Grabar en formato PDF
TRIBUNA VIENTO SUR
No pudo ser…pero hay que volver a intentarlo
05/05/2016 | José Errejón

Se impuso la miopía, la falta de coraje y responsabilidad de ese producto del régimen que es el personal dirigente del PSOE y, aún peor, de su nomenclatura. Sin olvidar la inquina, las maniobras inconfesables del capital financiero (botadura de C’s), las derechas y los aparatos del Estado por hacer imposible el acceso de Podemos al gobierno para intentar reorientar el rumbo de la política nacional a favor de los de abajo.

Temerosos tanto de la cólera de los poderosos como de la competición con coetáneos más capaces, los jóvenes dirigentes del PSOE, obligados a presentar algo a su Comité electoral, se apresuraron a firmar un acuerdo con C’s, escasamente meditado, que en algún caso contradice claramente el programa electoral con el que se presentaron el 20D. Lo que representó una dificultad adicional a sumar a la falta de empatía entre los dos máximos dirigentes de ambas formaciones, intensificada después de una muy desafortunada puesta en escena de Pablo Iglesias en la rueda de prensa en la que exigió la vicepresidencia y unos cuantos Ministerios.

Esa circunstancia contribuyó a sembrar dudas sobre las intenciones de la dirección de Podemos de participar en un gobierno presidido por Pedro Sánchez y facilitó la previsible campaña de los medios del régimen sobre el “apetito de sillones” de la dirección de Podemos. Se hacía evidente, por lo demás, que casi desde el comienzo de las negociaciones, las partes dedicaron mucha atención a minimizar su grado de responsabilidad ante un eventual fracaso de las mismas; dicho de forma más clara, que desde muy pronto pensaban en clave de nuevas elecciones.

La imagen que han dado los partidos políticos no parece haber estado a la altura de las expectativas que habían despertado las elecciones del 20D. Era de esperar, con ocasión de la investidura, un debate serio sobre los problemas y soluciones de la sociedad española. Cuando los ha habido, han sido cortoplacistas porque los políticos del régimen no son capaces de políticas autónomas y los de Podemos tienen el temor de ir demasiado delante de las preocupaciones de la gente.

Después de una auténtica catástrofe económico-financiera como la vivida en nuestro país en 2011-2013 y padeciendo aún, de forma muy dolorosa para las clases populares, los efectos de las injustas políticas aplicadas por el PP, era de esperar que se hubiera abordado, como mínimo, las bases para un gran debate nacional sobre el indispensable cambio de rumbo que precisa la economía y la sociedad española para salir del marasmo en el que la ha sumido una oligarquía tan insolidaria como incompetente. Las bases de un debate que, para arrojar resultados positivos, debería implicar a la mayoría de la sociedad española. La envergadura y alcance de los retos que tienen planteados no admiten soluciones de despotismo ilustrado, ni siquiera a través del acuerdo de los partidos políticos. La radical reivindicación de democracia que hacemos tiene que ver, asimismo, con la necesidad de un gran esfuerzo de responsabilidad colectiva para tomar nuestro destino en nuestras manos.

Para estos graves retos los partidos del régimen no tienen solución que no pase por un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de los de abajo. El PSOE sólo aspira a dulcificar en lo posible estos rigores pero carece de una orientación decidida que pueda romper con la hegemónica en el ámbito de la UE.

Un tiempo constituyente

Inconscientes del carácter objetivamente constituyente de la nueva etapa, los partidos se han dedicado a gestionar su aritmética parlamentaria perdiendo la ocasión para lanzar el debate que necesita la sociedad española. Los políticos del régimen hablan continuamente del espíritu de la transición pero se aplican escasamente a imaginar los nuevos acuerdos que cimente un nuevo período de convivencia.

Ha habido una auténtica incapacidad para leer esta condición constituyente del momento histórico actual.

No es esta una carencia privativa de los políticos españoles. La inmensa mayoría de la clase política de nuestro entorno geográfico se está mostrando incapaz, no ya de resolver los graves problemas a los que se enfrentan sino tan siquiera de entenderlos. Las explicaciones que se han dado sobre la crisis de 2008 y, lo que es peor, las políticas propuestas para superarla, son buena muestra de ello. En todo el mundo, las antiguas clases rectoras asisten perplejas al derrumbamiento de los esquemas que han gobernado la vida de las sociedades sin otra respuesta distinta que aumentar el grado de inequidad, injusticia y barbarie que descargan sobre las mayorías sociales.

Los procesos constituyentes, entendidos mucho más allá de la ingeniería constitucional, como auténticos procesos de refundación social, aparecen cada vez más y para cada vez más gente como las únicas soluciones para poner coto a los generalizados procesos de descomposición y regresión social que el declive del capitalismo está arrojando sobre las sociedades contemporáneas.

El paso de la crisis de 2008 y el anuncio de una nueva recesión están despertando en estas sociedades la convicción de que el sistema no tiene arreglo. Pero en la formulación misma de esta imposibilidad se contienen diversas y hasta antagónicas modalidades de diagnosis y de propuestas de solución, alguna de ellas claramente regresiva sobre la situación actual. La percepción de un difuso sentimiento y deseo de “empezar de nuevo” se extiende y ante él las clases dirigentes o emprenden la huida hacia delante de consecuencias imprevisibles o se afanan en prolongar los mismos esquemas que han entrado en crisis en 2008.

Pero a la clase política española se le puede imputar un plus de responsabilidad en esta incapacidad para entender. Porque la sociedad española ha dado muestras, siquiera sea parcialmente, de una voluntad colectiva de revisar los términos del contrato social en el que descansa la convivencia colectiva.

Esa intención constituyente ya se ha consagrado, en primer lugar y sobre todo, en el 15M. Su potencia está relacionada con su forma de emergencia: ninguna de las instituciones del régimen, ni siquiera las que decían querer impugnarlo o reformarlo, tuvieron nada que ver en su aparición. Sectores sociales en trance de proletarización sin experiencias políticas previas, enunciaron la verdad simple pero contundente de que las cosas no podían seguir como hasta entonces, que su condición de ciudadanos les habilitaba a discutir los términos del contrato social vigente responsable de las evidentes injusticias que caracterizaban la vida colectiva.

Esta apertura del tiempo histórico, aún no cerrada, ha permitido el surgimiento de fenómenos novedosos, el más relevante en términos explícitamente políticos, el de Podemos. Pero es una apertura que afecta a todos los actores e instituciones como lo prueba el rosario de procesos judiciales abiertos a personalidades muy relevantes del régimen y en los que una parte de los funcionarios de justicia, incluso apresados como están por un sistema judicial ineficiente y colapsado, han decidido oponerse a la normalidad de corrupción institucionalizada a la que había abocado el régimen del 78.

Así que las elecciones del 20D, en realidad todo el ciclo electoral abierto en mayo del 2014, han tenido esta condición objetivamente constituyente.

Con el adverbio “objetivamente” no pretendo señalar lo inapelable de su realización. Las condiciones de perdurabilidad del régimen pueden estar agotadas pero en modo alguno eso significa que necesariamente vayan a ser sustituidas por otras más favorables para las clases populares.

Y los actores políticos que operan con y en estas instituciones a la fuerza deben ser conscientes de su agotamiento. Se percibe en la confusión de sus discursos, en la desorientación de sus propuestas servilmente apegadas a los dictados de la troika no porque confíen en su solvencia sino porque les permite eludir su responsabilidad sobre políticas que saben ineficaces, además de injustas para las mayorías.

Pero no tienen respuestas y pretenden mantenerse sobre la inercia institucional, el conformismo de una población acostumbrada a obedecer -cuando no a temer- y la incapacidad de las fuerzas que se reclaman constituyentes para encontrar en la peripecia cotidiana de la política la senda de lo constituyente.

Ello exigía una correcta identificación del problema que tiene planteada la sociedad española. No es muy diferente del que tienen las sociedades de nuestro entorno pero se manifiesta con rasgos específicos que conviene identificar para encontrar las soluciones adecuadas.

Los grupos dirigentes de la sociedad española, las elites del Estado, de los grandes bancos y empresas, han desistido de su función dirigente. No lo han hecho por alguna suerte de desidia que caracterizaría a “nuestras” clases dominantes incapaces de asumir su responsabilidad histórica, según una corriente historiográfica que ha servido de base a una determinada izquierda en nuestro país.

Es que han verificado que las oportunidades de hacerse un hueco entre las oligarquías que se reparten el trabajo de gobernanza y dominación global están restringidas a unos sectores muy determinados y a condición de mantener a las clases populares en un grado de subalternidad adecuado a la empresa de expropiación de valor y potencia social que les ocupa. Han percibido su rol secundario y que no van a impulsar modelos de innovación o expansión de nuevos sectores productivos pero tampoco de agregados geopolíticos de importancia, una vez que se pasaron las lisonjas con las que los halagaban sus socios del norte después de la adhesión a las comunidades europeas.

Han convivido con unas instituciones políticas que poco a poco se han ido adaptando a sus exigencias y a sus perspectivas de clase. La privatización de muchos servicios públicos para entregarlos al negocio privado, erosionando así los derechos constitucionalmente consagrados, o la dependencia cada vez más intensa de los Estados respecto de los mercados financieros, implicando una carga sobre las obligaciones del Estado que prolonga la situación de déficit y aumenta la carga de la deuda, determina una condición de rehén a perpetuidad de los Estados, anulando de facto su soberanía política y atándolos a una suerte de feudalización con su correspondiente régimen de neoservidumbre por deudas a través de la propia maquinaria del Estado.

Han operado, en la práctica, un verdadero golpe de Estado, transformando la Constitución material en algo bien distinto de lo que rezaba el texto de 1978. Han abierto de facto un proceso destituyente, aunque los partidos que los representan alardeen de fidelidad constitucional. Los partidos comprometidos con la continuidad del régimen, el PSOE y C’s, se han afanado en presentar un proyecto de cambio que permitiera mantener lo esencial de la construcción anterior /1, intentando compatibilizar el mantenimiento de esas políticas con la implementación de aquellas otras dirigidas a aliviar los daños producidos por las primeras.

El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez firmado por Cs y el PSOE es muestra de esa incoherencia. ¿Creían los partidos firmantes que podía ser la base de un nuevo pacto social que actualizara el del 78? ¿De verdad creen que los sectores más castigados por las políticas del PP podían ver con ilusión un gobierno basado en las premisas ideológicas similares a las que han inspirado la acción de gobierno del PP?

Llama la atención que, pendiendo las presiones de la Comisión Europea al Reino de España para realizar un nuevo ajuste que ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha estimado en no menos de cuatro mil millones, en el acuerdo no se haga la menor mención alguna de las responsabilidades contraídas por el PP (y aplaudidas por C’s) con su insensata reforma tributaria que ha supuesto una minoración de los ingresos del Estado por valor de 10.000 millones de euros. Así como de la verdadera causa del incremento del déficit y de la deuda que no es imputable al crecimiento de los gastos sociales, como pretende hacer creernos voceros del PP y de Cs sino, antes bien, al inmenso esfuerzo presupuestario para hacer frente al rescate de las entidades financieras /2 y de la enorme carga de los intereses generados por la deuda, el segundo rubro de las obligaciones del Estado en términos anuales.

Tal vez el equipo dirigente del PSOE ha pretendido tapar las responsabilidades de sus antecesores en la formación de este gravísimo problema y ha querido condicionar la presencia de Podemos, que saben indispensable para gobernar, una vez descartada la opción de la gran coalición. Pedro Sánchez ha sabido siempre que necesitaba a Podemos para poder formar gobierno. Pero desde el principio ha querido hacerlo en el terreno más desfavorable para Podemos, por lo que se ha afanado en disponer de un acuerdo que acotara y restringiera el ámbito de la discusión y para lo que se valió de las ambiciones de Albert Rivera. Este era un hecho previsible de modo que carece de sentido perder mucho tiempo en discutir las aviesas intenciones del PSOE para eximirnos de culpa por no formar gobierno.

Las elecciones del 26J, una victoria de los partidos del régimen

No es cuestión de especular con la composición del parlamento que pueda salir de las elecciones del 26J. Lo que parece fuera de discusión es que constituirán una victoria importante de los partidos del régimen, que habrán superado un momento difícil de su crisis. Un momento en el que se presentaba la oportunidad de un gobierno, incluso con la presencia de Cs, en el que fuera posible definir una agenda política distinta del mero cumplimiento de las directrices de Bruselas y las restricciones de los mercados financieros. La mera existencia de esta “nueva agenda” hubiera significado un cambio drástico en la dirección de los asuntos públicos desde 2010 y podría haber hecho posible un fuerte empoderamiento ciudadano en la perspectiva de una democratización de las políticas públicas.

Será una victoria pírrica, desde luego. Han superado esta prueba pero la metástasis de la corrupción, la masiva pérdida de apoyos electorales y la nueva recesión que llama a la puerta no les permitirá recuperar el nivel mínimo de legitimidad, lo que les podría obligar a recurrir de forma creciente a los mecanismos disciplinarios y coercitivos de los que la ley mordaza es un buen ejemplo

Todos los partidos “ganadores” salen con su organicidad reducida. El PSOE está cada vez más desarraigado socialmente. Si en los 80-90 perdió su condición de “partido obrero”, ahora ha perdido la tan soñada condición de partido de las clases medias, especialmente castigadas por las políticas austeritarias por él iniciadas. Es posible, no obstante, que pudiera recuperar parte del voto que el 20D emigró a Podemos, pero no parece probable que esta recuperación le permita volver a desempeñar el rol político que ha desempeñado desde la fundación del régimen. La pérdida de esta ocasión le pasará factura, especialmente a aquellos de sus sectores internos comprometidos con una renovación del proyecto socialdemócrata.

En C’s se han juntado diversos sectores para lavarle la cara al régimen. Estaban llamados a sustituir al PP pero eso exigiría un horizonte de crecimiento y prosperidad. En condiciones de estancamiento económico, la derecha social preferirá al PP, si no a algo más a la derecha. Le resultará muy difícil a Rivera sostener su discurso de regeneración democrática en un contexto de estancamiento, políticas de ajuste y desigualdad manifiesta si no se convierte en un paladín de la cruzada contra la corrupción, lo que podría no gustar a los poderosos sectores económicos que le amparan. En el ámbito estatal su mejor opción sería formar parte de una operación de renovación de la derecha española para lo que no le quedará más remedio que competir por ese espacio hasta que los dirigentes del PP entiendan que no pueden hacerle desaparecer.

El PP, infectado por la corrupción, deberá recomponer sus relaciones con los sectores medios y populares que le sostienen, lo que le resultará extremadamente difícil en el escenario de continuidad austeritaria que se perfila. De no superar este escenario y continuar la injusta política redistributiva a favor de los de arriba, no es descartable que alguna de las intentonas de la derecha extrema pudiera cuajar restándole apoyos difíciles, por el momento, de cuantificar.

A corto plazo, sin embargo, no es descartable que tras el 26J pudiéramos verle de nuevo en la Moncloa. Y eso sería lo verdaderamente importante, que el ciclo iniciado el 15 de mayo del 2011se cerrara con una reedición del gobierno de la derecha del régimen, si acaso renovada con la incorporación de C’s /3. En ese caso, como he reiterado en otras ocasiones, asistiríamos a una profundización de las tendencias más regresivas en la evolución del régimen y en el vaciamiento de sus componentes democráticos y sociales.

Frustración de las esperanzas populares

Que el partido de Bárcenas y la Gürtel, de Granados y la Púnica, de Rita Barberá, Blasco, Grau, Camps, el del “Albondiguilla” y el alcalde de Granada y la interminable lista de golfos y corruptos que el PP organiza y encuadra, que esa banda de maleantes y lo que la rodea puedan volver a ocupar las instituciones del Estado refleja dos fenómenos a cual más grave.

El primero es que un sector muy amplio de la sociedad española, con una representación muy importante de sus sectores populares, sigue prestando su apoyo al partido que simultanea la organización de la desposesión de los derechos de la mayoría con el pillaje de los recursos públicos.

El segundo es que los partidos que dicen representar a los sectores populares no han sido capaces de primar estos intereses por encima de los suyos como aparatos.

Sea como fuere, el riesgo principal es la frustración de las esperanzas colectivas de mejora de la situación de estos sectores y de su confianza en la política como herramienta para conseguirlo. El desinterés y la resignación han acompañado durante demasiado tiempo la historia de nuestro pueblo como para desperdiciar una ocasión histórica como la derivada de los resultados del 20D. Nunca como ahora, en la historia que comienza en 1977, las fuerzas de la izquierda habían presentado una composición parecida. Una composición que favorecía, objetivamente, la implementación y aplicación de políticas que fueran algo más allá de lo que nos han tenido acostumbrados los gobiernos del PSOE. Pero, hay que insistir, el principal capital de la misma lo constituían las ilusiones colectivas de las clases populares.

Para impedir esta posibilidad histórica en nuestro país y para asfixiar este caudal de ilusiones colectivas, se ha movilizado el conjunto de los aparatos del Estado y el capital mediático y financiero, poniendo en juego todos sus recursos y contribuyendo a desorganizar el indispensable proceso de entendimiento en el campo de la izquierda.

Tienen buenas razones e incentivos para hacerlo. Que el partido de la izquierda del régimen, el que ha gestionado las lealtades populares al régimen desde su fundación, pudiera entenderse con este otro que viene de una fuente de legitimidad distinta, la que nace de la rebelión democrática del 15M, eso constituye, más allá de las voluntades de sus representantes, un fenómeno que podría conmover los equilibrios institucionales favorables a la oligarquías durante todo este tiempo. Así que debían invertir cuantos recursos fueran necesarios para impedirlo y desarrollar, de vuelta al Gobierno y superado este susto pasajero, los dispositivos necesarios para que no se pueda volver a repetir la “excepción Podemos”. Un nuevo régimen electoral que implantando un sistema mayoritario y profundizando la inequidad del actual sería un eficaz dispositivo que al parecer el PP ya contempla.

Un comportamiento previsible de parte de los partidos que representan los intereses de los sectores sociales dominantes, que no quieren perder los privilegios que les ha garantizado el régimen del 78, especialmente en su degeneración de los últimos años. No tanto entre quienes quieren poner fin a esta injusta situación.

Consideraciones para el cambio

Desde el punto de vista de las fuerzas que se reclaman del cambio, las elecciones del 26J se contemplan como una oportunidad de poder plasmar las condiciones para un gobierno que corrija el rumbo de las políticas austeritarias y antisociales del PSOE y del PP. La condición para ello parece colocarse en el acuerdo entre Podemos e IU.

En relación con la formalización de ese posible acuerdo querría formular algunas consideraciones:

1) La primera es que el mismo debiera tener como soporte esencial una corriente de ilusión entre los sectores populares. Es indispensable asegurar la continuidad entre el momento Podemos y la nueva coalición porque en el primero se ha depositado toda la esperanza y la energía emergida de la sociedad civil el 15 de mayo del 2011. IU no sintoniza excesivamente con el espíritu del 15M, aunque la buena imagen de Garzón quizás pudiera compensar este déficit. En tal sentido no sería aconsejable las referencias a figuras políticas de otro tiempo con una más que dudosa capacidad de atraer apoyos electorales, especialmente entre los más jóvenes.

2) El electorado que quiere cambio no entendería una campaña volcada en disputar la hegemonía de la izquierda al PSOE. Es más que obvia la doble condición del PSOE como partido gestor del régimen oligárquico, de un lado, pero como referente de una parte significativa de los sectores populares, por otro. Que se incline por una u otra vocación resultará capital para las posibilidades del cambio en nuestro país. Es indispensable ganarse a la mayor parte posible de su electorado pero es tan importante eso como sembrar en su seno un clima de confianza en el proyecto del cambio, evitando herir innecesariamente su sensibilidad y desarrollar un reactivo patriotismo de partido que ya se ha detectado con ocasión de las frustradas negociaciones.

3) En las actuales condiciones, la dirección actual del PSOE es la única que podría favorecer cierto desplazamiento contrario al “espíritu del 135”; no es casualidad al respecto la inquina hacia Pedro Sánchez de personalidades como Zapatero, Rubalcaba, Blanco o Bono, todos ellos partidarios de su sustitución por Susana Díaz, inequívocamente orientada a frenar el impulso del cambio por los medios que sean precisos.

4) Lo anterior obliga a trabajar cualquier tipo de acuerdo electoral en la perspectiva de un gobierno para el cambio y considerar que el mismo precisa alguna modalidad de aceptación por parte de “este PSOE”. Esta perspectiva de gobierno a la valenciana o a la portuguesa es indispensable para neutralizar la ofensiva del sector más vinculado al establishment del PSOE, a través de la difusión de un falso “orgullo de partido” puesto al servicio del frenazo al cambio.

De fondo no es posible olvidar algunos temas que no han salido en el debate del 20D y que es de temer que vuelvan a quedar relegados. La agenda del gobierno para el cambio debe incluir, junto a propuestas para el alivio inmediato de los sectores más desfavorecidos, reflexiones que resultan indispensables a estas alturas de la crisis sistémica, como las vías para salir de la misma, el diseño de un modelo productivo que asegure trabajo decente compatible con la vida personal y familiar y con la conservación de los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales.

La gente tiene derecho a que el debate político aborde las cuestiones que van a determinar su vida futura. No es posible, so pretexto de no asustar al electorado, ocultar estos problemas que llevan camino de convertirse en irresolubles ante la pasividad y la irresponsabilidad de gobiernos y empresas.

Todo ello precisará consagrarse en un nuevo contrato social más adaptado a las necesidades y las aspiraciones de la sociedad actual. Será posible si hacemos posible un esencial protagonismo de las mujeres y los hombres de nuestro pueblo; sólo entonces podremos decir que hay, de verdad, perspectivas para el cambio.

05/05/2016

José Errejón es miembro del Círculo 3E de Podemos

NOTAS

1/ Es de reseñar al respecto su enfática fidelidad a las políticas de estabilidad presupuestaria.

2/ Solo Bankia habría absorbido ayudas públicas superiores a los 86 mil millones de euros, según ha puesto de relieve el informe de los peritos judiciales.

3/ Las escaramuzas entre ambos partidos solo apuntan a conseguir el mayor favor posible del electorado de derechas. No parece que C’s esté aún en condiciones de situarse como el partido hegemónico de la derecha y, por tanto, en condiciones de configurar una gran coalición con el PSOE para renovar el régimen del 78 y acabar con lo más impresentable de la corrupción que lo ha caracterizado en los últimos años.



Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons