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Colombia. Diálogos para la paz
Entre la violencia física y estructural
06/06/2016 | Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez,

Las actuales negociaciones, denominadas diálogos de paz, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (de aquí en adelante FARC-EP) y el Gobierno Nacional de Colombia, dieron inicio de manera formal el día 26 de agosto del año 2012. Estas negociaciones tienen como fin dar por terminado el conflicto armado entre los dos actores pactantes. Ahora bien, cabe traer a colación las expectativas actuales sobre un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-.

Este proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP-, que se está efectuando en La Habana, Cuba, está subordinado bajo ciertos criterios inamovibles e innegociables como se percibe de las declaraciones del presidente de Colombia dentro de las cuales se puede destacar la que hizo en julio de 2015 en el “Colombia Summit” evento para empresarios- en donde expresó que: "Es importante que estén tranquilos porque nuestro modelo económico no está incluido en las negociaciones, simplemente estamos negociando cinco puntos específicos que de llegar a concretarse podemos estar creciendo 2% adicional por siempre en Colombia". Redacción Economía, 2015]

Es así como se hace evidente que en los actuales diálogos no se está discutiendo las relaciones que han generado y perpetuado el conflicto en Colombia, y por lo cual nos surgen diversos cuestionamientos: ¿Qué se está negociando? ¿Cuáles son los intereses de las partes? ¿Qué se piensa transformar?

Frente a esto, proponemos que los conflictos sociales, económicos y políticos del país deben ser observados bajo las diferentes formas de dominación de las relaciones socio-económicas en el capitalismo y de la instrumentalización de las distintas formas de violencia en el país. Por medio de esta perspectiva observamos como el Estado colombiano impone, a través de la manipulación de los medios masivos de comunicación, una forma de entender las negociaciones de La Habana ligada con el fin del conflicto, el llamado pos-conflicto.

Más adelante evidenciaremos como este “pos-conflicto” ha servido para la legitimación de la intensificación de reformas económicas y la profundización de un modelo productivo financiarizado, dependiente, reprimarizado y por ende extractivista, que se concreta en la violencia estructural. Esta manipulación gira entorno de mantener y llevar a feliz término las negociaciones en La Habana, con el fin de llegar al cese del conflicto armado en el país, la violencia física.

El gobierno ha instrumentalizado las negociaciones de paz, para imponer y legitimar ciertas reformas denominadas por el presidente Santos, “los sacrificios para la paz”. Estos sacrificios se han intensificado en los dos últimos años debido en parte a la debacle de la economía colombiana, y en general, de las economías periféricas y dependientes, en el entendido que la caída de los precios de las materias primas incide de manera directa en las balanzas comerciales del país y en el déficit fiscal de los Estados.

Estas reformas radicalizan la explotación, opresión y despojo, ocasionando un aumento del descontento social, el cual ha sido manejado por medio de la manipulación en torno a los diálogos de paz; y cristaliza así el interés del gobierno de pacificar el territorio con el fin de aumentar la inversión extranjera directa en el país a través de la imposición e intensificación de la violencia estructural en la sociedad, y aunque suene contradictorio, el aumento de la violencia física/1.

Es de nuestro interés realizar una serie de artículos en donde pongamos en evidencia con más desarrollo las situaciones que hemos denunciado anteriormente en torno a “Los diálogos de Paz”, con el fin de analizar desde otra perspectiva lo que ha sido el contexto colombiano en los últimos años desde el anuncio del inicio de las negociaciones. El presente artículo consiste en el primero de esta serie.

I. El conflicto socio- económico en Colombia y las diferentes formas de violencia en el capitalismo

Las actuales negociaciones parten de diferentes intereses. En un extremo se encuentran las FARC-EP, que propende por poner fin a la violencia armada y dar paso a la disputa política por el devenir del país; y en el otro extremo, se posiciona el interés del gobierno, el cual se sustenta en la pacificación de los territorios con el objetivo de aumentar la Inversión Extranjera Directa, como fuente del binomio: crecimiento económico igual a desarrollo. El discurso ha sido manejado maquiavélicamente por el gobierno, que sustenta su interés en los diálogos de paz con el fin de generar una reconciliación en la sociedad; sin embargo, en la realidad refuerza, aumenta y fortalece la exclusión social y el apartheid económico.

Los diálogos de paz parten de la pretensión de cerrar un ciclo de violencia en el país. Este ciclo de violencia puede ser rastreada según el enfoque epistemológico con el cual se afronte dicho proceso histórico. Entre dichos acercamientos y exposiciones encontramos tanto miradas de corto plazo que fundamentan su explicación en una observación de factores o en la suma de ellos –dando como fin un alto grado de reduccionismo-, como investigaciones basadas en análisis de largo aliento que parten del estudio estructural del origen de la violencia en el país. Estas investigaciones se sustentan en las relaciones tanto sociales como económicas en la sociedad, brindando una explicación mucho más compleja que la mera suma de los factores-/2.

Por medio de estas interpretaciones de los orígenes y actualidad de la violencia en Colombia, se pueden encontrar la pluralidad de enfoques, desde los cuales se observa el proceso de negociación entre las FARC EP y el gobierno colombiano, de los cuales se desprenden múltiples posicionamientos acerca del proceso que se lleva a cabo actualmente en La Habana, Cuba.

Nuestro enfoque para abordar los “diálogos de paz”, parte de un análisis estructural de la violencia en Colombia, que puede ser rastreada desde principios de la República y que tiene como detonante la gran acumulación de tierra en el país, debido en parte a la necesidad de financiamiento del Estado colombiano en el siglo XIX lo que introdujo la titularización de tierras a terratenientes, militares y políticos, conllevando a una alta tasa de desposesión de territorios de miles de comunidades, con el fin de mantener y posicionar una hegemonía política y economía en el país. (Gómez Celi & Galindo Martínez, 2016)

Dicho proceso dará inicio a un ciclo histórico de altas y bajas tasas de violencia e intensificación de estas en ciertos periodos del siglo XIX y XX, y lleva en sus huestes la acumulación originaria y por desposesión en nuestra sociedad, dando como resultado histórico la expulsión de millones de campesinos hacia los centros urbanos en el país con el fin de imponer las relaciones sociales y económicas particulares del sistema capitalista.

Estas relaciones están basadas en la explotación, opresión y despojo de la sociedad, lo que lleva en sí la instrumentalización del poder por medio de por lo menos dos tipos de violencia en la sociedad: la violencia física, y la estructural, Hannah Arendt planteó que: “la violencia - a diferencia del poder o la fuerza- siempre necesita herramientas” (Arendt, 2006, pág. 10), esto llevado a nuestro análisis conlleva a que cada tipo de violencia posee diferentes herramientas o se vale de diferentes medios, lo que puede evidenciarse en tanto que la violencia física utiliza la industria militar y la violencia estructural se expresa por medio de la determinación de ciertas formas de relaciones socio-económicas que producen y reproducen el sistema.

Los diferentes tipos de violencia, se expresan como una totalidad abierta, como planteaba Henry Lefebvre: “una totalidad “abierta” puede envolver otras totalidades igualmente abiertas, pudiéndose implicarse a profundidad, etc. La noción de totalidad abierta corresponde a otro tipo de investigación y de pensamiento filosófico” (2011, pág. 105). Por lo cual sostenemos que los diferentes tipos de violencia se comportan como totalidades abiertas puesto que no se excluyen, en realidad se articulan con el fin de ocasionar relaciones de control, subordinación y manipulación en la sociedad.

Ilustración 1. Círculo de la violencia en el sistema de dominación relacional socio-económico capitalista

Sobre estas dos formas de violencia en la sociedad analizaremos los procesos de negociación del fin del conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, desde una mirada estructural, relacional y compleja, desde la cual sopesaremos las transformaciones reales de este proceso autodenominado por sus actores “diálogos de paz” en el recorrido de estos últimos años.

Para entender la violencia física y estructural antes debemos observar que significa la violencia en sí, para lo cual retomamos una de las definiciones aportadas por Walter Benjamín:

“[…] la violencia, para comenzar, sólo puede ser buscada en el reino de los medios y no en el de los fines. […] Puesto que si la violencia es un medio, podría parecer que el criterio para su crítica esta ya dado, sin más. Esto se plantea en la pregunta acerca de si la violencia, en cada caso específico, constituye un medio para fines justos o injustos” (Benjamin, 1999, págs. 3 - 4)

Es decir, que la violencia se presenta como una herramienta para la consolidación de un fin determinado por ciertas relaciones.

II. la violencia en Colombia

1. La violencia física en los “diálogos de paz” en Colombia

La violencia física se presenta como la forma corpórea de subordinación de un sujeto por otro, es decir, la imposición de ciertas dinámicas por medio de la fuerza física de un sujeto a otro o de una colectividad a otra.

La negociación entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se presenta al mundo como la negociación del fin del conflicto armado en el país, violencia que se expresa por medio de la sujeción y/o eliminación física que ha dejado cientos de miles de muertos en el país e innumerables vejámenes para con la sociedad.

Este conflicto mantiene como sujetos activos al Estado colombiano, las fuerzas para-estatales “Paramilitares”, y las guerrillas colombianas, entre otros sectores beligerantes en el país. Estos actores han instrumentalizado en mayor o menor medida la violencia física, como el recurso primordial para lograr sus fines. Lo cual se puede evidenciar en los datos que ha recogido el Centro Nacional de Memoria Histórica en el periodo de 1958 a 2012, en donde se observa que el conflicto armado en este periodo de tiempo ha ocasionado la muerte de 218 094 personas, el secuestro de 27 023 personas, el asesinato selectivo de 150 000 personas, 1982 masacres con 11 751 víctimas, 25 007 desapariciones forzadas, 1754 víctimas de violencia sexual, 5 712 506 personas desplazadas de maneras forzada de sus territorios, y al menos 95 atentados terroristas (2012); datos que ejemplifican el accionar de la violencia física en el país.

Estas cifras ejemplifican de una manera cuantitativa la violencia física en el país, en aproximadamente 5 décadas. Esta forma sistemática de violencia física tiene como damnificados al conjunto de la sociedad colombiana, que vive día a día una alta tasa de zozobra en una sociedad totalmente deteriorada.

El fin del conflicto armado en Colombia es totalmente necesario; sin embargo, esto no puede significar que se oculte el aumento de la violencia estructural en el país y mucho menos que el gobierno legitime estas reformas –tanto económicas, políticas y sociales- por medio de la manipulación en torno a las negociaciones. Tampoco se puede equiparar el apoyo a favor del fin conflicto armado en el país con el apoyo al gobierno de Juan Manuel Santos.

La violencia física en el país durante los diálogos de La Habana no ha cesado, por el contrario, la violencia física se ha instrumentalizado y focalizado hacia los líderes sociales. Los asesinatos en el transcurso del año 2016 ya sobrepasan los 100 líderes y lideresas sociales, lo cual ejemplifica que la violencia física en el país no se ha reducido de ninguna manera y que en el futuro cercano se observa una profundización de este tipo de violencia, debido en gran parte a la profundización del modelo económico colombiano que parte de la explotación de los bienes comunes -que como evidenciamos anteriormente no está en discusión-, pero que si se profundiza por parte del gobierno bajo el blindaje de los denominados “sacrificios para la paz”.

2. La intensificación de la violencia económica estructural en la sociedad

La violencia estructural parte de la implantación de determinadas relaciones de producción y reproducción de la vida material. Estas relaciones se concretan en las relaciones sociales y económicas que se comportan como totalidades abiertas. Las relaciones sociales se expresan por el relacionamiento entre sujetos y las relaciones económicas se expresan en las relaciones entre los sujetos y la naturaleza. (Bensaïd, 2003) Como evidencia Ernest Mandel este tipo de violencia estructural es intrínseco al Estado.

“Por tanto, el nacimiento del Estado es producto de una doble transformación: la aparición de un sobreproducto social permanente, que permite liberar a una parte de la sociedad de la obligación de efectuar un trabajo para asegurar su subsistencia, la cual crea con ello las condiciones materiales para su especialización en funciones de acumulación y administración; una transformación social y política que permite excluir a los demás miembros de la colectividad del ejercicio de las funciones políticas, que eran anteriormente patrimonio de todos”. (Mandel, 1977)

En el sistema capitalista las relaciones sociales parten de la división de la sociedad en dos clases irreconciliables debido a que en tanto por un lado la producción se expresa desde un proceso social, por el otro lado la acumulación se hace de manera individual, trayendo consigo la acumulación de capital en pocas manos, mientras la gran mayoría de la sociedad tienen que vender su fuerza de trabajo en la cual se evidencia la desposesión de tiempo de trabajo es decir tiempo de vida la cual es apropiada por la clase capitalista, esto debido a la enajenación previa de los medios de producción y la implantación de las relaciones capitalistas de reproducción en el sistema.

Estas relaciones generan la alienación, el fetichismo de la mercancía y la posterior reificación en la sociedad, debido en parte a la separación entre el trabajo material e intelectual, la división del trabajo y la posterior división internacional del trabajo. Estas relaciones se basan en el predominio del valor de cambio por encima del valor de uso.

El Estado capitalista por medio de la manipulación ideológica consolida la dominación de clase como lo expone Ernest Mandel, por lo cual el Estado parte del blindaje de dichas relaciones socio-económicas y pretende profundizarlas conforme al interés de clase que representa.

“[…] la dominación de una clase sobre otra, es absolutamente indispensable que los productores, los miembros de la clase explotada, sean manipulados para que acepten como inevitable, permanente y justo el hecho de que una minoría se apropie del excedente social […]” (Mandel, 1977)

Es decir que la violencia económica estructural, puede ser explicada a partir del aumento de la tasa de explotación de trabajo en la sociedad, de opresión -por medio de la fiscalidad Estatal-, y por medio de la desposesión de la calidad de vida de los sujetos en la sociedad -desposesión de bienes comunes y de bienes públicos, entendidos como gastos sociales, que se interpretan como algo natural e intrínseco en la sociedad (O’Connor, 1981)

3. La violencia estructural en las negociaciones de La Habana

Con la puesta en marcha de las negociaciones, el Estado colombiano manifestó de mano del presidente Santos no estar negociando el modelo económico en la Habana, lo cual se sustenta en la relación estrecha entre el Estado Colombiano y el modelo económico en el país; como plantea James O’Connor el Estado debe cumplir con dos funciones básicas, que parten de la intensificación de la acumulación privada de la riqueza social producida por el conjunto de la sociedad y la legitimación del Estado por medio del instrumento del gasto social, las cuales son intrínsecamente contradictorias.

“Esto significa que el Estado debe intentar mantener o crear condiciones en las cuales sea posible la acumulación rentable de capital. Además, el Estado debe tratar también de mantener o crear las condiciones necesarias a la armonía social. Un Estado capitalista que empleara abiertamente sus fuerzas coercitivas para ayudar a una clase a acumular capital a expensas de otras clases, perdería su legitimidad y socavaría por tanto el fundamento de la lealtad y el apoyo de que gozara. Pero un Estado que ignorara la necesidad de favorecer el proceso de acumulación de capital se arriesgaría a agotar la fuente de su propio poder: la capacidad de la economía de generar excedentes y los impuestos sobre este excedente (como sobre otras formas de capital)” (O’Connor, 1981)

El Estado colombiano ha transferido parcialmente dicha forma de legitimación desde el proceso de gasto social hacia el proceso de negociación en la Habana; es decir, que la forma de legitimación del Estado colombiano no pasa por la incorporación de inversión en proyectos o servicios sociales, sino a través del pretendido fin del conflicto.

Este fin del conflicto es manipulado por medio de los aparatos ideológicos del Estado para redefinir el significado del actual proceso dándole una matriz de entendimiento referente al fin del conflicto o el tan referido por los medios de comunicación “posconflicto”, que como hemos reseñado es una de las tantas ficciones que impone el Estado por medio de la violencia estructural.

Es decir que en parte el Estado colombiano procura postergar la contradicción entre la legitimación y la acumulación debido a la incorporación de las negociaciones en La Habana, pero este no es el único fin, puesto que como ha manifestado el gobierno Colombiano, el fin del conflicto armado traerá consigo una intensificación de la Inversión Extranjera Directa en el país, generando así una mayor inversión de capital y por ende una mayor tasa de explotación del trabajo, una intensificación del despojo de bienes comunes y públicos, y la potencialización de la opresión por medio de la implementación de impuestos regresivos e indirectos en la sociedad.

La violencia económica estructural se ha profundizado en los últimos dos años, debido a la recesión económica internacional que produjo la caída de los precios de las Commodities afectando directamente a países con altas tasas de reprimarización y de dependencia hacia las metrópolis.

Estas reformas han sido gestionadas por el Estado colombiano, y en particular por el gobierno en cabeza del presidente Santos, que manifiesta su íntima relación con el gran capital. Algunas de las manifestaciones de la violencia estructural, legitimadas por medio de los sacrificios para la paz desde el Estado son/3:

* Reformas tributarias completamente regresivas e indirectas que benefician al gran capital en contra prestación al bienestar de la sociedad en conjunto.

* La intensificación del modelo productivo extractivo de corte financiero que implica la destrucción de los territorios y una gran tasa de desplazamiento de comunidades, y por ende la eliminación de relaciones basadas en el valor de uso.

* Los nulos aumentos de salarios en el país, que profundizan la superexplotación del trabajo en Colombia y que perjudica a las capas con menor poder adquisitivo en la sociedad beneficiando por otro lado a las grandes empresas Nacionales, Multinacionales y Trasnacionales.

* El aumento de las tasas de interés con el fin de postergar la fuga de capitales desde el país, ocasionando una mayor tasa de absorción de capital financiero especulativo en contra prestación de la sociedad colombiana.

* Reducción de impuestos a las grandes empresas petroleras con el fin de mantener las grandes ganancias de dicho sector con la complicidad del Estado en temas como el abuso laboral, el despido sin justa causa y la violación de la dignidad del trabajador.

* Reducción dramática de la inversión en los derechos sociales, culturales y políticos, con el fin de honrar el pago del servicio de la deuda pública.

* Implementación de un Plan Nacional de Desarrollo completamente lesivo para la totalidad de la sociedad colombiana, en aspectos como salud, educación, protección social y derechos territoriales, entre otros, que benefician la incorporación de la mercantilización de los derechos sociales, y la mercantilización y financiarización de la naturaleza.

* Privatización de empresas y servicios del sector público con lo cual se recrudece el déficit fiscal en el país, mientras las rentas de estas empresas se transfieren al sector privado.

En las anteriores reformas se observa un incremento de la violencia económico estructural, mientras se legitima esta violencia que se materializa en reformas por medio de la manipulación de las negociaciones que pretenden el fin de un conflicto que día a día se ve intensificado por la profundización del modelo económico totalmente irracional en el país.

La violencia estructural también se expresa en el actual proceso de paz, por la vía de los medios masivos de comunicación y/o los aparatos ideológicos del Estado, que determinan cierta forma de entender las negociaciones e implantan en la sociedad una idea manipulada de las mismas.

Esta manipulación genera un acercamiento direccionado por las elites estatales y económicas en el país con el fin último del lucro individual y/o de clase. Es así como las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno colombiano son interpretadas y reproducidas por dichos medios de comunicación como el proceso por el cual se llegará al fin del conflicto social.

También se trata de otorgar a estas negociaciones el concepto de diálogos de paz con el fin de atribuirle a dicho proceso un alcance que no tiene, ni debe tener debido a la limitada participación de la sociedad, puesto que tan solo se toma en consideración las dos partes negociantes de una sociedad totalmente compleja y que tiene como bases la negativa de la negociación del sistema económico del cual parte la violencia socio-económico en el país.

En este escenario también podemos referirnos a la dinámica de inclusión y exclusión de los sujetos, debido a la favorabilidad o no de las negociaciones de paz y por ende al apoyo al gobierno colombiano. Es decir que toda forma de critica a las negociaciones de paz es catalogado como ideas retrogradas y violentas, mientras que todo apoyo al gobierno colombiano se muestra como el camino a seguir de cualquier forma democrática y progresista, ocasionando así una reducción de los ideales bajo la subordinación entorno a las negociaciones.

Esta violencia estructural, genera una subjetivación en diferentes líderes políticos progresistas en el país que subsumen sus ideales con el fin de apoyar al gobierno en las negociaciones de La Habana debido en gran parte a una nostalgia populista en Colombia, que distancia el interés de emancipación de las relaciones socio-económicas a la intervención estatal por medio de reformas tímidas al sistema antes que la transformación de raíz del mismo.

En el últimos meses hemos observado la baja favorabilidad del gobierno colombiano que ronda tan solo un 20 % en contra del 80 % de negatividad del mismo, esto debido en gran parte a la crisis económica latente en la sociedad, a las altas tasas de corrupción en el país, a las políticas de privatización, a la crisis de los derechos sociales debido a la baja inversión estatal y la crisis climática por la cual pasa gran parte de los territorios en Colombia, entre otros factores que evidencian el hastío del gobierno que representa el presidente Santos. Este hastío de la población es desdibujado debido a la manipulación en torno a las negociaciones en La Habana que hace las veces de legitimación de un gobierno totalmente represivo tanto física como estructuralmente.

Así mismo, hemos observado la conformación del nuevo gabinete del gobierno nacional, -el cual está compuesto por la absorción de diferentes representantes políticos de izquierda-. El denominado gabinete para la paz tiene como fin desde el gobierno hacer las veces de legitimador de última instancia e implementar en un futuro cercano todas las reformas económicas neoliberales en el país bajo la bandera de una reconciliación política.

De lo anterior podemos concluir que las negociaciones que actualmente se adelantan no las podemos percibir como un escenario que va a traer un pos-conflicto, pues las raíces del conflicto no han sido objeto de negociación. En este entendido se puede llegar a plantear un pos-acuerdo, escenario que va a estar marcado por la profundización de la violencia física y estructural, por las razones expuestas anteriormente en tanto la violencia física hacia dirigentes sociales y la violencia estructural por medio de los sacrificios para la paz.

En próximos artículos esperamos abordar en concreto como estos sacrificios para la paz pueden ser evidenciados como formas de violencia estructural y otros llamados de atención sobre las negociaciones.

1/06/2016

Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez, Integrantes de la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda Pública (Colombia).

Notas:

1/ “El Cinep aseguró que en 2015 se reportaron 2.047 hechos victimizantes, la mayoría son amenazas contra la vida de los defensores: 1.061 casos. Desde 2012, año en el que iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, las amenazas han aumentado de forma exponencial: en tan solo cuatro años ha habido un crecimiento de este fenómeno del 107%.” (Redacción Judicial, 2016)

2/ Para ver algunas de estas aproximaciones revisar: Informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimashttp://www.mesadeconversaciones.com...

3/ Para una mayor evidencia de la intensificación de la violencia estructural observar los siguientes artículos: (Gómez Celi & Galindo Martínez, La deuda en Colombia como factor de consolidación y acumulación del sistema socio-económico, 2016) y (Gómez Celi & Galindo Martínez, Correlación de fuerzas y perspectivas del paro del 17 de marzo, 2016)

http://cadtm.org/Dialogos-de-paz-entre-la-violencia



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