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Colombia
Un proceso bajo custodia
19/04/2016 | Olga L. González

Los actuales retrasos en la firma del acuerdo de paz se deben a las peripecias de la vida política colombiana y a la dosis de improvisación que le es propia, más que a disensiones de fondo. Pero esta demora no será la más larga. Tras más de cincuenta años de existencia (la creación oficial de las Farc data de 1964) y varios intentos de negociación (los primeros se remontan a los años ochenta, y los más sólidos al período 1999-2002), y luego de casi cuatro de diálogos en La Habana los acuerdos de paz están casi listos.

Las negociaciones fueron exclusivamente sobre seis puntos: política de desarrollo agrario; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas; implementación, verificación y refrendación.

Hasta hoy, y como ha ocurrido en el pasado, los mayores obstáculos tienen que ver con el cese del fuego y con la entrega de las armas (en 1991 y en 2002 el desacuerdo respecto de estos dos puntos puso punto final a las negociaciones). También quedan pendientes temas difíciles, como el ajuste entre penas y crímenes, la reinserción política de la guerrilla, las zonas de concentración para las FARC, la validación de los acuerdos (el gobierno propone un plebiscito, mientras que la guerrilla pide una asamblea constituyente).

En el punto actual, sin embargo, es seguro que se hallarán compromisos. Las dos partes han expresado su voluntad de salir adelante en estas negociaciones. Es verdad que las condiciones las empujan a ello: por un lado, las FARC tuvieron fuertes golpes militares en los años dos mil; por otra parte, Santos busca afianzar su proyecto político de “unión nacional”, a la vez que “ingresar a la historia” (desde su primera elección, en 2010, se presentaba como el “Roosevelt colombiano”).

Es muy posible que las cosas se aceleren en las semanas próximas, gracias en buena parte al papel de los países mediadores, en particular Noruega y Cuba. Además, el momento político se agota, pues los ciclos de largas negociaciones seguidas de rupturas generan apatía entre los colombianos. Amplios sectores se muestran sensibles a otro tipo de movilizaciones políticas, como las reivindicaciones de las minorías sexuales, las luchas por los derechos de las mujeres o las preocupaciones por el ambiente.

Oficialmente Estados Unidos no hace parte de los países mediadores, pero está muy presente y tiene también interés en que las negociaciones lleguen a buen puerto. El enviado especial de este país a Cuba, Bernard Aronson, es un antiguo consejero de Goldman Sachs para América latina. Es también el fundador del fondo de inversiones Acon, muy activo en Colombia y en otros países de la región. Así pues, los actores de este proceso de paz son muy diferentes a los de la era del Plan Colombia (atrás quedaron los esfuerzos de Lula, Kirchner, Chávez y el francés Nicolas Sarkozy). Hoy se trata de anticipar ganancias, abrir mercados, fortalecer a los sectores que se beneficiarán con el “posconflicto”. Colombia tiene 48 millones de habitantes, tierras, agua, carbón, petróleo, minerales…

Así, la firma de la paz llegará en un contexto social y económico duro y poco democrático. Cierto es que la era abiertamente mafiosa, con Álvaro Uribe en la presidencia, ha terminado. Pero las instituciones más altas del Estado están corroídas. Los escándalos no cesan (en las Cortes, el Congreso, los órganos de control, la Policía) y la política económica neoliberal persiste, con un gobierno al servicio del gran capital colombiano y extranjero.

Privatizaciones y represión

Las reglas laborales están diseñadas para los más fuertes. El recorte de los derechos sociales se mantiene, mientras el sector financiero acumula privilegios. Sin sorpresa, el principal grupo financiero, Bancolombia, logró en 2015 sus mejores resultados en sus 140 años de existencia. Simultáneamente, el Estado se deshace de empresas públicas estratégicas y rentables, como la represa hidroeléctrica Isagén, que fue vendida al fondo canadiense Brookfield. Paralelamente, el modelo de extracción minera se consolida, a un costo ecológico irreversible.

Por su parte, la represión de los movimientos sociales persiste. La “ley de seguridad ciudadana” prevé cuatro años de cárcel por bloquear las vías de circulación en el marco de protestas. Pero el gobierno de Santos tuvo cuidado en obtener salvedades para el cuerpo militar (así sucede con el fuero militar, que les garantiza impunidad).

Colombia sigue siendo una de las naciones más desiguales de América Latina (según la Cepal, es el país donde ha habido mayor concentración de la riqueza entre 1993 y 2014). La “cuestión agraria” constituye un buen ejemplo de esta profunda desigualdad y de la extrema concentración de las riquezas: según el reciente censo agrario, 70 por ciento de las propiedades agrícolas tienen menos de cinco hectáreas y ocupan sólo el 5 por ciento de la superficie agrícola, mientras que los terrenos de más de 500 hectáreas están en las manos del 0,4 por ciento de los propietarios y ocupan 41 por ciento de la superficie.

El problema de la tierra

La guerrilla campesina de las Farc, que siempre reclamó el acceso a la tierra, no obtuvo una reforma agraria. Sobre este punto ha ido más lejos el gobierno de Evo Morales, poniéndole límites al latifundio. El primer punto del acuerdo habla de la distribución “gratuita” de terrenos ilegalmente apropiados o baldíos, y de mecanismos de ayuda a los campesinos (en forma de créditos).

Pero este acuerdo no cambiará la dinámica neoliberal, ni impedirá el desarrollo de las “zonas de interés de desarrollo rural y económico” (Zidres) previstas por la ley. Estas zonas conducirán a la extensión de los monocultivos para la exportación. Se incrementará el ya elevado nivel de importaciones de alimentos, proseguirá el éxodo rural y, en últimas, asistiremos al cambio definitivo del campo, con la transformación del campesino en jornalero mal remunerado y la expansión de la agroindustria extensiva. Quienes aprovechan el momento son los grandes empresarios, como el “Rey de la soja”, el presidente de la multinacional argentina Grobocopatel, que ha ido a La Habana y que es citado como ejemplo por el presidente Santos para la zona oriental del país, la “altillanura”, anteriormente territorios históricos de las FARC.

La idea es aplicar en esta vasta zona oriental del país la forma de explotación del cerrado brasileño: cultivos transgénicos (soja, maíz), palma africana, etcétera. Este modelo, alabado por el Banco Mundial, le ha permitido a Brasil convertirse en potencia agrícola. Pero las cifras se dieron a costa de una elevadísima deforestación, con efectos nefastos sobre el ecosistema, y de la expropiación de los campesinos.

He ahí la paradoja: el antiguo ministro de Defensa de Uribe, con sus procederes maquiavélicos (entre otras, llevó a cabo la cooperación militar con “expertos” israelíes contra las Farc,1 y fue bajo su mandato que se produjeron los “falsos positivos”2) se ha convertido en un presidente respetable. El hombre que firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos que fragiliza aun más a los pequeños agricultores, es el artífice del proceso de paz con una guerrilla que dijo actuar durante cincuenta años en nombre de los campesinos colombianos. La paradoja resulta también de la buena imagen de que goza Colombia en el exterior, aunque los niveles de violencia siguen estando entre los más elevados del mundo (en 2014 la tasa de homicidios era de 24 por 100 mil habitantes) y continúan los asesinatos de líderes sociales (varias ONG denunciaban el asesinato, en febrero de 2016, de 13 líderes sociales). Anotemos que el acuerdo de paz no traerá una baja sensible de la tasa de homicidios, pues éstos no son consecuencia directa, ni indirecta, del conflicto armado.

¿Hay algo positivo en este acuerdo? Es posible matizar: por un lado, los sectores más reaccionarios y mafiosos ya no pueden oponerse a un proceso de paz (anotemos sin embargo que Uribe conserva altos niveles de popularidad, que agrupa fuerzas importantes en el Congreso y que trata de organizar manifestaciones “contra el proceso de paz”). Otro punto positivo es que las fuerzas progresistas se reorganizarán, y el tema de “sí o no a la lucha armada” las dividirá menos. Quizá, también, en el campo de la izquierda colombiana se le dé mayor importancia al tema de las desigualdades, que hasta ahora no ha sido el centro de las discusiones.

Ahora bien, la llegada de una ola conservadora en el continente hace muy difícil suponer que por fin les ha llegado el turno a los grandes avances democráticos en Colombia. La única esperanza es que este país navegue a contracorriente, como acostumbra a hacerlo.

15/04/2016

Olga L. González, Doctora en sociología, investigadora asociada de la Universidad París-Diderot.

http://brecha.com.uy/un-proceso-bajo-custodia/

Notas:

1/ Durante su paso por el Ministerio de Defensa se firmó el contrato con la compañía de seguridad Global Csa, del ex viceministro de Defensa israelí Yisrael Ziv.

2/ Cuando llegaban propuestas de trabajo a jóvenes de barrios pobres (como Soacha en Bogotá) a cientos de quilómetros de su ciudad, los esperaba en realidad un tiro del ejército. Un “guerrillero” muerto, un “positivo” (falso), que le permitía a su autor lograr alguna recompensa (primas y permisos). Centenares de casos de este tipo de ejecuciones han sido documentados por las ONG y por la justicia.



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