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Un paso más en la discriminación
Hiyab y tribunales de la UE
06/06/2016 | Ángeles Ramírez

En esta última semana de mayo de 2016, el hiyab ha vuelto a ser noticia a causa de un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia europeo, que avala la decisión de una empresa belga de despedir a una trabajadora a causa de su hiyab. Los hechos ocurrieron en mayo de 2006, en virtud de un punto del reglamento de régimen interno de la empresa, que rezaba: “se prohíbe a los trabajadores llevar en el lugar de trabajo signos visibles de sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas y/u observar cualquier rito derivado de éstas”. La trabajadora acudió a la justicia con el respaldo del Centro interfederal por la igualdad de oportunidades, el organismo público belga de lucha contra la discriminación, y el Tribunal de Casación belga hizo una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La abogada general, Juliane Kokott, ha elaborado diez años después un dictamen en el que apoya la decisión de la empresa. Su opinión es no vinculante para el tribunal, a la espera de que éste llegue a una conclusión.

No es éste el primer caso en el que se produce un conflicto en la empresa privada a causa de un hiyab. El primero ocurrió en 2002 en Francia, donde una mujer fue despedida a causa del pañuelo, pero después ganó el juicio a su empresa. La sentencia sostenía que la libertad individual de la trabajadora debía ser respetada en los límites de lo fijado colectivamente. En Noruega en 2004, una empresa tuvo que readmitir a su trabajadora despedida por llevar hiyab aduciendo que estaba prohibido llevar la cabeza cubierta y que el hiyab podría significar opresión. La Defensora de la Igualdad de género dijo que era mucho más opresivo dejarla sin trabajo. En Holanda, un informe emitido en 2009 por la Comisión de Igualdad de Trato afirmaba que si bien hasta el momento, el modo de vestir había sido una cuestión estrictamente personal, algunas empresas empezaban a introducir normativas vestimentarias. Algunos casos sobre el derecho o no a llevar pañuelo en los espacios públicos, nunca en empresas, llegaron a instancias judiciales supra-nacionales, siendo resueltos con desigual suerte por los tribunales, siempre muchos años después de que se planteara el conflicto y pocas veces contradiciendo la opinión de los Estados.

Pero este caso tiene dos especificidades. Por un lado, es la primera vez que se hace una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre este asunto; por otro, el dictamen abre la puerta a la posibilidad de que las empresas puedan despedir o directamente no contratar a mujeres que llevan pañuelo, todo ello dentro del ámbito de la legalidad.

El argumento fundamental del dictamen es que si la prohibición por parte de la empresa emana de una política de neutralidad religiosa que es aplicable a todas las trabajadoras y trabajadores, es perfectamente admisible. Se maneja el concepto de la discriminación directa e indirecta. La primera ocurriría cuando una persona es tratada de modo menos favorable que otra por sus convicciones o por motivos religiosos, en tanto que indirecta es cuando una disposición aparentemente neutra ocasiona una desventaja a personas con determinadas convicciones, religión, discapacidad, edad, etc. Para el caso de la trabajadora, se aduce que la discriminación es solo indirecta y que la norma no la discrimina directamente.

Sin embargo, es obvio que en general, las normativas nacionales y europeas están hechas desde una perspectiva en la que el sujeto jurídico universal es cristiano. Para un Sij, es imposible imaginarse sin su dastar, lo mismo que muchas mujeres musulmanas no pueden visualizarse sin hiyab. Pero ni el Sij ni la musulmana que decide llevar hiyab pueden responder físicamente a la corporalidad dominante en países de tradición cristiana, algo que una cristiana sí puede hacer. El concepto de secularismo está hecho a la medida de la moralidad cristiana y no significa separación entre la religión y el Estado, sino que es un tipo concreto de gestión de la religión por parte de los Estados, que por otra parte, nunca han estado tan presentes como ahora en la gestión de los asuntos religiosos (Mahmood, 2016). Por ello, este concepto de discriminación indirecta es de hecho una discriminación directa contra musulmanas u hombres Sijs, por ejemplo.

El mismo esquema se ha aplicado en Francia a partir de la elaboración de la ley de Laicidad de 2004, que regula el porte de signos religiosos visibles en la escuela pública. No es una ley hecha contra las chicas musulmanas, pero de hecho, éstas son su único objetivo. No es posible imaginar que las y los estudiantes cristianos carguen con cruces enormes para ir a la escuela o que los judíos no ultraortodoxos vayan con kipás a clase.

Es decir, estas leyes y normativas no se dirigen a regular la religión en el espacio público o en la empresa, sino que su fin es disciplinar a las “otras” religiones (no cristianas) o más bien, a las personas que las profesan, que son identificadas por el discurso dominante como pertenecientes a otras comunidades diferenciadas de la “nacional” e “intrusas”, independientemente de su nacionalidad. Pero además son socialmente menos favorecidas y, por tanto, más vulnerables a la discriminación y al racismo. Son las “clases peligrosas”. Por ello puede afirmarse que se trata de leyes, de dictámenes o normas que van directamente contra las mujeres musulmanas y contra las comunidades musulmanas en general.

En este caso, además, una opinión autorizada del Tribunal de Justicia supranacional reconoce por primera vez a una empresa privada el derecho a regular la libertad religiosa de sus trabajadoras por encima de leyes superiores, incluso en contra del propio gobierno belga. Con ello, no solo legaliza y blanquea la discriminación que padecen las musulmanas con hiyab, sino que inaugura la imposición de espacios legales sin leyes por los que el empresario puede campar a sus anchas y donde la discriminación “indirecta” es un mal menor en aras de un bien mayor: la eficiencia y el capital. Es un medio de disciplinamiento de la fuerza de trabajo y otra prueba de una Europa al servicio de los intereses privados y construida fuertemente contra las personas pobres y las minorías, especialmente contra las musulmanas, para las que esta pre-sentencia es un hito más que sigue estrechando el cerco y conminándolas a ser ciudadanas de segunda clase.

5/06/2016

Ángeles Ramírez, es profesora de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y forma parte del Consejo Asesor de VIENTO SUR

Mahmood, Saba (2016) Religious difference in a Secular Age. A Minority Report. Princeton: Princeton University Press.



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