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Tribuna VIENTO SUR
Mirando a Madrid
13/04/2016 | José Errejón

Los cambios en la sociedad madrileña

En términos muy generales, los cambios aludidos pueden resumirse en los siguientes:

Sin dejar de ser nunca una economía de servicios, la de Madrid ha unido una corta etapa -entre los sesenta y los ochenta del pasado siglo- de relativa
industrialización (fundamentalmente en las comarcas del corredor del Henares y del Sur) con la emergencia de un proletariado joven y combativo y un hábitat
urbano en rápida expansión sobre el que se ha asentado, en el período comentado, la fuerza social y electoral de la izquierda.

La política de reconversiones y ajustes de los primeros gobiernos del PSOE en los 80 ha modificado profundamente el paisaje físico y económico de la
región. Aquí la dinámica tendencial que se estaba imponiendo en el resto de los países capitalistas -el paso del fordismo al posfordismo- ha coincidido con
los objetivos perseguidos por la política del PSOE: disolver las identidades colectivas de un proletariado que nunca había organizado y asentar, en su
lugar, una sociedad de clases medias beneficiaria y al tiempo soporte del naciente estado del Bienestar.

Asentados en el apoyo electoral de un proletariado declinante, los gobiernos socialistas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ocupados en el montaje
de algo parecido a unas administraciones modernas y al asentamiento institucional, no han sido capaces de contrarrestar o -al menos- de compensar los
efectos sociales de la política de ajuste impulsada por su mismo partido en el ámbito estatal.

Cuando a fines de los 80 está desapareciendo o menguando significativamente la base social de los gobiernos municipales y regional de la izquierda, ya ha
surgido un potente conglomerado de intereses en torno al desarrollo y la expansión del mercado inmobiliario. Buena parte de las indemnizaciones de los
expedientes de regulación de empleo de esta década se han convertido en una fuente de alimentación de este mercado, impulsado por la búsqueda de plusvalías
de los gobiernos municipales sin recursos presupuestarios y fácil presa de la mafia de banqueros y promotores inmobiliarios.

Ya desde este momento se hace evidente que la contienda política en la región y en el conjunto de sus municipios va a estar centrada en la gestión
urbanística. Con un modelo imperante del PP de maximizar la oferta de suelo con el pretexto de abaratar el precio de la vivienda y sin alternativa real en
el campo de la izquierda, limitada a proclamar el destino social de las plusvalía generadas en las operaciones urbanísticas pero practicando similares
políticas que las del PP e incurriendo, también con frecuencia, en escándalos e irregularidades múltiples.

Es ese amplio conglomerado de intereses el soporte fundamental de las políticas de derechas de estas últimas dos décadas. En muchos pueblos de la región,
cargos públicos de la izquierda y derecha (más la tropa de independientes estimulados por el ejemplo de Gil en Marbella o generados por riñas de intereses
en el seno del PP) han descubierto en la gestión urbanística un filón de riqueza con el que emprender políticas (con frecuencia disparatadas como la
siembra de polideportivos permanentemente subutilizados) de otra manera inabordables pero también con el que dar el salto personal al mundo de los negocios
y el ascenso social.

El auge del negocio inmobiliario

La industria del suelo es así la primera industria regional tanto por su contribución al PIB regional como en términos de generación de empleos directos e
indirectos. La capacidad de presión política de esta industria es grande, como se ha podido comprobar en distintas ocasiones, la más conocida de las cuales
es el episodio de Tamayo y Sáez que abrió paso a la larga estancia de Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid

La política regional de infraestructuras está determinada, en muy buena medida, por las necesidades de la industria inmobiliaria y la diferente capacidad
de ejercer presión de sus diferentes focos de poder. El desdoblamiento de la M-501, el tren de alta velocidad a Guadalajara o la operación de la Ciudad
deportiva del Real Madrid son ejemplos de la forma en la que la expectativa de suculentos beneficios ligados a recalificaciones urbanísticas ha
determinado, por no decir orientado, el rumbo de la política de infraestructuras.

La industria inmobiliaria es más amplia que el sector de la promoción inmobiliaria. Está vinculada por supuesto a la edificación de viviendas pero no menos
a la construcción de obra civil que trabaja en la puesta en valor del territorio, condición de valorización de las inversiones inmobiliarias. La
construcción de obra civil opera, además, como una fuente de actividad complementaria de la anterior, muy interesante cuando, por razones diversas, la
construcción de viviendas y la ”máquina de producir suelo” se paralizan por efecto del ciclo económico o, como en la actualidad, por efecto del pinchazo de
la burbuja inmobiliaria.

El capital financiero ha jugado, asimismo, un destacado papel en el desarrollo de la industria del suelo en Madrid. Tras advertir la imposibilidad de
mantener una rentable y potente industria pesada, los grandes bancos, habiendo experimentado ellos mismos un fuerte proceso de concentración, han orientado
lo principal de sus operaciones al negocio del préstamo hipotecario, el primero en términos de recursos movilizados y beneficios obtenidos. La oferta de
créditos para la compra de la vivienda crece espectacularmente estimulada por la política fiscal de todos los gobiernos del Estado mientras que el mercado
de alquileres (sobre todo tras el decreto Boyer) se cierra para las rentas populares. El resultado de todo ello es la generalización de la condición de
propietario de vivienda. Más adelante se mostrará algunos de los efectos políticos de largo alcance de este fenómeno.

Por si todas estas “ayudas” fueran poco, las sucesivas (contra)reformas laborales han habilitado una fuerza de trabajo para el sector de una maleabilidad
extrema, acentuada por su engrosamiento en los últimos años por trabajadores inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular y, por ello, fácilmente
propensos a aceptar altos niveles de explotación, pésimas condiciones de trabajo e inexistencia efectiva de derechos laborales. Los sindicatos “de clase”,
por su parte, no han dejado de acudir a la cita del festín inmobiliario, legitimando con su silencio la instalación de un marco de relaciones laborales
impropio de una sociedad democrática. Cuando no participando directamente en el festín a través sus promociones inmobiliarias cuya utilidad social es más
que dudosa pero que han proporcionado fructíferas relaciones con el capital financiero a las cúpulas sindicales.

Las condiciones están así dadas para la consolidación de un sector de muy altos beneficios, de sólidos anclajes en las administraciones públicas y
profesiones asociadas (notarios y registradores de la propiedad) y con una fuerte base social de apoyo que se expresa en la elección reiterada de
auténticos delincuentes para desempeñar cargos públicos.

La política en la Comunidad de Madrid

La pujanza de este sector ha invadido el conjunto de la actividad económica de la región, eliminando actividades tanto en la agricultura como en la
industria -desaparecida prácticamente la primera y residualizada la segunda- y subordinado a la mayoría del resto de los servicios que en una alta
proporción trabajan directa o indirectamente para el negocio inmobiliario. Uno de los más importantes efectos derivados de esta hegemonía del negocio
inmobiliario y de la construcción es el peso exorbitante que tiene en la sociedad y la economía madrileña. Si los datos oficiales le asignan un 20% del PIB
regional, parece fuera de dudas que su repercusión en otros sectores de los servicios e industriales (por ejemplo el sector cementero) es muy superior. Eso
le concede una influencia social muy notable y una capacidad de presión política inestimable.

Y, por supuesto, ha colonizado el espacio todo de la política institucional, incorporando procedimientos y métodos que están dando al traste con cualquier
posibilidad, por remota que fuera, de sanear la vida política y revitalizar la ciudadanía. Es éste, quizás, el factor de mayor peso entre los que
contribuyen a explicar la relación social y política de fuerzas en la Comunidad de Madrid. Esta colonización de la política por la cultura proveniente de
la promoción y el negocio inmobiliario desnaturaliza a fortiori el elemento básico, constituyente, de la actividad política, la búsqueda del
interés general.

Los partidos políticos se han llenado-en proporción a su proximidad relativa a los poderes políticos y administrativos- de una especie muy determinada de
afiliado, aquel para el que la política es una forma de vivir o, mejor, una forma de participar en el mercado en posiciones de ventaja comparativa. En el
campo de la derecha política ello no ha supuesto problema alguno sino, más bien, continuidad con los usos y procedimientos de los políticos del franquismo
y de la restauración. En la izquierda, por el contrario, se ha asistido a una desnaturalización del “ser de izquierda” de un alcance muy superior a las
evoluciones “ideológicas” impulsadas por las direcciones de estos partidos y de devastadores efectos para la histórica tarea de construir contrahegemonía a
la del rápido enriquecimiento a costa de los bienes comunes.

Se ha producido, en efecto, toda una mutación en las subjetividades y en el imaginario colectivo en línea con la hegemonía política de la derecha. La
hegemonía de los valores del individualismo propietario, de la competencia exacerbada y de la selección y el éxito de los más capaces, en un contexto de
bonanza económica que ha estimulado una expansión del consumo y un nivel de endeudamiento de los hogares sin precedentes, ha devastado aquellos otros de la
solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo, enraizados en las capas sociales laboriosas incluso en el largo período del franquismo. Este es el verdadero
problema al que la izquierda debe hacer frente, incluso si sus aspiraciones se limitan a mejorar sus posiciones electorales. Porque sin un “suelo común” de
experiencias y valores socialmente compartidos en un amplio sector de la población es sencillamente inútil plantearse el menor tipo de intervención
política.

En estas condiciones, no ha sido demasiado difícil a la derecha gobernante el despliegue de una ofensiva de calado contra los servicios públicos y contra
los derechos constitucionales proclamados y nunca hecho efectivos como el de la vivienda, el de la salud, la educación ó el medio ambiente. Una ofensiva
contra los derechos sociales que forma parte de la guerra contra los bienes comunes, por su desaparición y sustitución por su apropiación privada, único
camino ,según los ideólogos del neoliberalismo, para su puesta en valor y su conservación (la “tragedia de los comunes”). El principal damnificado en esta
guerra es el medio ambiente madrileño. La Comunidad de Madrid es, junto a las de Valencia y Murcia, la que presenta la más alta tasa de artificialización
de su territorio: sistemas naturales de gran valor ecológico como la sierra de Guadarrama se encuentran seriamente amenazados por la colonización de las
urbanizaciones, las infraestructuras viarias y los grandes centros comerciales y de ocio, sin que su calificación como espacio protegido, aun con el más
alto nivel, pueda aportar algo más que una visión “postalera” de la naturaleza madrileña, sin que ello frene de forma efectiva las citadas amenazas. El
transporte es la otra gran amenaza para el equilibrio ecológico de la región. Junto a sus efectos sobre los sistemas naturales- y al día de hoy con mayor
importancia- debe citarse su contribución al volumen total de emisiones de CO2. El desmesurado aumento del parque automovilístico de la región contribuye a
crear un microclima que favorece a su vez la proliferación de incendios forestales al tiempo que eleva exponencialmente la demanda de agua y energía para
refrigeración. El déficit de recursos hídricos, en fin, se ha agravado con el incremento de las urbanizaciones “extensas” y las pautas de consumo que les
están asociadas.

La respuesta de la sociedad madrileña

Contra este estado de cosas se ha levantado el 15 de mayo de 2011 el más potente movimiento ciudadano conocido en nuestro país desde los tiempos de la
lucha contra la dictadura. Contra la expropiación efectiva del espacio y el tiempo social llevada a cabo por el capital inmobiliario y financiero y los
gobiernos de los partidos del régimen, el 15M y los movimientos hermanos han desarrollado todo un despliegue de creatividad democrática de los espacios
sociales (sanidad, educación, vivienda, medio ambiente, etc) en absoluta contradicción con las orientaciones de los gobiernos estatal regional y municipal,
que se ha terminado de expresar en los ayuntamientos del cambio, primero, y en los espectaculares resultados de las elecciones generales del 20D, después.

Por primera vez desde los años 80, un gobierno independiente de los intereses inmobiliarios y financieros tiene la oportunidad de dirigir los asuntos
públicos y orientarlos en beneficio de la mayoría de la población. Tal oportunidad se produce en un contexto de acelerada crisis del régimen político del
78, así como de una prolongada crisis económica que amenaza con una perspectiva de “estancamiento secular” que amenaza el conjunto de los derechos y
prestaciones sociales que han constituido el núcleo del tardío Estado del Bienestar en España.

Los efectos de este contexto duradero se hacen sentir en un profundo cambio en la estructura económica y social de Madrid. Para no hacer excesivamente
larga su descripción de estos cambios, los sintetizamos en los siguientes:

La consolidación urbanística de la ciudad se ha hecho a costa de la práctica desaparición de los espacios comunes y de la destrucción de los tejidos
sociales que alimentaban los restos de la vida social no colonizados por la mercancía.

Cuando se ha producido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ningún sector alternativo ha venido a tirar de la economía madrileña, lo que a fortiori hace que todas las esperanzas de recuperación de la actividad y el empleo se sostengan en la recuperación del sector inmobiliario. La
terciarización de la economía madrileña está pendiente de encontrar una senda distinta de la transitada por la creación desmesurada de suelo, el
endeudamiento de masas y los costes salariales “competitivos”.

La administración municipal padece el nivel más elevado de deuda de las administraciones locales en España por culpa de las políticas faraónicas de la
etapa de Gallardón. La consecuencia es que la carga de la deuda es uno de los más importantes rubros de los presupuestos municipales, lo que impide, a su
vez, dedicar la atención y los recursos precisos a obligaciones urgentes como las necesidades de los sectores más desfavorecidos y las inversiones en
restauración ambiental. El otro efecto, tan dañino como el anterior, es que el Ayuntamiento de Madrid es, en la práctica, una administración intervenida
por el Ministerio de Hacienda, que a cambio de allegarle los recursos de liquidez necesarios le somete a una estrecha vigilancia que limita gravemente la
autonomía municipal.

La estructura social de la ciudad de Madrid se está achatando por la disminución de las rentas de la clase media muy golpeada por dos tipos de factores. El
primero es la reducción de las transferencias públicas de las que se beneficiaba y que permitían un excedente relativo que nutría el ahorro de los hogares
y el mantenimiento de un nivel de consumo.

Cuando esta reducción de las transferencias públicas ha afectado a los sectores de más bajo nivel de renta, las carencias se han vuelto graves y hemos
asistido a la formación de un sector antes desconocido, los trabajadores pobres, que, aun teniendo un empleo e ingresos regulares, deben acudir a las
diversas formas de beneficencia para llegar a fin de mes.

La sociedad civil madrileña ha sido vaciada de los fuertes vínculos afinitarios que en ciertos sectores populares (comunidades barriales soporte de la
lucha clandestina, asociaciones de vecinos) poseía. Y ello por efecto de la colonización creciente de las relaciones sociales y aún de los mecanismos de
asignación de identidad y pertenencia, de la lógica de la mercancía. En tal sentido, la política de Podemos para Madrid debiera ser, en una medida muy
importante, orientada a la (re)creación de una cultura favorecedora de relaciones sociales no mediadas por la mercancía.

El dominio del bloque inmobiliario rentista y la hegemonía neoliberal han producido daños no solo en el tejido de relaciones sociales sino incluso en la
propia antropología ciudadana. Básicamente, la hegemonía del hedonismo consumista y de la inhibición ante las responsabilidades públicas. Hay que defender
una ética de la responsabilidad en la gestión de la cosa común. Y para ello hay que hacer posible el acceso a la mejor información disponible que permita
hacerse una idea general de la situación y los escenarios posibles.

El derecho a la ciudad, el Madrid ciudadano

“La metrópolis niega la ciudad”. Tan categórica afirmación encuentra su confirmación empírica en la vida cotidiana. La crisis urbana (financiarización del
desarrollo urbano, endeudamiento de masas y la renuncia de los gobiernos a su función reguladora) se manifiesta en términos de una contradicción histórica,
la que enfrenta la ciudad como ámbito de cooperación y comunicación social de donde brota la riqueza colectiva y la ciudad como lugar de acumulación de
capital, de captura de la potencia social de cooperación y comunicación social.

Es la contradicción entre la historia de Madrid, su identidad y su cultura (entendida en un sentido amplio que podríamos asimilar como un cierto “ser
madrileño” hecho de exteriorización de la emociones, el gusto por el azar y la sorpresa, la tendencia a la cooperación y la hospitalidad, la promesa de su
vocación universalista y democrática, una sociedad auténticamente abierta), de un lado. Y de otro, los procesos de privatización y liquidación de los
espacios públicos, la gentrificación y museificación del centro, la expulsión de las clases populares a la periferia y los agotadores viajes al trabajo y
al consumo de fin de semana, los costes ambientales, el sentimiento colectivo de malestar y desposesión, etc.

Es un conflicto subyacente a la imagen de una ciudad que crece, a una marca comercial para exponerla en ferias y certámenes, para atraer inversores y
localizaciones diversas. Este conflicto por el territorio indica dos vocaciones estratégicamente distintas. En un caso, el territorio es el lugar de la
cooperación y la comunicación social, el de la creatividad y los encuentros, el de la producción de espacios de sociabilidad y de cultura. En otro se trata
de capturar todos esos fenómenos y ponerlos en valor, es decir convertirlos en mercancías y sustituir la comunicación por el intercambio mercantil.

Este conflicto ya se ha manifestado y tiene como espacio de desarrollo múltiples tensiones entre la labor del gobierno municipal y el conjunto de intereses
que han usufructuado la ciudad a lo largo de las últimas décadas. Pero aún no es comprendido por la mayoría social objetivamente interesada en la
orientación del gobierno de Ahora Madrid. Bajo la dirección de Carmena y su círculo más allegado, la política del Ayuntamiento de Madrid se ha querido
presentar como una política fundamentalmente “de gestión”, lo menos partidista posible, orientada a ganarse el aprecio de los madrileños por la sobriedad
en el discurso y la eficacia. Esa especie de “tecnocracia de izquierdas” ya experimentada en algunos gobiernos está condenada al fracaso más estrepitoso.
No es menos sino más política lo que necesita la sociedad madrileña para encarar con posibilidades de éxito los retos del presente y del futuro. No hay
soluciones técnicas perfectas esperando a gobernantes honrados que estén dispuestos a aplicarlas en beneficio de toda la sociedad. Los problemas de
congestión del tráfico urbano y los relacionados con el transporte, los cada vez más agobiantes problemas ambientales, la pobreza y deterioro de algunos
barrios periféricos, etc., no pueden ser resueltos por la vía de la generalización de las relaciones mercantiles; ya han demostrado que han llegado a su
techo y a partir de ahora generan exclusión de amplias capas sociales y precisan de cada vez más recursos securitarios.

Pero una orientación política clara a favor de las mayorías sociales -en absoluto incompatible con el respeto a los derechos adquiridos de otras capas
sociales- precisa un actor político claramente reconocible, con un programa político que debe ser, ante todo, un programa para la construcción de la ciudad de los ciudadanos, en ese sentido, un auténtico programa constituyente.

Es ésta la mejor acepción del concepto proceso constituyente, un proceso de constitución de un cuerpo social y ciudadano que se quiere autónomo y
decisorio, que antecede la labor de gobierno, cuya misión será elevar a norma general y políticas públicas los proyectos de convivencia generados
cotidianamente por este cuerpo ciudadano.

Un proceso de constitución de otro modelo de relaciones sociales, distinto del determinado por la colonización absoluta del tiempo y el espacio social por
la mercancía. Es un proceso de interrelación entre la iniciativa ciudadana y la gestión institucional en el que el impulso de la primera es consagrado por
la segunda y generalizado a aquellos espacios y tiempos sociales inmunes a estas iniciativas ciudadanas, evitando así el aislamiento y la ghettización de los impulsos transformadores.

El proceso constituyente tiene en Madrid un lugar privilegiado. El sedimento cultural de la sociedad madrileña tiene una composición muy heterogénea y en
él convive el peso de una sociedad sometida a las tensiones globalizantes con muy diversas tradiciones emancipatorias. La construcción de un tejido
distinto de relaciones sociales no podrá ser el resultado de la “victoria” de un segmento o tradición cultural (la de la comunicación y la cooperación)
sobre otra (la globalizante) sino su integración en una síntesis que las supere y las adapte a las condiciones de nuestra época y, sobre todo, a las
aspiraciones y las esperanzas de nuestra gente.

Todo lo anterior para postular una orientación cuyo núcleo es la construcción de una comunidad en paralelo a la gestión de las instituciones y como
sustrato de la misma. Lo hemos dicho más arriba pero no está de más insistir: la tarea más importante que tenemos por delante es contribuir a la
construcción de comunidad, al desarrollo de vínculos afinitarios, muy deteriorados por la colonización de la vida social e individual por el mercado y sus
pulsiones (1). La sociedad de mercado o, si se quiere, la hegemonía de los valores mercantiles en la conformación de los valores sociales y culturales de
la sociedad madrileña, ha tenido por efecto la ruptura evidente de los lazos, no por residuales poco resistentes.

Y estos lazos son indispensables para asentar de forma sólida la democracia como forma de gobierno de las sociedades complejas (frente a la gobernanza);
para decirlo de forma contundente, sin esos lazos comunitarios, el régimen democrático carece de fundamentos y termina siendo banalizado si no asfixiado
por el cúmulo de poderes privados y difusos que colonizan las instituciones públicas en su beneficio.

Pero la construcción de comunidad, de comunidades/1 no se decreta aunque puede ser favorecida desde las instituciones públicas con
normativas adecuadas y recursos de toda índole. Pero debe ser construida desde la vida cotidiana, convirtiéndola en sentido común de la época, en la forma natural de la vida colectiva.

Es una tarea que precisa de un agente dotado de los rasgos que pretende configurar para la vida social: hay que construir comunidad con herramientas
comunitarias.

Hay una idea que es tradicional en la izquierda y que debe ser sometida a la prueba de la práctica: que la comunidad antagónica al capital se forja
fundamental, si no exclusivamente, en las luchas.

Si no se da al término luchas una extensión que, de tan desmesurada, pierde todo su sentido/2, tendríamos que convenir que existen
aspectos de la vida social que no se manifiestan en forma de conflicto, si bien es cierto que pueden manifestar a medio y largo plazo expresiones de
incompatibilidad o disfuncionalidad con los códigos sancionados como deseables. Aspectos o dimensiones en los que es posible construir relaciones distintas
de las mediadas por el trabajo asalariado y la mercancía.

Contra lo que parecería y a pesar de la intensa colonización de la vida social por el imperio de la mercancía, subsisten y aún aumentan las esferas en las
que se desarrollan formas de sociabilidad autónomas de tal género de mediación. Se trata de aplicar a esta tarea, la de levantar y ayudar a consolidar
redes de sociabilidad no mercantil, al menos la misma energía que hemos dedicado tradicionalmente a la “lucha política”, al activismo y la crítica de lo
existente; y hacerlo, como hemos dicho más arriba, con herramientas “comunitarias” /3.

El diseño y la construcción de este tipo de herramientas no pueden ser abordados sin un cambio radical de perspectiva de las personas que se implican en su
construcción. No pueden ser abordados desde la continuidad de la mentalidad militante; por decirlo de forma sencilla, es preciso despojarse antes de la
mentalidad de proselitismo, de posesión del proyecto y la línea política que debe ser trasladada a los demás para encuadrarlos en el partido revolucionario
(o de la reforma política y social, para el caso lo mismo da).

La construcción de comunidades es la forma que toma la construcción de la ciudad de los ciudadanos. Las políticas neoliberales han destrozado el tejido
ciudadano, asentando en su lugar una masa amorfa de trabajadores, consumidores y excluidos que a duras penas sobreviven en este entramado de hostilidad e
infortunio al que llamamos metrópoli. El gobierno democrático de este “no-lugar” se revela como imposible, se presta más bien a una actividad cibernética,
tecnocratizada, el gobierno de los flujos, de energía y desechos, de información, de capital, de trabajo asalariado.

La gobernanza de la ciudad es el reconocimiento de que los asuntos públicos deben ser encargados a quienes, de hecho, los dominan, a los gestores
del capital financiero. Que la organización misma de la ciudad, de su espacio y su tiempo, debe responder a las pautas de generación y acumulación del
valor, de circulación del capital, de mediación social generalizada por el dinero.

En vano se pretenderá oponer el gobierno de las instituciones municipales a la gobernanza de los flujos de capital. Si no se produce una ruptura de esos
flujos, si no se construyen relaciones sociales no mediadas desde el exterior de quienes las viven, si no se construyen comunidades de vida frente al
dominio omnímodo del dinero y sus gestores públicos y privados, la democracia es imposible. En su lugar lo que observamos es la triste y contradictoria
gestión de la vida colectiva intentando conciliar la continuidad de los flujos del capital con tímidos intentos de participación ciudadana en un imposible
control de dichos flujos.

Es posible pensar Madrid de otra manera a como nos la han dejado las políticas neoliberales y el puñado de capitalistas inmobiliarios y financieros que se
han beneficiado de ellas. Pero hay que hacerlo desde la vivencia comunitaria, experimentando un tiempo reapropiado para nosotros, convertidos, por fin, en
protagonistas de nuestras vidas.

José Errejón
es miembro del Círculo 3E de Podemos

Notas

1/ A destacar entre ellas, las inducidas por el acelerado proceso de endeudamiento y lo que podríamos llamar la financiarización de la sociedad, que es la
forma que toma en nuestros días la sociedad de mercado.

2/ En esta acepción hiperlaxa, lucha termina significando cualquier expresión de la vida en la medida que manifiesta, siquiera potencialmente, elementos de
antagonismo con las relaciones sociales y los códigos de conducta dominantes.

3/ No me detendré mucho en identificar lo que entiendo por herramientas comunitarias”. Iván Illich habló en los años 60 de herramientas convivenciales: en
definitiva, tecnologías para la vida en común, generadoras de comunicación y colaboración contra la expropiación y la hiperespecialización de las
herramientas capitalistas y estatistas que conocemos.



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