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Rusia
Signos de inestabilidad
22/04/2016 | Ilyá Budraitskis

En septiembre de 2016 tendrán lugar en Rusia las elecciones parlamentarias. El hecho de que este acontecimiento político sea considerado particularmente importante por todo el mundo (incluidas las autoridades del Kremlin) puede parecer extraño, dado que en el marco del régimen autoritario y presidencialista que se ha instaurado en el país, que se caracteriza por la insignificancia absoluta de todas las ramas del poder salvo el ejecutivo, el parlamento es incapaz de desempeñar algún papel político independiente. Su composición apenas influye en la formación del gobierno y prácticamente todas las iniciativas legislativas importantes proceden de los ministerios o de la administración presidencial, para someterse seguidamente al ritual simbólico de su aprobación por la mayoría parlamentaria leal. Aun así, las elecciones parlamentarias tienen un significado nada despreciable para el sistema político ruso, pues, de hecho, sirven de plebiscito bonapartista que legitima el poder, en general, y su política actual, en particular.

Durante toda la época de Putin, las elecciones parlamentarias y presidenciales formaban parte de un único ciclo político que seguía el mismo guión: el triunfo electoral del partido dirigente Rusia Unida debía preceder y garantizar la victoria todavía más sensacional de Vladímir Putin. En diciembre de 2011, este mecanismo se averió: el fraude electoral a favor de Rusia Unida provocó manifestaciones masivas que expresaron el descontento del pueblo contra este régimen político en su conjunto. El mecanismo relativamente suave de una “democracia tutelada”, basada en la despolitización de una mayoría de la población, dejó de funcionar. La victoria de Putin en las elecciones de 2012 marcó un giro del régimen a la derecha, que ha determinado el contenido del consenso en torno a la figura del presidente.

A partir de entonces ya no lo veían como un tecnócrata inteligente que ha asegurado el crecimiento económico, sino como el líder nacional tras el que debe unirse el país para hacer frente a los complots y las amenazas exteriores. La reacción agresiva ante el Maidán de Kiev y la posterior anexión de Crimea, así como la intervención en el este de Ucrania, tenían la finalidad de transformar las relaciones entre el poder y la sociedad. En este sentido, los acontecimientos de 2014 han confirmado la antigua tesis de Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política interior…” Ahora, el apoyo al poder no se presenta como una opción racional, sino como un deber ciudadano que combina la entrega patriótica al país, a su independencia y a sus intereses nacionales.

Este nuevo contenido ideológico ha quedado acertadamente formulado por Vyácheslav Volodin, el asesor político principal del Kremlin: “Mientras haya Putin, Rusia existe. Si no hay Putin, no hay Rusia”. Semejante personificación significa, de hecho, que la figura de un simbólico “padre” Putin se sitúa por encima de la política cotidiana. Uno puede ser liberal o nacionalista, partidario de la intervención del Estado en la economía o adepto del mercado libre, no amar a las autoridades centrales, a los ministros o los gobernadores…el vínculo “Putin-Crimea-Rusia” se impone al margen de cualquier duda y resentimiento. Quienes no están de acuerdo quedan arrinconados sin más, fuera del espectro político ruso, y se convierten en “traidores a la nación” (como dijo el presidente en su famoso discurso Sobre Crimea en marzo de 2014).

De acuerdo con esta lógica, la responsabilidad del descenso del nivel de vida y de las consecuencias de la política neoliberal “anticrisis” es de los ministros, los diputados, los gobernadores, quien sea… todos menos el presidente. Incluso ahora, cuando empieza a menguar ostensiblemente el efecto propagandístico en torno a la “reunificación con Crimea”, el apoyo popular al presidente sigue siendo bastante elevado. Así, según los últimos sondeos de opinión del Centro Levada, el 81% de los encuestados confían en Putin, mientras que un 41% ya no confían en el primer ministro Dmitry Medvédev y un 47% no creen en el gobierno en general.

Esta dinámica inquietante ha llevado al Kremlin a adelantar las elecciones parlamentarias de diciembre de 2017 a septiembre de 2016 y, en cambio, a retrasar las elecciones presidenciales de marzo de 2017 a marzo de 2018. El sentido de estas maniobras es evidente: las elecciones parlamentaria y presidencial ya no deben aparecer como las dos partes del mismo guion, sino representar dos guiones distintos. Según el primero, el círculo restringido de partidos que componen la sinfonía del “consenso de Crimea” criticarán al gobierno y rivalizarán con él a fin de captar las simpatías de la población descontenta. De acuerdo con el segundo, el instinto patriota natural no debe dejar ningún lugar a dudas de la necesidad de prestar un apoyo absoluto a Putin.

Los partidos de la “oposición oficial”, los comunistas (PCFR) y Rusia Justa, ya han lanzado, en sus campañas electorales, feroces críticas al gobierno, exigiendo incluso su destitución. Estos dos partidos, administrados “manualmente” desde el Kremlin,sirven de barómetro de la crítica tolerada. Gennady Zyugánov (PCFR) y Serguey Milónov (Rusia Justa) han estado apoyando todas las iniciativas políticas importantes del Kremlin, desde la adopción de leyes cada vez más represivas contra los “agentes extranjeros” hasta el apoyo militar al régimen de Bachar el Asad en Siria. Al mismo tiempo, al posicionarse en la “izquierda” del espectro político, muestran la diversidad de opiniones que abarca el consenso putiniano, que incluye la posibilidad de criticar a determinados ministros y las medidas impopulares adoptadas por el gobierno.

En las condiciones actuales de aumento del descontento popular (que de momento es sobre todo pasivo), el partido Rusia Unida, cuyos representantes dirigen el gobierno y ocupan la mayoría de cargos de gobernador, puede convertirse en “chivo expiatorio” ritual. Aunque estas maniobras políticas tienen muchas posibilidades de dar resultado y en el otoño el Kremlin consiga tener el parlamento enteramente domesticado, las próximas elecciones se convertirán en la primera demostración nacional del pueblo descontento con las consecuencias de la crisis económica.

Recesión económica, austeridad y pobreza

Las consecuencias sociales de una recesión económica ya afectan a la mayoría de la población, que empieza a poner en duda la explicación propagandista de sus causas por las intrigas de Occidente. La imposición de sanciones internacionales y el desplome de los precios del petróleo desde 2014 han contribuido a la caída de la producción que ya se observaba en 2012. Además, cuando se produjo la importante caída del rublo en el mercado de divisas, a finales de 2014, el primer ministro Medvédev reconoció que “Rusia no ha salido en ningún momento de la crisis desde 2008”. En 2008, la crisis mundial no solo incidió en una economía rusa debilitada, sino que también provocó la ruina duradera de todo el sistema capitalista postsoviético, que ha reforzado las actividades militares y la consolidación del régimen en el interior del país. No obstante, ha sido en los últimos dos años cuando el fuerte descenso de las rentas petroleras, combinado con la pérdida de posibilidades de refinanciación en Occidente para los bancos rusos, ha dejado al gobierno casi sin margen de maniobra. La vieja estrategia de tapar los agujeros de la economía con ayuda de los fondos de reserva gubernamentales ya no funciona, prácticamente, hoy en día. Al mismo tiempo, la gravedad actual de la crisis indica que la perspectiva de una catástrofe social se torna cada vez más real.

Así, hacia finales de 2015, el declive de la economía rusa alcanzó el 3,7%, mientras que la inflación subió al 15,5% (con un máximo del 16,9% en marzo de 2015). Los índices de pobreza son espeluznantes: el número de personas que perciben una renta inferior al umbral de pobreza ha aumentado en este breve periodo de 16,1 millones a 19,2 millones (lo que representa el 13,4% de toda la población). Es interesante señalar que a finales del año pasado, el mínimo vital fijado por el gobierno era de 9 452 rublos, el equivalente a 123 euros. No cuesta imaginar qué porcentaje de la población del país percibe rentas un poco más elevadas que esta cifra ínfima, pero que se sitúa por encima del umbral de pobreza reconocido oficialmente. Además, según los últimos sondeos, el 73% de los rusos carecen de ahorros “para los tiempos de vacas flacas” y se gastan la totalidad de su salario en bienes de primera necesidad cotidiana.

En este contexto, y vistas desde fuera, las cifras de paro no parecen tan malas: las estadísticas oficiales lo sitúan en el 5,8%, es decir, en 4,4 millones de personas. Este número incluye a quienes se dedican activamente a buscar empleo aunque no estén inscritos en la bolsa de trabajo. Además, el número de personas que se han inscrito en la bolsa de trabajo ha aumentado en 70 000 (un 7% más) durante los tres primeros meses de 2016. La tasa de paro relativamente baja y la caída mucho más rápida del nivel de vida se explican por los esfuerzos del gobierno por mantener el empleo formal (a base de una reducción de los salarios y de la jornada laboral). Así, la práctica de las “vacaciones no pagadas” está muy extendida en las grandes empresas industriales. El motivo determinante es el “mantenimiento de la estabilidad social”, no tanto en las grandes ciudades, donde en caso de despido se puede encontrar otro empleo poco remunerado, sino sobre todo en las llamadas “monociudades” construidas en la época soviética alrededor de las grandes fábricas. En caso de despidos masivos en estas empresas, una parte importante de la población de la ciudad ingresa automáticamente en la categoría de parados “crónicos”, y toda la ciudad se convierte en un lugar de potenciales disturbios sociales…

Durante el trámite de adopción del presupuesto para el año 2016, el primer ministro Medvédev ya declaró: “No podemos evitar una racionalización importante del gasto, que no debe realizarse de un modo simple, como solía hacerse aumentando la carga fiscal de las empresas, sino que hay que reducir los gastos inútiles.” Según Medvédev, la indexación de las pensiones es uno de los ejemplos de “gasto inútil”. Se ha propuesto, por tanto, suprimir la indexación para los jubilados que trabajan (14,9 millones) y reducir la indexación general de las pensiones al 4% (con una inflación prevista oficialmente del 10%).

El mecanismo de indexación de los salarios en el sector privado no está incluido en la legislación laboral rusa y solo existe a título indicativo. En los dos últimos años no se ha llevado a cabo el reajuste de los salarios conforme a la inflación en el conjunto del sector público. Es significativo que en este sector el gobierno haya previsto aumentar los salarios (aunque sin recuperar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación) en el otoño de este año, a todas luces con fines propagandísticos en vísperas de las elecciones. Establecido con criterios de austeridad, con un gasto en educación y sanidad notablemente reducido, el presupuesto de 2016 ha menguado un 10% este invierno. La estructura misma de los ingresos públicos, que en su mayoría (70%) provienen de las exportaciones de gas y petróleo, obliga a seguir recortando una y otra vez el gasto presupuestario.

Su plan: huida hacia delante

Hoy en día, casi todo el mundo en Rusia sabe que no hay que creerse ni las promesas ni los pronósticos de las autoridades oficiales. Así, en marzo de 2015, en el contexto del aumento de la inflación, el ministro de Hacienda, Siluánov, declaró con aplomo que “el pico negativo está superado y vemos indicios de estabilización”, y en diciembre la presidenta del Banco Central, Nabiullina, afirmó incluso que “no hay crisis en el sistema bancario…”

Esta retahíla de declaraciones puede explicarse, parcialmente, por el deseo de contener el pánico en la población. Parece que la élite putiniana carece realmente de algún plan para salvar la economía del país. El cinismo sin límites de esta élite se combina curiosamente con una fe casi mística en la “mano invisible del mercado”, que la salvará como en la década de 2000, cuando el precio del petróleo aumentó y se convirtió en un verdadero regalo del destino. Por consiguiente, Putin era totalmente sincero cuando, en diciembre de 2014, inmediatamente después del “martes negro” (día en que el rublo cayó 15 puntos en el mercado de divisas), declaró que “el crecimiento es inevitable, en particular porque la coyuntura económica exterior cambiará”.

Al mismo tiempo, aparece otra lógica, una lógica puramente neoliberal: aprovechar la desaceleración económica y el empobrecimiento de la población para promover “reformas estructurales” con vistas a reducir drásticamente los niveles de bienestar social y el coste de la mano de obra en el país. Así, según las estimaciones de los expertos del banco público Vnesheconombank, la falta de indexación y la dinámica siguen reduciendo las rentas de la población y contribuyen a incrementar la parte de los beneficios brutos, que ya es superior a la de los salarios, en la renta nacional. De este modo se trata de recuperar la capacidad de atracción de cara a los inversores extranjeros. Es la misma lógica que se observa en las discusiones sobre una eventual privatización a gran escala de los bienes del Estado, como la compañía de ferrocarril y un banco gigantesco, el Sberbank. No es casualidad que, en marzo de 2016, la misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aplaudieran en Moscú la política “anticrisis” del gobierno ruso.

Es fundamental señalar que la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos del Estado en las condiciones de agravamiento de la crisis y de caída de los precios del petróleo estimulará todavía más la militarización de la economía y, por consiguiente, una política exterior agresiva. En los últimos años, las inversiones masivas en la producción de armas han sido una de las grandes prioridades del gobierno, no en vano el presupuesto militar para 2016 ha aumentado al 4% del PIB (un 0,8% más que el año pasado). La operación militar en Siria, aparte de los objetivos de política exterior, ha servido claramente para hacer publicidad de las últimas innovaciones militares. Uno de los frutos de la campaña es que India, Argelia y otros países han cursado pedidos de bombarderos y helicópteros rusos por un importe total de 7 000 millones de dólares.

Aumento de la protesta social y crisis de la oposición

Hasta hace muy poco, uno de los elementos importantes del “consenso de Crimea” era la criminalización de cualquier descontento político o social. La masiva propaganda antiucrainiana, que ha invadido los medios gubernamentales desde comienzos de 2014, siempre ha insistido en la relación entre la protesta popular, con el caos que conlleva, y el empobrecimiento. Se ha desarrollado un argumento conservador clásico, según el cual el deseo de las masas de cambiar algo a mejor llevará al final a un deterioro inevitable. La otra vertiente de este argumento es la externalización de todo conflicto social, es decir, la idea de que detrás de todo conflicto social está la mano oculta de elementos extranjeros que desean “dislocar la situación” y provocar un “cambio de régimen” con consecuencias desastrosas para la independencia nacional del país. Cualquier huelga o movimiento social local se trata al instante como un intento de “organizar un nuevo Maidán”. A finales del año pasado, sin embargo, esta forma de propaganda empezó a perder sus efectos mágicos.

Cada vez más a menudo se producen protestas relacionadas con diversos aspectos de la crisis y de la política “anticrisis” aplicada por el gobierno, pero todavía están muy lejos, no solo de la afirmación de un programa alternativo, sino también de la coordinación de acciones a escala nacional. El ejemplo más destacado de este tipo de protestas fue la de los camioneros en noviembre de 2015. En 40 regiones de Rusia, los propietarios de camiones se opusieron simultáneamente a la recaudación del nuevo impuesto sobre los daños causados en la infraestructura viaria.

A partir de 2015, el número de manifestaciones –espontáneas u organizadas por sindicatos independientes– contra las supresiones de empleos o las reducciones de salarios o retrasos del pago de los mismos ha aumentado notablemente. Así, en el transcurso del año pasado, el número de manifestaciones creció un 40% en comparación con 2014. Entre los huelguistas (en la mayoría de los casos se trata de huelgas “a la italiana” o de corta duración) figuran trabajadores de grandes empresas industriales y del sector público (hospitales, servicios públicos), del sector servicios e incluso de la industria de guerra.

Los partidos de oposición que forman parte de “consenso de Crimea”, el Partido Comunista y Rusia Justa, contribuyen cada vez más a la falta de orientación de quienes participan en manifestaciones todavía muy aisladas. En ausencia de organizaciones fuertes que tengan la voluntad de participar en el conflicto, los manifestantes buscan intermediarios políticos integrados en el sistema y que dispongan de los recursos necesarios para dar a conocer públicamente sus demandas. Hoy por hoy todavía podemos ver cómo la función de “válvula de seguridad”, a la que se han habituado los comunistas rusos desde la década de 1990, es utilizada cada vez más por el Kremlin y se integra orgánicamente en la lógica de la nueva campaña electoral.

La oposición liberal (como el Partido Republicano de Rusia, Parnas), que no está en modo alguno integrada en el sistema político y que insiste en la democratización radical, no participa en las expresiones del descontento social creciente. Esto viene predeterminado por la tradición política y social, no en vano los herederos de los “reformadores liberales” de la era de Yeltsin y dirigentes como Mijaíl Kasiánov y Alexéi Navalny ubican la fuerza motriz del cambio en el descontento creciente de determinados sectores de los grandes y medianos propietarios. Sus exigencias de “depuración” del aparato de Estado y de “purga” de los funcionarios corruptos y de democratización del sistema se combinan con el reconocimiento de la necesidad de implementar “reformas estructurales” y de poner fin a la “confrontación con Occidente”. Para ellos, el desmantelamiento de un régimen personalista es más viable en forma de cambio impuesto desde arriba, con la participación de la llamada élite moderna, pues consideran que las movilizaciones callejeras extraparlamentarias son un factor secundario a la hora de presionar a las autoridades.

La izquierda radical, que no forma parte ni de la oposición al “consenso de Crimea” ni de la “fronda” liberal, debe hallar la manera de conectar con el incipiente movimiento de protesta social, un movimiento que todavía no está organizado ni definido políticamente. El programa de este movimiento ha de ser democrático y socialista, y al mismo tiempo deberá dar una respuesta concreta a la crisis nacional en que se halla Rusia actualmente.

16/04/2016

http://www.anti-k.org/2016/04/19/dossier-russie/

Traducción: VIENTO SUR



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