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Catalunya
Una marea con cambio de modelo
09/04/2016 | Ramón Serna Ros

Cuando salió a la luz la Marea Blanca madrileña, a finales de 2012, combatí desde el primer momento un insistente sentimiento de frustración por el hecho de que en Cataluña no surgiera lo mismo. Era, ni más menos, la misma excusa desmovilizadora que en tiempos del franquismo comparaba nuestras movilizaciones con las del País Vasco. Era no entender que las circunstancias de todo tipo son enormemente diferentes aquí y allá. Que, en el caso de la sanidad, los recortes empezaron antes en Cataluña y la privatización había comenzado, de manera bastante diferente, mucho antes, como ya expliqué en mi capítulo del libro “¿Por nuestra salud?” antes de notar los efectos del saqueo. Y aquí hicimos, y seguimos haciendo, una enormidad de manifestaciones. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a obtener casi siempre unos resultados de nuestras movilizaciones y, en cambio ahora, ante la bestial agresión neoliberal, eso cuesta mucho más.

La Marea Blanca catalana no nació con ese nombre hasta el mes de febrero de 2015, después de un proceso de profundización en el manifiesto “Por el derecho a decidir sobre nuestra salud y sobre el sistema sanitario de Cataluña”, presentado en asamblea abierta en septiembre de 2014 y fruto de la fusión de tres respuestas a un triste documento titulado “Salud para la independencia”, elaborado en el mes de junio por un grupo de salud de la Asamblea Nacional Catalana, representativo de las instancias oficiales, bajo el supuesto incuestionable de que hay que perpetuar el actual modelo sanitario catalán. Pero la Marea Blanca y ese manifiesto no nacen de la nada ni son la única respuesta a la agresión al derecho a la salud y al conjunto de derechos en el ámbito sanitario. Desde el inicio de los recortes, tras cada uno, hubo respuestas de todo tipo. El compañero Pep Martí presentó una lista pormenorizada de las acciones de los últimos años en la segunda asamblea de la Marea y yo tengo recogidas en el web de mi sindicato una infinidad de acciones, mayoritariamente reacciones, que se han producido (casi) desde el primer momento de la gran agresión.

Durante el primer semestre de 2011 las acciones se centraron mayormente en el terreno laboral y, por otra parte, no siempre coincidente, en el amplio movimiento de la indignación, el 15M. Grandes asambleas nunca vistas, como las del hospital de Can Ruti, en el mes de marzo, manifestaciones ’salvajes’ como las protagonizadas por el personal del Hospital del Mar, confluyeron en las grandes manifestaciones de los días 13 i 14 de abril de 2011; dieron paso a los primeros encierros en hospitales, como el Trueta de Girona, constituyendo un precedente de lo que sería el gran movimiento de la indignación a partir del 15M. Vinieron meses intensos de democracia directa en las plazas, a pesar de la represión, de acciones sin permiso

Durante el verano del 2011 se extendieron las reacciones a los cierres de centros de atención primaria (CAP). Eran automáticas y consistían en ocupaciones de los centros que a menudo eran desalojadas por los Mossos d’Esquadra, pero al día siguiente se volvían a ocupar. Grandes manifestaciones en muchos pueblos, llegándose a crear movimientos de ámbito comarcal con múltiples acciones periódicas y alguna muestra de autogestión (de la de verdad) como en Viladecavalls, en pleno agosto de 2011. Ejemplos de persistencia son los encierros nocturnos en los CAP del interior de la comarca catalana de la Selva, con periódicos cortes intermitentes de carreteras coordinados por el movimiento ’Units pel CAP’ (Unidos por el CAP, pero ’cap’ en catalán también significa cabeza); la ocupación del CAP Rambla de la Marina de Bellvitge, que llegó a durar 222 días y a partir del 28 de octubre de 2011 continuó con permanencias semanales, para informar y recoger quejas, delante del cercano hospital de Bellvitge. El FoCAP recogió el disgusto de los profesionales de la atención primaria en una primera noche de vela, en noviembre...

Un enorme aliciente para las luchas fue el inicio del descubrimiento de la corrupción. Por muy malpensados que habíamos sido, nunca habíamos llegado a concretar tanto, y fue un placer hacerlo, hasta qué punto el modelo sanitario catalán estaba fabricado para facilitar la corrupción, para institucionalizarla. No me extenderé en ello porque ya está escrito y bien explicado en “¿Quién y cómo privatiza nuestra sanidad? Por un modelo sanitario (catalán) sin corrupción”, pero el fenómeno del periódico Cafèambllet marcó el inicio de un largo período de periodismo de investigación ligado a las luchas diarias. El Caféambllet fue un catalizador importantísimo. Y nos puso en contacto con otro fenómeno: David Vidal y la CUP de Reus que, con ese único concejal en el ayuntamiento, destapó el caso Innova que ahora consta de diez piezas separadas.

2011 fue pues el año de las primeras reacciones y sirvió para fraguar la Plataforma por el Derecho a la Salud, que saldría a la calle en julio de 2012 y sería el precedente organizativo de la actual Marea. Pero 2012 fue un año de más concreciones. Diferentes iniciativas legales colectivas no tuvieron mucho recorrido como tales: La Iniciativa Penal Popular, presentada públicamente en marzo de 2012, sirvió para gestionar determinados casos concretos como el de la mujer que murió tras pasar por cuatro hospitales del SISCAT; la denuncia penal de la PARS(Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios) presentada aquel mismo mes a la Fiscalía fue archivada antes de dos meses; la querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo de gobierno, presentada en noviembre al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya también fue archivada en dos meses. Pero todas estas iniciativas fueron uniendo a colectivos en lucha. El equipo de SiCOM (Solidaridad y Comunicación) se consolidó con el relato filmado de todas las denuncias y eventos; estalla el escándalo de corrupción en el hospital de Sant Pau de la mano de la presidenta del comité de empresa y abogada Carme Pérez, otra espadachina que, de manera atípica y afortunadamente fugaz, hará de diputada con Ciutadans; se organiza, desde la base, la desobediencia al #ApartheidSanitario, ya que unos partidos que se llaman independentistas como CDC y ERC no ven en esta discriminación un motivo suficiente para liderarla desobedeciendo; se organiza una enorme campanya divulgativa y solidaria alrededor de la denuncia de Josep Maria Via a los periodistas de Cafèambllet; la CUP entra en el Parlamento con un pie en él y el otro en la calle y, mientras nace la Marea Blanca madrileña, en Catalunya estamos ocupando el Hospital de Sant Pau y unos cuantos hospitales más, sacando a la luz más y más núcleos de rebelión al margen de los sindicatos, como CanRutiDiuProu, IndignadasxRecortes, EsclatClínic, TancadaClínic... y forzando la constitución de la Comisión Parlamentaria que revise todos los casos de corrupción detectados en la sanidad. Una comisión en la que, en los meses de junio y julio de 2013, comparecerían hasta 34 personas, o no tan personas, para demostrar los hedores del ’modelo’ de colaboración pública-privada catalán.

Imposible hacer caber aquí todos los puntos conflictivos y el análisis de cada uno de ellos. Las agresiones, ahora (en marzo del 2016) suavizadas, aunque no de manera convincente, por la nueva consejería de Toni Comín de Esquerra Republicana de Catalunya, no han cesado: dispares y no menos polémicos recortes en la sanidad concertada, planes de reordenación asistencial que han servido para cerrar camas y servicios públicos y contratarlos con las privadas, incremento de las listas de espera que no han pasado desapercibidas a pesar de las constantes mentiras del exconsejero Boi Ruiz, las medidas para extender la sanidad privada en centros públicos, siguiendo el ejemplo de Barnaclínic, el megaproyecto de cesión de datos sanitarios de toda la población a empresas privadas (proyecto VISC+/nota), la progresión en la concentración empresarial en manos de multinacionales que ha representado la nueva e irregular adjudicación del transporte sanitario... Pero siempre ha tenido respuesta y las reacciones a todo ello no se han hecho esperar: el encierro aunque tardío en su momento del CAP de Caldes de Montbui; el funcionamiento breve pero sustancioso de la Coordinadora Laboral de Centros Sanitarios que, a pesar del boicot de los sindicatos ’oficiales’ se definió por ’una sanidad, un convenio’, definición absolutamente compatible con el cambio de modelo que comento más adelante; la ejemplar oposición al cierre de camas de Bellvitge en el verano de 2014; la campaña de la CUP ’No te vayas sin hora’; múltiples publicaciones, entre las cuales el concienzudo estudio “Privatización y mercantilización de la sanidad en Cataluña”; la enorme repercusión en los medios a pesar de los silencios y tergiversaciones de TV3...

Los planes de troceamiento del Instituto Catalán de la Salud, la empresa pública por excelencia de la sanidad catalana, heredera del INSALUD, también merecen ser citados. El proyecto inicial de dividirlo en unas 20 empresas públicas no se llegó a desarrollar y pronto se anunció el cambio de estrategia, consistente ahora en formas consorciales, analizadas en un informe de PWC que el sindicato CATAC-CTS descubrió y publicó previamente y que Boi Ruiz negó haber encargado. Ahora serán tres (2013-2015) los años del proyecto del consorcio sanitario de Lleida y que tampoco llegará al final de su desarrollo. Un año le costó al Gobierno catalán aprobarlo y fue entonces cuando se constituyó la Marea Blanca de Lleida para plantarle cara. Y bien que se plantó, de manera que la lucha allí desarrollada es todo un ejemplo que contribuyó a lanzar más tarde la Marea Blanca de Cataluña. No han corrido la misma suerte las llamadas alianzas estratégicas de Tarragona y Girona, otra manera de hacer las funciones de un consorcio (es decir, privatizar), pero sin consorcio. Ni tampoco el Hospital Clínic, que ya es un consorcio y empieza a enseñar sus dientes nuevos.

Marea Blanca y cambio de modelo

Pero la gracia de la Marea Blanca catalana no es simplemente su papel en la confluencia de las luchas y de referencia para nuevas plataformas y acciones sino su contribución a un cambio de modelo. De los diez puntos de su manifiesto, lo esencial es que se define claramente por un modelo de gestión 100 % público, con la supresión de los intermediarios que constituyen la plasmación de la ’Nueva Gestión Pública’ en Cataluña. Por un nuevo Servicio Catalán de la Salud con todas las funciones: planificación, financiación, gestión y evaluación, que hace innecesario tanto el ICS como las diferentes patronales sanitarias. ¿Dónde puede estar el motivo de la discordia con un objetivo tan claramente expresado? Pues en el retocado punto 4 que se refiere al carácter de medio propio de la Generalitat que tendrían que adoptar todas las entidades proveedoras del sistema público, es decir, permitir que sus consejos rectores o de administración o patronatos tuvieran una participación mayoritaria de la Generalitat, del CatSalut (Servicio Catalán de la Salud que, para quien no conozca aún el modelo catalán, no es una entidad gestora sino compradora de servicios). Este añadido, que podría entenderse como un paso provisional en el proceso de “nacionalización” de la asistencia sanitaria pública, podría también ser una excusa para consolidar la esencia del actual modelo en el que tan cómodamente han estado actuando siempre tanto partidos como ICV o los sindicatos UGT y CCOO, y es la razón fundamental de que el Grupo de Salud de la CUP no se haya integrado en la Marea, aunque en muchas plataformas locales se actúe conjuntamente. Pero más allá de esta divergencia importante, el resultado de una acción simultánea en la calle y en el Parlamento ha sido que hemos puesto en cuestión el modelo sanitario catalán a pesar de los intentos de perpetuarlo como fueron el “Pacto Nacional de Salud” lanzado por Boi Ruiz, que pronto sólo sustentarían CiU y ERC, y la acción lobista de las patronales sanitarias ante el debate parlamentario del 17 de junio de 2015, donde las intervenciones de Isabel Vallet destacaron el papel de la CUP como único grupo que cuestionó el modelo, sin que ICV se manifestara de manera suficientemente clara al respecto.

Y ¿cómo tendría que producirse el cambio de modelo?

El nuevo consejero de sanidad Toni Comín planteó en la comisión de Salud del día 11 de febrero, que la redefinición del modelo sanitario catalán que ’Junts Pel Sí’ plantea, habría que hacerlo, con la máxima participación en la elaboración de una Ley de Salud y Social de Cataluña, en el marco del proceso constituyente catalán. En realidad, el proceso constituyente empezaría con la formación de una Asamblea Constituyente al final de los 18 meses que tanto la CUP como JxS pretenden, sobre el papel, que dure este gobierno actual. Mientras tanto, todo lo que se encamine a perfilar la futura constitución se hará en el marco de un proceso preconstituyente. Para que este proceso sea considerado ampliamente mayoritario, requiere de una importante participación ciudadana y sería de desear que la Marea Blanca se mojara abiertamente en él, superando los problemas formales que ahora aduce ’Catalunya Sí Que Es Pot’, que ya se declaraba en su programa electoral por un proceso constituyente catalán no subordinado a uno estatal.

Para que pueda garantizarse un modelo sanitario 100% público en una constitución, hay que combatir públicamente los argumentos de los defensores del sistema, básicamente los que menosprecian lo público en relación a lo privado. Eso sí, presentando una alternativa pública no ’estatalizadora’ sino ampliamente participativa. Para llevar a cabo la necesaria ’expropiación’ subsiguiente, bastará con recordar que todos los centros del SISCAT (el sistema sanitario integral de concertación pública de Catalunya) se han mantenido, han crecido y/o han obtenido beneficios gracias a los presupuestos e inversiones de la Generalitat. En eso estamos.

Ramón Serna Ros, representante de CATAC-CTS/IAC en la gestación de la Marea Blanca de Catalunya, recién jubilado, es activista y miembro del grupo de salud de la CUP.



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