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diarioinformacion.com | País Valencià
El nuevo gobierno, la salud y la sanidad
10/05/2016 | Colectivo* (Marea Blanca Comarques del Sud País Valencià)

El País Valencià tiene una esperanza de vida en buena salud que está por debajo de la media estatal y tiene más territorios con un nivel alto de mortalidad cardiovascular. Estos indicadores de salud pueden mejorar y, para conseguirlo, las políticas sociales, ambientales, laborales y sanitarias del gobierno valenciano son determinantes ya que sólo entre un 20-30% de las causas de mortalidad pueden ser atribuidas a la biología y que las intervenciones que mejoran la cohesión social, la vivienda, la accesibilidad a los dispositivos sanitarios y el nivel adquisitivo son las que pueden dar lugar a mejores niveles de salud.

El nuevo gobierno ha promovido tres cambios que son básicos para la ciudadanía: 1) la devolución a una parte de la población del derecho a la asistencia pública y gratuita; 2) la supresión de co(re)pagos de medicamentos a una parte de los pensionistas, instaurado por el RD 16/2012; 3) la regularización de los pagos, la restitución del nivel de dependencia, el cual había sido rebajado, y la eliminación del co(re)pago farmacéutico, ortoprotésico y en centros de día a las personas con dependencias graves.

Los cambios se han hecho a pesar del elevado nivel acumulado de deuda ilegítima y de deuda histórica, así como en contra del ahogamiento económico y de las directrices del gobierno central sobre el déficit, y en desobediencia del Tribunal Constitucional.

Estos cambios son positivos pero parciales, y pueden ser revertidos con facilidad. En primer lugar, la universalidad de la asistencia no se ha conseguido. Continúa la asistencia en Mutuas privadas para una parte de los funcionarios y militares, y se ha dejado fuera de la atención pública a las personas con rentas de más de 100 000 euros, lo que supone la desconexión de la financiación de la sanidad en partir de los impuestos sobre la renta, una herida mortal para el mantenimiento de un sistema público con prestaciones de calidad. En segundo lugar, en relación con los copagos sólo se ha mejorado la situación de los pensionistas con rentas inferiores a 18 000 euros al año, pero no al conjunto de éstos, y se debe tener en cuenta que los ingresos de las personas no pensionistas -pero no el precio de las medicinas- han disminuido significativamente en relación con el periodo previo a la crisis de 2008, mientras su aportación fue aumentada al 50%. En tercer lugar, en relación con las personas con dependencias, por una parte, es urgente redefinir y mejorar el Sistema Valenciano de Atención a la Dependencia para agilizar y responder a las solicitudes de más de 12 000 personas y, por otro, hay que incorporar a miles de dependientes de nivel "moderado". Cuarto, estos cambios, además de no volver a la situación previa a 2012 siguen sin proteger una sociedad empobrecida por las políticas de austeridad, despidos y recortes aplicados a partir de 2008.

Además de parciales y frágiles, estos cambios son insuficientes. Las enfermedades afectan a personas concretas, pero la salud no es una cuestión individual. Factores sociales como las desigualdades, las discriminaciones, la acumulación de la riqueza en unos pocos y la pobreza en otros, la calidad (o su ausencia) de la vivienda o de la alimentación que te puedes permitir, o la contaminación procedente de actividades industriales no controladas son factores que determinan cuánta y qué gente se pone enferma. No es casual que, en las ciudades de Alacant, Valencia y Castelló, la tasa de mortalidad por enfermedades evitables en los barrios marginados del reparto de la riqueza sea 2 o 3 veces mayor que en el resto.

El modelo sanitario y el modelo de servicios sociales públicos necesitan de un cambio de orientación. Un ejemplo: la atención a la salud mental. En lugar de tener un desarrollo comunitario e integrador -lo que requiere recursos, prevención y rehabilitación- se mantiene pobre y recortada, manteniendo el papel de unas (pocas) plazas en unos centros "manicomiales", en buena parte, privados.

En tercer lugar, los recortes y las privatizaciones sanitarias deben ser revertidas con urgencia a un servicio 100% público. Los comités de empresa de las 5 concesiones administrativas han hecho denuncia de las políticas de la empresa (DKV, Ribera Salud, Centene ...). La empresa "contesta" con expedientes sancionadores y el despido del delegado Jesús Monera. Sabemos que el ánimo de lucro actúa en nuestra contra. Y también la política de las instituciones, partidos y gobiernos que actúan en su favor, por ejemplo votando en el parlamento europeo a favor del TTIP y de considerar delito el hecho de hacer público cómo las grandes empresas hacen sus negocios. Hay que revertir de forma inmediata los hospitales y centros privatizados de la Marina Alta, la Ribera, Manises, el Vinalopó y Torrevieja. Hay que abrir los centros de salud por las tardes durante el verano. Hay que auditar y paralizar el pago de la deuda ilegítima que ahoga nuestra financiación.

Lo que hemos vivido hasta ahora nos habla no de un cambio sólido de modelo sino de algunos cambios parciales y de continuidades que no desaparecen. No parecen tener una nueva hoja de ruta definida para reconstruir el modelo sanitario del País, y los grandes cambios no se improvisan. Nos podemos encontrar con un recambio que termine ahogando las esperanzas de cambio.

10/05/2016

* Begoña Bevià, Miquel Martorell, Isaias Ledesma, Manuel Giron en representación de Marea Blanca Comarques del Sud País Valencià

Traducción VIENTO SUR

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2016/05/10/nou-govern-valencia-salut-i/1759569.html



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