central en todo proceso de construcción institucional profundo es, precisamente, lo que les permite postular una cierta coherencia histórica fundamentada en la alternancia entre ESA Liberales y Reguladas/7. La formulación de Kotz y Wolfson muestra, sin embargo, un marcado sesgo reduccionista al postular la resolución del conflicto capital-trabajo, uno de los muchos que permean toda sociedad capitalista, como la ‘verdad oculta’ de toda remodelación institucional profunda, corriendo así el riesgo de minusvalorar la importancia de otras luchas en lo relativo a la obtención de la estabilidad social necesaria para una actividad económica sostenida en el tiempo.

Dentro de la literatura de las ESA, las aportaciones más relevantes para teorizar la contienda política en tiempos de crisis orgánica en términos marcadamente ‘anti-esencialistas’ se encuentran en la obra reciente de Lippit (2005, 2010, 2014). Contrario a los privilegios otorgados por las formulaciones anteriores a la contradicción capital-trabajo en lo relativo a la configuración de las disputas políticas en tiempos de crisis sistémica, Lippit destaca la importancia de todas aquellas luchas y conflictos que, a pesar de sólo ser afectados tangencialmente por las dinámicas internas al proceso de producción, son fundamentales para comprender tanto los diversos alineamientos políticos como su ulterior resolución.

"Cuando se consideren las fuerzas que pueden socavar cada institución y, en última instancia, la estructura de la cual forma parte, el rol jugado por su interacción con otras instituciones, el conjunto de procesos sociales y otros factores exógenos debe ser reconocido, junto con aquellas contradicciones internas que tienden a emerger en cada institución". (Lippit, 2010:66)

Aprehender correctamente cómo las diversas instituciones, contradicciones y conflictos que recorren la totalidad del campo social se relacionan entre sí se torna fundamental para poder comprender las dinámicas de la disputa política en tiempos de redefinición institucional. La penetración durante la etapa neoliberal de la lógica mercantil en multitud de esferas, anteriormente salvaguardadas de su influjo, obliga a prestar un grado mayor de atención a todos aquellos conflictos no asimilables estrictamente a una lógica de clase. La progresiva fragmentación sufrida por la clase trabajadora en las últimas décadas, junto con la multiplicidad de identidades que emanan de tal proceso, hacen imposible seguir concibiendo a las antiguas organizaciones políticas de la clase obrera como ejes centrales de todo proceso transformador en las sociedades occidentales. Más aún, no solamente resulta inconcebible un proceso transformador que no reconozca la radical heterogeneidad de las luchas susceptibles de ser re-articuladas en un bloque con voluntad transformadora, sino que el mero hecho de no aprehenderlas correctamente hace el propio campo político ininteligible en términos de estrategia. En palabras de Lippit (2010:64):

"El conflicto de clase es, por supuesto, una de las luchas principales que caracterizan a una sociedad capitalista. [Sin embargo,] privilegiar el conflicto de clase hasta el punto de excluir otros conflictos limita nuestra concepción de la naturaleza de una ESA y del tiempo necesario para formar uirecta existente entre la tasa de ganancia en una economía dada y el grado de contención de la contradicción capital-trabajo, ésta requiere del apoyo suministrado no sólo por aquellas instituciones que la afectan directamente, sino que es necesario que la multiplicidad de identidades y conflictos que constituyen lo social encuentren acomodo también en la estructura institucional resultante."

Crisis orgánicas y situaciones populistas

En los apartados anteriores argumentamos que los diversos ensamblajes institucionales que recubren el circuito del capital en una sociedad dada pueden ser, en última instancia, agrupados en dos grandes categorías. Un corolario a tal afirmación es que la tipología de crisis sistémicas correspondiente a cada variedad de ESA difieren de igual manera (Kotz, 2013).

Las ESA Reguladas, caracterizadas por un cierto grado de cooperación entre capital y trabajo, junto con un grado alto de intervención estatal en la regulación económica, tienden a producir un empoderamiento de la clase trabajadora que desemboca en problemas sistémicos debido a la ‘reducción de ganancias’ (profit-squeeze). La tasa de beneficios tiende a descender progresivamente en cada ciclo económico, produciéndose una progresiva erosión de la estructura institucional imperante hasta el momento (Kotz, 2013). Kotz (2010) ofrece dos motivos principales por los cuales las crisis sistémicas resultantes de las ESA Reguladas tienden a ser más suaves (mild) que aquéllas derivadas de las ESA Liberales. Por un lado, dado que los problemas emergen en la capacidad de producción de plusvalía, principalmente debido al mayor poder de negociación disfrutado por la clase trabajadora durante la fase expansiva, una acción concertada por parte del capital encaminada a restituir su supremacía ofrecería una potencial salida (por ejemplo, implementar altas tasas de desempleo como mecanismo disciplinante)/8. Por otro lado, la intervención activa por parte del Estado durante la fase de expansión garantiza que disfrutará de los medios apropiados para implementar dichas políticas llegado el momento. Por ejemplo, como respuesta a los problemas estructurales de la década de 1970, fue suficiente inducir políticamente una ‘Gran Represión’ (Bowles et al., 1990), reduciendo activamente los programas sociales y atacando deliberadamente a las organizaciones sindicales (Rosenberg, 2010), para restituir las condiciones de rentabilidad del capital. Por estos motivos, las crisis resultantes serán más ‘suaves’ desde la perspectiva de la supervivencia última del sistema (Kotz, 2010).

En cambio, las ESA Liberales ofrecen una perspectiva considerablemente diferente. Las instituciones que las conforman favorecen, en general, la generación de plusvalía pero complican su ulterior realización, albergando en su seno tendencias inmanentes a la ocurrencia de crisis de ‘sobre-producción’ (Kotz, 2009)/9.

Ha sido argumentado con anterioridad cómo dicho problema de realización en el período 1995-2007 en España pudo ser postergado mediante la operación de tendencias compensatorias, insostenibles en el largo plazo, como la existencia de burbujas especulativas en los mercados de activos o un desorbitado nivel de apalancamiento de los hogares. Llegado el momento, el retorno de los precios de los mercados de activos a sus valores fundamentales fuerza el colapso repentino de aquellas instituciones que se habían sostenido sobre la existencia de burbujas especulativas. En lugar de un largo período de inestabilidad, asistimos a un proceso de repentina desintegración institucional no susceptible de ser subsanado mediante modificaciones parciales de la estructura institucional. La crisis sistémica resultante será entonces una ‘grave (severe) crisis estructural de acumulación’ (Kotz, 2010).

En lo referente a las oportunidades de intervención política con miras a una transformación interna al capitalismo en una línea emancipatoria, las crisis de ‘sobre-producción’ deparan una situación paradójica. Por un lado, los potenciales movimientos opositores al orden capitalista llegan al momento de crisis en una situación de debilidad y fragmentación, fruto del efecto de las tendencias anteriores. Llegado el momento de la contienda política por constituir las bases institucionales que han de regular la convivencia futura, es posible que no exista un sujeto político, ya conformado, susceptible de ofrecer una oposición efectiva. Por otro lado, sin embargo, la profundidad de los desequilibrios resultantes de la implosión de sus contradictorias e inmanentes tendencias garantizan que el período de descomposición institucional será necesariamente largo (Kotz, 2013), por lo que resulta concebible que tal sujeto emerja en el transcurso de la crisis.

En resumen, el período de inestabilidad institucional derivado de la implosión de las dinámicas internas que anteriormente habían sostenido el modelo español 1995-2007 será necesariamente largo, debido a la profundidad de las modificaciones institucionales requeridas. Restituir el funcionamiento de un bloque institucional no será suficiente pues, como ha sido ya indicado, lo que es necesario restituir es la totalidad del complejo institucional que recubre al circuito del capital. No simplemente uno de sus componentes, sino el carácter virtuoso de las interacciones entre los mismos. Como fue argumentado en el apartado 3, ninguno de los principales componentes del modelo de acumulación (creciente endeudamiento de los hogares, pujanza de la demanda interna en un entorno de contención salarial, burbujas especulativas en los mercados de activos) era sostenible en el largo plazo. Dado que lo que explica la relativamente larga pervivencia del modelo español es la complementariedad existente entre los mismos, una modificación parcial que sólo refiera a una de ellos no podrá dar lugar a un nuevo ciclo de acumulación. Por ejemplo, en el improbable caso de un alza generalizada de las retribuciones salariales, es altamente dudoso que permitan el fortalecimiento del consumo interno en lugar de contribuir a reducir los niveles de endeudamiento ya acumulados. Además, tanto la ideología eminentemente individualista como el proceso de fragmentación social al que ha sido sometida la clase trabajadora previenen la existencia de un sujeto político ya constituido susceptible de plantear una disputa en términos progresistas o emancipadores.

La tesis defendida en el presente artículo es que solamente las crisis orgánicas resultantes de la implosión interna de una ESA Liberal, tal y como la correspondiente al neoliberalismo, son asimilables a lo que Laclau (2005) denomina ‘situaciones populistas’, caracterizándose éstas por un alto grado de desinstitucionalización y por la simultánea proliferación de una multiplicidad de demandas insatisfechas, fruto de la incapacidad por parte del orden institucional vigente de integrarlas en su seno. De esta forma, emerge la posibilidad de que aquellas identidades desplazadas de su posición anterior sean re-articuladas en un proyecto común con voluntad de ruptura. Una ‘intervención populista’ (aquélla que divida el campo social dicotómicamente mediante la invocación a un pueblo aún por construir) es una salida posible de una ‘situación populista’, mas no la única. Mientras que ésta última remite a la desinstitucionalización repentina (junto con la crisis de expectativas ligada a la misma) derivada del colapso del proceso de acumulación, es concebible una salida que no conlleve una intervención de carácter populista sobre la misma, sino más bien una paulatina aceptación de la situación vigente como una nueva ‘normalidad’. En tal caso, las demandas desaparecerían del campo social no por haber sido satisfechas, sino por mera resignación. Hecha esta aclaración, lo que resta del presente apartado tratará de justificar por qué sólo las crisis orgánicas derivadas de una ESA Liberal pueden ser catalogadas como ‘situaciones populistas’.

Como ha sido indicado con anterioridad, las contradicciones internas a una ESA Regulada tienden a manifestarse mediante un período, considerablemente largo, de inestabilidad institucional. Los problemas internos al proceso de acumulación conllevan la emergencia de diversas demandas insatisfechas, mas éstas surgen paulatinamente conforme la crisis de acumulación se va manifestando progresivamente. Su emergencia dilatada en el tiempo permite a la institucionalidad aún vigente lidiar con ellas de manera individual, favoreciendo así su integración diferencial en una nueva institucionalidad aún en proceso de construcción.

Las crisis orgánicas resultantes del colapso de una ESA Liberal constituyen, en cambio, una coyuntura cualitativamente distinta. La naturaleza contradictoria de los principales bloques institucionales que la conforman desemboca en una interrupción repentina de la actividad económica tras la eventual implosión de uno de sus componentes, iniciándose un proceso de rápida descomposición institucional. Además, la práctica inexistencia de un clima de cooperación entre los diversos actores sociales favorece la adopción de medidas de corte defensivo por parte de las élites. La situación resultante será la emergencia simultánea de una gran variedad de demandas que la institucionalidad vigente no puede satisfacer. La combinación de tasas positivas de acumulación con la existencia de diversas burbujas especulativas había permitido incrementar progresivamente la base material sobre la cual diversos grupos sociales habían sido integrados en el sistema en una posición de subalternidad. En el momento en que su paulatina expansión ya no resulta posible, aquellas posiciones que antaño eran integradas diferencialmente en el orden social se ven irrevocablemente expulsadas cara a la exterioridad del sistema. De esta forma, la ‘naturalidad’ con la que los respectivos agentes aceptaban su inclusión en la fábrica social se ve repentinamente cuestionada, de forma que una variedad de demandas y conflictos heterogéneos emergen de manera relativamente simultánea.

Por un lado, el carácter simultáneo de la emergencia de diversas demandas insatisfechas permite concebir su reagrupación en una nueva voluntad colectiva configurada en base a su común rechazo de/ por el status quo, dado que su abundancia impide su integración diferencial inmediata por parte de la institucionalidad vigente. Por otro, la heterogeneidad interna de las demandas rechazadas, fruto de la diversidad de posiciones que ocupaban con anterioridad a la crisis, obliga, desde la perspectiva de un movimiento con voluntad transformadora, a la confección de un nuevo imaginario colectivo. Estas dos características, presentes en menor grado en las crisis orgánicas resultantes de una ESA Regulada, permiten calificar a aquéllas resultantes de la implosión de una ESA Liberal como ‘situaciones populistas’.

Como ya ha sido indicado, una ‘intervención populista’ (una de las posibles salidas a una ‘situación populista’) requiere la agrupación de diversas demandas insatisfechas, en una nueva ‘relación de equivalencia’ entre las mismas que dé lugar a un nuevo sujeto político. Ésta no emergerá en base a algo que las diferentes demandas tengan de facto en común, sino que ha de surgir en función de su común rechazo al status quo, es decir, en base a lo que todas ellas no son. Sin embargo, para que estas demandas se configuren como un sujeto político mediante la conformación de una relación de equivalencia entre ellas, resulta necesario que ésta sea representable: ‘Las relaciones de equivalencia no irían más allá de un vago sentimiento de solidaridad si no cristalizaran en una identidad discursiva que no represente las demandas como equivalentes, sino el vínculo ‘equivalencial’ como tal’ (Laclau 2005:93). Aquella demanda que ejerza la función de representación de toda la cadena de equivalencias tiene que ser un elemento de la propia cadena que ocupe la centralidad mediante un propio ‘desdoblamiento’, que le permita representar al conjunto sin disociarse de su propio carácter individual. No se trata de un elemento que represente algo que todos los restantes poseen en común, sino de una operación puramente ‘performativa’ mediante la cual se constituya la cadena como tal (Laclau, 2005:97).

Pese a ser contingente la relación entre la demanda particular y su función significadora de la cadena, es decir, a pesar de que toda demanda comprendida en su seno puede a priori cumplir dicha función de representación, su elección no es irrelevante, pues ‘nunca deja de ser un significante particular entre otras, esto es, nunca es cualquier significante, sino siempre es éste en lugar de aquel significante’ (Thomassen, 2005:294). En base a lo aquí expuesto, en el presente apartado se argumentará por qué la demanda por la reducción del tiempo de trabajo no solamente está capacitada para acometer la tarea de representación de la cadena de equivalencias en su conjunto, sino que también sería deseable desde un punto de vista progresista o emancipador.

Reducción del tiempo de trabajo: una propuesta desde la economía política

En el presente apartado se tratará de argumentar a favor de la pertinencia de la reclamación por la reducción de la jornada laboral en la actual coyuntura tanto desde una perspectiva eminentemente económica, poniendo el énfasis en los incentivos que supondría para un cambio del modelo productivo cara a un perfil tecnológicamente más avanzado, como desde una perspectiva política, haciendo hincapié en su potencial para superar la actual fragmentación de las clases trabajadoras.

Antes de proceder, es pertinente realizar una pequeña aclaración. El empleo asalariado es una modalidad históricamente específica de organizar el reparto del trabajo en una sociedad, entendido éste último como toda producción de bienes y servicios destinada a satisfacer diversas necesidades humanas. A pesar de que trabajo y empleo son categorías analíticamente distintas, es prácticamente imposible pretender modificar el reparto del primero sin modificar las condiciones en las cuales se desarrolla el segundo. En última instancia, la meta de un proyecto emancipatorio debería ser lograr un reparto equitativo del trabajo, es decir, de todas aquellas actividades implicadas en la propia reproducción social. Sin embargo, tanto desde una perspectiva económica como política, es necesario cuestionar en primer lugar la organización del empleo para poder acometer un reparto del trabajo en su totalidad.

Flexibilidad y precariedad no son sinónimos.

La crisis general del capitalismo Fordista español durante la década de 1970 se entremezcla con una crisis del Estado Franquista. Las convulsiones implícitas en la transición a una forma liberal-democrática del Estado se suman a la necesidad de devaluar una gran masa de capital fijo obsoleto en relación a las nuevas condiciones de producción a nivel internacional (Charnock et al., 2014). En esta coyuntura, los Pactos de la Moncloa de 1977 sentarán las bases para la reestructuración del modelo laboral español con el objetivo prioritario de contener la espiral inflacionista, provocada por la ingobernabilidad de los salarios en un contexto de intensa desintegración institucional (López y Rodríguez, 2010:147).

La adopción del mantra neoliberal de la ‘flexibilidad’ se realiza, en el contexto hispano, sobre dos piezas fundamentales que introducen una clara línea de continuidad respecto al modelo laboral y productivo heredado del último Franquismo, fundamentado en la debilidad estructural del trabajo. Por un lado, la entrada en la Unión Europea en 1986 re-significa la función de los salarios fundamentalmente como costes de producción y ya no como fuente de demanda, constituyéndolos como única vía de ajuste, una vez que tanto la devaluación del tipo de cambio externo como el refuerzo de la progresividad fiscal desaparecen definitivamente del menú. Por otro lado, la legalización de la contratación temporal ‘acausal’ en 1984 otorga reconocimiento legal a las prácticas de flexibilidad externa que durante el Franquismo se venían realizando mediante el recurso a la economía sumergida, ahora canalizadas a través del uso indiscriminado de contratos temporales (Banyuls et al., 2009). Pese a la existencia de ulteriores intentos legislativos para poner freno a la excesiva temporalidad del modelo español, la denominada ‘cultura de la temporalidad’ española (Toharia, 2005) descansa sobre un modelo productivo en extremo dualizado y con baja intensidad tecnológica, que las políticas económicas no han querido, o no han sabido, modificar.

Éste marco institucional de contención salarial refuerza pues un modelo de desarrollo con un perfil tecnológico marcadamente bajo, caracterizado por una sobre-especialización en sectores con limitado contenido tecnológico, un inferior grado de mecanización que los socios europeos junto con una mano de obra relativamente menos cualificada, a la par que aquellos sectores potencialmente competitivos a nivel internacional son sistemáticamente desmantelados (Murillo, 2010). Ésta estructura productiva se sostiene y refuerza por lo que Miguélez y Prieto (2009) han denominado un ‘modelo con flexibilidad incontrolada’, caracterizado por muy altas tasas de temporalidad y auto-empleo, una tasa de empleo baja y altos niveles de desempleo, desigualmente repartidos en función de procesos de segmentación derivados de la edad, género o lugar de origen.

En definitiva, el modelo laboral español refuerza la inserción externa de su aparato productivo con un perfil tecnológico bajo. Los elevados niveles de temporalidad y desempleo operan de facto como un ejército industrial de reserva latente, en el cual la gran discrecionalidad por parte de los empleadores en su uso del factor trabajo se traduce en un modelo dirigido a maximizar la cantidad de empleo, no su calidad. Como apuntan López y Rodríguez (2010:209), ‘el modelo capitalista hispano ha estado fundado en una estrategia de incremento de la plusvalía absoluta antes que relativa’ como única vía de generación de rentabilidad, en un marco institucional caracterizado por un deterioro progresivo de su componente tecnológico, una productividad del trabajo estancada y unos salarios reales en claro retroceso. La relativa ausencia de restricciones en el uso del factor trabajo es consistente con un modelo que ‘sólo puede sostener una alta tasa de beneficio por medio de una constante dilatación de las plusvalías absolutas’ (López y Rodríguez, 2010:214), por lo que aquellas ramas productivas que requieren un mayor grado de cualificación de y cooperación con el factor trabajo se ven crecientemente infrarrepresentadas en la estructura sectorial durante la última fase expansiva. Así, en relación a la calidad del empleo, ‘la característica más relevante es la variabilidad de la jornada laboral – excesivamente largas y variables (en sectores como el comercio minorista y en hoteles/restaurantes) junto con horas extra – lo cual impone obstáculos en la conciliación entre vida personal, familiar y social’ (Banyuls et al. 2009:259). La incapacidad de fundamentar la rentabilidad capitalista en actividades que permitan un crecimiento sostenido de la productividad laboral refuerza el carácter inherentemente antagónico del capitalismo hispano.

Este modelo laboral y productivo, dónde la precariedad obrera y la discrecionalidad empresarial se habían convertido en factores estructurales, experimenta en la actual crisis sistémica su irrevocable implosión interna. Muy posiblemente, la estrategia de las oligarquías inmobiliario-financieras consistirá fundamentalmente en exacerbar dichas características del modelo español. Sin pretender minusvalorar las posibilidades reales de que la creciente polarización social resultante pueda ser sostenida por la extensión hegemónica de una ideología neo-servil a lo largo del cuerpo social que, pese a la incapacidad de recuperar significativamente la rentabilidad, permita mantener las jerarquías sociales imperantes en el medio plazo, resulta posible concebir un escenario alternativo que pase por una reconfiguración del tiempo de trabajo en términos socialmente más justos.

En este sentido, una reforma institucional que reduzca significativamente la longitud y variabilidad de la jornada laboral, especialmente en aquellos sectores menos proclives a generar endógenamente incrementos significativos de la productividad, podría funcionar como lo que Streeck (1997) ha denominado ‘restricciones beneficiosas’ (beneficial constraints), constituyéndose como incentivos para superar tanto el carácter marcadamente dual de la estructura productiva como el carácter intermedio y subsidiario de su inserción externa. El carácter extensivo y regresivo del modelo productivo español está fundamentado sobre un modelo laboral que favorece la adición extensiva de horas de trabajo en lugar de incentivar un uso más productivo de las existentes. Una reducción general de la jornada laboral, en cualquiera de sus modalidades, constituiría un fuerte incentivo para implementar un modelo productivo con una mayor racionalidad y un superior componente tecnológico, sentando las bases para una recuperación de la productividad laboral que permita compatibilizar la rentabilidad capitalista con una mejora sostenida de las condiciones de vida de los trabajadores. El volumen de contratos temporales, desempleados y contratos a tiempo parcial involuntarios constituyen un masivo ejército de reserva cuya limitación obligaría a los capitalistas españoles a buscar vías de rentabilidad basadas en un mayor componente tecnológico. Las restricciones a un uso extensivo de la fuerza de trabajo implicarían un incentivo para progresivamente abandonar la ‘flexibilidad al margen’ como variante exclusiva en el modelo español (Toharia, 2005), de carácter eminentemente cuantitativo-precarizador y funcional simple (Cano, 2007), por formas de ajuste organizacionalmente más complejas, condición necesaria a su vez para una estrategia de desarrollo fundamentada en la generación de plusvalía relativa y no absoluta. Finalmente, el uso extensivo y discrecional de la fuerza de trabajo es la base última de un patrón de especialización productiva en sectores como la construcción y el turismo, cuya competitividad se centra casi exclusivamente en el abaratamiento progresivo de los costes laborales y no en el incremento de la productividad. Una acción concertada a controlar y redistribuir el tiempo de trabajo debiere ser una piedra fundamental para una reestructuración sectorial que permita reducir el carácter eminentemente antagónico del capitalismo español.

Superar la fragmentación política de la clase trabajadora.

Íntimamente ligado con lo anterior, la cuestión del tiempo de trabajo ofrece la posibilidad de trascender el contexto de elevada fragmentación política resultante de la exitosa implementación del neoliberalismo en los últimos lustros. Este proceso de fragmentación se revela en una doble vertiente. Por un lado, la producción industrial en serie característica del Fordismo facilitaba la construcción de un sujeto político centrado en la clase obrera a través de la experiencia compartida en el lugar de trabajo. Los procesos de des-industrialización derivados de la contrarrevolución neoliberal, junto con la clausura definitiva de la experiencia soviética en términos históricos, eliminan la lucha por la implementación del socialismo como horizonte de sentido unificador de demandas inicialmente heterogéneas. La individualización de la relación laboral fruto del trasvase sistemático de puestos de trabajo industriales al sector servicios imposibilita la traslación directa de la experiencia compartida en el ámbito de la producción a la esfera política. En su lugar asistimos a la proliferación de demandas sectoriales diversas, a menudo enfrentadas entre sí, cuya rearticulación en un proyecto político compartido se torna capital para plantear una lucha hegemónica por una redefinición institucional en términos progresistas.

Por otro lado, la fragmentación interna de la lucha obrera se ve acompañada por la emergencia de movimientos políticos radicalmente irreducibles a la primera. Las luchas feminista y ecologista, o aquéllas contra la discriminación racial o sexual, constituyen ejemplos paradigmáticos de los mismos. Su inclusión en la esfera pública permite poner de relieve diversas fuentes de opresión antaño ignoradas. Sin embargo, su emergencia es sincrónica con la desaparición de la lucha anti-capitalista del imaginario colectivo, pasando el orden social capitalista a formar parte del sentido común de época. En palabras de Žižek (2000:98):

La política posmoderna tiene el indudable mérito de ‘re-politizar’ una serie de cuestiones anteriormente consideradas apolíticas o privadas: sin embargo, es un hecho que no ‘re- politiza’ el capitalismo, pues la propia noción y forma de lo político mediante la cual opera está fundamentada en la despolitización de la economía.

En este contexto de fragmentación política, la demanda por la reducción de la jornada de trabajo puede funcionar potencialmente como principio de agregación de voluntades y demandas heterogéneas, a la par que situaría las relaciones de producción capitalistas en la centralidad de la disputa política. La demanda por la reducción de la jornada laboral ofrece la posibilidad de concebir una alianza transversal entre diversos segmentos de la clase trabajadora, desde los trabajadores precarios del sector servicios a las clases profesionales. Simultáneamente, permite resituar la causa última de las diversas situaciones de opresión en la configuración de las relaciones sociales bajo el capitalismo, cuestionando así la separación entre las esferas pública y privada, es decir, la distinción, constitutiva del orden capitalista, entre producción y reproducción social.

La despolitización de la esfera pública que ha acompañado al neoliberalismo se basa en una insistencia en individualizar tanto los problemas sociales, como sus potenciales soluciones. Más allá de sus efectos en términos de flexibilidad productiva, resulta preciso entender la lógica de la precariedad como una ‘forma de control obrero’, considerablemente más refinada que la mera represión (Cano, 2007). La interiorización de la precariedad permite conseguir simultáneamente dos objetivos básicos de la clase capitalista: conjugar un alto nivel de ocupación laboral con los efectos disciplinantes del ejército industrial de reserva. Lo que debe ser entendido como un programa de clase contra un colectivo determinado es aprehendido como una mera conjunción de problemas individuales. Sin embargo, las posibilidades de revertir la situación actual pasan inexorablemente por una movilización colectiva que tome como punto de partida la condición de los trabajadores en cuanto tales. Dado que las transformaciones productivas recientes impiden que el espacio (la fábrica) funcione como aglutinador de conciencias individuales, el control del tiempo (o su ausencia) podría cumplir dicho cometido. La demanda por la liberación del tiempo puede funcionar, pues, como aquélla demanda particular que se vacía parcialmente de su propio contenido para funcionar como superficie de inscripción para todas aquellas que participen de un proyecto emancipatorio.

Conclusión

Con toda probabilidad, la actual crisis orgánica de la sociedad española no encontrará una solución definitiva en los próximos años. La profundidad de sus desequilibrios internos garantizan que el período de reconstrucción institucional será necesariamente largo, y el carácter más o menos progresista de su eventual salida dependerá de la relación de fuerzas entre los agentes que participen en la contienda.

Las dinámicas propias de las ESA Liberales deparan, como ha sido indicado, una situación paradójica en lo relativo a una oposición transformadora. Por un lado, las clases subalternas llegan al momento de crisis en una situación de extrema debilidad y fragmentación, previniendo así la emergencia de un sujeto político susceptible de participar en una batalla digna de tal nombre. Por otro lado, sin embargo, la duración y dureza de sus efectos dislocadores permiten entrever la posible emergencia de tal sujeto transformador en el transcurso de su resolución. Para ello, la constitución de un nuevo horizonte de sentido que permita agrupar a aquéllos con un interés efectivo en una reversión de las dinámicas anteriores resulta una condición sine qua non.

En el presente artículo argumentamos a favor de la pertinencia de la demanda por la reducción de la jornada laboral para constituirse en dicha demanda que, mediante una traslación metafórica de su contenido particular, permita construir un nuevo horizonte aglutinador. Obviamente, esta tarea requiere a su vez un esfuerzo por dilucidar las diferentes modalidades de su implementación práctica, mas su discusión excede los objetivos del presente artículo. La intención de la presente intervención es la de contribuir a dilucidar las posible líneas de recomposición de la actual crisis en una dirección transformadora, en base a un examen de las causas últimas de su ocurrencia. A éste respecto, las proféticas palabras de Gorz (1989:83) parecen más pertinentes que nunca:

Lo que está en juego es la transición de una sociedad productivista, fundamentada en el trabajo, a una sociedad del tiempo libre. (...) En caso de que ésta no tenga lugar, (...) los ahorros en tiempo y trabajo derivados del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías solamente traerán consigo exclusión, pobreza y desempleo masivo por un lado, y una intensificación de la guerra de todos contra todos por el otro.

Publicado en Revista de economía crítica nº 21, primer semestre 2016

[

Muchas de la ideas que componen el presente texto fueron desarrolladas conjuntamente con Tomás Porteiro, a quién deseo mostrar mi más sincero agradecimiento. Pedro M Rey Araújo]

Pedro M Rey Araújo, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela.

pedrom.rey@rai.usc.es // pedro.rey.araujo@gmail.com

Notas:

1/ Kotz (2003, 2010) indica una cierta asimetría entre ambos tipos. La existencia de problemas de coordinación por parte del capital en lo referente a las ESA Reguladas implicaría que éstas se materializarán, solamente, tras la ocurrencia de determinados factores históricos, a pesar de los beneficios que reportan a la clase capitalista en su conjunto.

2/ ‘Todas las estructuras institucionales estables de una sociedad capitalista, incluidas aquellas que caracterizan al neoliberalismo, representan la estabilización (temporal) de las contradicciones centrales del capitalismo [capital-trabajo, y aquellas internas a cada clase]’ (Wolfson, 2003: 258; mis cursivas)

3/ Sobre el uso del concepto de sobre-determinación para concebir la totalidad social, desde la perspectiva de la economía política, ver Althusser (1965) y Resnick y Wolff (1987). Dentro de la teoría de las ESA, el gran exponente es la obra de Lippit (2005, 2010).

4/ La introducción de tipos-ideales responde a un propósito meramente heurístico, por lo que cada caso concreto presenta invariablemente variaciones respecto a los mismos. En particular, entendemos que la ideología dominante, la cual ha garantizado la aceptación del orden vigente por parte de la inmensa mayoría de la población, no se corresponde con una de tipo individualista- Hobbesiana, si no más bien con las expectativas compartidas de un acercamiento progresivo a los Estados del Bienestar ‘europeos’, en un contexto en el cual los vientos internacionales soplaban en dirección contraria.

5/ Un análisis exhaustivo debería considerar a su vez el rol estabilizador jugado por diversos mecanismos reproductivos como el sistema educativo, las políticas de asistencia social, y singularmente la familia. Sin embargo, el propósito del presente apartado no consiste en presentar tal análisis, sino en mostrar cómo, a raíz de su carácter contradictorio, los principales elementos del proceso de acumulación encuentran acomodo entre sí.

6/ Para un análisis más detallado de los espacios de tensión y confluencia entre la obra de Laclau y la teoría de las ESA, ver Rey Araújo (2015).

7/ ‘La estabilización de las contradicciones del capitalismo tiene una cierta coherencia, representada bien por el principio del libre mercado, bien por el principio de la regulación. Además, dicha coherencia es otorgada por la estabilización de la contradicción fundamental entre capital y trabajo’ (Wolfson, 2003: 258).

8/ Husson (2015) demuestra empíricamente como la acumulación de un stock de desempleo (la ‘Gran Represión’) subyace el trasvase de poder de negociación del trabajo al capital, definitorio del régimen neoliberal.

9/ Éstas pueden manifestarse a través de problemas de sub-consumo, sobre-inversión, o mediante la emergencia de burbujas especulativas.

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