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Venezuela
Contra el hambre y la represión
20/06/2016 | Aporrea.org, Marea Socialista

Rueda de prensa de marea socialista

La organización política Marea Socialista ofreció una rueda de prensa el jueves 16 de junio desde su local central recientemente allanado por el CICPC en circunstancias confusas y todavía no aclaradas suficientemente por las autoridades. Marea Socialista declaró sobre los brotes de protestas que se vienen produciendo en reclamo de alimentos en distintas ciudades del país y presentó propuestas para el manejo de la crisis alimentaria y de medicinas. En la rueda de prensa les acompañaban los ex ministros de Chávez, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez y Oly Millán, el antropólogo e indigenista profesor Esteban Emilio Mosonyi y otras personas distinguidas por sus aportes a las luchas sociales y ecológicas como Santiago Arconada y Edgardo Lander, quienes concurren junto con Marea Socialista en las campañas por la Auditoría Pública y Ciudadana (contra la Deuda ilícita y el Desfalco a la Nación) y por la Anulación del Decreto de Explotación del ARCO Minero del Orinoco (el AMO). Tras la intervención de Gómez hablaron Freddy Gutiérrez, Ana Elisa Osorio y Esteban Emilio Mosonyi, cuyas declaraciones son recogidas aparte por Aporrea.org con los respectivos videos.

Gonzalo Gómez, vocero del Equipo Operativo nacional de Marea Socialista, lamentó que por la falta de soluciones oportunas se haya llegado a una situación en que se vienen produciendo saqueos y la intervención represiva de los cuerpos de seguridad. Creen que la protesta debe canalizarse cívica y políticamente en lugar de caer en saqueos que por unos pocos productos hoy dejan establecimientos vacíos y destrozados para mañana, permitiendo la pesca en río revuelto por sectores delictivos o aprovechadores, y ahondando los padecimientos de la población. Pero rechazan contundentemente que se reprima al pueblo como en la IV República. Marea identifica como principales saqueadores a los responsables del desfalco y fuga de capitales, a los corruptos, a los grandes especuladores y a quienes optan por liquidar los recursos naturales del país para cubrir el hueco dejado por el Desfalco a la renta, como en el caso del Decreto del Arco Minero, antes que asistir al pueblo en esta emergencia.

Para obtener recursos que permitan solventar la emergencia alimentaria y de salud, trayendo alimentos y medicinas para el pueblo venezolano y recuperando su producción, este movimiento político plantea la suspensión y renegociación del pago de la Deuda pública externa (llamada soberana), mientras se realiza una Auditoría Ciudadana, y que se destinen las divisas correspondientes a satisfacer las necesidades de comida y medicamentos, así como de otros productos de consumo básico de nuestro pueblo. Exigen esto, porque denuncian que el gobierno nacional ha decidido un recorte de las importaciones en aproximadamente un 70 % para garantizar primero la entrega de recursos para el pago de deuda, poniendo en segundo término al pueblo venezolano y la sobrevivencia de las familias, frente a los acreedores y los especuladores de los mercados financieros.

Por otra parte, plantean que en vista de la inmensa fuga de capitales y desfalco a la nación; fuga que el propio presidente Maduro ha reconocido en la dimensión de unos 300 mil millones de dólares, se decida un impuesto de por lo menos el 10 % a dichos capitales, mientras se procura su recuperación a través del sistema bancario internacional y las regulaciones legales que suscriben los países. Igualmente señalan la conveniencia de activar el Artículo 116 de la Constitución que prevé la confiscación de bienes de los responsables de delitos contra el patrimonio público, incluidos los casos de corrupción contra fondos, empresas y proyectos del Estado.

En lo inmediato, para la traída rápida de alimentos y medicinas exhortan al gobierno a recurrir al marco solidario de la integración latinoamericana, con la que Venezuela ha contribuido, así como con la ayuda internacional, pero rechazan toda maniobra intervencionista contra la patria como la intentada por la OEA.

Le piden al gobierno que ponga a producir al máximo de su capacidad a las empresas del Estado del área de la alimentación, lácteos y productos agropecuarios, garantizando su distribución al pueblo y aplicando el control social.

Frente a la ola especulativa y el ascenso hiperinflacionario de los precios, exigen que se cumpla a cabalidad con el Art. 91 de la CRBV que establece que el salario mínimo debe calcularse tomando como una de sus referencias el valor de la Canasta Básica y no sólo de la Canasta Alimentaria, pues dicen que el salario mínimo no satisface ninguna de las dos y el gobierno no informa sobre los valores reales de las mismas. Aseguran que la constitución garantiza en este sentido que si los precios suben los salarios también lo hagan al nivel de la Canasta Básica (alimentos, transporte, servicios, salud, educación, vivienda…).

Llaman a que se ponga freno a la corrupción y a los mecanismos mafiosos que corrompen y anarquizan las cadenas distributivas de alimentos creando un Estado y una economía paralela fuera de toda gobernabilidad. Para esto plantean que se recurra a la participación social amplia y transparente sin condicionamientos clientelares, sin discriminación y sin secuestro de los organismos para la entrega de bolsas de comida por parcialidades políticas y por roscas de la corrupción, donde se mezclan las complicidades de empresas, comercios, funcionarios y policías.

Finalmente, convocan al pueblo a apoyar la construcción de una nueva referencia política para recuperar la revolución y la democracia, frente al desastre creado por capitalistas y burócratas, por los factores polarizados del Gobierno/ PSUV y de la AN/PSUV, rechazados por un número cada vez mayor de venezolanos que los ven enfrascados en una lucha de poder a espaldas del sufrimiento de la población y sin abrir camino a soluciones efectivas.

Aporrea.org

18/06/2016

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Declaración De Marea Socialista:

¡No al Hambre y a la Represión! ¡Soluciones para el Pueblo!

Marea Socialista agradece el acompañamiento solidario de un conjunto de activistas y factores aliados, que venimos concurriendo en las campañas por la Auditoría Pública y Ciudadana, así como para la Anulación del Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco, que nos han manifestado nuestro apoyo frente al allanamiento del que fuimos objeto, en extrañas circunstancias, el día 10 de junio del año en curso.

Además de referirnos a este tema, debemos comenzar por opinar sobre el contexto en que se vienen dando situaciones como estas, con crecientes brotes de protesta que de manera cotidiana se vienen presentando en todo el país, donde sectores del pueblo reclaman en la calle por la falta de alimentos. Pero lo más lamentable es que se vienen acentuando las respuestas represivas de los órganos de seguridad del Estado, que cada vez adquieren matices más brutales, llegando a la represión armada y al asesinato de pobladores hambrientos, recordando el ambiente de aquellos tiempos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fueron motivo de arranque de la revolución bolivariana. Condenamos tajantemente estas manifestaciones represivas que significan un grave retroceso para la democracia, para los logros de la revolución y para los Derechos Humanos. La respuesta hacia al pueblo debe ser el diálogo y la participación, junto con la aplicación de soluciones urgentes y efectivas, en vez de la reacción represiva clásica de los gobiernos capitalistas.

Una comisión fuertemente armada de funcionarios del CICPC, ejecutó un allanamiento al local de MS en el centro de la capital. Esto sucedió a partir de una confusa orden emitida por la juez Denisse Bocanegra, en función de una investigación de la Fiscalía Nº 123 de Caracas, sobre un caso judicial ajeno a esta organización política, identificado con la Causa Nº 09ºC S-1.329-16. La instrucción era “ubicar objetos de interés criminalístico” que no fueron hallados.

Coincidentemente, tras la publicación de una Declaración de Marea Socialista sobre lo acontecido, a través del portal alternativo Aporrea.org, esta página Web, experimentó una prolongada caída, asociada a ataques informáticos. Aporrea.org es espacio habitual de divulgación y debate de a revolución, de los movimientos sociales y del pensamiento crítico, incluidas las opiniones y documentos de Marea Socialista y de diversas plataformas de lucha.

Por todo ello, queremos expresar, en primer lugar, nuestro más enérgico rechazo al retorno de estas prácticas de corte autoritario, que reedita las conocidas durante la IV República. Lo interpretamos como un aviso e intento de intimidación ante las campañas, denuncias, planteamientos e iniciativas de acción que venimos impulsando en frentes sociales y políticos unitarios. Igualmente lo hacemos frente a cualquier tipo de agresión callejera que interfiera en las actividades de las organizaciones políticas del signo que sean.

La tesis de que la acción practicada en el local de Marea (utilizado también como espacio de reunión de varias plataformas de lucha), no tendría que ver con este partido político hostigado, y con los movimientos populares que allí se congregan, no nos resulta convincente ni nos hace dejar de verlo como una señal de amedrentamiento o retaliación con trasfondo político, por las campañas que desplegando junto a numerosos activistas, movimientos y agrupaciones. Hay antecedentes de otras acciones hostiles y sabotajes contra MS y sectores relacionados: apagones en eventos públicos, irrupción de colectivos en ruedas de prensa, negativa a permitir el proceso de legalización de nuestra organización, juicio político en el TSJ en lugar de defender nuestros derechos democráticos, despido de militantes en empresas del Estado, por mencionar algunos casos.

Por otra parte, lo ocurrido al medio de comunicación popular y alternativo, Aporrea.org, constituye un encadenamiento de hechos que añade decibeles a la percepción de deterioro del clima político, de violación de derechos democráticos y de represión antipopular, en el marco del Estado de Excepción decretado por el gobierno (un tipo de decreto al que siempre se negó Chávez). Por consiguiente, exigimos explicaciones de aclaración pública a los órganos del Estado y reclamamos garantías para nuestro accionar político democrático, así como los correctivos que impidan la repetición de estos atropellos.

En segundo lugar, queremos exponer algunos elementos de nuestra visión y propuestas centrales en torno a las vías de solución de la actual crisis y principalmente frente a la emergencia alimentaria y de medicinas, que se conectan con temas sobre los que hemos venido trabajando, como el de la Deuda, el Desfalco a la Nación, la Auditoría Ciudadana y nuestra resistencia a nuevos proyectos extractivistas, capitalistas y depredadores de la naturaleza, contrarios a la soberanía, como el del Arco Minero del Orinoco en el Macizo Guayanés y la Amazonía venezolana.

Hoy podemos ver cómo las cúpulas del Gobierno-PSUV y de la AN-MUD se hayan inmersas en una batalla por el poder y por sus negocios, de espaldas al sufrimiento de las mayorías que están padeciendo la tremenda privación de alimentos y de medicamentos, causada por las prácticas capitalistas delictivas de unos y por la corrupción y el burocratismo de otros. El gobierno aplica un paquete de ajuste económico que no se parece al Programa de la Patria y se parece más al programa de la MUD. La derecha sigue sin mucho empeño en el tema del revocatorio y agita su pedido de auxilio al Ministerio de Colonias del Imperialismo, la OEA, mientras presenta y aprueba proyectos de ley que sólo tienen que ver con sus intereses particulares o que lesionan al pueblo. Pero ninguno apunta realmente a resolver los problemas centrales relacionados con el aprovisionamiento y distribución de la comida y con la necesidad de frenar la inmensa ola especulativa. Ni unos ni otros hacen nada para develar el desfalco y fuga de capitales ni para recuperar la colosal masa de divisas arrebatada por ambos al país.

El gobierno prefiere reducir drásticamente (aproximadamente en un 70 %) el gasto en importación de comida, fármacos y productos de primera necesidad, con tal de garantizarle a los financistas el pago de una Deuda Externa con altos componentes de ilicitud y corrupción. La MUD no se opone a esto; es parte de su política. Prefiere entregar de nuevo los recursos mineros a transnacionales que fueron expulsadas por Chávez y emprender proyectos destructores de la biodiversidad y de las fuentes de agua, trágicos para nuestros pueblos indígenas, con tal de obtener más divisas y oro para pagar esa Deuda Corrupta. Pero no le interesa confiscar los capitales desfalcados y fugados por burócratas y por capitalistas. La MUD y la AN apenas han comenzado a prestarle atención a este tema. Más allá del show político, todos apuestan a que el gobierno de Maduro vaya aplicando las políticas de derecha y que sea él quien pague el costo político, para allanarles el camino al poder.

Por eso nos dirigimos a nuestro pueblo para plantearle, junto con la defensa de los derechos democráticos y el rechazo a la represión, que concentremos la presión en la solución de la emergencia alimentaria y de medicamentos, y en función de eso, proponemos una gran convergencia nacional en torno a varios puntos claves:

1. - Que se priorice la alimentación y la protección de la salud del pueblo frente al pago de la Deuda Externa. Suspensión temporal del pago de la deuda para destinar las divisas a garantizar los suministros que requiere urgentemente la población ante el azote del hambre. Que se inicie una Auditoría Ciudadana para identificar y desconocer las deudas ilícitas, ilegales y corruptas en función de las cuales se sacrifica a la nación.

2. - Que se procuren recursos extraordinarios para atender la crisis, a través de un impuesto adicional a los grandes capitales y a la banca, y especialmente a los capitales fugados, reconocidos por el presidente Maduro en más de 300 mil millones de dólares que no ha hecho nada para poderlos recuperar. Proponemos un impuesto del 10 % a los capitales fugados mientras se procura su repatriación total. Activación del Art. 116 de la CRBV que dispone la confiscación de bienes de los responsables de delitos contra el patrimonio público y enriquecimiento ilícito.

3. - Que se promueva urgentemente la apertura de un corredor de ayuda alimentaria y de salud, en el marco solidario de los mecanismos de integración suramericana, latinoamericana y caribeña que Venezuela ha contribuido a construir (ALBA, UNASUR, CELAC, MERCOSUR, PETROCARIBE, etc.) y en cuyo marco ha dado muestras de una solidaridad que es justo sea retribuida en estos momentos difíciles. Rechazamos el intervencionismo imperialista contra nuestra soberanía.

4. - Anulación del Decreto del Arco Minero para preservar el agua y la naturaleza de actuales y futuras generaciones. No al extractivismo que daña el ambiente para pagar la Deuda corrupta y el agujero del Desfalco. Que paguen los responsables.

5. - Cálculo del salario mínimo tomando como referencia el valor de la Canasta Básica, como lo establece el Art. 91 constitucional, que permita a las familias vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, para mejorar la capacidad adquisitiva del pueblo. Si suben los precios de los alimentos y otros bienes o servicios de la Canasta Básica, deben subir igualmente los salarios.

6. - Poner las empresas del Estado del área de la alimentación o conectadas con la salud a producir al máximo de su capacidad para abastecer a la población, sustituyendo la fracasada administración burocrática por el control de los trabajadores y de las comunidades, para enfrentar las corruptelas y el parasitismo, el desvío de mercancías y otras prácticas nocivas.

7. - Desarticular los circuitos mafiosos, corruptos, burocráticos y capitalistas de la distribución de alimentos y del contrabando de extracción, mediante la participación ciudadana amplia y la contraloría social, no confiscada ni monopolizada por parcialidades políticas. Devolver al pueblo el derecho a elegir qué y cuándo compra sus alimentos, en cantidades suficientes para su alimentación; derecho que no puede ser garantizado por mecanismos insuficientes y discriminatorios como parecen ser los CLAP.

8. - Abogamos por el diálogo verdadero con el pueblo y con todos los sectores que puedan aportan a resolver la emergencia alimentaria. Exigimos más democracia real, más consulta a todos los niveles, respeto a la Constitución sin maniobras, incluidos los obstáculos al ejercicio del derecho al Referendo Revocatorio. Reclamamos más participación sin interferencias burocráticas ni acuerdos de las cúpulas (Gobierno-PSUV y AN-MUD) a espaldas de la ciudadanía. No a la represión antipopular y a la militarización. No a la represión del pueblo y de los ciudadanos que reclaman comida. ¡Atiendan al pueblo, no lo repriman!

Finalmente llamamos a todos aquellos y aquellas que quieran sacudirse este nuevo bipartidismo y su polarización servil a tan parecidos intereses (corrupción, especulación, capitalismo mafioso, desfalco al país, transnacionales y potencias dominadoras) a que impulsemos juntos la construcción de una nueva referencia política para una salida realmente revolucionaria, democrática y humana a la crisis en la que nos tienen sumidos.

16/06/2016

Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista

http://www.aporrea.org/actualidad/n292454.html



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