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Tribuna VIENTO SUR
Tras la ruptura del pacto de Junts pel Sí y la CUP
12/06/2016 | Martí Caussa

El presidente Puigdemont declaró la ruptura del pacto después del veto de la CUP a los presupuestos. El anuncio ha provocado el aplauso de la derecha y los anti-independentistas, una buena razón para preguntarse si la decisión de la CUP ha sido acertada, pero no la única a tener en cuenta.

Qué decía el pacto y quién lo ha roto

El pacto se suscribió el 9 de enero de 2016 para asegurar la estabilidad parlamentaria del gobierno del presidente Puigdemont, el cual se comprometía a llevar adelante la resolución del Parlament del 9N de 2015 entre cuyos puntos principales estaban: el blindaje de los derechos fundamentales y un plan de choque de medidas sociales, la defensa de la soberanía del Parlament a frente las leyes anuladas por el Estado español y la apertura de un proceso constituyente ciudadano y participativo.

El pacto no hablaba explícitamente de los presupuestos de 2016 y podía ser interpretado tanto en el sentido que incluía aprobarlos (como ha hecho CDC), como en sentido contrario (como ha hecho la CUP). Precisamente porque las dos interpretaciones eran posibles se imponía negociarlos con la CUP antes de presentarlos, cosa que no se ha hecho. ERC era favorable a esta negociación, al menos después de su presentación, y alguno de sus dirigentes reconoce que un sector de CDC capitaneado por Homs y Mas ha trabajado activamente para dinamitar los puentes con la CUP. Presentar los presupuestos en estas condiciones significaba una voluntad de situar a la CUP ante dos malas alternativas: o tragar con unos malos presupuestos que no se habían negociado con ella, o afrontar la acusación de que ponían en peligro todo el proceso hacia la independencia. Reaparecía así la vieja táctica de CDC y Artur Mas frente a quienes se oponían a sus políticas, fueran la CUP o ERC, y que tan buenos resultados les había dado, excepto para conseguir la presidencia para Artur Mas.

Pero seguramente la decisión de la CUP de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, en lugar de enmiendas parciales fuertes, no ha sido la mejor opción: ahora mismo hay muy poca gente en condiciones de explicar qué pedía la CUP, qué razones tenía para hacerlo y que alegaba Junts pel Sí para negarlo. Se ha decidido no utilizar la tribuna que significaba un debate parlamentario más prolongado para explicar las propias razones, rebatir las de Junts pel Sí, conseguir mejoras suficientes en los presupuestos o cargarse de razones para rechazarlos. La CUP se ha partido de nuevo en dos mitades, no ha tenido la capacidad de llegar a una posición de consenso o de fuerte mayoría y se ha impuesto la misma mitad que durante la investidura de Mas. Eulalia Reguant con su discurso en el Parlament y Carles Castellanos en un reciente artículo pueden servir para ilustrar las dos posiciones.

Puigdemont ha sido más astuto y con la ayuda de la práctica totalidad de los medios de comunicación ha conseguido presentar a la CUP como la fuerza que no cumple los acuerdos y pone en riesgo el proceso hacia la independencia. Con estos argumentos ha roto el pacto con la CUP y ha anunciado que se someterá a una moción de confianza en septiembre. La consecuencia es que los acuerdos del Parlament del 9N de 2015 están en entredicho y que la iniciativa para reformularlos está en manos del presidente de la Generalitat.

Dónde estamos ahora y cuáles son las tendencias

Estamos en una situación muy parecida a la que había antes del 9N de 2015, con los compromisos de la resolución del Parlament en entredicho, y con Puigdemont en lugar de Mas. Ha habido un cambio de presidente, que ahora tiene más prestigio que su antecesor, pero que comparte con él una actitud que es el sello distintivo de CDC: entender que la unidad debe hacerse en base a su política e intentar culpabilizar a quien se opone a ella, presentándolo como un peligro para el movimiento nacionalista.

Lo que intentó Mas en ocasión de su investidura ha vuelto a intentarlo Puigdemont a raíz de los presupuestos: demonizar a la CUP, intentar cortar el nervio anticapitalista del movimiento independentista. Cuanto más avance en este objetivo, más moderada será la revisión de la hoja de ruta.

El verdadero rostro de todas las tendencias presentes no se conocerá, seguramente, hasta después del 26J, pero deberá estar claro para la moción de confianza de septiembre. Mientras tanto la acción del gobierno y del Parlament seguirán caracterizadas por la falta de iniciativa: nada parecido a un plan de choque social, ni de blindaje de las leyes sociales aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal constitucional, ni actos de soberanía para defenderlas, ni leyes de desconexión, ni inicio del proceso constituyente popular. Todo en stand by no declarado mientras se revisa la hoja de ruta.

La derecha social, un sector de la derecha política y el anti-independentismo tienen claro lo que quieren: un cambio de ruta de ciento ochenta grados, volver al encaje de Catalunya con España, negociar mejoras con el gobierno que salga del 26J y abandonar cualquier veleidad sobre el derecho a decidir y, más aún, sobre un referéndum de independencia. Su problema es que, de momento, no tienen piloto para esta ruta: ni PP, ni C’s, ni PSC son capaces de manejar este timón. La esperanza de que este piloto surja de la confluencia entre el “manzanilla party” de CDC y los restos de UDC tiene poco fundamento.

Curiosamente la esperanza de una reconducción “razonable” del movimiento independentista se dirige hacia el mismo partido y hacia las mismas personas en las que una gran parte del movimiento nacional confía para conseguir la independencia: CDC, Mas y Puigdemont. Es decir hacia un partido independentista en plena refundación y con dos líderes, que no se han comportado exactamente igual en la crisis de los presupuestos; ni el partido ni sus dos líderes tienen todo el margen de maniobra que desearían, porque van a seguir estando condicionado por la ANC en primer lugar, por Omnium, por la AMI, por ERC y por la heterogeneidad de Junts pel Sí.

Si se impusiera el deseo de Artur Mas de cortar definitivamente con la CUP si no se somete y de marginalizarla dentro del movimiento independentista, Junts pel Sí se encontraría en minoría en el Parlament y, más pronto que tarde, debería convocar unas elecciones en las que probablemente perdería fuerza, tanto si conservara el nombre, como si CDC y ERC decidieran concurrir por separado. La esperanza de obtener una mayoría de diputados independentistas sin contar con los de la CUP es una ilusión; como también lo es la posibilidad de superar el 48 % de votos independentistas si se entra en una descalificación abierta de su componente anticapitalista. Pero una derrota de los partidos independentistas en las urnas podría significar el principio del fin del movimiento que los sustenta, al menos tal como lo hemos conocido hasta ahora. Solo después de una derrota de este tipo se crearía el espacio para un independentismo “razonable”, es decir, un independentismo que se proclama como tal pero que sitúa su objetivo a muy largo plazo.

Otra vía, no contradictoria con la anterior, es la que tantea Francesc Homs, cabeza de lista de CDC y conocido martillo de la CUP: dirigirse al gobierno que salga del 26J para negociar la fecha, la pregunta y el quorum necesario para hacer un referéndum sobre el futuro de Catalunya. Si el futuro gobierno de España estuviera presidido por una persona de derechas inteligente y aceptara la propuesta de Homs, seguramente se extrañaría de lo dialogante que podría llegar a ser CDC; pero esta persona no existe. La otra posibilidad es que el presidente fuera Pablo Iglesias u otra persona de izquierdas que aceptara el referéndum; pero esto parece poco probable. Francesc Homs sabe las dos cosas, pero debe considerar útil electoralmente enviar un mensaje dentro de la botella.

Hay también otra vía, que ya estaba antes, pero que ahora podría adquirir más fuerza: apoyarse en el soberanismo no independentista para explorar juntos una salida.

La propuesta de referéndum unilateral por la independencia

Si el resultado del 27S de 2015 hubiera sido un porcentaje de votos a favor de la independencia superior al 50 % probablemente estaríamos en otra situación, pero no fue así y apenas llegó al 48 %. Esta “pequeña” diferencia supuso un déficit de legitimidad democrática para proclamar la independencia.

La repetición del discurso de primero la independencia y todo lo demás ya se verá después, no tiene la capacidad de conseguir una mayoría social favorable a la independencia (y por muy buenas razones). El sector decisivo para alcanzar la mayoría es el sector social de izquierda soberanista, partidario del derecho a decidir pero no independentista o, mejor dicho, no independentista si hay otras posibilidades de ejercer el derecho a decidir. Este sector puede inclinarse por la independencia en unas condiciones determinadas: que vea cerradas las posibilidades de que el Estado español acepte un referéndum, que el país a construir no derive del programa de los partidos independentistas sino de un proceso constituyente popular, que el gobierno de Catalunya en la transición sea favorable a las demandas sociales más urgentes y que la propia decisión de la independencia no derive del resultado de unas elecciones catalanas sino de un referéndum específico organizado por el Parlament de Catalunya.

Estas condiciones pueden existir en función de los resultados del 26J, de la actitud de los partidos soberanistas e independentistas y, sobre todo, de las organizaciones del movimiento independentista. En realidad, en la letra de la resolución del Parlament del 9N de 2015, sólo falta una de las condiciones que dependen de Catalunya: el referéndum unilateral de independencia (RUI), sobre el que ahora está abierto un importante debate. El debate sobre el RUI ha substituido al debate sobre la DUI (declaración unilateral de independencia). Por eso la resolución del 9N del Parlament debe ser reivindicada y defendida; lo que añade la RUI es más democracia, condicionar la independencia a la decisión mayoritaria del pueblo de Catalunya, pero sin cruzarse de brazos ante la negativa reiterada del Estado español a organizar la consulta.

Como la mayoría de alternativas en situaciones nuevas, la reivindicación del referéndum unilateral después del 27S fue inicialmente minoritaria: lo defendieron, por ejemplo, Endavant en la asamblea de la CUP sobre la investidura de Mas o Procés Constituent en su III Asamblea General. Pero ahora hay un intenso debate público sobre la misma: la CUP está de acuerdo, la ANC ha decidido abrir una consulta sobre el mismo, ERC se muestra receptiva y el propio Puigdemont no lo descarta. Pero Homs sí lo descarta.

Desde luego aprobar y llevar a la práctica una hoja de ruta que mantenga lo esencial de la resolución del Parlament del 9N e incorpore el referéndum unilateral de independencia no será fácil. Se necesita mantener la unidad del movimiento independentista, reforzar su sector de izquierda y hacer una apertura hacia nuevos interlocutores. Se necesita también que los sectores soberanistas acepten el reto y acepten la confluencia en los nuevos objetivos. Pero es la posibilidad de evitar que se cierre la ventana de oportunidad hacia la ruptura con el régimen del 78 y el inicio de un cambio en los terrenos social y nacional.

12/06/2016



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